Las comunidades en zonas rurales tienen una alcancía en los bosques. Igual que en las ciudades hay quienes rompen el marranito cuando más lo necesitan, en el campo algunos sacan de la madera su sustento cuando no hay más. BanCO2 es una estrategia de pago por servicios ambientales, que busca que los campesinos no tengan que talar. Tan solo en el Oriente de Antioquia, donde nació, ya hay más de 500 familias que tienen oficio en el cuidado del bosque.
Al programa ya se han vinculado 27 de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales del país. De ellas, 20 que ya tienen grupos familiares inscritos, y hoy son más de 1.000 familias beneficiadas con recursos cercanos a los 10.000 millones de pesos.
“Aquí son familias campesinas los mayores aserradores y eso nos ha permitido que hoy estemos llegando a 7.000 hectáreas en conservación, solamente en el Oriente antioqueño. En la jurisdicción vamos a terminar este año con 750 a 800 familias, hoy estamos en 500 o 520”, asegura Carlos Mario Zuluaga, el director de Cornare. Destaca que cada vez hay más conciencia entre los campesinos, la comunidad y las empresas en cuanto a la necesidad de conservar las cuencas hídricas.
De las cifras nacionales subraya que ya hay 13.000 hectáreas en conservación mediante la estrategia de pago por servicios ambientales de BanCO2 y una alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —Pnud— apunta a proteger otras 17.000 hectáreas de bosque tropical seco. Unas 120 empresas se han vinculado a la iniciativa.
“Recientemente logramos incorporar 23 empresas del sector floricultor, vamos a empezar a incorporar empresas del sector avícola y de la construcción que han entendido que la responsabilidad ambiental tiene que partir de la equidad y la justicia con las comunidades rurales que conservan y protegen los recursos naturales”, apunta.
En cuentas del director de Cornare, de 800 hectáreas deforestadas en un año en el Oriente antioqueño según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia —Ideam—, cerca de 350 tienen que ver con la temporada seca. “Pasamos de más de 2.000 hectáreas deforestadas al año, a cerca de 500. Eso quiere decir que vamos con esta estrategia quebrándole el espinazo a los problemas de deforestación”, señala. Casi en su totalidad, atribuye la deforestación que no se puede asociar al régimen de lluvias a las necesidades económicas de las familias. Asegura que son muy pocos los casos en los que la tala va para grandes distribuidores o mafias de la madera.
Agrega que en la compra de predios para conservación por parte del Estado también se ha generado un “desplazamiento técnico”. “Cuando usted le compra a un campesino una microcuenca en función del medio ambiente —que por desgracia esas cuencas cuando están en estado de conservación pierden valor económico— estamos desplazando a la gente. La gente a la que se le compran 15 hectáreas para proteger, se va para las ciudades”.
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