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Por presuntas irregularidades en la contratación de una obra en 2005, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenó ayer medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.
Según el ente acusador, los delitos habrían sido cometidos cuando Gaviria fue mandatario del departamento en el periodo 2004-2007. Esta decisión fue comunicada al presidente Iván Duque para que proceda con la suspensión del cargo y el nombramiento de un gobernador encargado (ver nota anexa).
La investigación en la que se basó la decisión para ordenar el aseguramiento de Gaviria lo señala de haber incurrido en posibles delitos de contratación sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con peculado por apropiación a favor de terceros, según informó ayer el fiscal General, Francisco Barbosa Delgado.
Según el ente acusador, son tres las irregularidades que se habrían presentado en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz, tramo La Cruzada (Remedios) – Caucasia, suscrito en 2005 por $41.663 millones.
La primera de ellas, afirmó la Fiscalía, es que inicialmente se pactó un anticipo de 25 % y luego se amplió a 29 %, lo que significó casi $1.500 millones de más para el contratista.
“Ese anticipo se habría pagado sin la aprobación de una garantía contractual, lo cual generó que el contratista invirtiera más de $10.000 millones en maquinaria y equipos”. Los otros dos puntos en los que gira la teoría del caso para la Fiscalía tienen que ver con adiciones al contrato que “habrían violado principios de contratación pública”.
Una fue por adecuaciones en un sector de la troncal que asciende a $4.000 millones, y otra fue un otrosí que “se llevó a cabo cuatro días antes de que Gaviria finalizara su mandato con el fin de construir una vía de acceso a El Bagre”.
En este último caso, reveló la Fiscalía, se comprometieron más de $16.000 millones que no podían ser parte del contrato original y debía organizarse un nuevo proceso de selección. Como el representante legal del Departamento es el gobernador, quien ordena el gasto y aún cuando hubiese delegado la función de contratar, la Fiscalía consideró que no ejerció la debida vigilancia de la delegación y procedió a presentar las pruebas que desencadenaron en la decisión del fiscal delegado de imponer medida de aseguramiento.
El contrato que originó este proceso penal tiene el número 2005-CO-20-335, con el objeto del mejoramiento y pavimentación de la Troncal de La Paz, tramo La Cruzada – Caucasia, Sector Nuevo Oriente – Escarralao, suscrito por la Gobernación de Antioquia.
Según reseñó EL COLOMBIAN0, el 3 de febrero de 2006 se celebró el acto de inicio de las obras del tramo de la Troncal de la Paz que uniría a Caucasia, Zaragoza y El Bagre, con 43,3 kilómetros de extensión, por valor de $44.000 millones.
“Será una gran alternativa vial para la comunicación terrestre entre el centro y el occidente del país, con la costa norte y más si se tiene en cuenta las recurrentes dificultades en la vía Troncal Occidente, entre Yarumal y Valdivia”, dijo ese día Gaviria.
Este medio intentó comunicarse con la secretaria de Infraestructura de la época, Margarita María Ángel Bernal, para conocer detalles de esa obra pero no fue posible.
El otrosí que menciona la Fiscalía corresponde a un puente de 357 metros de longitud, 12 metros de altura, que cruza el río Nechí y conectó, después de 27 años, al municipio de El Bagre con la Troncal de La Paz. Antes los pobladores tardaban por lo menos media hora para cruzar de una orilla a otra. Fue inaugurado el 10 de octubre de 2010.
La Gobernación manifestó que apenas recibió la noticia, Gaviria se reunió con sus abogados para analizar su situación. Al cierre de esta edición aún no había un pronunciamiento oficial sobre el tema.
En un comunicado conjunto firmado por 36 integrantes del Gabinete departamental, los funcionarios respaldaron a Gaviria y expresaron que “nos comprometemos a seguir adelante con nuestra labor en beneficio de Antioquia (...) El departamento tiene enormes retos, necesidades y urgencias que no admiten ninguna distracción de parte de nuestro equipo de trabajo”.
Según conoció EL COLOMBIANO, a Gaviria le practicaron un procedimiento dental el jueves, lo que originó incapacidad de tres días. Por eso no estaba en la oficina ayer.
El pasado 10 de abril, la Fiscalía citó a indagatoria al gobernador. La misma fue programada para que el 16 de abril entregara su versión sobre el contrato de la obra mencionada. Gaviria expresó el 10 de abril que entregaría a la Fiscalía “las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por mis contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tengo absoluta tranquilidad”. Añadió que el ente acusador tiene en su poder los documentos “que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”.
El mandatario concluyó diciendo que responderá por sus actuaciones “y, como ha ocurrido siempre, demostraré la transparencia”.
Los gremios regionales expresaron ayer su respaldo al gobernador Aníbal Gaviria.
Lina Vélez de Nicholls, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, declaró: “Envío un mensaje de apoyo al señor gobernador, y a todo su equipo, y tengo la certeza de que su actuar ha sido transparente. Su gestión frente al covid ha sido destacada, así lo dicen los números y la labor de interacción entre lo público y lo privado. Antioquia más que nunca necesita de su liderazgo”.
El Comité Intergremial de Antioquia, que agrupa cinco cámaras de comercio y 29 gremios afiliados, manifestó en un comunicado “su total solidaridad al gobernador” y “confiamos en que se pueda superar prontamente esta dificultad por el bien del departamento”. Añadió que “lamentamos que esta situación se de en momentos en los cuales Medellín y Antioquia justamente se constituyen como modelo y ejemplo internacional en el manejo de la contención de la covid-19”.
Proantioquia manifestó su preocupación por la decisión y la calificó como desproporcionada e incoherente: “Tanto en su primer paso por la Gobernación, como en su administración como Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria dejó la impronta de su liderazgo, visión y transparencia, en una trayectoria valorada por sectores políticos, públicos, privados y académicos. La medida de aseguramiento desconoce el hecho de que no parece existir riesgo que configure una de las causales por las cuales sería procedente”.
Fenalco Antioquia espera que se brinden garantías del derecho de defensa que permitan tener una oportuna solución. “Su liderazgo ha sido fundamental y acertado, demostrando durante la contingencia por la covid-19, ser ejemplo para el país por su compromiso con la salud y la economía”.
También se pronunció el G8, que agrupa a las universidades más importantes de Antioquia, que calificó la medida como una amenaza superior para la estabilidad de la región en plena crisis sanitaria: “conocemos la rectitud de nuestro gobernador, además del manejo pulcro, comprometido y responsable que ha llevado a cabo a lo largo de su vida y, en particular, en la Gobernación y la Alcaldía de Medellín”.
EPM dijo que acompañaba a Gaviria, a su familia y colaboradores y que hacía “votos para que muy pronto reasuma sus funciones con su acendrado liderazgo” .
¿QUÉ PASARÁ POR AHORA CON LA GOBERNACIÓN?
Tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de imponer medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria Correa el presidente Iván Duque deberá proceder con la “suspensión del cargo” que ejerce en la actualidad.
Vale decir que la suspensión provisional en el desempeño de funciones dentro de un proceso penal es considerada como una falta temporal, según el literal E del artículo 99 de la Ley 136 de 1994.
Y es causal de suspensión (numeral 2 del artículo 105 de la misma ley) el haberse dictado medida de aseguramiento, con privación efectiva de la libertad, siempre que esté debidamente ejecutoriada.
Para suplir esa suspensión, el presidente de la República designará un gobernador del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que presente el movimiento por el cual fue elegido el mandatario, en 2019.
Cabe recordar que Gaviria Correa ganó las elecciones con el aval de la coalición “Es el momento de Antioquia”, al obtener el 36 % de los votos (831.646). Esta coalición la integraron el Partido Liberal, el Partido de la U, la Alianza Verde y Cambio Radical.
El gobernador (e) deberá adelantar su gestión de acuerdo con el programa del mandatario elegido por voto popular y quedará sujeto a la ley del voto programático, tal como lo define la Constitución.
Etapas del proceso penal
El proceso en el cual se inscribe la investigación contra el gobernador se rige por el antiguo Código Penal (Ley 600 del 2000), pues las presuntas irregularidades habrían comenzado antes de 2005.
Ese código se basa en un sistema inquisitivo, por lo que la carga probatoria recae en gran medida sobre el procesado; es diferente al nuevo sistema penal (Ley 906 de 2004), de corte garantista, en el que es la Fiscalía la que debe comprobar la culpa y sobre ella recae el peso de obtener las evidencias.
Una característica de la Ley 600 es que el fiscal tiene poder para decretar la medida de aseguramiento, distinto a la Ley 906, en la que esa solicitud debe ser aprobada por un juez de control de garantías.
En el caso en cuestión, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia inició la indagación preliminar contra Gaviria, por hechos ocurridos en su primer periodo como gobernador.
El pasado mes de abril citó al político a una indagatoria, como parte de esas averiguaciones iniciales.
Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema, explicó las etapas que siguen, según los procedimientos del antiguo - pero vigente- sistema penal.
“Con la medida de aseguramiento, el fiscal definió la situación jurídica del sindicado, continuando el periodo de investigación del proceso o de instrucción sumarial”, señaló. Para tomar esa medida, el funcionario solo necesita un indicio o un testigo.
Después, el ente acusador tiene entre 30 y 60 días (según la cantidad de implicados en el caso) para acopiar pruebas, que le permitan tomar la siguiente decisión.
Al final de la investigación inicial, agregó Arrubla, el fiscal calificará la etapa sumarial, que puede ser de dos vías: 1). Acusa formalmente a Gaviria, ante la Corte Suprema de Justicia; 2). Declara un sobreseimiento del caso, es decir, desiste de la acusación y el expediente se archiva en consecuencia; esta última decisión se da en la eventualidad de no tener evidencia suficiente.
Si lo acusa, comenzaría el juicio ante la Corte Suprema, que es el juez natural de los aforados, que incluye a los gobernadores (artículo 235 de la Constitución Política). El juicio tiene a su vez etapa probatoria, de alegatos jurídicos y, finalmente, se da el fallo de la Corte: absuelve o condena fijando, en este último caso, el monto de la pena.
El gobernador continuará el proceso en detención domiciliaria, según confirmaron fuentes judiciales.
La decisión contra Gaviria ocurre un día después de que el fiscal Francisco Barbosa instara a sus colaboradores a no abusar de las medidas de aseguramiento. “La libertad personal de los ciudadanos es la regla; y su limitación, sin arbitrariedades y dentro del marco de lo razonable y proporcionado, es la excepción” .
INFORME
Las opciones de la defensa
Arrubla indicó que, de presente y hasta el último momento, se presume la inocencia del gobernador Gaviria. Por ahora, su defensa tiene la posibilidad de controvertir esta decisión de la Fiscalía, de dos formas: 1). Mediante un recurso de reposición, que se expone ante el mismo fiscal que impuso la medida de aseguramiento; 2). Una apelación, que se instaura ante un superior, que podría ser el vicefiscal o el Fiscal General de la Nación.