Una semana prófugo ajustó el político antioqueño Óscar de Jesús Suárez Mira, a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le expidió una orden de captura el pasado 12 de noviembre.
El alto tribunal lo busca por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, el cual habría perpetrado de la mano de grupos al margen de la ley.
EL COLOMBIANO consultó este viernes a la CSJ sobre el desarrollo del caso, y sus voceros advirtieron que “no ha habido ninguna novedad hasta el momento, no se ha reportado ni la entrega ni la captura de esta persona”.
Esta es la segunda ocasión en la que la CSJ ordena la captura de Suárez Mira, quien es abogado de profesión y ha ocupado importantes cargos públicos, siendo Alcalde del municipio de Bello, representante a la Cámara por Antioquia y Senador de la República, además de ser considerado uno de los mayores barones electorales del Departamento, con influencia en muchas localidades y participación en múltiples empresas.
El ciudadano de 56 años es también la cabeza de una destacada dinastía política, de la cual hacen parte su hermana Olga Lucía, actual senadora, y su hermano César Augusto, alcalde electo de Bello para el periodo 2016-2019.
Un vocero de Óscar Suárez, quien solicitó la reserva de su identidad, declaró de forma categórica que él “no está prófugo”. Hizo énfasis en que “a pesar de ser un perseguido político, siempre ha respetado las instituciones”.
Explicó que aún no se ha presentado ante la Corte porque “se está asesorando en materia jurídica, por saberse inocente del proceso”.
Los simpatizantes del político bellanita en las redes sociales crearon la etiqueta #SuárezYoTeCreo, por medio de la cual le expresan su apoyo frente a esta situación.
Antecedentes
En el anterior proceso penal, iniciado el 26 de enero de 2011, el tribunal lo terminó condenando a nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado, en el marco de las investigaciones sobre la parapolítica (radicado 27267 de 2013).
En el juicio quedó establecido que se sirvió del apoyo de grupos paramilitares con fines electorales, durante sus campañas a la Cámara en 2002 y al Senado en 2006. El apoyo provino principalmente del bloque Élmer Cárdenas de las Auc en la región de Urabá y de las bandas asociadas con “la Oficina” en el Valle de Aburrá.
El 16 de diciembre pasado, tras ajustar tres años y 11 meses detenido, la justicia le concedió a Suárez Mira la libertad condicional. En ese momento, su abogado Julio Rodríguez explicó que un juzgado de penas y medidas le otorgó ese beneficio porque había pagado las tres quintas partes de la pena.
El político salió de la cárcel de Yarumito y regresó a su hogar, hasta que fue expedida la nueva orden de captura por otro cargo: enriquecimiento ilícito.
Al parecer este proceso se desprende de la parte resolutiva de la sentencia por parapolítica, proferida el 24 de julio de 2013, en la cual la Corte ordenó otras investigaciones en su contra. El alto tribunal compulsó copias para que se indagara la presunta participación de Suárez Mira en episodios de falso testimonio (en calidad de determinador), constreñimiento al sufragante y concierto para delinquir por acuerdos ilegales bandas criminales.
Tales bandas, de acuerdo con los testimonios escuchados en el proceso, serían “la Oficina” y “Pachelly”, que según la Policía se dedican al sicariato, extorsión, tráfico de drogas, desaparición forzada, desplazamiento y tráfico de armas en Antioquia, entre otros punibles.
