Procuraduría pide a la JEP incluir como patrón criminal del caso Urabá los asesinatos a civiles estigmatizados

El Ministerio Público considera que fue un patrón criminal de las extintas Farc asesinar en esa región a ciudadanos señalados de colaborar con el Ejército o los paramilitares.

El caso 4 de la JEP se abrió en 2018 y prioriza la situación del Urabá antioqueño y chocoano a partir de hechos del conflicto ocurridos entre 1986 y 2016. FOTO Cortesía JEP

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que incluya en el macrocaso 4 (Situación territorial de la región de Urabá) un nuevo patrón criminal: el asesinato de civiles, en manos del frente 5 de las extintas Farc, tras ser estigmatizados y señalados colaborar con el Ejército o grupos paramilitares.

El Ministerio Público hizo la recomendación en el documento de observaciones a las versiones que han entregado exintegrantes del mencionado frente, que operó en el Urabá antioqueño y chocoano. En particular, el procurador primero delegado ante la JEP, Alonso Pío Fernández, manifestó que esa modalidad de asesinatos constituyó “un patrón macrocriminal, teniendo en cuenta que se trató de crímenes cometidos en ejercicio del control social y territorial”.

Le puede interesar: “Nos medían por los muertos que debíamos presentar”: coronel (r) devolvió medalla recibida por falsos positivos en Antioquia

“Se debe contemplar la modalidad de homicidio como consecuencia de la estigmatización sobre civiles y el control social, en tanto los relatos de los comparecientes permiten deducir que algunos de estos responden a la escogencia de miembros de la población civil como blancos militares por considerar que su comportamiento de apoyar al enemigo era contrario a la ideología y propósito del grupo armado al margen de la ley”, manifestó el procurador sobre el tema.

Por ejemplo, en una de las versiones analizadas por el ente de control un excombatiente relató que un miliciano señaló a tres jóvenes indígenas como colaboradores del Ejército y que eso bastó para que el comandante del frente guerrillero ordenara una emboscada para asesinarlos.

“En este caso en particular, las víctimas eran estigmatizadas como simpatizantes y colaboradores del enemigo, bien estuvieran “comprobados” o fueran simples “sospechosos”, todo con el fin de evacuar el territorio de personas contrarias a su ideología y propósitos”, aseguró el delegado en su análisis.

En otras noticias: “En Colombia hubo un genocidio reciente”: Petro pidió perdón en nombre del Estado por masacres de Ituango

Otras solicitudes que hizo la Procuraduría

La Procuraduría también solicitó la JEP profundizar en el mismo macrocaso en aspectos como el uso de armas de guerra prohibidas por las normas internacionales, tales como minas antipersonal y diferentes tipos de bombas artesanales. Esto, con el fin de que determinen quiénes usaron estos explosivos y cuáles fueron las razones para hacerlo, pese a la gravedad que significan por su falta de precisión y porque generaron graves daños colaterales a la población civil.

Esta petición está fundamentada en versiones de los comparecientes en este caso, sobre las órdenes que se daban para minar terrenos por los lados de Yupigrande, cerca al Río Manso. Uno de los testimonios es el de un excombatiente que contó que cada guerrillero era obligado a llevar consigo por lo menos una mina antipersonal durante los desplazamientos.

Según esta versión, también debían cargar consigo otros explosivos, instalarlos y activarlos, aun cuando no tenían el conocimiento suficiente para hacerlo. Ante estos hechos, el delegado Fernández consideró que es fundamental “ahondar en esta conducta para entender mejor el modus operandi de los victimarios”.

En otras noticias: Clan del Golfo negó estar detrás de las amenazas a magistrados de la JEP

Por otro lado, el Ministerio Público le pidió a la magistratura profundizar en hechos relacionados con violencia sexual y de género, así como exigir a los comparecientes que reconozcan la ocurrencia de estos delitos mientras pertenecieron a la estructura armada. Con ello, en consideración de la Procuraduría, demuestran voluntad de hacer aportes a la verdad y a las medidas de reparación a las víctimas.