A partir de este lunes 11 de agosto no habrá servicio, y de manera indefinida, en ninguna de las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia. Al menos así lo anunciaron los sindicatos de trabajadores, argumentando que los recortes presupuestales que se han presentado en la entidad en los últimos años no solo afectan a los empleados, sino a la atención propia de los menores.
La suspensión de actividades, de acuerdo con los sindicatos de la entidad, afectará a los servicios de programas como prevención y protección, hogares sustitutos y atención a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, solo por mencionar los más relevantes.
Esto se debe a que en la actualidad el instituto está trabajando con un presupuesto de 20.000 millones de pesos en el departamento, situación que se ve crítica si se tiene en cuenta que para 2024 contó con 72.000 millones de pesos para poder prestar atención a los menores y, de paso, poder sostener a toda la planta de trabajadores y cuidadores.
Diego Brand, defensor de familia y presidente del Sindicato de Defensores de Familia (Sidefam), manifestó que “El recorte en prevención fue gigantesco. No hay cupos para niños. En protección, la historia es la misma: defensorías desmanteladas, centros zonales sin sedes donde operar. La regional está desesperada. Antioquia está al borde del colapso en materia de bienestar familiar. Esto ya se ha denunciado antes, pero nada cambia, por eso decidimos alzar la voz”.
De hecho, esto llevó a que cerca de 52.000 niños de Medellín y municipios cercanos se quedaran sin atención alguna, pese a todos los esfuerzos que se han realizado por parte de las agremiaciones para obtener más recursos y no dejar desprotegidos a los menores.
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A esto se suma que en la actualidad hay más de 100 puestos vacantes dentro del ICBF Regional Antioquia, lo que ha llevado a una sobrecarga laboral y que haya servicios, como las demandas por alimentos o las visitas de vigilancia por vulneración de derechos de menores, que se pueden estar demorando entre cinco meses o un año, según la cantidad de casos.
“En estos momentos lo que están entregando para funcionar son 4.000 millones de pesos, como el 5% o el 10% de lo que requerimos para el verdadero funcionamiento y para que se pueda dar lo que se requiere, como el aumento de planta, la contratación del personal faltante”, aseguró el líder gremial.
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Pero esto no es todo. Resulta que la Regional Antioquia de este instituto no tiene un director en propiedad desde hace dos años y medio, todo como parte de las diferencias entre el gobernador departamental, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro. Esto pese a que desde 2022 se venía efectuando el proceso para su designación.
El presidente de Sidefam expresó que “desde el 2022 hay un concurso que valió casi 2.000 millones de pesos y se encuentra totalmente detenido a la espera de que avancen las últimas fases, que son un examen y la selección de una terna para presentársela al señor gobernador, pero por asuntos netamente políticos, porque sabemos la corriente política de la Gobernación y de la Alcaldía, y la corriente política de la administración nacional”.
Destacó el líder sindical que hay algunas sedes en las que los centros zonales o no están operando porque no hay como repararlos o simplemente lo hacen en condiciones precarias para la primera infancia del departamento.
“Se está atendiendo en condiciones de hacinamiento, en condiciones de ninguna privacidad para los usuarios, atendiendo dos y tres defensorías en el mismo espacio, 14 y 15 profesionales atendiendo a las familias en compañía de otras personas, de otras familias, hablando de temas tan delicados como violencia sexual”, expresó Brand.
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