La Colombia rural está desapareciendo. Un estudio reciente del Departamento Nacional de Planeación —DNP— señala que el 78 por ciento de la población se concentra en centros urbanos. En 20 años, el 83 por ciento estará viviendo municipios o ciudades. En 35 años, el porcentaje ascenderá al 86 por ciento.
De estas cifras se desprenden otras tres que han generado preocupación en el Gobierno: el 52,5 por ciento de la población urbana, dice el informe, “se encuentra en áreas con escasez de oferta hídrica”; el 33 por ciento de la población “está en riesgo de ser afectada por deslizamientos y el 48 por ciento por inundaciones”. Con fenómenos como el cambio climático estas cifras podrían aumentar.
El Gobierno Nacional dejó en manos del DNP la formulación de estrategias para prevenir futuros problemas como sequías, deslizamientos e inundaciones. En su informe, el DNP señala que para finales de este año 916 municipios (de 1.102 que existen en el país) deberán formular nuevos Planes de Ordenamiento Territorial para adaptarse a las condiciones ambientales del presente. De hecho, actualmente solo el tres por ciento de los municipios tiene estudios sobre amenazas y riesgos naturales.
“La gran mayoría de los Planes de Ordenamiento Territorial —POT— se crearon a comienzos de la década pasada, y hoy tenemos retos como el posconflicto, la adaptación al cambio climático, la dinámica demográfica. Diversos análisis nos han permitido concluir que las administraciones no han logrado con éxito ni corregir las fallas de estos instrumentos ni, aún más grave, aprovecharlos como verdaderos instrumentos de planificación del territorio”, le dijo a EL COLOMBIANO Simón Gaviria, director del DNP.
Rezagados en planeación
En el país existen cuatro instrumentos importantes de planeación: Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), para municipios con menos de 30.000 habitantes; Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT); para municipios entre 30.000 y 100.000 habitantes; Planes de Ordenamiento Territorial (POT), formulados en municipios de más de 100.000 habitantes, y Planes de Ordenamiento Departamental (POD).
La actualización de estos instrumentos está en veremos por varias razones. Una de ellas, según el informe, es que “los municipios no tienen los recursos ni la capacidad técnica para adelantar la actualización del POT”. Es más, muchos ni siquiera tienen “las capacidades para acceder a la información necesaria para cumplir con la actualización”.
Las actualizaciones que se han presentado hasta el momento no han cumplido con lo esperado. El informe señala que el 60 por ciento de los planes no tienen en cuenta los usos agrícolas, ganaderos y forestales. Solamente el 3 por ciento contempla estrategias y programas rurales. Estas son otras observaciones que hace el DNP: “el 60 por ciento de los planes definieron inadecuadamente su perímetro urbano, sin esto, la provisión de servicios públicos e infraestructura es deficiente”. Además, los municipios no tuvieron en cuenta instrumentos como plusvalía o valorización para obtener ingresos. Bucaramanga, por ejemplo, recaudó 21 por ciento de sus ingresos a través de estos instrumentos.
El panorama que entrega el director del DNP es desalentador: “Los planes están desactualizados, no están articulados ni con los planes de desarrollo y las inversiones de los mismos municipios, ni con los instrumentos de planeación de los demás niveles de gobierno, tienen serias falencias técnicas, y no están posicionados como instrumentos de gerencia pública”.
En detalle
La Gobernación de Antioquia es consciente de las dificultades que se han presentado para actualizar los POT. De acuerdo con la Contraloría departamental, el 68 por ciento de los planes territoriales en Antioquia están desactualizados. Si bien el Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia ha brindado asesoría técnica, “algunos planes han sido actualizados sin atender debidamente los marcos normativos vigentes, ni han seguido el paso a paso que implica la revisión hasta el ajuste que se aprueba ya sea por Acuerdo o Decreto en algunos casos”, explica Ana Catalina Vanegas, directora de Planeación estratégica en la Gobernación.
Muchos municipios, cuenta Vanegas, ajustan sus planes a partir de “presiones inmobiliarias, expectativas de proyectos estratégicos y disposiciones de orden nacional como la expedición de licencias para exploración y explotación minera. Se requiere un alto compromiso técnico y jurídico por parte de las administraciones municipales”.
La Gobernación actual no se ha quedado con los brazos cruzados. En lo que tiene que ver con planes de ordenamiento departamental, formuló unas directrices para crear un ordenamiento territorial para los municipios del Urabá antioqueño. Esto con el fin de articular los planes con los megaproyectos viales y portuarios.
El POT de Bogotá, decretado por el alcalde Gustavo Petro, fue suspendido por el Consejo de Estado. La capital está en mora de nuevas políticas de ordenamiento territorial. Octavio Fajardo, subsecretario de Planeación socioeconómica de Bogotá, señala que lo más importante es sostener cuatro pilares.
“Garantizar el equilibrio entre el espacio construido y el espacio público; garantizar el equilibrio entre la densidad de población y los equipamentos de soporte que esa población necesita para recrearse, ser atendida en salud, educación, entre otros. En tercer lugar, es indispensable que los POT tengan un criterio de sostenibilidad ambiental, que la forma de ocupar el territorio sea compatible con la viabilidad de los servicios ambientales. En cuarto lugar, es indispensable que el POT sea diseñado en concordancia con los municipios vecinos”.
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