Por falta de conectividad en el juzgado y una solicitud de la Fiscalía, la diligencia prevista para la próxima semana fue reprogramada.
La audiencia de formulación de acusación en el proceso judicial que se sigue contra 11 campesinos de Jericó fue aplazada. La diligencia, que estaba programada para desarrollarse los días 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2026, fue fijada para marzo de 2027 tras una determinación del despacho judicial a cargo.
Los campesinos fueron imputados en mayo de 2025 por oponerse a la construcción de una gran mina de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti.
Las Fiscalía los señala de secuestro simple, hurto y lesiones personales por retener a operarios de la minera en la carretera, desmontar una plataforma de exploración y hasta por la mordedura de un perro a un celador, en hechos que ocurrieron entre mayo de 2022 y diciembre de 2023.
Según la notificación oficial del juzgado, la decisión responde a dos factores. El primero es que la Fiscalía solicitó la suspensión a la espera de un concepto de la Unidad de Justicia Restaurativa del Nivel Central.
El otro factor es técnico. El juzgado reportó dificultades en la sala de audiencias, relacionadas con la conexión a internet y mal estado de los equipos de audio y video, lo que impedía garantizar el normal desarrollo de una diligencia de esta complejidad.
En mayo de 2025, la Fiscalía imputó a los once campesinos por secuestro, hurto y lesiones personales. Además de Porfirio Garcés, de 86 años, fueron judicializados Gustavo Arboleda (62 años), William Gaviria (62), José Luis Bermúdez (61), Luis Albeiro Cardona (61 años), Argiro Tobón (60), Gabriel Suárez (50), Rubiel Arango (46), Mauricio Londoño (45 años), Rodolfo Tobón (44) y Juan Carlos Salinas (43). La ONU y la Defensoría del Pueblo rechazaron la judicialización de los campesinos.
En Jericó, la empresa AngloGold Ashanti estima invertir 2.000 millones de dólares en la construcción de la mina.
Las protestas en contra del proyecto han sido constantes, con bloqueos en la entrada de las instalaciones y en terrenos de particulares donde montan estaciones de exploración.
Los campesinos temen que la mina —de la que extraerían cerca de 5 millones de toneladas de concentrado de cobre, oro y plata durante 20 años— acabe con la vocación agrícola y turística de Jericó y Támesis, y con el paisaje y las fuentes de agua que los identifican.
La multinacional dijo que aunque respeta el derecho a oponerse o criticar proyectos mineros, las querellas y denuncias presentadas buscaban la restitución de derechos vulnerados, en particular frente a bloqueos que afectaron sus operaciones.
A pesar del aplazamiento, movimientos a favor de los 11 campesinos realizarán se reunirán el 3 de agosto, entre 9:00 a.m. y 5:00 p.m. en el parque principal de Jericó. Habrá música, arte y olla comunitaria.
El juzgado reprogramó la audiencia de formulación de acusación para los días 8, 9 y 10 de marzo de 2027.
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