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El deterioro ambiental, la falta de conciencia ciudadana y los pocos mecanismos de preservación de los animales y la vegetación de Antioquia, fueron el aliciente para que la contraloría Departamental y el Área Metropolitana firmarán un convenio que busca disminuir el daño a los ecosistemas.
Después del tráfico de armas y estupefacientes, la explotación de animales silvestres es el segundo delito que más dinero mueve en el país.
Solo este año se han decomisado 6.878 tortugas hicoteas, 1.505 iguanas, 1.144 tortugas morrocoy y 2.837 babillas o caimanes.
Sergio Zuluaga Peña, contralor de Antioquia, explicó que la iniciativa pretende generar la empatía ciudadana, porque el tráfico de aves y especies vegetales, así como la explotación de los recursos naturales dan muestra de la falta de compromiso social.
“No puede ser que sigamos de espaldas ante una realidad tan dramática que pone a Antioquia en los primeros lugares del país, y quizá de Latinoamérica, en el tráfico de flora y fauna, y el deterioro del medio ambiente”, manifestó el funcionario.
La Contraloría estará a cargo de realizar un diagnóstico del estado actual de los recursos naturales departamentales, al mismo tiempo que fiscaliza las funciones de las entidades y organizaciones que controlan y vigilan las decisiones ambientales.
Por su parte, el Área Metropolitana, que es la autoridad ambiental de Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Caldas, Copacabana, Girardota y Barbosa, adelanta la articulación y apropiación de los habitantes de los 10 municipios con su entorno, para el desarrollo de un ambiente sostenible.
Colombia es el segundo país del mundo más rico en biodiversidad, tiene 2.890 especies de animales y ocupa el tercer lugar como territorio donde habita el mayor número de especies vivas.
La ampliación de la frontera agropecuaria, la explotación ilegal de bosques para la extracción minera cultivos ilícitos y minería legal han aportado a la creciente pérdida de la biodiversidad en Antioquia.
Mientras se desarrolla el convenio, las dos entidades realizarán campañas y actividades educativas. En Caldas y Barbosa se harán foros de control fiscal y valoraciones ambientales para mostrar las consecuencias del tráfico animal.