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“Si se reporta crisis energética no es por fallo fiscal sobre Hidroituango”: Contraloría
La entidad rechazó que se le atribuya la responsabilidad ante un eventual retraso del proyecto.
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La primera unidad de generación de Hidroituango deberá operar en el primer semestre del próximo año. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
01 de octubre de 2021
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El vicecontralor general, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, se refirió este jueves al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría a raíz de los problemas del proyecto Hidroituango, defendiendo el trabajo de ese organismo de control.
A través de un foro organizado por el diario económico La República, ese servidor público aseguró que esa institución es la más interesada en que el proyecto salga adelante y rechazó algunos señalamientos en los que se le atribuye la responsabilidad por futuros retrasos en las obras.
En su intervención, Ruiz Rodríguez arrancó haciendo un recuento cronológico de los problemas que ha presentado Hidroituango, advirtiendo que entre 2008 y 2011, antes de que la Contraloría empezara a vigilarlo, ya se presentaba un retraso de seis meses, asociado a variaciones en el diseño de las vías de acceso y otros rezagos.
“Además, hubo un cambio de la altura de la cota, que cuando fue aprobado no contaba con las licencias correspondientes”, dijo el vicecontralor, señalando que entre 2013 y 2014 el retraso en el cronograma inicial ya era de 18 meses.
Tras el colapso de la Galería Auxiliar de Desviación en 2018, calculó, la obra pasó de costar $6 billones a $14 billones aproximadamente.
Frente a las actuaciones de la Contraloría, Ruiz explicó que desde 2017 ya se vigilaba el proyecto, pero en 2019 se inició una actuación especial que arrojó ocho hallazgos, dos de ellos con incidencia fiscal.
A su vez, estos hallazgos derivaron en otra investigación adelantada por la Unidad Especial Contra la Corrupción.
En el marco de ese proceso, recordó, fue que se emitió el fallo del pasado 3 de septiembre, en el que se calculó un daño patrimonial de aproximadamente $4.3 billones, asociados al lucro cesante y la pérdida en el valor de las inversiones del proyecto.
“El fallo que hasta hoy ha proferido la Contraloría no es la única circunstancia que ha generado retrasos en el proyecto. Si a la postre el país sufre alguna especie de crisis energética no podrá ser atribuible al fallo de la Contraloría”, dijo Ruiz, enfatizando que ese ente cumple con su función constitucional.
“Esta contraloría es la más interesada en que el proyecto salga adelante”, agregó.
Sandra Stella Fonseca Arenas, directora ejecutiva de Asoenergía, quien también participó de ese foro, resaltó por su parte que de acuerdo con los análisis de esa organización habría una “baja probabilidad” de un racionamiento en el corto plazo.
Sin embargo, advirtió que el riesgo de una situación adversa no puede descartarse, ya que las condiciones del sistema podrían cambiar.
Cabe recordar que el fallo de responsabilidad fiscal emitido en primera instancia por la Contraloría el pasado 3 de septiembre abrió la puerta para un eventual cambio de contratista.
Según sostuvo esta semana el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, uno de los efectos colaterales de esa actuación podría ser que los constructores queden inhabilitados para contratar con el estado, por lo que esa compañía no descarta un cambio de contratistas.
Así mismo, el próximo 31 de diciembre, vencerá el contrato que los vincula.
“Eso quiere decir que si nosotros queremos continuar es voluntario, no porque estemos obligados a terminar el proyecto con ellos”, dijo Carrillo.
El cambio de un contratista implicaría un empalme en el que, además de las complejidades técnicas, deberá contemplarse que hacer con una zona de obra compuesta por al menos 4.500 trabajadores y 335 máquinas pesadas.
En materia financiera, un eventual retraso adicional también podría implicar para EPM el pago anticipado de varios de sus créditos, como uno adquirido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 450 millones de dólares.
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