Ante el Concejo de Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez radicó el proyecto de acuerdo No. 150 de 2018, que busca autorización para que EPM pueda vender algunos activos y participaciones accionarias, con el fin de tener mayor solvencia para resolver la crisis de Hidroituango.
En el documento, Gutiérrez y EPM explican que hoy se estima un atraso de al menos 36 meses en la entrada en operación del proyecto “lo que ocasionaría una disminución del Ebitda producto de la venta de energía generada, estimada en $3,9 billones”.
La demora en la generación y la afectación financiera podría poner en riesgo la calificación crediticia de EPM, confirma el documento.
El proyecto pide permiso para enajenar acciones en ISA, Hidroeléctrica del Río Aures, Gestión Energética S.A, Emgesa, Banco Davivienda, Terpel e Inverseguros.
Además, solicita permiso para enajenar otras participaciones minoritarias en empresas como Gensa, Acerías Paz del Río, Banco Davivienda, BBVA de Colombia y Corficolombiana.
“La enajenación de las participaciones accionarias que hasta ahora se propone no corresponde a una privatización de EPM”, dijo el Alcalde en el documento.
De otro lado, ayer se conoció una carta firmada por el gerente de Hidroituango, José Gustavo Jiménez, en la que se anuncia que, mientras se determine la asignación de responsabilidades frente a la crisis de la hidroeléctrica, no se tomarán como costos del proyecto todo lo relacionado con “obras y acciones adelantadas durante el periodo de contingencia”.
Jiménez indicó que la decisión se tomó el pasado 28 de agosto, luego de que la gerencia presentara “los costos en los que ha incurrido EPM para la realización de obras regulares y de las actividades para la atención de la contingencia, desde los hechos ocurridos el 28 de abril de 2018” .
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