Ventanas con vidrios rotos, techos y pisos en mal estado, paredes deterioradas y maleza creciendo al interior y en los alrededores de la edificación es la realidad en la que se encuentra actualmente el antiguo seminario Cristo Sacerdote, fundado en 1969 en Yarumal, Norte de Antioquia, que se pretendía convertir en el segundo centro penitenciario agroindustrial del país, el primero está en Acacías, Meta.
El proyecto, que prometía ser una de las obras más importantes para aliviar el hacinamiento en el departamento, tuvo que ser descartado por la Gobernación de Antioquia debido a que no cumple con los requisitos de sismo resistencia, por lo que no es apto para alojar personas.
EL COLOMBIANO estuvo en el lugar y pudo constatar el abandono en que se encuentra la estructura.
Los inicios
En julio de 2017 la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), conjuntamente con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Yarumal y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del municipio realizaron una inspección de la edificación del seminario Cristo Sacerdote, ubicada en un predio de 42 hectáreas y propiedad de la Diócesis Sonsón Rionegro, con el fin de convertirla posteriormente en una Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis).
Según la Contraloría General de la República, en dicha visita se advirtió sobre la necesidad de realizar pruebas de sismo resistencia debido a la antigüedad de la construcción; sin embargo, estos estudios de suelo y de vulnerabilidad que permitiera establecer la viabilidad del proyecto no se realizaron y el 17 de julio de 2017 se firmó el Convenio Marco de Cooperación por valor de 65.200 millones de pesos para el desarrollo de la obra, de los cuales el Ministerio de Justicia aportó 51.200 millones de pesos mientras que la Gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín 7.000 millones de pesos cada una.
Así, en noviembre de ese mismo año, la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), firmó el convenio en el cual quedaba como la encargada de la construcción y el 3 de enero de 2018 se adquirió el predio por 8.500 millones de pesos. Un mes después fue inscrita la escritura pública por medio de la cual se transfirió el predio al Inpec.
Los trabajos que le darían vida a una obra que buscaba albergar a la población reclusa del departamento que se encontraba en alto grado de hacinamiento, arrancaron finalmente en marzo de 2018 y cuatro meses después, en julio de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos asistió a la puesta de la primera piedra y lo declaró como un “proyecto visionario”.
Julio Areiza, exalcalde de Yarumal y quien fue el impulsor del proyecto durante su mandato 2016-2019, afirmó que antes de hacer las negociaciones correspondientes sí se verificó que la edificación cumpliera con los requerimientos mínimos y el Uspec no descartó la utilización del predio.
“Nosotros fuimos con personas de la Lonja, quienes hicieron el avalúo del predio, y con ingenieros de la Gobernación de Antioquia y pudimos verificar que no había ningún problema, que se cumplía con lo que proponíamos, que era la construcción de un modelo penitenciario diferente”, dijo.
Asimismo, el exfuncionario agregó que su propuesta estuvo motivada por la problemática de hacinamiento que se vivía en ese momento: “En 2019 terminé la administración prestando los calabozos de Angostura y Campamento, porque la gente ya no cabían en las estaciones de policía”.
Las irregularidades
Los estudios de vulnerabilidad, que debían ser parte de la prueba de prefactibilidad del proyecto y de la etapa precontractual, fueron realizados por Viva luego de la compra del predio.
En abril de 2018, la ejecutora suscribió un contrato con la firma consultora Ingeniería Básica por 611.000 millones de pesos para los estudios correspondientes. Los resultados arrojaron que la estructura no cumple con las normas de sismo resistencia.
Según Mauricio Restrepo, secretario de Gobierno de Yarumal, si esta edificación no se puede utilizar, se estaría hablando de detrimento patrimonial. “A finales del año pasado vino el Ministerio de Justicia al municipio para mirar qué hacer. Hubo varias ideas, lo primero que se propuso fue liquidar los convenios porque ya el término había vencido. También se plantearon alternativas como utilizarlo para oficinas o un centro de entrenamiento de guardas del Inpec, pero por el momento todo está suspendido”, dijo.
Sin embargo, los estudios concluyeron que esta estructura “no puede ser habitada ni puesta en funcionamiento para ningún uso”. Asimismo, afirmaron que la demolición de las estructuras existentes tendría un costo de 2.548 millones de pesos. Por su parte, el cerramiento del predio ya se había iniciado: Viva ya había invertido en este 255 millones de pesos.
¿Qué sigue?
El convenio marco de la obra finalizó el pasado 17 de junio de 2020, por lo que en noviembre del mismo año todas las partes acordaron liquidar. Según la Gobernación de Antioquia se han realizado mesas de trabajo para definir una ruta para el proyecto y afirmó que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, se comprometió a apoyar la búsqueda de una solución a esta situación.
“Aunque avanzamos en la firma de la prórroga del convenio, todos los actores no estuvieron de acuerdo, de tal manera que se terminó. Sin embargo, se firmó un convenio derivado que está vigente pero está suspendido en su ejecución. Tenemos una mesa de trabajo con Minjusticia, Inpec, Uspec, alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia para salvar este proyecto”, afirmó el gobernador (e) Luis Fernando Suárez.
Asimismo, Suárez aseguró que el reto que tiene el departamento es acabar con el hacinamiento y para esto se necesitan más de 6.000 cupos. “Esta es una obra muy importante. Una de las soluciones planteadas es construir una cárcel en un sitio aledaño a La Herradura (lugar donde se encuentra la edificación) en un predio que cumpla con las especificaciones técnicas”, expresó.
Actualmente, aunque el proyecto no está en fase de ejecución, los recursos aportados se encuentran en una fiducia. Aún no está claro qué pasará con este predio.
EL COLOMBIANO trató de comunicarse con el Inpec, que es el propietario del predio, y la Uspec, encargada de determinar el cumplimiento de las normas técnicas y los estándares mínimos establecidos para garantizar la infraestructura carcelaria, y al cierre de esta publicación no hubo respuesta.
La única certeza es que, tres años después, el futuro de esta antigua edificación que antes albergaba sacerdotes y que luego tenía como propósito convertirse en un lugar para la resocialización de personas privadas de la libertad sigue en el limbo.
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