A escasas semanas de que comience a rodar el proceso para elegir nuevo contralor en Antioquia, un proyecto de ordenanza con el que se busca meterle mano a la planta de cargos de ese ente tiene las alarmas encendidas en la Asamblea de Antioquia.
El pasado 17 de junio la Contraloría radicó ante esa corporación un proyecto con el que quiere eliminar 66 cargos de libre nombramiento y remoción, para crear igual número de cargos pero de carrera administrativa.
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Mientras desde el ente de control se argumenta que con el cambio se buscaría reducir los costos de funcionamiento y atender un hueco de $1.009 millones en pasivos que viene arrastrándose desde años anteriores, dentro de la Asamblea la acción despierta suspicacias y es vista por varios sectores políticos como una movida que serviría para atornillar en la entidad a 66 servidores públicos justo antes del cambio de contralor.
Si bien la iniciativa todavía no se debate, las tensiones políticas ya escalaron, sobre todo por ser visto por muchos como un trampolín para que grupos políticos del liberalismo y el conservatismo regional, sobre quienes orbitan figuras como el senador y exalcalde de Itagüí Carlos Andrés Trujillo y el exsenador liberal Julián Bedoya, eventualmente conserven su influencia en la entidad encargada de escrutar a 489 sujetos de control en todo el departamento.
Lo que dice el proyecto
La iniciativa de la discordia aparece rotulada como el Proyecto de Ordenanza 26 y consta de solamente seis artículos.
Según se lee en el borrador, que aparece firmado por la actual contralora, Enedith del Carmen González Hernández, en primer lugar se busca que la Asamblea dé luz verde para suprimir 66 cargos de los 112 que hoy existen en la planta de personal de la entidad con la clasificación de contralor auxiliar y que tienen un salario mensual de $8,4 millones.
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En el segundo artículo, el proyecto propone la creación de 66 cargos nuevos, esta vez bajo el rótulo de profesional especializado y con una asignación salarial de $7,9 millones.
En la exposición de motivos anexada al proyecto, González argumentó que la principal razón para hacer ese cambio en la planta de cargos sería ahorrar costos, en medio de un contexto en el que los ingresos de ese organismo se han venido reduciendo por lo menos desde 2022.
“En los últimos años las fuentes de financiación de la Contraloría General de Antioquia han reflejado disminuciones reales a partir del año 2022, cuando se registró una caída del 9% real frente a 2021, como consecuencia de la consolidación del proceso de transformación de la FLA en Empresa Industrial y Comercial de Estado que se venía dando desde inicios de 2021”, escribió la contralora.
A renglón seguido, González señaló que durante los últimos cinco años el promedio anual de gastos del ente a su cargo se ha situado en unos $47.768 millones, de los cuales el 90% corresponde solamente a la nómina y un 10% restante a bienes, servicios e inversiones necesarias para el quehacer misional de la contraloría.
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“Para la vigencia 2025 la Contraloría presenta pasivos promedio de $1.009 millones en el componente de gastos de personal, derivado del acumulado que, desde la caída de los ICLD (Ingresos Corrientes de Libre Destinación) del Departamento, viene pasando de vigencia en vigencia por los objetos del gasto de vacaciones, cesantías del régimen retroactivo, entre otros gastos que se causan y vienen afectando la situación financiera de la Contraloría y que en el mediano plazo tiende a aumentar”, añadió.
Argumentó además que pese a que en los últimos tres años se implementó un plan de austeridad, el mismo no ha logrado equilibrar las cuentas.
Bajo esa óptica, apuntó González, el cambio en la planta de cargos se traduciría en un ahorro anual de $1.089 millones, que permitiría mejorar las previsiones financieras.
¿Jugada para atornillar cargos?
Pese a que desde la contraloría el asunto es visto como una medida de eficiencia financiera, al interior de la Asamblea ha sido otra interpretación la que ha suscitado, ya que, además de la variación salarial, el gran cambio que traería el proyecto es que el nombramiento de 66 funcionarios saldría del poder del contralor de turno, justo antes de que llegue el reemplazo de González.
En este punto es donde entran las interpretaciones políticas, dado que desde que fue elegida en diciembre de 2021, con el respaldo de 21 de los 26 diputados, González generó controversia por ser identificada entre varios sectores políticos como una ficha del senador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo.
Durante su periodo, cabe anotar, González también se ha visto envuelta en más controversias, como una asociada a la llegada a esa entidad de la hermana del exsenador liberal Julián Bedoya, Andrea Bedoya, quien ocupó el cargo de subcontralora y estuvo a punto de ser nombrada a mediados de 2024 como contralora encargada durante las vacaciones de González.
Luego de la reconfiguración política de la Asamblea, con la que se espera que el funcionamiento de la contraloría dé un giro, el cambio de esos 66 cargos de libre nombramiento y remoción ha sido visto por muchos entonces como una oportunidad para que González y sus jefes políticos conserven influencia dentro del ente, sin importar quién sea electo.
Dentro de la Asamblea el tema ya es tan sensible que hasta el expresidente Álvaro Uribe instó a la bancada del Centro Democrático a oponerse al proyecto, generando que diputados como Verónica Arango, actual presidenta además de la corporación, anticiparan su voto negativo.
En medio de estas tensiones, se espera además que este mes de julio ya se ponga en marcha un cronograma para la elección del nuevo contralor, que se desarrollará en el segundo semestre del presente año.
