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Hay desplazados por subir el volumen de los equipos
23 de noviembre de 2016
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El panorama de desplazamiento intraurbano en Medellín sigue siendo crítico: en lo que va de este año, un total de 2.763 personas han tenido que irse de sus barrios por sentir amenazadas sus vidas.
Lo peor es que el desplazamiento no se da solo porque las víctimas se hallen inmersas en conflictos con los combos y bandas que controlan los barrios y comunas sino porque la convivencia se les hace compleja, ya que dichas estructuras les cobran multas hasta por tener los equipos de sonido a alto volumen.
Así lo denunció el Personero Municipal, Guillermo Durán Uribe, quien expresó su sorpresa incluso por la revictimización del desplazado ya que, en su criterio y basado en la experiencia de escuchar denuncias de la comunidad, “en muchos casos los ciudadanos víctimas de este delito ya habían sido obligados a salir de otros barrios, convirtiéndose en una tragedia para ellos cuando se cortan los ciclos vitales del desarrollo del individuo al interior de una colectividad, teniendo que abandonar sus hogares, sus arraigos, los ciclos educativos y viéndose afectada la unidad familiar”.
A raíz de la gravedad del problema, la Personería realizó ayer un conversatorio con participación del comandante del Distrito 2 de la Policía, teniente coronel Marlio Hernández Jiménez; el director Regional de la Unidad de Reparación Integral a Víctimas, Jorge Alzate Maldonado, y otros funcionarios de las instituciones de justicia, derechos humanos y de la Fuerza Pública.
El personero señaló que las zonas más afectadas son las comunas 13 (San Javier) y 7 (Robledo). Se dan casos en los que los combos controlan hasta los problemas de violencia intrafamiliar y los mismos ciudadanos acuden a ellos.
“Las bandas imponen multas hasta de $100 mil o $200 mil por tener un equipo de sonido con volumen y si no cancelan los hacen obligan a irse”, denunció.
Alertó que el delito es invisible o silencioso, porque la mayoría de víctimas temen formular las denuncias y advirtió que los ciudadanos que acuden a estos grupos para solucionar problemas, “se convierten en determinadores del delito de desplazamiento y esto tiene implicaciones en la Ley Penal para ellos”.
929
casos declarados por núcleo familiar se contaban oficialmente hasta ayer.
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