La Procuraduría General de la Nación elevó este lunes un llamado a los organismos del Estado para que se esclarezcan las condiciones en las que el concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, de San Andrés de Cuerquia, fue asesinado el pasado 16 de junio en pleno centro de ese municipio del Norte antioqueño.
Como parte de los procesos que vienen avanzando desde la semana pasada, el ente de control informó que activó un plan de seguimiento, con miras a vigilar a las diferentes entidades con responsabilidad en el caso.
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En primer lugar, el Ministerio Público señaló que envió un requerimiento a la Unidad Nacional de Protección (UNP) buscando que ese ente rinda un informe sobre la situación de seguridad del concejal, esclareciendo si este ya había solicitado un esquema o habría manifestado alguna preocupación por su situación de seguridad.
El objetivo de estas pesquisas, explicó la Procuraduría, es verificar si el atentado contra el corporado tendría móviles políticos o de otra índole.
“El Ministerio Público articuló un trabajo con sus procuradores regionales y provinciales, quienes se pusieron en contacto con los órganos investigativos tratando de establecer si Espinoza Vanegas sería blanco de amenazas personales o si, por el contrario, su ejercicio como concejal tendría consecuencias que hubieran llevado a atentar contra su vida”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
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En segundo lugar, el organismo advirtió que también designó a un procurador judicial adscrito a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer con el objetivo de acompañar y hacer seguimiento a los procesos que avanzan en contra un menor de edad que fue aprehendido y que, según las primeras pesquisas, es uno de los principales sospechosos del crimen.
En medio de esa labor, dicho procurador fue instruido para acompañar las audiencias judiciales que vienen avanzando en contra del menor y hacerle seguimiento a su proceso dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
“El Ministerio Público ha sido enfático en condenar todo acto de violencia contra los servidores públicos y ha insistido en que se debe actuar y contrarrestar los riesgos y amenazas que persistan sobre los mismos”, añadió la institución.
Un crimen que generó consternación
El asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa Vargas se perpetró durante la tarde del pasado lunes 16 de junio.
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Según quedó captado en videos de cámaras de seguridad, mientras el concejal se desplazaba por una calle ubicada en el centro de ese municipio, y ante la vista de decenas de transeúntes, fue abordado por un atacante que abrió fuego en su contra a quema ropa.
Según informó desde ese mismo día el comandante del Departamento de Policía Antioquia, el coronel Óscar Rico, tras el atentado las autoridades desplegaron un operativo en donde aprehendieron a un joven de 17 años, que tendría en su poder un arma de fuego que, se presume, habría sido utilizada en el atentado.
“Hay una recopilación ya de videos, de pruebas testimoniales. Y ya está en el tema de la judicialización de este caso con nuestra Fiscalía ante las autoridades competentes”, dijo el uniformado.
Si bien desde entonces las autoridades han señalado que el crimen se investiga, dentro de las principales hipótesis que se barajan es que estructuras como las disidencias del frente 36 de las Farc podría tener alguna conexión con el caso, según señaló por ejemplo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
“La Policía capturó a un menor a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver. El otro sujeto que conducía la motocicleta logró huir del lugar. Estos son los que durante tres años tuvieron una sombrilla de impunidad con la ‘paz total’. Las disidencias FARC instrumentalizan a los menores sin vergüenza. Que les caiga todo el peso de la fuerza legítima del Estado y de la ley”, expresó entonces el mandatario departamental.
Desde la Gobernación se ha ofrecido una recompensa de hasta $50 millones por información que permita localizar a un segundo hombre que estaría implicado en el crimen.
