El viernes pasado la Administración Departamental radicó en la Asamblea un paquete de 23 proyectos para su estudio y aprobación. Entre el martes y miércoles, cuatro días después, fueron aprobados los 17 que eran considerados de carácter urgente.
La premura estaba dada por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, este 11 de noviembre. Por eso, la maratónica jornada incluyó el aval al gobernador Luis Pérez para destinar más de $153.000 millones por vigencias futuras.
Si bien los diputados que votaron afirmativamente los proyectos dijeron que hubo rigurosidad en los estudios de estos, Luis Peláez, corporado del Polo que se opuso a 11 de las proposiciones, cuestionó la pertinencia de algunos de los destinos de recursos.
“Por ejemplo, se pedían vigencias por $700 millones para la ampliación y adición de un contrato de licencia para un software de actualización catastral (...) Ya se estaba ejecutando uno por $800 millones para lo mismo”, dijo.
Peláez, también cuestionó la solicitud de $3.000 millones para un plan de electrificación rural, cuando, aseguró, aún no se han terminado los recursos de la vigencia 2017 para ese mismo fin.
“Muchos de los proyectos no tenían diagnóstico. Era como gastarse la plata por gastársela”, apuntó y se refirió a $250 millones priorizados para el mantenimiento de un ascensor, al que hace tres meses se le había hecho mejoras.
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