El recién sancionado candidato presidencial Sergio Fajardo, a quien la Contraloría dejó como uno de los 26 responsables del daño patrimonial que golpeó a Hidroiutuango, acaba de confirmar que alista un recurso judicial para obtener más tiempo de respuesta. Su intención es poder preparar la apelación y reposición del fallo, que si bien hasta ahora va en primera instancia (y tiene al menos dos más en camino), tendría impacto sobre su aspiración por llegar a la Casa de Nariño.
En efecto, Fajardo le confirmó este jueves a EL COLOMNBIANO que el recurso al que acude su defensa es una tutela y que, además de lo jurídico, se argumenta que se requiere de más tiempo (el plazo se vence este lunes 13 de septiembre) para responder a las 2.500 páginas del auto sancionatorio que emitió el organismo fiscal.
“Estamos poniendo una tutela para que den mas tiempo”, precisó Fajardo. Y agregó: “Es solo por algo elemental y razonable: a usted le entregan, el lunes, una cantidad de información, yo no sé cuántas personas están dentro de todo esto, y se necesita el tiempo para poder digerir lo que se dice, elaborar los argumentos. Esas son las reglas de nuestra sociedad. Espero que nos den un plazo para presentar nuestros argumentos, porque es muy cortico para organizar todo esto”.
El pasado lunes, la Contraloría Delegada Intersectorial 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción resolvió en primera instancia declarar la responsabilidad fiscal por culpa grave a 26 personas por el daño patrimonial de $4,33 billones que se adelanta por la contingencia en el proyecto Hidroituango. Entre los nombrados estuvo el del exgobernador de Antioquia (2012-2015) y candidato presidencial, Sergio Fajardo.
Contra este auto, emitido por la Contraloría, procedían desde ese momento los recursos de reposición y apelación, los cuales deben ser interpuestos dentro de los cinco días siguientes a la notificación, es decir, Fajardo tiene plazo para apelar hasta el lunes.
El monto por el que Fajardo está siendo investigado por la Contraloría se discriminó así: $2,9 billones a raíz de las “mayores inversiones realizadas no justificadas, que llevaron a que se diera una pérdida o destrucción del valor del proyecto”; y $1,1 billones por concepto de los recursos dejados de percibir por el Estado como consecuencia de la no entrada en operación.
Junto a él, también aparecían en el auto el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero (2008-2011) y los exgerentes de EPM, Federico Restrepo Posada (2008-2011) y Juan Esteban Calle Restrepo (2012-2015); y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo (2008-2011). Entre otros. Fajardo agregó para EL COLOMBIANO: “Y si no tenemos un fallo favorable con estos recursos, vamos a la otra instancia”.
EL COLOMBIANO también estableció que los abogados de otros de los sancionados analizan la viabilidad jurídica de poner recursos similares al de Fajardo, para tener más tiempo de contestación.
El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, le dijo a este medio que cinco días es muy poco y, por lo tanto, analiza la acción para requerir más plazo. El exgerente de EPM, Federico Restrepo, confirmó que presentará una solicitud directa a la Contraloría para tener más tiempo en la sustentación de los recursos.
Por su parte, Juan Carlos Herrera, apoderado del exgobernador Luis Alfredo Ramos, dijo que a pesar de lo extenso del fallo, “procederemos a preparar nuestros argumentos para el próximo lunes, que explica nuestra conducta y demuestran que nada tuvimos que ver con las acusaciones que se nos formulan”.
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