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EL COLOMBIANO acaba de confirmar con fuentes de la Procuraduría y de la Alcaldía de Medellín que se frustró la conciliación entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los consorcios constructores, interventores y diseñadores de Hidroituango.
Esto se traduce en que queda en firme la pretensión de EPM de demandar por los daños y retrasos en la megaobra, por un monto de 9,9 billones de pesos, a los consorcios del proyecto, considerado clave en materia de desarrollo a nivel nacional.
Estos son: consorcio diseñador Generación Ituango, compuesto por Integral y Solingral S.A.; consorcio constructor CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H; el consorcio interventor, conformado por Ingetec y Sedic: y las aseguradoras Seguros Generales Suramericana y Chubb Seguros.
Luego de que EL COLOMBIANO adelantara esta información, el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, la hizo pública en su condición de presidente de la junta directiva de EPM, debe hacer un pronunciamiento oficial sobre la decisión de la empresa.
Quintero aseguró que uno de los propósitos de EPM este año en Hidroituango es recuperar los recursos públicos involucrados en “los problemas previos del proyecto, que se estiman en 9,9 billones de pesos, por eso en agosto de este año iniciamos una conciliación en la que se pretendía que de forma amistosa contratistas y EPM llegaran a un acuerdo para recuperar esos recursos. Tengo que informar que ese proceso acaba de terminar sin éxito”.
Y agregó que, por lo tanto, “EPM iniciará el proceso de demanda contra los involucrados en el proyecto de infraestructura energética más importante del país que debe salir adelante, sin más retrasos ni problemas”.
De hecho, alcalde Quintero felicitó a las directivas de EPM por los avances en el proceso de demanda y dijo que en Hidroituango hay un equipo trabajando para entregar avances importantes. “En la obra los equipos están llegando, así como muchos de los componentes que se necesitan para producir energía en 2022 para todos los colombianos “, aseveró.
Entre tanto, EL COLOMBIANO también estableció que la Procuraduría prepara el acta de finalización del proceso fallido de conciliación, que se venía realizando a instancias de sus delegados en Antioquia. De hecho, era necesario que esta etapa se surtiera como requisito para determinar si se seguía adelante o no con la demanda por 9,9 billones de pesos.
Ante esto, reporteros de este diario, además, confirmaron con fuentes autorizadas que EPM está analizando jurídicamente el camino a seguir y, en cuestión de horas, hacer un pronunciamiento público sobre esta fallida conciliación y las implicaciones que tiene.
Esta información en torno a la frustrada conciliación se conoce a penas dos semanas después de que el contrato para la finalización de obras entre EPM y el consorcio CCC, constructor de Hidroituango, se ampliará hasta diciembre de 2021.
El consorcio, precisamente, emitió en la noche de este viernes un comunicado en el que sentó su posición frente a la demanda. “El Consorcio reitera su interés por demostrar que, en la ejecución de las obras civiles a su cargo, no solamente ha actuado de buena fe, sino de forma diligente y acorde con las buenas prácticas de la ingeniería, cumpliendo con los diseños e instrucciones suministrados por Empresas Públicas de Medellín (EPM)”, reza el comunicado.
CCC también advirtió que irá a las instancias jurídicas para tramitar el problema con EPM. Añadieron que acudirán a un tribunal internacional para exponer lo sucedido y buscar resarcir el impacto reputacional y económico que esta reclamación singular le ha estado causando al Consorcio”.
Ambas partes anunciaron que el plazo, que se vencía el pasado 31 de diciembre, se prorrogó por un año más. Además del mencionado contrato de obra, se anunció que la empresa renovará otros dos con consorcios que están encargados de procesos constructivos del proyecto.
“Han sido días intensos de conversaciones entre las partes y de trabajo 24/7 en el proyecto, con el objetivo de avanzar de manera segura y sostenible. También agradecemos la confianza y el apoyo de varias voces, que desde la sociedad civil y otros sectores reconocen la capacidad, experiencia, rigor técnico y ética de nuestros ingenieros y trabajadores”, dijo en ese momento, a través de un comunicado, el consorcio CCC (integrado por las firmas Camargo & Correa -Brasil- y Conconcreto y Coninsa Ramón H -colombianas-).