La situación en el Bajo Cauca sigue tensa y no parece menguarse en los próximos días. El Comité por la Vida, que defiende la formalización minera en Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Bolívar, rechazó a través de un comunicado los operativos adelantados en las últimas semanas por parte de la fuerza pública en Cáceres, Zaragoza y Ayapel.
Según el Comité, la fuerza pública ha destruido maquinaria para la extracción de oro, lo cual viola uno de los puntos acordados desde el paro minero de 2022, que fue la garantía de la fuerza pública de no destruir dicha maquinaria, acuerdo ratificado desde entonces en mesas de trabajo entre mineros y gobierno.
El Comité asegura que el gobierno está incumpliendo con este punto que fue clave en el reciente acuerdo de 2024, el de la no criminalización de los pequeños mineros y de encontrar otros mecanismos para que luego de los operativos se llegaran a acuerdos para que los mineros puedan recuperar su maquinaria. Sin embargo, recalcaron que eso fue justamente lo que ocurrió en los operativos recientes, lo que llevó a decenas de mineros a bloquear la vía a la Costa el pasado 31 de mayo.
“Estas acciones ejecutadas son consideración por los protocolos previamente establecidos y sin tener en cuenta el impacto económico y social en las comunidades mineras; ha profundizado la crisis humanitaria y económica que vive la región. La persecución a la maquinaria y el desconocimiento de la realidad minera están afectando no solo a quienes ejercen esta actividad, sino a toda una población que depende de ella para subsistir”, se lee en el comunicado.
Sin embargo, el Gobierno Nacional ha defendido que lo que se acordó fue un nuevo protocolo en el que le ofrecían mayores garantías a los pequeños mineros y mineros informales para que pudieran tener una instancia de descargos y de demostrar por varias vías que tienen permisos y que la maquinaria, aunque esté utilizada en actividad informal, no hace parte de economías ilegales.
Así las cosas, lo que se acordó en la mesa en octubre de 2024 para levantar dicho paro fue actualizar las normas sobre uso de maquinaria pesada en minería y alinearlas a los estándares internacionales. En ese orden de ideas, después de los operativos, las autoridades ambientales deben suministrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible información sobre las licencias ambientales vigentes en las zonas y los planes de manejo ambiental para las actividades mineras. El plazo para entregar esta información no debe exceder los diez días hábiles.
Con esa información, el Gobierno escucha los descargos de los mineros afectados. Estos podrán entregar evidencia de que son propietarios de la maquinaria, de que fue adquirida con recursos legales y de que ejercen la actividad de manera legal o irregular, pero siempre y cuando estén en procesos de formalización demostrados. Si la información no es suficiente para comprobar la legalidad de la maquinaria, la fuerza pública tiene la orden de seguir con el procedimiento de destrucción.
Otro punto que parece difícil de llegar a subsanarse toda vez que llevan años discutiendo sin llegar a consensos, es que el Gobierno sigue señalando que la minería artesanal no precisa de maquinaria grande, más allá de las pequeñas dragas y motobombas, pues el uso de maquinaria amarilla ineludiblemente conlleva una destrucción ambiental.
En 2024, el Ministerio de Defensa aumentó en un 36% la destrucción de maquinaria vinculada a minería ilegal, en un 47% la incautación de las mismas y logró la intervención de casi 3.200 minas y yacimientos ilegales o irregulares, un 47% más que en 2023.
