Bajo el cielo de Santa Elena, en Medellín, se cultivan champiñones desde hace más de 30 años. Jorge Suárez, quien llegó al lugar en 1986, ha liderado desde entonces la producción de estos hongos en su finca, ubicada en el sector de El Recreo, zona central del corregimiento.
El lugar puede ser, a simple vista, la despensa de champiñones de la ciudad —incluso del país—, pues produce 300.000 kilos de estos hongos al año. Desde allí llegan, frescos, a diferentes mercados y centros comerciales. También viaja el compost necesario para producirlos en las filiales que Suárez, junto con su familia, opera en otras ciudades de Colombia.
La vocación agroindustrial de ese predio busca deleitar a los comensales cuando se sientan a la mesa. Pese a ello, ese propósito hoy riñe, según algunos habitantes de la zona, con su derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la intimidad.
¿Por qué? Funglus (nombre de la empresa), en su proceso de producción y comercialización de champiñones, debe procesar el compost necesario para la siembra y posterior crecimiento de estos. Es decir, el abono en el que crecerá el champiñón también se prepara en el predio al que Suárez llegó hace más de tres décadas.
La cuestión es que dicho proceso, que integra insumos como los restos de la producción del arroz, la caña de azúcar y el estiércol de los pollos, emite olores. Ello, según Víctor Hernández, vicepresidente de la Junta Administradora Local de Santa Elena, ha generado inconformidades reiterativas en el lugar.
“Con la fábrica de champiñones, que también produce compost, es innegable que hay unas afectaciones para la comunidad del sector El Recreo, debido a los olores que se generan por el proceso agroindustrial que ellos manejan”, sostuvo Hernández.
Corantioquia, como autoridad ambiental, asumió el caso. Tras avanzar en varias etapas del mismo, emitió una medida preventiva el pasado 23 de abril, que implicó la suspensión de actividades de la champiñonera hasta hace algunos días.
Aunque Suárez argumentó que se ha cumplido con los compromisos, la corporación expresó que “las medidas ejecutadas han sido mínimas y poco han aportado al control de los olores ofensivos”.
El proceso
En la resolución que notificó la decisión referida puede leerse que, mediante un seguimiento a la actividad industrial, “se remite a verificar la existencia de una problemática en el sector de El Recreo, donde (...) la comunidad ha señalado que fruto de la actividad desarrollada por Funglus S.A.S. se generan olores, calificados de ofensivos”.
La presencia de los anteriores, detalló Suárez, responde al proceso de descomposición del compost. Este se calienta y emite gases en forma de amoniaco. Dicho proceso químico, entonces, es el que genera la emisión que puede ser percibida a través del olfato.
Aunque la normatividad en esta materia es nueva, según Liliana Taborda, subdirectora de Sostenibilidad y Gestión Territorial de Corantioquia, hay algunos instrumentos en el ordenamiento jurídico colombiano que permiten revisar estas situaciones.
Es el caso de la Resolución 1541 de 2013, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual establece los niveles permisibles de calidad del aire, o de inmisión, y el procedimiento para la evaluación de actividades que generan olores ofensivos.
También se cuenta la Resolución 2087 del 16 de diciembre de 2014, con la que se adoptó el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de estos olores.
Con base en las anteriores, Corantioquia realizó encuestas para conocer, al detalle, las quejas mencionadas. En un informe técnico del 16 de noviembre de 2017, que aplicó 66 encuestas, se encontró que la mayoría de personas presentaba molestias por la percepción de las emisiones.
Por tal motivo, se procedió a trabajar en un Plan de Reducción del Impacto por Olores Ofensivos (Prio) de la mano de Funglus, el cual fue aprobado por la corporación el 5 de enero de 2020, tras ajustar otras propuestas. En este se estableció que la empresa, además de plantear acciones para mitigar sus emisiones, solo debía almacenar la cantidad de compost a utilizar en cada ciclo de producción.
También se precisó que tendría la responsabilidad de evaluar y presentar, anualmente, el cumplimiento de los niveles máximos permisibles de calidad de aire; allegar metas de reducción de olores cada mes; presentar un informe de cumplimiento del Prio pasados 10 meses; y realizar el cerramiento de los búnkeres donde se procesa el compost.
¿Qué ha pasado?
Taborda, de Corantioquia, explicó que las mediciones de emisiones de amoniaco en el proceso de producción de compost (gas predominante que se desprende en esta práctica) deben tener un tratamiento especial. “Estas deben tramitarse mediante una empresa certificada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)”.
Ello, según la subdirectora, fue la causal para disponer de la medida preventiva de cese de operaciones. “Es uno de los parámetros por los cuales nosotros impusimos la medida preventiva, ya que los monitoreos que solicitamos no se habían ejecutado”, acotó.
Al respecto, Suárez indicó que se comprometieron a tramitar el Prio en dos años, menos tiempo que el que les permite la ley. “Nos cierran cuando tenemos apenas 14 meses. Nos dicen ahora que aceleremos el proceso técnico para mitigar la emisión de gases, que es el que vale la plata. Con el cierre, es más difícil lograrlo.
Y agregó: “Sí veníamos cumpliendo los compromisos”. Se ha invertido en maquinaria para reducir los tiempos de emisión en medio de la producción del compost; también se han instalado techos y mallas para evitar el viaje de material particulado; y se han sembrado árboles alrededor de la finca, para mitigar, mediante ese espacio verde, la percepción del amoniaco.
Pero el gerente no fue el único afectado por la suspensión provisional. En la empresa, según sostuvo, trabajan casi 60 personas, la mayoría nativas de Santa Elena. Otro tanto, que alcanza a llegar a las 200, compone la cadena en las demás filiales que dependen de esta.
Julio Ramírez, habitante del corregimiento, lleva 30 años apoyando la producción de champiñones en Funglus. Confirmó la cifra de trabajadores y sostuvo, además, que hay incertidumbre. “Sí estamos muy preocupados. Está en peligro nuestro trabajo. Hay gente que va llegando y no ve a Santa Elena como el campo, sino que quieren volver esto una ciudad”.
¿Por qué se levantó la medida? Taborda aclaró que la disposición preventiva de cese de actividades se suspendió temporalmente, para que Funglus ejecute las mediciones requeridas con una empresa acreditada por el Ideam.
Lo que sigue
Esas mediciones, continuó la subdirectora, serán vitales para definir si la empresa supera o no los niveles de emisión de olores ofensivos permitidos. “Los límites para Funglus están en función de microgramos por metro cúbico de sulfuro de hidrógeno y de amoniaco, sustancias desprendidas de este tipo de procesos”.
La medición, enfatizó, se ha asumido como una fuente fija de olor. En tal sentido, los cálculos versan sobre concentraciones tangibles de microgramos por metro cúbico. Así las cosas, por un tiempo de exposición de 1 hora esta actividad agroindustrial podrá emitir, máximo, 30 microgramos cúbicos de sulfato de hidrógeno y 1.400 de amoniaco.
Si estos niveles no son superados en las mediciones certificadas que deberá entregar Funglus durante estos meses, se levantará la medida preventiva en su totalidad. Si, por el contrario, se sobrepasan, la empresa deberá continuar trabajando para reducir, al máximo, sus emisiones, concluyó Taborda.
La tensión que se ha generado en torno a los efectos de esta actividad en Santa Elena es tan solo una arista de un debate que apenas comienza. En este, la vocación de un suelo, que en principio fue agrícola o agroindustrial, tendrá que convivir con la nueva ola habitacional que se registra en el corregimiento
1.400
microgramos cúbicos de amoniaco es el máximo de emisiones para Funglus.
300.000
kilos de champiñones se producen en Funglus anualmente.
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