Cuando los comandos Jungla incursionaron en el corregimiento Popalito, del municipio de Barbosa, unos disparos retumbaron en el bosque. Los tiros no pretendían herir a los uniformados, sino alertar a los “químicos” sobre la llegada de la Policía.
Los comandos aceleraron el paso, respaldados por un helicóptero Black Hawk que sobrevolaba el perímetro. Coronando la cumbre, vieron una finca protegida por el follaje. Adentro solo quedaba una persona, que con nerviosismo trataba de ocultar unas bolsas. “¡Quieto, Policía Nacional!”, le gritaron, y el corazón le martilló el pecho.
Tenía las manos en la masa: 60 kilos de carbón activo, 25 kilos de cloro y 2,5 toneladas de permanganato de potasio. La Dirección Antinarcóticos (Dirán) reportó el hallazgo el pasado 15 de mayo, indicando que esa “cocina” para preparar insumos químicos estaba valorada en $136 millones, y que “esta sustancia hubiera servido para producir 6 toneladas de cocaína”.
El 30 de agosto en la vereda El Venado, de Girardota, encontraron otro complejo de nueve construcciones rústicas. Allí convertían pasta de coca en clorhidrato, del cual había 98,3 kilos, además de los precursores.
La siguiente sorpresa se presentó el 17 de septiembre, en la localidad de Marinilla. En la vereda Los Alpes, los agentes y el Ejército se toparon con un laboratorio de cocaína totalmente dotado, hasta con transformador de energía, una estufa industrial, motobomba y dos hornos. Decomisaron 12,7 kilos de droga de alta pureza, 3.535 galones y 2.081 kilos de insumos líquidos y sólidos.
Los hallazgos de los últimos meses confirmaron lo que los investigadores sospechaban: que los narcos de Antioquia, en una nueva movida de su ajedrez ilegal, están instalando los laboratorios de cocaína cada vez más cerca de los centros urbanos.
Fuentes de Inteligencia dicen que en la región están surgiendo nuevos clanes, que no hacen parte estructural de los grupos armados tradicionales, sino que se especializan en el procesamiento y transporte de insumos y drogas, y ofrecen servicios al mejor postor.
Estos “químicos” prefieren instalar sus complejos cocaleros en cercanías a centros ciudadanos, como los citados casos de Barbosa, Girardota y Marinilla, a una hora de Medellín. Esto les permite trabajar con tranquilidad, alejados de las zonas de conflicto armado (Bajo Cauca, Norte y Urabá), y hacer recorridos más cortos para la distribución de los alcaloides; desde allá solo les llega la pasta de coca cruda, que ellos transforman después en el polvo blanco.
Así mismo, les posibilita camuflar en el agitado tráfico citadino el transporte de precursores y estupefacientes, para lo cual se valen de vehículos con logos de empresas de salud, funerarias y de refrigeración.
Según la Dirán, en lo corrido de 2018 han sido destruidos 64 complejos de este tipo en el departamento: 49 de base de coca, 13 de clorhidrato de cocaína y dos más de permanganato.
“Todos esos laboratorios son criollos, con mano de obra paisa. Por ahora no hemos detectado mexicanos involucrados en la fabricación”, cuenta un investigador policial.
Esta situación se presenta justo cuando Colombia padece un aumento de la producción, consumo y exportación de cocaína. Según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entre 2016 y 2017 hubo un incremento del 17% en los cultivos de coca, con 171.000 hectáreas (ha) afectadas.
En Antioquia creció un 55%, al pasar de 8.855 a 13.681 hectáreas, que representan el 8% del total nacional. Los municipios más permeados son Tarazá (2.797 ha), Valdivia (1.621 ha) y Cáceres (1.131 ha).
