La Corte Suprema de Justicia destrabó este miércoles el proceso que se adelanta contra dos exparamilitares por el atentado sufrido por el excongresita Wilson Borja, ya que después de tres meses de papeleo, definió que el caso debe presentarse ante el Tribunal Superior de Medellín.
La audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Regulo Rueda Chávez y Jorge Rojas Galindo, exintegrantes del Bloque Capital, estaba suspendida porque magistradas de Barranquilla y Bogotá no se ponían de acuerdo sobre en donde se debía llevar el caso: si en Bogotá, donde ocurrió el atentado; o en la costa caribe, atendiendo a que Salvatore Mancuso preparó el crimen en Córdoba.
La Corte Suprema determinó que las audiencias de este caso en particular las debe realizar un magistrado del Tribunal Superior de Medellín, teniendo en cuenta que el crimen lo perpetraron integrantes de ese Bloque, que apenas nacía, siguiendo órdenes de Mancuso, como la primera operación en Cundinamarca de esa estructura.
“No quiere decir lo anterior que siempre que se impute un hecho dispuesto por los máximos comandantes de las Autodefensas, que para el año 2000 se concentraban en Córdoba y el Urabá, la competencia para adelantar las audiencias preliminares corresponda a la magistratura de Medellín, sino que, atendiendo los rasgos distintivos del caso que ocupa a la Sala: (i) hecho único cometido por los postulados a imputar; (ii) hecho único cometido por el Bloque Capital; (iii) frente naciente sin estructura propia; (iv) grupo que no registra desmovilizados; (v) los desmovilizados fueron postulados como miembros de bloques (BCB y Centauros) en los cuales no militaron; (vi) acuerdo ilícito gestado y planeado en Montería, y, (v) ordenado por el alto mando de las ACCU, concierne a la mencionada comprensión judicial”, dijo la Corte.
En la decisión, la Corte llamó la atención de una magistrada que aseguró que el Bloque Capital no existió, pues no había lugar a dar dicho pronunciamiento.
Los delitos que le imputarán a ambos exparas son concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio en persona protegida, tráfico de municiones y armas de uso privativo de las fuerzas armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias y falsedad en documento público.
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