La Fábrica de Licores de Antioquia, en un comunicado público, le salió al paso a denuncias de los diputados antioqueños Adolfo León Palacio y Jorge Gómez quienes consideraron irregular la adjudicación de la venta de productos para los departamentos de Córdoba y Cesar. Señaló que con un nuevo método transparente, la entidad selecciona los distribuidores en todo el país.
“A partir del 2002 la licorera puede realizar procesos de selección de comercializadores de forma directa, tal y como lo autoriza Sentencia del Consejo de Estado del mismo año”, indicó la FLA. Agregó que, sin embargo, con el objetivo de ganar en pluralidad y transparencia, y aumentar la posibilidad de mejores ofertas, en la actual administración departamental decidieron hacer una invitación amplia a los interesados en la distribución de sus productos para participar en procesos de selección.
Indicó la FLA que una de las grandes ventajas de este proceso es que los participantes tienen la oportunidad de presentar observaciones y hacer sugerencias, que son valoradas antes de la selección definitiva por un comité asesor conformado por un grupo de personas idóneas.
“Esta metodología se ha aplicado en los departamentos de Córdoba y Cesar, y se aplicará próximamente en Norte de Santander y Risaralda. La Fábrica de Licores de Antioquia, convencida de que el procedimiento establecido conduce a la selección de los mejores distribuidores en el país, siempre estará dispuesta a aclarar inquietudes sobre este nuevo método transparente y sobre cualquier otro tema que interese a la ciudadanía”, sostuvo la licorera antioqueña.
El diputado Gómez aseguró esta semana que no se acudió al sistema de licitación pública para este proceso en Córdoba y Cesar, que sería lo más adecuado y transparente y que, por el contrario, “con sustentaciones vagas se aferraron a la figura de la contratación directa”. Agregó que encontraron que entre quienes calificaron a los proponentes había un particular que no es funcionario de la Gobernación ni de los contratistas, pero dio su calificación y su puntaje.
“Le preguntamos por derecho de petición al secretario de Hacienda que, a su vez, nos remitió al gerente al FLA, para que nos dieran a conocer la legalidad de ese comité asesor y mediante qué acto administrativo fue creado y no nos contestó satisfactoriamente. También encontramos que en medio del proceso de licitación cambiaron la oferta del nivel de endeudamiento que era del 70 por ciento y lo dejaron en el 80 por ciento y esto ocurrió con la empresa que se la ganó en Cesar”, dijo Gómez.
El diputado Palacio agregó que una vez conocieron estas contrataciones, le hicieron un derecho de petición al Gobernador para que les esclareciera estas inquietudes y nos remitieron de nuevo al gerente de la FLA, “quien nos dio explicaciones a medias”. Aseguró que en ningún momento hubo licitación pública como lo pregona la Gobernación y se hizo una contratación directa con empresas que ellos invitaron.
En Córdoba, dijo, solo se preseleccionó un proponente, Licosinú y por esta razón se debió haber declarado desierta la convocatoria, porque no había un número plural de proponentes. Para el caso de Cesar, añadió, se presentaron dos empresas. “Allí se hizo una variación de las condiciones iniciales al modificar el índice de endeudamiento.
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