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El macabro asesinato de tres personas, cuyos cadáveres fueron envueltos en papel adhesivo de pies a cabeza, y arrojados entre Bello y Copacabana, fue esclarecido por los investigadores judiciales en un tiempo récord de nueve días.
De acuerdo con el expediente, las víctimas fueron el contratista de construcción Wilson Zapata Guisao, de 51 años; su cónyuge Nubia Pérez Cárdenas, de 50; y su amiga Diana Jaramillo Henao, de 49. En la mañana del 18 de junio pasado, los tres fueron citados a un parqueadero del barrio La Gabriela, de Bello, por miembros de la organización criminal “los Triana”.
Zapata estaba interesado en construir en un lote cercano a la cárcel Bellavista, por lo cual los bandidos le cobraban una extorsión de $8 millones. Una vez llegó a la cita con sus acompañantes, los secuestraron; su cuerpo empacado al vacío en papel chicle fue encontrado esa noche en la vereda El Noral de Copacabana, y en la madrugada siguiente hallaron a las dos mujeres en el barrio bellanita La Navarra.
El 27 de junio la Sijín y la Fiscalía capturaron a dos sospechosos: Édgar Gómez Isaza (“el Gallero”) y Néstor Osorio Carvajal (“Comando”), presuntos integrantes de “los Triana”. Les imputaron cargos por homicidio, secuestro simple agravado, extorsión y porte ilegal de armas, los cuales ellos rechazaron en el estrado.
Con un 27,84 % de efectividad, los organismos de seguridad del Valle de Aburrá están incrementando sus resultados en materia de esclarecimiento del homicidio, el delito que más ha agobiado a sus ciudadanos históricamente. El triple asesinato de La Gabriela es uno de los episodios más exitosos de esta racha.
Según datos de la Fiscalía, en enero de 2021 se presentaron 37 crímenes en el área metropolitana y se lograron esclarecer ocho, es decir, el 21,62 %. En lo que va de este año (con corte al 19 de agosto), las muertes violentas subieron a 370 y se aclararon 103, lo que aumentó el indicador judicial en 6,22 puntos porcentuales.
Es importante indicar que la Fiscalía incluye en estas cuentas a todos los municipios de su distrito judicial, es decir, los 10 del Valle de Aburrá, más Heliconia, Armenia Mantequilla y Angelópolis.
El aumento en la eficacia de la investigación criminal también se percibe con relación a 2020, cuando a esta fecha se habían aclarado 20 % de los casos; e igualmente respecto al promedio nacional, que está situado en 28,54 %, una cifra que si bien no es la ideal, es la más elevada en lo que va del siglo XXI, según fuentes de la Institución.
Metodología de trabajo
Más allá de la estadística, EL COLOMBIANO indagó cuáles son los efectos de este resultado, encontrando que coincide con una reducción del 5,8 % de los homicidios en el Valle de Aburrá, comparado con 2020. Esto lo ubica, junto al Bajo Cauca, como las únicas dos subregiones, de las siete que tiene Antioquia, con saldo positivo en esta materia.
En términos judiciales, el esclarecimiento comienza cuando un despacho, gracias a sus indagaciones y recolección de evidencia, obtiene una orden de captura contra los sospechosos; el proceso se ratifica con la imputación de cargos y finaliza con la sentencia proferida por un juez.
¿A qué se debe que se haya incrementado el esclarecimiento de casos en el área metropolitana? Natalia Rendón, directora seccional de Fiscalías de Medellín, destacó que “se conformó un equipo de fiscales, llamado Grupo de Alertas Tempranas de Homicidios, adscrito a la URI (Unidad de Reacción Inmediata), con dedicación exclusiva al esclarecimiento, en especial de feminicidios y homicidios dolosos, interactuando con los policías judiciales del CTI y la Sijín”.
Este trabajo articulado logró resolver, por ejemplo, ocho de los diez feminicidios perpetrados en 2021.
La funcionaria indicó que la metodología de investigación coordinada entre las distintas agencias de seguridad está dando resultados.
“Hacemos un análisis semanal de cada muerte, identificando los puntos de ocurrencia, qué organizaciones delinquen ahí y cuáles son los posibles móviles. En esa revisión participan las alcaldías, Medicina Legal, el CTI y la Policía, e igualmente nos coordinamos con las direcciones nacionales de la Fiscalía, como Antinarcóticos y Crimen Organizado”, afirmó.
“Estamos aplicando los principios de itinerancia, articulación y concentración, sin atacar los casos uno a uno, sino mirando los contextos, y estudiando la evidencia científica y balística en las escenas del crimen”, agregó Rendón.
El secretario de Seguridad de Medellín, José Acevedo, explicó que el uso de la tecnología y las cámaras de videovigilancia, así como la cooperación ciudadana, han sido claves para detener a los victimarios más rápido.
“Tenemos una política de recompensas por cada asesinato, que empezó en $10 millones y la subimos a $20 millones; y por feminicidios era de $20 millones, y la subimos a $40 millones. La idea es preservar la vida sin importar quién sea la víctima”, aseveró, y añadió que en varios casos la comunidad está suministrando información sin interesarse por el pago.
En el caso de Itagüí, el secretario de Seguridad, Rafael Otálvaro, indicó que todos los martes se realiza un consejo de seguridad interinstitucional, en el que se analizan los hechos de violencia.
“Tenemos una coordinación con la Dijín y Antinarcóticos de la Policía, para atacar a los objetivos de alto valor estratégico, a los cabecillas que están afuera y a los que desde las cárceles siguen reincidiendo en el delito; y seguimos capacitando a los uniformados que están en la calle para que nos ayuden a recoger evidencia que sirva para iniciar procesos judiciales”, expresó.
Frente a la acción de las autoridades, el delito siempre cambia y pareciera adaptarse y generar nuevos retos.
Las muertes por sicariato bajaron de 259 a 174 en el mismo periodo de 2020 y 2021 (-32,82 %), pero se incrementaron en un 62,75 % los asesinatos derivados de riñas, al pasar de 51 a 83 incidentes, según la Fiscalía. El desafío está en no bajar la guardia.