El barrio El Diamante, en Medellín, es una de las pocas zonas de El Poblado que aún sobrevive a las altas torres de apartamentos que abundan en la comuna. Es un sector donde sobresale un único edificio de menos de diez pisos que se construyó hace más de 20 años. Sin embargo, un proyecto urbanístico fue aprobado y, pendiente de autorización de aprovechamiento forestal, ya plantó sus bases con la demolición de una casa.
Desde la firma constructora Soluciones Tragaluz S.A.S confirmaron la intención de construir allí una torre de ocho pisos, respetando lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que en ese polígono de la ciudad no permite edificaciones tan altas.
La comunidad teme que los encargados de la obra comiencen a talar los árboles del lote sin contar con el permiso del Área Metropolitana, y son reacios a que su barrio termine pareciéndose a zonas como La Aguacatala o Santa María de Los Ángeles, donde pululan los apartamentos.
Corredor de biodiversidad
Sabine Peick vive en El Diamante desde 1972. Ella describe a su barrio como un reducto de biodiversidad en Medellín. Dice que zarigüeyas, iguanas, loras, guacharacas y guacamayas, pasan de casa en casa aprovechando la gran cantidad de árboles que tiene el sector.
“Nuestra lucha no es para que no se construya, lo que esperamos es que respeten las zonas verdes, que no acaben con el barrio tirando las casas abajo y llenando esto de cemento y edificios”, expresó Peick.
Desde la Mesa Ambiental de El Poblado señalan inapropiado que a una firma constructora se le otorgue un permiso de construcción cuando hay de por medio tala de árboles.
“Deben exigirles que hasta que no tengan luz verde para el aprovechamiento forestal no pueden arrancar obras. Cuando abren huecos y plantan las bases de los proyectos es más fácil que ejerzan presión, aduciendo pérdidas económicas y así les terminan otorgando los permisos”, manifestó el coordinador de la mesa, José Fernando Álvarez.
Los vecinos han conformado un comité cívico para buscar las herramientas jurídicas que les permitan solicitar la revisión del POT y evitar que se destruyan las casas del barrio. Con ello buscan impedir que las construcciones altas terminen desplazando la biodiversidad de fauna y flora del sector.
Papeles en regla
El proyecto del edificio Tragaluz, que se ubicaría en un lote en la carrera 41 número 16B Sur (cerca al Club Campestre), cuenta con licencia de construcción de la Curaduría Urbana Primera de Medellín desde el pasado 15 de septiembre, y actualmente esperan la respuesta del Área Metropolitana para la tala de 19 árboles en el terreno donde se levantaría la torre de apartamentos.
“Hicimos unos requerimientos a la constructora para que presenten un estudio de conectividad. Recibimos quejas de la comunidad que nos informó que ellos querían hacer una tala sin el debido permiso, pero nuestras unidades de emergencia están pendientes del tema”, señaló María del Pilar Restrepo, subdirectora ambiental del Área Metropolitana.
La firma constructora radicó la exigencia ante la autoridad ambiental desde el 22 de agosto, y una vez analice los documentos presentados aprobará o no la tala de árboles en el lote.
“Es un barrio donde no hay muchos edificios y entendemos que se generen suspicacias, pero tenemos los papeles en regla y hemos estado abiertos a informarle a la comunidad sobre el proyecto”, aseguró Ricardo Espinal, socio de la firma constructora.
Señaló que en el plazo que otorga la ley nadie se acercó a interponer un recurso por la licencia de construcción y aclaró que la firma no está violando ningún trámite: no se ha talado ningún árbol y se apega a lo que está estipulado en el POT.
Por su parte, el ingeniero ambiental del proyecto, Luis Gonzalo Moscoso, subrayó que de aprobarse el aprovechamiento forestal, la compensación se hará en el mismo lote y afirmó que no se afectaría la fauna presente en el lugar.
Mientras no se haga una revisión adecuada de este plan, como lo solicita la comunidad de El Diamante, las firmas constructoras que cumplan con el debido proceso no tienen impedimento legal para levantar más edificios.
La última palabra, en este caso puntual, es de la autoridad ambiental, que ante un estudio bien planteado, tampoco podría oponerse al proyecto.
