Ante la difícil situación por la violación de los derechos de la mujer y los feminicidios, un colectivo de facultades de Derecho de Medellín y de organizaciones feministas le plantearán al Gobierno Nacional la necesidad de declarar una crisis humanitaria para hacerle frente a estos fenómenos.
El abogado Carlos Mario Piedrahíta, integrante del Observatorio de Género de la Corporación Universitaria Remington, manifestó que además de este claustro, a la iniciativa se unieron la Universidad de Medellín, la Autónoma Latinoamericana, el semillero de Género de la Universidad de Antioquia y organizaciones como Humanas Colombia, Red Feminista Antimilitarista, Colectivo de Abogadas Justicia Mujer y Confluencia de Mujeres por el Interés Público.
Comentó que el delito de violencia intrafamiliar en Colombia lo sufren más las mujeres, pero el país ha adquirido una serie de compromisos internacionales y lo que se reclama con esta declaratoria es que se cumplan los mismos.
Con esta emergencia, entonces, se podrán fijar planes y medidas de contingencia, en especial en los municipios, para preservar la vida de las mujeres.
Resaltó que en el caso de Medellín se logró declarar la violencia intrafamiliar, sexual y los feminicidios como “calamidad pública”, lo que convierte estas agresiones en delitos de alto impacto.
Problemas de interpretación
Indicó que aunque las estadísticas demuestran una reducción del 10 % de los homicidios de mujeres este año en Medellín, los feminicidios se siguen presentando y las autoridades tienen problemas de interpretación. En este sentido recomendó que se deben leer bien los cambios en las normas, fundamentalmente con la entrada en vigencia de la Ley 1761, de 2014, que tipificó este delito.
Hoy las medidas de protección no solo las tienen que expedir los comisarios de familia, sino también los jueces de control de garantías, porque si se aplican las medidas de protección buena parte de los asesinatos de mujeres se pueden evitar, concluyó el profesional.
La abogada Debbie Patricia Hernández, asesora de la Corporación Vamos Mujer, recordó que la Ley 1257, de 2008, le hace entender al sistema de justicia que la violencia contra las mujeres, aunque ocurra en el ámbito familiar, es una violación de los Derechos Humanos porque su base es la discriminación.
Agregó que no ha cambiado el estereotipo de mujer al servicio de otros, responsable de lo doméstico, al tiempo que siguen existiendo barreras en la justicia que evitan que ellas denuncien.
Enfatizó que en las comisarías de familia, donde se atienden los casos de violencia intrafamiliar, algunos funcionares les preguntan ¿por qué lo hizo?, ¿por qué no concilia? y ¿por qué no le da otra oportunidad? Por esto salen convencidas de que ellas son las culpables.
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