Fiscalía revela cómo se habrían robado plata de Buen Comienzo

En la ejecución de los contratos con la Secretaría de Educación, Colombia Avanza habría alterado facturas, generado sobrecostos e incumplido requisitos de personal y bodega.

Ficha de la Fiscalía con el organigrama de funcionarios de la empresa Colombia Avanza. Foto: Cortesía
La secretaria Agudelo firmó la idoneidad que verificó la experiencia de Colombia Avanza. Foto: Cortesía

Si algo ha recalcado la Fiscalía en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo y el PAE es que la corporación Colombia Avanza no era idónea para que le adjudicaran esos contratos, dedicados a atender a niños, niñas y mujeres gestantes, y menos para ejecutar sumas tan altas (uno fue de $20.000 millones y el otro de $7.168 millones).

Y en la última audiencia, elementos probatorios que presentó la fiscal, como audios, pantallazos, actas y facturas, darían cuenta de un modus operandi de la corporación al ejecutar los contratos suscritos con la Alcaldía: el 4600085185 (para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo) y el 4600085448 (para entregar paquetes alimentarios a escolares), que se le otorgaron porque, según el ente acusador, dos funcionarias del alcalde Daniel Quintero habrían actuado para favorecer a esta entidad en los dos procesos contractuales.

Esa es una de las tesis de la fiscal 49 para argumentar la solicitud de casa por cárcel contra Alexandra Agudelo, secretaria de Educación; Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo y hoy asesora de la Secretaría de Inclusión Social; y Henry Paulison Gómez, representante legal de Colombia Avanza, entidad señalada de presuntas actuaciones anómalas que incluirían hasta eliminación de pruebas.

Por esto se imputaron peculado por apropiación en tentativa, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado.

Las inconsistencias

Todo comenzó en la etapa precontractual: para la fiscal, hay elementos que permiten inferir que hubo un acuerdo para darle señales de legalidad a un proceso en apariencia amañado. A finales de diciembre de 2019, solo dos meses antes de firmar el primer contrato (4600085185), Colombia Avanza solicitó su ingreso al banco de oferentes del Icbf, requisito nuevo y sin precedentes que la Alcaldía añadió a las condiciones. La corporación cumplió y dejó fuera del juego a entidades que llevaban años operando este tipo de contratos, pues no estaban en el banco de oferentes del Icbf, ya que la Alcaldía, dijo la fiscal, no les informó a tiempo la inclusión de ese punto. A esto se suma que habrían bajado los mínimos de experiencia para que la corporación se ajustara.

Llama la atención que el mismo banco nacional de oferentes informó que Colombia Avanza tenía capacidad operativa de rango 1, lo que la habilitaba para contratar hasta unos $720 millones, pero los dos contratos en cuestión suman casi $30.000 millones.

Pero eso no es todo, Gómez habría publicado la convocatoria a madres, niños y niñas para que se matricularan en el programa objeto del contrato antes de la adjudicación, lo que le permite a la Fiscalía inferir que ya sabían que iba a ser elegido contratista.

Según los hallazgos del ente acusador, en la etapa de ejecución del contrato Colombia Avanza también habría incurrido en irregularidades. Una de ellas es que, en realidad, no ejecutó las obligaciones contractuales, sino que subcontrató a otras entidades, Impulsando Mi País y Servicio Entrega. Este detalle es relevante por dos razones. La primera, porque demostraría la falta de capacidad e idoneidad de Colombia Avanza para quedarse con estos contratos; y la segunda, porque al subcontratar habrían generado sobrecostos, pues cada empresa se queda con un porcentaje, sin contar que las dos subcontratistas también acudieron a otros proveedores.

Los sobrecostos del primer contrato están estimados en $1.292 millones, según un investigador de campo que comparó los precios de los productos facturados por Colombia Avanza con los reportados cada mes por el Dane.

En este punto hay otras falencias expuestas por la fiscal. Por un lado, las facturas no se hicieron con el valor discriminado de cada producto, sino con precios globales, lo que no posibilita rastrear los costos reales. Por otro lado, la corporación no tendría la trazabilidad contable que soporte los gastos, pues muchas de las facturas estaban a nombre de Impulsando Mi País y Servicio Entrega.

¿Obstrucción a la justicia?

En la facturación está uno de los hechos más reveladores, pues en varios audios de llamadas interceptadas se escucha cómo integrantes de la corporación y personas hasta ahora desconocidas hablan sobre movidas para eliminar videos de cámaras de seguridad en los que se vería cómo trataron de eliminar las mencionadas facturas y otros rastros contables, justo el mismo día que en la sede de Colombia Avanza se hizo una diligencia de inspección en el marco de esta investigación.

Para la fiscal, también habrían actuado de forma irregular al acordar cuándo, a quién y cómo facturar determinados productos o servicios. Es el caso de un pedido de elementos de bioseguridad: el proveedor le pregunta a Carlos Mario Henao, encargado de inventario y logística de la corporación, por cuál empresa lo factura y por cuál valor. “Quien fija el precio no es el valor oficial sino que Colombia Avanza indica a cuál valor, modo idóneo para generar sobrecostos (fáciles de ocultar) y apropiarse de dineros públicos”, explicó la fiscal.

Los audios dan cuenta, además, de que entre las empresas hablaron para alterar facturas. Por ejemplo, en una de las llamadas, un integrante de Colombia Avanza le pidió a una mujer dividir entre dos empresas los costos de una factura, a lo que ella dijo que no podían porque ya había sido enviada a la Dian.

La secretaria Agudelo firmó la idoneidad que verificó la experiencia de Colombia Avanza. Foto: Cortesía

Y en otro de los audios se escucha decir que Colombia Avanza y las otras entidades forman parte de un mismo consorcio, pero que se encargan de proyectos distintos. En consideración de la fiscal, esto indicaría que Gómez habría cometido falsedad al decir, en el proceso precontractual, que la corporación era una entidad sin ánimo de lucro.

Otra de las evidencias que tiene el ente acusador es aún más preocupante. En el proceso para adjudicar el segundo contrato (4600085448), que buscaba entregar 220.578 paquetes alimentarios, hubo otra entidad que se presentó a la oferta, pero determinaron que no podían cumplir el objeto contractual y, por eso, se lo entregaron a Colombia Avanza. Lo llamativo, señaló la fiscal, es que dicha entidad es Impulsando Mi País, es decir, los oferentes fueron del mismo ‘consorcio’.

Alrededor de este contrato hay más indicios de falta de idoneidad de Colombia Avanza. Uno de los requisitos era que tuviera una bodega para almacenar y empacar los productos de los paquetes y, aunque Colombia Avanza manifestó que tenía una en Bello, esta era insuficiente, pues solo 15 días antes se había firmado el primer contrato y estaba llena con los demás alimentos. Entonces, el Municipio de Medellín no solo le prestó, sin cobrarle, una bodega suya, ubicada en la Mayorista, sino que le pagó $22 millones por los arreglos que le hizo Colombia Avanza al espacio.

Aunque la corporación manifestó que para ejecutar este contrato pagó a 116 personas, la Fiscalía descubrió que la Secretaría de Educación habría hecho un contrato paralelo con Plaza Mayor para que entregara los mismos paquetes alimentarios. La logística se pagó dos veces: una a Colombia Avanza por $137 millones y otra a Plaza Mayor por $126 millones. A esto se suma que también usaron personal del Inder para ayudar a la entrega, tal como lo documentó la secretaria Agudelo en su Twitter en marzo de 2020 (ver trino).

El segundo contrato, ya liquidado, tendría otros sobrecostos por $800 millones. El primero, dos años después de firmado, no ha sido liquidado, labor que le correspondería a la propia Agudelo si no se impone casa por cárcel y sigue en su cargo.

Se espera que mañana, a las 2:30 p.m., se retome la audiencia en la que los defensores expondrán sus argumentos para convencer a la jueza de que no imponga casa por cárcel a los imputados. El reto es controvertir a la fiscal, para quien en este caso “el contrato dejó de ser objeto para que el Estado cumpla sus fines y se volvió un mecanismo para apropiarse de recursos públicos”.