Un clamor para que el Gobierno le haga frente a la problemática de Segovia y Remedios hacen los habitantes en medio de un conflicto que cada día cobra más víctimas, hambre y terror.
Al tiempo, el llamado a que se frene la violación a los derechos humanos, y la comunidad quede fuera del conflicto, se hace desde autoridades locales y defensores de DD. HH.
La del martes pasado fue una jornada más de violencia. Un hombre asesinado y otro muchacho, de 18 años de edad, que perdió su mano derecha por un explosivo.
Ese día, algunos de los que libran la batalla—unos por preservar el orden y otros exigiendo el derecho para ejercer la minería—destruyeron parte de lo que debe ser protegido por todos: el colegio de Segovia, donde estudian 2.800 niños.
Exair Muñoz, el rector de esa institución educativa, Liborio Bataller, comenta que la infraestructura fue utilizada, el martes pasado, como escudo en medio de una disputa campal.
“El Esmad entró a la institución y se hizo en la parte de atrás, en la zona verde, resguardándose, y los manifestantes empezaron a hostigarlos, por lo que esa autoridad respondió con gases lacrimógenos”, apunta.
El panorama de lo que quedó tras el enfrentamiento de casi cuatro horas es dramático: ventanales rotos, tejas dañadas, puertas en el suelo, una reja violentada, puertas caídas y una oficina destruida.
“El colegio está desprotegido”, sentencia Muñoz, en tanto agrega que “el Esmad no es el problema, son algunos manifestantes que no son pacíficos y hostigan generando la reacción de esa fuerza”.
Están aguantando hambre
Al caos por los enfrentamientos entre manifestantes y Fuerza Pública, las constantes detonaciones, disparos y gases se suma el hambre en la que están sumidas las dos poblaciones por el desabastecimiento propiciado por el paro.
Según Yeison Atehortúa, personero de Segovia, los pobladores, 7.000 en el casco urbano y otros 6.000 en zona rural, aguantan hambre.
“La problemática tiende a crecer y si el Gobierno no le presta atención al municipio y no se dispone a hablar con los líderes mineros, el hambre será mayor y habrá más riesgo de enfrentamientos”, señala.
Atehortúa, clama para que el presidente Juan Manuel Santos escuche a los mineros “y establezca alternativas de solución, como lo hizo en el Chocó y Buenaventura”.
Policías en las viviendas
La denuncia más recurrente de los habitantes de Segovia es la presencia de los agentes en las casas, lo que constituye una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Carlos Morales, representante legal de Cahucopana aseguró que las quejas las han recibido de la comunidad, “y lo constatamos como organización defensora de derechos humanos: el Esmad está dentro de las casas y las escuelas”.
Al respecto, el comandante de Policía Antioquia, coronel Wilson Pardo, indicó a EL COLOMBIANO que sus hombres han actuado bajo la rigurosidad de la ley. “Lo que hemos realizado está amparado dentro de las normas legales, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Tenemos un puesto de mando unificado con todas las autoridades, Personería, autoridades locales y regionales y nada de lo que se hace aquí, se hace sin el aval de ese puesto de mando”, concluyó el coronel Pardo.
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