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Las autoridades de Policía y judiciales y la Gobernación de Antioquia definieron este miércoles las acciones a seguir para esclarecer la masacre de cuatro jóvenes en el municipio de San Rafael, entre las que está el ofrecimiento de una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar los autores del hecho.
Tras un consejo de seguridad extraordinario realizado en la localidad del Oriente horas después de ocurrida la matanza, perpetrada contra cuatro jóvenes, uno de ellos menor de edad, las autoridades acordaron la creación de un grupo especializado, con un fiscal especial y personal de la Sijín y la Dijín, “que tiene como principal propósito esclarecer este homicidio y capturar lo antes posible a los autores”, señaló el secretario regional sectorial de Seguridad Humana de la Gobernación, Luis Fernando Suárez Vélez.
La reunión entre las autoridades permitió establecer que en San Rafael y la llamada zona de los embalses hay presencia de actores ilegales y grupos delincuenciales organizados que están generando una problemática de violencia en la subregión.
Entre las estrategias acordadas se definió combatir la inseguridad y la delincuencia en el municipio a partir de un despliegue operativo que hará el Batallón Vial Energético y un trabajo articulado con todas las autoridades para la prevención del delito.
Además, el CTI y un grupo especial de Fiscalía y Policía adelantarán investigaciones para dar con el paradero de quienes fueron los responsables del múltiple crimen, ocurrido hacia la medianoche del martes mientras las víctimas participaban en un ensayo musical y fueron atacados con fusiles por desconocidos en plena zona urbana del municipio.
Las víctimas fueron identificadas como Cristian Estiven Quintero Hernández, Santiago Cobo Arcila, Santiago Guarín y Elkin Emilio Gil Jiménez, este último menor de edad.
La Gobernación, con sus secretarías de Seguridad y Justicia, Gobierno Paz y Noviolencia, y de Salud, y la Gerencia de Infancia y Adolescencia, se comprometió a realizar una intervención de acción unificada con la alcaldía de San Rafael, orientada a prevenir la instrumentalización de los jóvenes para actividades ilícitas.
Adicional, para mejorar la seguridad de los municipios de la zona se anunció la llegada de 13 motocicletas y 4 camionetas y así fortalecer la movilidad de la Fuerza Pública y prevenir que se presenten estos hechos de violencia o que cuando ocurran haya una respuesta oportuna.
Al consejo de seguridad asistieron, además de Suárez Vélez, el secretario de Seguridad y Justicia, Jorge Ignacio Castaño; el brigadier general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División; el brigadier general Freddy Marlon Coy Villamil, comandante de la Cuarta Brigada; el brigadier general Gustavo Franco Gómez, comandante de la Región 6 de Policía, y el alcalde del municipio de San Rafael y la alcaldesa del municipio de San Carlos.