viernes
2 y 0
2 y 0
EL COLOMBIANO | Publicado el 05 de octubre de 2021
El excontralor de Antioquia, Jorge Alberto Rojas Otálvaro, fue condenado en primera instancia por un juez de conocimiento del Juzgado 30 Penal del Circuito de Medellín a 64 meses de prisión por presuntos actos irregulares en la entrega de un contrato para la adquisición de un software para la Contraloría.
El sentenciado, quien ocupó el cargo de contralor del departamento entre 2008 y 2011, fue declarado responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos, tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, a la cual fue vinculado Rojas Otálvaro desde 2018.
Eduar Alirio Calderón, director Especializado contra la Corrupción del ente acusador, explicó que la investigación se relaciona con el contrato 134 de 2009, que tenía por objeto implementar un software para la entidad y cuyo valor inicial se pactó en $1.078 millones. Sin embargo, añadió el funcionario, se estableció por medio de material probatorio que fueron aprobadas prórrogas y adiciones que llevaron a que el monto ascendiera a $1.620 millones.
Asimismo, entre otras irregularidades, fue detectada la ausencia de licitación pública para la adjudicación de dicho contrato, lo cual se hizo de manera directa a una empresa que no tenía la experiencia ni la capacidad técnica para cumplir la actividad que se buscaba ejecutar.
“Los indicios dan cuenta de que (la empresa a la que se le adjudicó el contrato) había sido constituida 40 días antes de la firma y utilizó indebidamente el nombre de un ingeniero de sistemas de la Contraloría Departamental para acreditar idoneidad”, según el informe presentado por la Fiscalía.
Del excontralor Rojas Otálvaro también se estableció por medio de las investigaciones que fue copropietario, con el hermano del representante legal de la empresa contratista, de varias extensiones de tierra en Abejorral (Oriente de Antioquia).
El sentenciado también fue sancionado con una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes para la fecha de los hechos y con inhabilidad de 80 meses para ocupar cargos públicos. La Fiscalía apeló el fallo de primera instancia por considerar que, ante los hechos acreditados, la pena podría ser mayor.
