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“Siempre insistí en que las aseguradoras debían pagar”: Aníbal Gaviria sobre Hidroituango

  • El gobernador fue enfático en que siempre se mantuvo en la postura de que las aseguradoras debían pagar. Foto: Archivo EL COLOMBIANO.
    El gobernador fue enfático en que siempre se mantuvo en la postura de que las aseguradoras debían pagar. Foto: Archivo EL COLOMBIANO.
El Colombiano | Publicado el 07 de diciembre de 2021

Soy claro, contundente, reiterativo”. Esas fueron las palabras previas que utilizó Aníbal Gaviria para hablar del pago de las aseguradoras en el caso Hidroituango. “Siempre he insistido en que las compañías de seguros deben pagar. Siempre he insistido en que este debe ser un propósito de todos los actores. ¿Por qué? Porque los seguros están bien contratados, porque tienen una cobertura de hasta 3.000 millones de dólares”.

Las palabras del gobernador llegaron luego de que en la tarde de este martes 7 de diciembre se conociera un acuerdo que busca que la aseguradora Mapfre pague el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por razón de la contingencia de 2018, esto es, unos 983,8 millones de dólares, que a la tasa de cambio actual son $3,84 billones.

La visión del gobernador choca con lo que piensa Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, quien ha insistido en que los 26 responsables fiscales señalados por la Contraloría, entre los que hay empresas y personas naturales, son quienes deben pagar los $4,3 billones asociados a las pérdidas.

En ese sentido, Quintero publicó en Twitter el siguiente mensaje: “Gracias al fallo de la Contraloría estamos a punto de recuperar primeros 4,3 billones de pesos de Hidroituango. Contratistas por primera vez tendrán que pagar 800 mil millones de deducible. Continuaremos demanda para recuperar el resto de recursos no cubiertos por aseguradoras”.

Al mensaje del alcalde le salieron al paso varios seguidores de las redes sociales. La más destacada de ellas fue la de David Suárez Tamayo, el abogado constitucionalista: “Alcalde por favor, sea responsable. No meta ruidos innecesarios con lo del deducible y demandas. Concentradito en que Mapfre y aseguradoras lleguen a acuerdo de pago esta semana con Contraloría y EPM. Es la prioridad.

Lo demás seguirá el curso que deba seguir. Sume, no reste”.

Y es que el pago de las aseguradoras ha sido una constante discusión en Medellín en los últimos meses. Mientras el alcalde ha insistido en que los responsables deben pagar, sectores como la academia y algunos políticos como el gobernador han dicho que son las aseguradoras las que deben responder.

Con el pago de los 4,3 billones de pesos, el Consorcio CCCI (Conconcreto, Camargo Correa y Coninsa Ramón H) podría continuar al frente hasta que la planta esté en total operación.

El aval de las aseguradoras se dio después de varias reuniones de alto perfil en España, casa matriz de Mapfre, que pondría $3,84 billones, mientras que Sura abonaría un monto que aún está por establecer.

Este acuerdo, que debe refrendar la Contraloría —hay una reunión cumbre el viernes en Bogotá—, significa que el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango termina y los efectos de inhabilidad del fallo a los procesados se extinguen.

Dice la ley de forma expresa que procede el archivo del proceso de responsabilidad fiscal cuando se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio.

En términos prácticos, el proceso ya no irá a cobro coactivo, ninguna de las 26 personas naturales y jurídicas declaradas culpables en segunda instancia por la Contraloría saldrán en el boletín de responsables fiscales y los constructores de Hidroituango podrán seguir contratando con entidades del Estado, como lo es EPM.

En la tarde del martes 7 de diciembre, Sura emitió un comunicado en el que aseguró que la cifra por pagar aún está por definirse y que, hasta ahora, no ha participado de ninguna reunión en la que se haya hecho un preacuerdo.

“Con respecto al presunto ‘acuerdo’ de pago, en el que se informa que Seguros Sura realizaría un pago por 400 mil millones de pesos, la Compañía está llevando a cabo los análisis derivados del fallo de segunda instancia de la Contraloría General de la República, en la cual fue declarada tercero civilmente responsable con fundamento en la póliza de Directores y Administradores, lo cual no hace parte de acuerdo alguno, como sugieren informaciones publicadas en distintos canales de comunicación y portales informativos”, precisó la compañía.


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Juan Diego Ortiz Jiménez

Redactor del Área Metro. Interesado en problemáticas sociales y transformaciones urbanas. Estudié derecho pero mi pasión es contar historias.

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Contexto de la Noticia

Paréntesis Una carta genera desconfianza

La carta de la discordia entre el comité revocador fue fechada por Jorge Alejandro Posada el 24 de febrero de 2020. En esta, Posada cuestionó una reunión protagonizada por Andrés Rodríguez, vocero oficial del Pacto por Medellín, quien habría proyectado un gasto de $1.500 millones para la campaña y recolección de firmas, cuando el tope autorizado por el CNE es de $236 millones. La cuestión es que, según fuentes consultadas por este diario, hay desconfianza profunda al interior del comité. Posada, protagonista en la carta que tiene enredado este proceso, es mirado por algunos con recelo.

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