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Indagan por recursos de 2016 que la Gobernación no invirtió
Ejecución presupuestal de 2016 fue de 87%. La de 2017, a septiembre, iba en 63%. Diputados preguntan por plata restante. Gobernación dice que va al Plan de Desarrollo.
21 de noviembre de 2017
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Las cifras de la ejecución presupuestal de la Gobernación de Antioquia no le terminan de cuadrar a diputados y académicos. El 13 % del total de lo aprobado para el año pasado no tuvo destinación fija y, aunque llegó al balance de la Administración, piden respuestas sobre en qué y dónde se invirtieron.
Este 2017, a un mes y medio de terminar el año, el panorama no es muy diferente al del 2016. La ejecución de la inversión a septiembre iba en 63 % y en octubre se reportó a 74 %. Según expertos, difícilmente llegará al 90 %.
Y es que, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente, que este año tenía un presupuesto inicial definitivo de inversión por 30.985 millones de pesos, según reciente reporte entregado por la Gobernación a la Asamblea, ejecutó 7.318 millones de pesos (ver gráfico).
El mismo informe del gobierno seccional da cuenta de que la ejecución total del presupuesto aprobado por los diputados en 2015 (3,7 billones de pesos) para ser cumplido en 2016 fue del 87 %; es decir, 494.000 millones de pesos quedaron sin destinación y pasaron a un rubro que se conoce como recursos del balance. Diputados creen que esa plata entra a ser de libre destinación.
Los cuestionamientos surgen con mayor énfasis al interior de la Asamblea, que este miércoles deberá aprobar o no el proyecto de presupuesto del gobierno departamental para la vigencia 2018 (4 billones 243.177 millones) y una serie de facultades al gobernador Luis Pérez, para la inversión de los recursos que no logren ser ejecutados ese año.
Sin claridad en las cuentas
Si bien hay consenso en la aprobación del presupuesto, los resquemores ante el destino de la plata que no se ejecutó en 2016 tiene tan molestos a un sector de los diputados, que exigirán al gobernador respuestas claras antes de otorgarle facultades.
Uno de ellos, Rubén Darío Callejas, del Partido Liberal, coalición de gobierno, fue más allá y manifestó que hay programas sociales desatendidos por una supuesta falta de presupuesto, pero se tiene un superávit de recursos que no se ejecutaron en 2016.
“No queremos dar más facultades, porque no sabemos a dónde se está yendo esa plata. No tenemos ni idea sobre esos recursos del balance de 2016. ¿En qué los ejecutó (el gobernador)? O si tiene esa plata aún, ¿por qué los niños de Antioquia no están desayunando al no tener el Programa de Alimentación Escolar (PAE), ni transporte escolar?”.
Callejas explicó que el presupuesto del Departamento se compone de ingresos propios (de la Administración) y del Sistema General de Participación, SGP (giros obligatorios que hace la Nación).
El monto aprobado, añadió, puede variar con recursos de gestión: los que se buscan con el gobierno Nacional, o por medio de convenios con otros países y organismos del exterior.
“En esa plata que dejó de ejecutar en 2016 hay, incluso, recursos del SGP e ingresos propios con lo que puede hacer lo que quiera. Le aprobamos un presupuesto, lo estudiamos, definimos qué va a cada secretaría, pasa todo el año y no lo ejecutan. Entonces, ¿perdimos el tiempo? El dinero se le devolvió al gobernador, y ahí si no viene a la Asamblea”, cuestionó.
Al respecto, la exdirectora de Planeación y actualmente diputada del Centro Democrático, Ana Cristina Moreno, indicó que el cierre de 2016, en cuanto a la ejecución presupuestal, fue crítico, porque las ejecuciones de ese año no fueron las mejores en cuanto a los recursos y el cumplimiento de las metas de ese primer año de gobierno.
“Hubo cinco dependencias que en su presupuesto de 2016 tuvieron ejecuciones bajas de los recursos asignados. Este 2017 se incorporaron en el presupuesto más de 400.000 millones de pesos, estos son los recursos del balance”, dijo.
Moreno subrayó que esos recursos del año pasado, no se ejecutaron, porque entraron tarde a caja de disponibilidad, en diciembre, y pasaron de anualidad por lo que tuvieron que ser incorporados en 2017.
“Ahí hay una discusión grande sobre a qué se le asignó ese dinero, inclusive es parte de lo que analizamos en la Asamblea, si se le mantienen facultades al gobernador para que decida sobre ellos o si se pide que los recursos del balance en lo que quede para 2018, sean discutidos por los diputados”, aseveró.
Quieren mantener control
La molestia de los diputados con el gobernador Luis Pérez llega desde diferentes sectores políticos. Consideran los corporados que son ellos quienes mejor conocen las necesidades de las subregiones y que no se resolverán si no se les da la posiblidad de decidir a dónde se priorizan los recursos y se garantiza la ejecución de los proyectos que votaron del Plan de Desarrollo.
La diputada Moreno, incluso, reveló que el año pasado se le dieron al mandatario facultades para que hiciera incorporaciones al presupuesto “como en dibujo libre, pero ahora la discusión está en sí se le vuelven a dar esas facultades”.
“Muchos diputados quisiéramos recoger esa competencia nuevamente en la Asamblea, porque por ejemplo el PAE (su desfinanciación) y el transporte escolar nos duelen. Ahí es donde necesitamos fortalecer ese rubro”.
La diputada destacó que, por ejemplo, no hay recursos para los cables de transporte que hay en cinco municipios. “Hoy ni siquiera funcionan y la gobernación presentó un proyecto de ordenanza para desentenderse del tema y que sea responsabilidad solamente de los municipios, que no tienen con qué operarlos”.
Razones de la Gobernación
Sobre la polémica suscitada por la incertidumbre de los recursos, más de 490.000 millones de pesos del presupuesto de 2016, que no se ejecutaron en inversión, la jefatura de comunicaciones de la Gobernación indicó que el gobernador se reunió con los diputados y les explicó la situación de esos recursos. “Ellos quedaron satisfechos con la explicación”, afirmó esa dependencia.
En cuanto a la ejecución de este año, se reportó que a octubre está en un 74 por ciento y Adriana Hernández, secretaria de Hacienda Departamental, explicó que se debe esperar hasta el final del año para conocer si el porcentaje supera el 90 por ciento.
“De esta situación, mostramos la ejecución presupuestal de ingresos del Departamento de Antioquia en los últimos cinco años, que se ha situado, en promedio en el 98%, al cierre de cada período fiscal, porcentaje que para el cierre de la vigencia 2017 como mínimo se espera obtener”, estableció.
Hernández añadió que, la ejecución presupuestal de gastos se promedia en los últimos cinco años en 88%. “Para el 2017 se tiene programado superar este porcentaje de ejecución en los gastos de inversión, toda vez que a octubre de 2017 tenemos una ejecución por encima del 75%, porcentaje que se considera positivo, si se tiene en cuenta que faltan dos meses para el cierre de la presente vigencia”.
La funcionaria aseguró que los recursos que no se logran ejecutar durante la vigencia, se adicionan al período fiscal siguiente en los proyectos prioritarios consignados en el Plan de Desarrollo.
“Todos estos recursos que se adicionan son destinados a la inversión de los antioqueños, jamás se trasladan a gastos de funcionamiento de la administración departamental”, puntualizó.
Concluyó que las metas del Plan de Desarrollo “Antioquia Piensa en Grande” no se verán afectadas por la disminución en la ejecución marginal de una dependencia, pues esa hoja de ruta se estructura con productos que comprenden varios componentes: “además, las metas del Plan de Desarrollo se estructuran para alcanzarlas en los cuatro años del periodo”.
La ejecución de inversión que la Gobernación logró en 2016 es la más baja de los últimos 9 años (77%). Académicos y diputados cuestionan la falta de gestión de recursos en programas sociales.
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