Ni los desastres son naturales ni las problemáticas territoriales ocurren porque sí y de la noche a la mañana. Al ahondar en las verdaderas causas de una emergencia grave o un fenómeno crítico como la escasez de recursos esenciales (abastecimiento de agua, disponibilidad de tierra cultivable), siempre emergerá la falta de ordenamiento y planificación como respuesta.
La Gobernación de Antioquia anunció que acompañará a 47 municipios que tienen sus esquemas de ordenamiento (POT, EOT y PBOT) desactualizados. Más allá del anuncio de la Gobernación, lo grave es justamente eso: que más del 38% de los municipios “funcionen” hace años sin norte claro. Los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial requieren acuerdos mínimos políticos, sociales, urbanísticos y ambientales sobre el territorio. Por eso tiene poca justificación que hoy Antioquia tenga municipios que estén acercándose a los 30 años con el mismo esquema que fue aprobado después de la Ley de Desarrollo Territorial en 1997.
Los 47 municipios en deuda se distribuyen así: diez en el Occidente, nueve en el Suroeste, cinco en el Oriente, cinco en el Bajo Cauca, cinco en Urabá, cinco en el Valle de Aburrá, cinco en el Norte, tres en el Nordeste y uno en el Magdalena Medio.
Según Rolando Castaño, director territorial de Planeación departamental, lo que plantea su dependencia es que estos municipios tienen que planificarse con las cuencas hidrográficas como eje principal y necesitan dejar listo su plan a un plazo de doce años en cuanto a gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, definición de suelos para proyectos de vivienda social, espacio público y servicios.
Desde el Planeación señalaron que el acompañamiento se basa principalmente en la elaboración de guías, la realización de talleres teórico-prácticos, y la transferencia de capacidades a los equipos técnicos municipales. También señalaron que el gobierno departamental les entregó la cartografía detallada que es una herramienta clave y actualizada para el ordenamiento territorial, al proporcionar información precisa y georreferenciada que respalda la toma de decisiones en la gestión del territorio. “Para los 47 municipios priorizados por el Departamento en materia de ordenamiento territorial, la cifra en cartografía urbana y rural levantada ronda aproximadamente los $20 mil millones”, precisó la Gobernación.
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Pero, al final, todo se reduce a voluntad política en los municipios. Y, por crudo que suene, la falta de esta se traduce en pérdidas humanas y deterioro del territorio. El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Antioquia arrojó que Bajo Cauca padece el nivel más alto las seis dimensiones que miden el riesgo y la capacidad de adaptación frente a la crisis climática: seguridad alimentaria, biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, recurso hídrico, salud, hábitat humano e infraestructura. No es casualidad que en dicha subregión, cinco de los seis municipios (exceptuando Caucasia) estén tan colgados en las gestiones para actualizar sus esquemas de ordenamiento. Aunque no sería una fórmula mágica para resolver los grandes problemas que padece la subregión con temas de minería ilegal, por ejemplo, si arrojaría herramientas para, al menos, avanzar en la solución por grandes áreas afectadas.
Por ejemplo, la zona inundable del río Nechí ha quedado tan alterada por la minería (legal e ilegal) que los habitantes de Cáceres, El Bagre, Nechí y Caucasia han quedado a merced de inundaciones devastadoras y frecuentes. El año pasado, por ejemplo, Zaragoza padeció su peor inundación en medio siglo, cuando el río Nechí, sin barreras naturales que fueron destruidas, se unió a las quebradas Oca y Juan Vara dejando al municipio bajo el agua.
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En el Suroeste también hay ejemplos palpables. Allí, según expertos en territorio y planeación consultados, se concentran varios de los municipios con el vergonzoso récord de tener los esquemas de ordenamiento y los catastros más vetustos en Antioquia. El 40% de los municipios en el Suroeste tienen sus instrumentos de ordenamiento fuera de vigencia. En dicha subregión, según dicho Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, existe el más alto grado de amenaza de inseguridad alimentaria por la conversión de suelos impulsada por cambio de usos de manera irregular, especulación de precios de la tierra y minería.
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Según el Gobierno Nacional, precisamente eso fue lo que intentó atacar con la implementación de las Áreas de Protección para Producción de Alimentos. Paradójicamente fueron los alcaldes de los municipios con los esquemas territoriales y catastros más inútiles y caducos –con más de 25 años– los que más pusieron el grito en el cielo por las APPA. Ante esos reclamos, lo que aseguró el gobierno nacional es que entregó una herramienta más para que puedan ordenar su territorio, en este caso, determinando con rigor las zonas que deben destinarse para producir comida.
Precisamente, los esquemas de ordenamiento territorial de segunda generación, los que deberían tener ya todos municipios con 30.000 habitantes hacia abajo, están orientados a poner reglas de juego claras para la expansión urbana logrando el equilibrio necesario para que los suelos ricos para producir alimentos y necesarios para garantizar servicios ecosistémicos (agua y energía a las ciudades) se mantengan libres de esa presión urbanística. Ocho municipios que avanzaban en ese proceso lo dejaron a la deriva; otros seis apenas están en etapa diagnóstica.
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