Las alarmas se volvieron a encender en el municipio de Ituango. En el corregimiento de La Granja, el rector del colegio local, identificado como Raúl Eduardo Mendoza Zapata, al parecer, recibió varios mensajes intimidatorios en su celular, los cuales le declaraban “persona no grata” y le ordenaban no regresar al centro poblado.
Los mensajes, al parecer, pertenecerían al Clan del Golfo, y ante el temor generado, el directivo abandonó la zona. Según le confirmó a EL COLOMBIANO, la Policía de Antioquia, la orden de irse del corregimiento la toma el grupo armado en represalia porque el directivo y el párroco de la zona tomaron la iniciativa de colocar una placa referente a las víctimas de la masacre de 1996.
Representantes de la comunidad educativa y líderes sociales en Ituango expresaron su preocupación por el impacto de este tipo de intimidaciones y las repercusiones que podría traer en la comunidad educativa.
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“El corregimiento de La Granja, del municipio de Ituango, actualmente viene siendo bastante afectado por la confrontación entre las disidencias de las Farc del Frente 18 y el Clan del Golfo. Esto ha llevado a que haya confrontaciones en cascos urbanos e incluso, zonas aledañas”, manifestó a EL COLOMBIANO un habitante del territorio.
Adicionalmente, se denunció que el grupo armado estaría prohibiendo que los habitantes salgan de sus casas después de las 6:00 p. m.
“Hay una coacción de la libertad de expresión, es decir, los sujetos que habitan en este lugar no pueden expresarse de manera libre frente a su pensamiento con respecto a la violencia. En ese sentido, últimamente se han venido presentando desplazamientos, han salido ciertos sujetos del territorio y cada vez es más frecuente la coacción frente a quienes habitan el corregimiento. Eso lleva a que muchas veces se tenga que cerrar los negocios antes”, añadió el ciudadano.
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Por el momento, las autoridades se encuentran investigando la situación que hoy tiene con miedo y zozobra a los habitantes de Ituango.
¿Cuál es la historia de la placa?
Esta placa se instaló en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en memoria a cuatro de las víctimas de la masacre, identificadas como: María Graciela Arboleda Rodríguez, William de Jesús Villa, Héctor Hernán Correa García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.
Las masacres de los corregimientos El Aro (25 de octubre de 1997) y La Granja (11 de junio de 1996) dejaron por lo menos a 21 personas muertas, incluso menores de edad, todos campesinos y gente inocente y trabajadora que quedó en medio de una guerra en la que no tenían que ver. Esto también produjo un desplazamiento de decenas de familias que tuvieron que dejar sus hogares debido a la violencia sembrada por el paramilitarismo.