Un operativo judicial realizado en la noche del lunes 14 de septiembre en el Urabá antioqueño terminó con la captura de Juan Moreno Mena, alcalde de Riosucio, Chocó, para el periodo 2024-2027, junto con cinco funcionarios más de su administración municipal. La diligencia, ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sijín de la Policía, se realizó cerca de la Terminal de Transportes de Apartadó, Antioquia.
Los capturados son señalados de haber incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con el desembolso de recursos destinados a cubrir la logística de transporte y los viáticos de los jurados de votación y delegados que participaron en la jornada electoral del 8 de marzo, fecha en la que se realizaron las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas de cara a las presidenciales.
Según la Fiscalía, el alcalde y los demás funcionarios serán presentados por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó ante un juez de control de garantías, que les imputará los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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El primer delito contempla una pena de 96 a 270 meses de prisión; el segundo, de 16 a 108 meses; y el tercero, de 64 a 216 meses, según el Código Penal colombiano.
Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía no había entregado un reporte oficial que detallara con precisión el alcance legal del requerimiento e indicaron que no habrá pronunciamiento formal hasta que culmine el proceso de imputación de cargos. Sin embargo, las primeras hipótesis apuntan a que la detención también estaría vinculada a un presunto desacato a órdenes judiciales.
Moreno Mena no llega a esta captura con la hoja de vida limpia. En agosto de este año, un juzgado de Riosucio le impuso una sanción de un día de arresto y una multa por incumplir una tutela. Además, durante 2025 la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación disciplinaria y posteriormente le formuló pliego de cargos por presuntas omisiones en la atención y el suministro de alimentos a la población privada de la libertad bajo custodia preventiva en el municipio. Por ahora, esos antecedentes disciplinarios no han sido vinculados oficialmente con el operativo de Apartadó.
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