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“No puede ser posible que un funcionario tenga $74.000 millones”

El fiscal General, Francisco Barbosa, reveló que Luis Pérez figura entre los dueños de 4 megalotes ligados al extinto Clan Castaño. Habrá otra investigación.

  • La hacienda Torrealta tiene una extensión de 550 hectáreas y está conformada por cuatro megalotes valiosos por su ubicación y vías de acceso, que fueron objeto de “embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo”, según explicó la Fiscalía. FOTOs CORTESÍA
    La hacienda Torrealta tiene una extensión de 550 hectáreas y está conformada por cuatro megalotes valiosos por su ubicación y vías de acceso, que fueron objeto de “embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo”, según explicó la Fiscalía. FOTOs CORTESÍA
  • “No puede ser posible que un funcionario tenga $74.000 millones”
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Publicado el 20 de julio de 2022

La Fiscalía comenzó a rastrear los movimientos del polémico exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, quien se autodenomina como más empresario que político, para determinar de qué manera logró conseguir los 74.000 millones de pesos que valen cuatro megalotes que tienen un origen ligado al paramilitarismo y en los que aparece como dueño.

Los predios están ubicados entre El Retiro y Rionegro (Oriente antioqueño) y fueron englobados bajo el nombre de Torrealta. La Fiscalía les impuso una medida cautelar por estar directamente ligados con el extinto clan de Vicente Castaño. De paso, los puso a disposición del Fondo de Reparación de Víctimas del conflicto.

El fiscal General, Francisco Barbosa, le reveló a EL COLOMBIANO que las propiedades tienen una “trazabilidad criminal” que desemboca en Luis Pérez y que, además, tuvo su génesis en una disputa entre narcotraficantes que terminó zanjando Castaño, un sanguinario excomandante paramilitar.

¿Cómo estas propiedades terminaron con folios a nombre de Pérez y de qué manera el exgobernador estaría relacionado con Castaño?

Eso es lo que la Fiscalía de Barbosa quiere dilucidar y por lo que se apresta a abrirle un expediente penal.

“No puede ser posible que haya funcionarios o exfuncionarios que tengan $74.000 millones en Colombia”, le dijo Barbosa a este diario. Y agregó: “O que puedan participar en ese tipo de propiedades cuando de por medio tenemos derechos de las víctimas y el fenómeno del paramilitarismo en la historia de Colombia. Ahí hay un asunto que me parece tremendamente importante, porque no puede darse el caso de funcionarios públicos que se enriquezcan en el ejercicio de sus cargos”.

EL COLOMBIANO estableció, además, que en la génesis del caso estuvo la declaración de un postulado a Justicia y Paz identificado como Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, quien manifestó que esos predios tenían relación con el mayor de los integrantes de la llamada casa Castaño.

En el expediente judicial también consta que Castaño se hizo cargo del cobro de una deuda entre los señalados narcotraficantes Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, y Édgar Marroquín, conocido como Marroco, de la cual habría surgido la posesión de los terrenos de los que ya se ordenó jurídicamente su extinción.

“En esos inmuebles figura como titular el exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez. Tomamos las medidas cautelares y ahí apareció. Hay una trazabilidad criminal sobre esos bienes y, por eso, irán al Fondo de Reparación para que así esta decisión se convierta en la máxima medida cautelar de Colombia”, enfatizó Barbosa.

El Fiscal General, quien este lunes estuvo en Medellín para precisar asuntos en torno a las imputaciones por Hidroituango y atender asuntos propios de su entidad, precisó que esa “trazabilidad criminal” es la que llevará a que muy seguramente se abran nuevos expedientes contra el polémico Luis Pérez, no solo para que explique el origen de los $74.000 millones en los que están avaluados los predios de Rionegro y El Retiro, sino la relación que habría tenido con Vicente Castaño y su banda paramilitar; si es que la hubo, ya que el exfuncionario siempre ha defendido lo que califica como su actuar legal.

El pasado de Torrealta

La primera vez que el enredo de Torrealta saltó a la escena pública fue en 2015 por una publicación del periodista Daniel Coronell y luego de El Espectador, previo a las elecciones en las que Pérez salió elegido como Gobernador de Antioquia. Según dijeron, el político y sus socios compraron en $900 millones el bien y, por el tiempo en que se hizo la revelación, la extensión de 550 hectáreas habría sido ofrecida en venta por $70.000 millones.

De acuerdo con los artículos, originalmente los propietarios del terreno eran habitantes con arraigo en la región. Además, hubo otros traspasos y en 1974 lo compró la esposa del rejoneador Óscar ‘Oki’ Botero, el cual fue asesinado en 1989 en una calle de Medellín por orden de Pablo Escobar.

Ya el terreno lo había comprado el banquero Félix Correa, protagonista de la crisis financiera de los años 80 en el país. Después fue a manos de narcos del cartel de Medellín, entre ellos alias ‘Juan N’.

Pero, pese a ese historial judicialmente confirmado, no entró en extinción de dominio, sino que fue a la Sociedad Cano Villa Ltda, de Elkin Cano, un señalado lugarteniente de Pablo Escobar, también muerto por indicación del capo.

Posteriormente, el predio pasó a una empresa cuyos propietarios terminaron igualmente asesinados. Y es una heredera de estos últimos la que le vende a Luis Pérez y a siete u ocho socios más.

Al ser consultado sobre la decisión de la Fiscalía, Pérez aclaró que solo es dueño de una tercera parte de Torrealta y aseguró que tiene cómo demostrar el origen lícito de su participación, así como el de todos sus bienes.

“Lo primero es que yo antes que funcionario público soy empresario. Lo segundo es que cuando se compró esa tierra yo no era funcionario; además, cuando esa tierra se compró, hace más o menos 17 años, se hizo un estudio de títulos de los dueños anteriores y en ninguno aparecen los paramilitares Castaño y esa gente”, enfatizó.

Pero, de acuerdo con las declaraciones de Barbosa, la Fiscalía tiene una tesis muy opuesta a la del polémico exgobernador.

Luis Pérez responde: “Antes que funcionario público soy empresario”.

“No puede ser posible que un funcionario tenga $74.000 millones”

¿Cómo explica que un terreno suyo aparezca en una pugna de narcos y ‘paras’?

“Yo no conocía a los Castaño ni a “Techo” ni a “Marroco”. Es posible que estén refiriéndose a algún conflicto informal. La Fiscalía, por alguna bulla que están haciendo, inicia una investigación; es simplemente una medida cautelar, pero nosotros tenemos todo absolutamente claro y jamás le hemos comprado a ningún bandido”.

¿Por qué un político como usted se mete con un terreno de un pasado tan opaco?

“Se hizo un análisis de todos los títulos y fuera de eso se pidió a la Fiscalía y al Consejo Nacional de Estupefacientes que certificaran si eso tenía algún problema, y nos indicaron que no. También hay una carta del represenante de la empresa (a la que le compraron) que bajo juramento dice que, mientras ellos tuvieron esa tierra, no hubo ninguna reclamacion. Hicimos todo lo necesario para tener buena fe y debida diligencia”.

¿Ese exceso de precaución no fue justo por sospechasde que hubiera algo malo alrededor?

“Yo antes que funcionario público soy empresario. Los que somos negociantes de tierra siempre hacemos eso, no nos basta la tradicion de los últimos 20 años, sino que vamos a la Fiscalía a ver si el bien tiene alguna tacha”.

Ahora viene una investigación sobre sus bienes, según la Fiscalía...

“Yo no creo, porque mis bienes, incluida esa tierra, son legales. Compré esa tierra con la plata de una casa que tenía en El Poblado y que estaba avaluada en $1.650 millones. Ojalá me la devolvieran entonces”.

¿Qué decir frente a las dudas acerca de su fortuna?

“Que es una calumnia, porque yo soy empresario y nunca he sido investigado por tener propiedades anómalas, o platas mal habidas, o por estar involucrado en negocios ilícitos”.


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