Las violencias contra las mujeres son un problema de salud pública. Así lo entiende Natalia Velásquez, encargada de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, quien se formó como salubrista y se define como feminista en construcción.
La funcionaria destaca que la apuesta de la actual administración por cerrar brechas de género va más allá del discurso. Aquí algunos de los retos de una dependencia pensada para garantizar condiciones de vida dignas de 51, 7 % de la población antioqueña y que tuvo que acelerar procesos por el contexto —y riesgos— que trajo consigo la pandemia.
Solo entre enero y mayo del 2020, según la Policía Nacional, se registraron 62 muertes violentas de mujeres en Antioquia, ocho de ellas catalogados como feminicidios. Además, hubo 6.387 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 78 % fueron contra las mujeres. Justo ayer, 12 alcaldesas firmaron el pacto por la Equidad para las Mujeres de Antioquia.
¿Qué implica que haya un programa bandera y una línea llamada Mujeres viviendo una vida libre de violencias?
“Le da la fuerza política al tema. Quiere decir por lo que representa no se resuelve solo a través de planes, programas y proyectos sino que políticamente el gobierno está comprometido con la defensa y la protección de la vida de las mujeres. Garantiza que el tema sea visible, que se aborde de manera sistemática y que tenga sostenibilidad por lo menos de cuatro años”.
Como problema de salud pública hay un componente importante de prevención. ¿Qué se prioriza?
“Hablamos de erradicar la apatía y la normalización de los distintos tipos de violencia. Hay violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial contra las mujeres.
“En acciones de prevención tratamos de explicar de manera pedagógica la necesidad y la urgencia de un trato respetuoso entre hombres y mujeres. A veces siento que los gobiernos se quedan cortos en hablar de manera abierta y contundente del tema. Para saber que hay un problema hay que hablar de él, diagnosticarlo. Las violencias contra las mujeres son un problema fuerte y de salud pública así ocurra muchas veces en la intimidad de los hogares”.
¿Qué se hace dentro de la Gobernación para formar a los servidores públicos y evitar casos de acoso o abuso contra las mujeres?
“Tenemos un comité interno con representante de cada dependencia y lo que hacemos son unos acompañamientos semanales con dos propósitos: sensibilizar en violencias de género y se analiza cómo cada secretaría aborda y aporta al propósito. En equidad de género es fundamental el abordaje pedagógico. No podemos llegar a involucrar a las funcionarias y funcionarios sin antes hablarles qué es brechas de género, tipos de violencias. Les sirve para la vida, su entorno íntimo y familiar, pero al mismo tiempo evaluamos cómo aplicamos esos conocimientos en los territorios y en el fortalecimiento del diálogo con las autoridades de género de cada municipio y los colectivos de mujeres”.
El pasado lunes la fachada del edificio de la Gobernación se pintó de violeta por los 5 años de la Ley Rosa Elvira Cely. Hablemos del poder de lo simbólico...
“Lo simbólico es fundamental porque permite poner sobre la mesa de una forma sutil, pero clara y que llama la atención. Es sentar una postura política de rechazo a todo tipo de violencia contra las mujeres. Hay que entender que a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres o por una razón asociada al género. A esos símbolos se suman hitos, como la apertura en abril de los hogares de protección para mujeres víctimas de violencia. Las traemos aquí a Medellín y tienen acompañamiento psicológico, jurídico, médico, nutricional hasta por tres meses y pueden ser prorrogables. La Secretaría de las Mujeres tiene 20 años y esto era una solicitud constante del movimiento social de mujeres que son quienes han luchado por la garantía de los derechos y porque el Estado responda y tenga la capacidad de acompañar a las víctimas”.
¿Cómo incidir para que quienes denuncien tengan mejores garantías?
“Con la Mesa departamental para la erradicación de las violencias contra las mujeres trabajamos para ofrecer garantías de los derechos y fortalecer las acciones. Ahí también hacemos seguimiento de casos, cuando ocurre una desaparición o un presunto feminicidio y varias entidades (Fiscalía, Personería) analizamos causas para fortalecer la prevención. Hay todo por hacer también en términos de remover barreras en lo institucional y en la madurez que requiere la justicia para darle celeridad a estos asuntos. Hemos logrado algo bonito y es el asunto de la transversalidad. Eso implica que no seamos nosotras solas en la Secretaría luchando contra todo”. .
