El gobernador, Sergio Fajardo, advirtió sobre los alcances del Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 del Gobierno Nacional y que busca conciliar las posturas de las autoridades municipales con las nacionales a la hora de hacer minería.
Fajardo recordó que la Corte Constitucional, en Sentencia 123 de marzo de 2014, dispuso que las comunidades en el nivel local deben ser escuchadas antes de permitir una explotación minera en su territorio.
Pero el mandatario indicó que el Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 que reglamenta esta Sentencia, no se implementó de manera adecuada a lo expresado por la Corte. “Se queda corto en el sentido de lo que debe ser escuchar y reconocer la voz de las comunidades en la explotación minera”, expresó.
Puntualizó que el procedimiento definido para que las localidades determinen las zonas a proteger de la explotación minera es difícil de aplicar por los tiempos, los recursos financieros y la capacidad institucional que exige.
Insistió en que los municipios tienen hasta el 7 de mayo para expedir el acuerdo municipal en el que expresen la intención de establecer medidas de protección, contratar estudios de soporte que demuestren el impacto negativo de la minería y entregar la solicitud de las medidas de protección.
Para la secretaria de Minas de Antioquia, Claudia Cadavid, es preocupante pues las autoridades locales tienen un tiempo muy corto para estudios que demuestren que una área en especial debe ser protegida de la actividad minera .
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