L os bolsillos de las familias en los barrios de Medellín están soportando un alza inusitada de precios en los productos básicos de la canasta familiar, algo a lo que las autoridades no le encuentran explicación lógica, pues la cadena de abastecimiento ha estado garantizada y funcionando de manera normal desde la misma expedición de los decretos de la cuarentena departamental y el aislamiento preventivo nacional.
Jorge Zapata, en Castilla, relata que en la primera semana de la cuarentena (20 al 22 de marzo), en el supermercado de su barrio la canasta de 30 huevos subió a $21.000 cuando lo habitual son $9.000, “pero ya la están cobrando a $16.000, a $15.000 y en otros puntos la he visto a $17.000”.
Luis Pérez, en Alfonso López, afirma que la libra de arroz, que la compraba a $1.500, le está costando $2.100 y la papa, cuyo kilo adquiría a $2.000, ya le vale $3.000.
Las peticiones para que los precios bajen se escuchan en el vecindario. Y como no hay unidad en los costos, Luz Sánchez, ama de casa y que lleva todo el tiempo de aislamiento sin recibir dinero, pues vive de lo que hace cada día en una peluquería que no pudo volver a abrir, recorre el barrio Córdoba visitando tiendas y supermercados buscando que la ayuda que le da un familiar le rinda para el mercado.
“En D1 compro la parva, que no ha subido mucho, y el paquete de carnes frías (incluye varios productos), que valía $10.000 lo cobran a $11.700, y en Mil Variedades los huevos, están a $15.000”, afirma.
En algunas tiendas, el paquete de 5 arepas, que costaba $1.200 vale $1.500. Y un kilo de panela de $2.200 ahora está en $4.500. Un frasco de aceite de 2.000 mililitros, pasó de $10.000 a $12.000.
Mano firme
Este tema no ha sido ajeno al alcalde Daniel Quintero, quien ha expresado su interés de ejercer controles contra los comerciantes que, aprovechando la necesidad de las familias, están abusando con los precios. En un trino que publicó en su cuenta de Twitter expresó que “Los precios de la canasta familiar están controlados. No permitiremos que se aprovechen de la situación perjudicando a los ciudadanos. Si encuentras irregularidades, cuéntanos para hacerle seguimiento”.
La secretaria de Desarrollo Económico, Paola Vargas González, indicó que las medidas se empezaron a tomar desde el primer fin de semana de la Cuarentena por la Vida decretada por la Gobernación de Antioquia y Medellín, cuando se dio la compra masiva en los hogares, experimentando alzas en algunas marcas por una aparente escasez cuando en realidad había suficiente abastecimiento para todos.
“Debido a la cantidad de denuncias ciudadanas recibidas por alza de precios, se diseñó una estrategia de Mesa de Abastecimiento para Medellín, en la cual participan Fenalco, la Andi, el Grupo Éxito y supermercados La Vaquita, y a nivel comunicacional se creó el hashtag #VigilamosLosPrecios”, detalló la funcionaria.
Explicó que se están compilando las denuncias, las cuales se sistematizan y se entregan a la Superintendencia de Industria y Comercio desde la Unidad de Protección al Consumidor en un ejercicio semanal.
Esta actividad desplegada por su dependencia se articula con una Mesa Nacional de Abastecimiento creada por la Vicepresidencia de la República y otra similar creada en la Gobernación de Antioquia.
Consultada sobre si es posible establecer o fijar una lista de precios y con base en ella sancionar a los que se sobrepasen, respondió que “la alcaldía no puede vigilar ni sancionar los precios, pero sí puede ser el canal para la protección del consumidor”.
¿Cómo se hace?
“Las denuncias se les entregan a las entidades competentes para su investigación y ejecución, y diariamente, desde la Mesa de Abastecimiento para Medellín, se conoce desde la Central Mayorista de Antioquia cuántas toneladas de productos se reciben y la lista de precios que la misma entidad emite diariamente”, indicó. Esta lista es la base para que las autoridades investiguen y hagan las visitas de control respectivas.
La Gobernación afirma que instaló la Mesa Departamental de Coordinación para el Abastecimiento y la Seguridad Alimentaria, en la que tienen asiento las secretarías de Agricultura y Gobierno; la Gerencia de Maná, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, el Ejército, la Policía y la Fiscalía, con la función de perseguir la especulación y acaparamiento.
El secretario de Agricultura, Rodolfo Correa Vargas, advirtió que su dependencia y la Mesa estarán atentas a perseguir a los que incurren en estas prácticas en todo el territorio departamental: “Son malas prácticas en este tiempo de emergencia y quienes realicen estas conductas nocivas deben ser sancionados con todo el peso de la Ley”.
Se habilitó la línea telefónica 319 7473, para que las personas, desde cada localidad, llamen a presentar quejas sobre especulación y acaparamiento.
“Hay dos fiscales destacados especiales y una unidad de Policía Judicial para apoyar las investigaciones, estamos comprometidos con todas las instituciones del Estado para perseguir estas conductas y darle tranquilidad a la ciudadanía de que van a tener alimentos en la mesa durante esta cuarentena”, advirtió Correa Vargas.
La Central Mayorista, a la que muchos tenderos están culpando del alza en los precios, afirma que, al contrario, durante este aislamiento preventivo la plaza ha tenido abastecimiento suficiente de todos los productos y con precios a la baja, con excepción de los huevos. Este producto sí registra alzas por dos fenómenos: ante la dificultad para comprar carne, las familias incrementaron su consumo y porque se están abasteciendo los mercados que los entes oficiales y las entidades solidarias están repartiendo entre los más pobres.
“Lo que nos llega cada día en huevos, el mismo día se vende y por eso la escasez”, señala un vocero de la Mayorista.
Los secretarios de Agricultura de los departamentos, reunidos en el Consejo Nacional (Consa), le elevaron al ministro de Agricultura, Rodolfo Navarro Zea, una intervención en la economía que permita la regulación de los precios de la canasta familiar.
“Esta petición se fundamenta en la necesidad de tomar medidas frente a la especulación de los precios y el acaparamiento de los productos de primera necesidad”, dice la petición del Consa.
La aspiración es llegar a la elaboración de una tabla de precios que permita sanciones más expeditas para los infractores, en este caso, abusadores.
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denuncias están en proceso de revisión en la Mesa de Abastecimiento.
