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Copacabana no puede sola con Ancón 2: alcalde

Para el mandatario Héctor Monsalve, solucionar este problema de una vereda de su pueblo se llevaría medio presupuesto de su Plan de Desarrollo y por ello pide ayuda. Los peajes son otra de sus luchas y no piensa ceder.

  • Héctor Monsalvealcalde de Copacabana
    Héctor Monsalve
    alcalde de Copacabana
Copacabana no puede sola con Ancón 2: alcalde
26 de noviembre de 2020
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¿De dónde va a sacar Héctor Monsalve, alcalde de Copacabana, $105.000 millones para solucionar el problema de inestabilidad de la vereda Ancón 2, que incluye obras de mitigación para la habitabilidad de 157 familias en alto riesgo, de las cuales han desocupado 80, si esa suma representa la mitad del presupuesto municipal para sus cuatro años de gobierno?

Este es el problema de mayor envergadura que desvela a este contador público, quien en plena pandemia fue suspendido por la Procuraduría por el presunto traslado irregular de unos migrantes venezolanos que estaban en su localidad, medida que el mismo ente revocó 17 días después al tener en cuenta su apelación.

¿Cómo lo afectó este caso en su gestión?

“Aún me pregunto por qué la Procuraduría tomó esa medida sin averiguar a fondo, lo digo porque yo no sabía y no fui quien hizo el desplazamiento de los venezolanos. Lo hizo una entidad privada, una corporación que contrató los carros; pero con la misma inmediatez el ente reversó la decisión y me reintegró a los 17 días, porque vio que no había intervención de mi parte en el caso. Pero algo afectó la gestión, no es lo mismo el propio alcalde que un encargado”.

¿El tema de Ancón 2 cómo piensa resolverlo, porque es de dimensiones mayores?

“Siquiera me pregunta. Es muy complicado y hago un llamado a los gobiernos nacional, departamental, al Área Metropolitana, EPM, Ecopetrol y al proyecto de la Doble Calzada para que no nos dejen solos. Se contrató un estudio y el resultado arroja que las obras de mitigación valen $105.000 millones y lo único que hemos logrado obtener entre varias entidades es casi $1.000 millones para esos estudios. Acá hay un montón de corresponsabilidades: EPM pasa por ahí el suministro de agua y gas y toda la vida se ha lucrado; Ecopetrol transporta los combustibles por ahí; la Doble Calzada ya se lucró 20 años del flujo vehicular, todo el mundo se beneficia, pero en el problema todos sacan el cuerpo y nos dejan solos”.

¿Y desde la alcaldía qué se ha podido hacer?

“Les pagamos arriendo a las familias desalojadas, pero la carga es muy grande para el municipio, debe haber corresponsabilidad en los aportes, son 157 familias afectadas y les pagamos un arriendo de $350.000 a 34 familias desde 2018 que se declaró la emergencia; es una carga exponencial y solo la paga la alcaldía. Toca de urgencia demoler diez casas al borde del colapso, que están desocupadas pero había gente regresando, si se dejan así se puede meter alguien y pasar lo peor”.

¿Y esas entidades que usted cita qué han dicho?

“La pandemia retrasó las gestiones. Esos actores no aportan ni dicen nada, creerán que por estar en Copacabana el problema es responsabilidad solo nuestra, pero si no buscamos solución se va a dejar de suministrar combustible, agua potable, gas, se va a dejar de transportar por esa autopista, que está en la zona. Entre todos debemos evitar un movimiento en masa allí”.

Usted ha sido conciliador y apegado a las normas en la pandemia. ¿Siente que eso le dio resultado?

“Tiene razón, soy respetuoso de la institucionalidad y en las reuniones siempre dije: somos un área metropolitana, tomemos medidas en conjunto y las respetamos y acatamos todos, porque si yo tomo una medida y otro alcalde no, la persona la evade si hay alternativas en otra parte. Eso ha dado buen resultado”.

¿Cuáles fueron las decisiones en este tema que más han beneficiado a su gente?

“Varios programas: uno, que los pacientes no fueran al hospital sino llevarles el médico a la casa para evitar riesgos; hubo que aumentar el cuerpo de enfermeras y médicos y ponerles transporte hasta las casas con equipo interdisciplinario. También, en junio y julio, por las autorizaciones del Gobierno, les pagamos auxilio de energía a los estratos 1, 2 y 3: al 1 le financiamos el 100 %; al 2, el 70 %; y al 3, el 50 %. Una inversión de casi $1.500 millones y se beneficiaron 24 mil hogares de un censo de 27 mil predios que tenemos. También aprovechamos la rebaja en los intereses de los impuestos que decretó el gobierno; hubo personas que debían hasta $120 millones y pagaron $55 millones. Repartimos 7 mil mercados”.

¿Tiene las cuentas de cuántas empresas cerraron y cuántos empleos se perdieron en la pandemia?

“Aún no sé la cifra, porque están abriendo más de las que cerraron, eso lo pone a uno a pensar que la gente trabajaba en la informalidad. Cuando se tuvieron que formalizar para cumplir los protocolos de seguridad les tocó normalizarse porque para autorizarles la apertura, un requisito era el registro en Cámara de Comercio, y aumentaron las inscripciones. Acá hay 1.700 empresas matriculadas por todo concepto: industrial, comercial y de servicios”.

En cuanto al virus, hasta este miércoles Copacabana llevaba 42 fallecidos y 52 casos activos, ¿cómo cree que le ha ido?

“Alcanzamos a tener hasta 300 y pico de contagiados. Eso es muy relativo, porque a veces se dispara, aparecen un montón que venían en proceso, y a veces se alivia otro montón. Creo que estamos por debajo de la media proporcional a la población, que son 82.000 personas, 80 % en la parte urbana, que son 7 km2 de un territorio de 70 km2, con el agravante que la mayoría trabaja fuera del municipio y ha traído el virus, y porque por cada persona hay probabilidad de que se contagien seis. Por eso insisto en el autocuidado, acá no hay UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Si no se acatan las medidas de seguridad, como usar tapabocas, platos desechables y lavado de manos, siempre habrá riesgo”.

Cómo está cumpliendo su promesa de un Copacabana con seguridad sabiendo que los afecta la vecindad con Bello, donde hay varias bandas delincuenciales que traspasan sus límites?

“Desde el inicio hemos hablado con el Gobierno y el general Eliécer Camacho para aumentar el pie de fuerza. Nos enviaron seis policías hace unos días y la promesa es que van a llegar más. Los indicadores de seguridad han mejorado: Hasta el pasado 17 de noviembre (último registro) llevábamos 16 homicidios contra 17 de 2019, y todos los demás indicadores bajaron. Hemos trabajado con el Ejército, la Fiscalía y la Policía de Carabineros, que nos ayudan a atender la parte rural. Vamos a construir un comando de Policía, ya se tienen los estudios, vale cerca de $8.000 millones, el Área Metropolitana pondrá $3.000 millones, la Policía el resto y nosotros el lote y el urbanismo; tendrá capacidad para 120 policías. La intención es iniciar construcción a mediados del año próximo. Buscamos que nos ayuden con la instalación de cámaras de vigilancia, el Área tiene la pretensión de montar un centro metropolitano unificado de monitoreo, que nos ayudaría mucho, porque nada ganamos con tener cámaras acá pero sin conectividad con las de los otros municipios. Pretendemos poner cámaras de seguridad en cada una de las entradas de las 17 veredas y los 7 corregimientos: hay 52 y la idea es llegar a 100”.

¿Sigue su apoyo a que quiten los peajes del norte?

“Claro. Es que uno de los más afectados es Copacabana. Si bien es cierto que el peajito cuesta $2.700 y no está acá, para movernos a cualquier parte hay que pagar: si vamos a salir de Barbosa lo pagamos, si es para Bello toca pagar y para Rionegro igual, estamos sitiados por peajes. Además, para evadir el peaje tanto los que van para Barbosa como los que vienen se meten a nuestro municipio y han desgastado la malla vial, generado contaminación y más accidentalidad. Ya pagamos 20 años y no tenemos porque seguir pagando una obra que beneficia a tantas personas. Seguiremos reclamando, pero por las vías del derecho, no de hecho” .

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