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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) y la Superintendencia Financiera de Colombia se pronunciaron, con preocupación y exigiendo con celeridad información clave, sobre las dudas que se ciernen sobre el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
En cartas remitidas al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, ambas entidades le pidieron cuentas sobre los efectos que un posible cambio de contratistas traería sobre los servicios públicos en Colombia. También le preguntan por la posible retirada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como financiador del proyecto.
La Superservicios, como policía administrativa de los prestadores de servicios públicos domiciliarios, le pidió al gerente informar, con claridad, sobre los riesgos ante un cambio de contratista y precisar, en este sentido, las modificaciones que un escenario como el anterior traería sobre el cronograma.
También le exigió cuentas sobre los efectos financieros que pueden derivarse de la posible cesión de los contratos, debido a la información que se conoció este viernes y que confirmó EL COLOMBIANO con una fuente de alta credibilidad, en la que el BID se retiraría del proyecto y procedería a cobrar la deuda que tiene EPM, por cambio de contratista y posibles retrasos.
En este sentido, la Superservicios también solicitó información detallada sobre las estrategias de mitigación de riesgos asociados a la liquidez del proyecto por un eventual retiro del BID y del impacto en el riesgo crediticio que esto pueda representar para la prestadora de servicios públicos. Los pedidos específicos de la entidad se presentan a continuación.
1. “Informe detalladamente el análisis de los riesgos derivados de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, con la matriz de riesgos actualizada donde se contemple esta posible cesión”.
2. “Informe cómo podría afectar el cronograma de entrega de la obra y el cumplimiento de las obligaciones de energía en firme asociadas al proyecto Hidroituango, en caso de cederse los mencionados contratos o en caso de que se obligue a la cesión y no se encuentre a un cesionario”.
3. “Informe cuáles son los efectos en la financiación del proyecto que pueden derivarse de la posible cesión de los contratos asociados a la ejecución de obra del Proyecto Hidroituango, incluyendo pero sin limitarse al retiro del BID del proyecto”.
4. “Informe las estrategias de mitigación de los riesgos asociados a la liquidez del proyecto por un eventual retiro del BID y del impacto en el riesgo crediticio que esto pueda tener”.
Los mismos pedidos hizo la Superintendencia Financiera, la cual se mostró preocupada por el posible retiro del organismo multilateral. La entidad, en su misiva dirigida a Carrillo, aseveró: “Le solicito informar inmediatamente al mercado, por conducto del Registro Nacional de Valores y Emisores, sobre la veracidad de lo mencionado en la citada nota (posible retiro del BID), precisando los riesgos derivados de la posible terminación del contrato y la cesión de este a un tercero, así como su impacto en situación financiera y jurídica de la sociedad”.
Luego, punto por punto, también se refirió a cuatro claridades.
1. “Efectos jurídicos y contables en la situación general de la sociedad de llegarse a materializar una cesión de los contratos asociados a la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango”.
2. “Efectos financieros sobre la sociedad, particularmente sobre el flujo de caja y el perfil de riesgo de liquidez”.
3. “Efectos sobre los contratos de operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, extranjeras y multilaterales, así como la potencial activación de covenants de aceleración y otras condiciones relevantes pactadas en estos contratos”.
4. “Afectación en el cronograma previsto para la finalización del proyecto e impactos financieros derivados de obligaciones futuras de prestación del servicio”.
Cruce de cartas entre Consorcio y EPM
La de este viernes, particularmente, fue una jornada turbulenta para el futuro del proyecto hidroeléctrico. Tras conocerse la posible retirada del BID, el presidente Iván Duque le salió al paso a la situación y afirmó que el proyecto no puede darse el lujo de la salida de ese organismo. “El BID genera credibilidad y confianza por sus prácticas sociales y ambientales. Su posible salida puede poner en riesgo la continuidad de la hidroeléctrica”, dijo el mandatario.
A esta declaración presidencial, se sumó un contrapunteo de cartas que viene desde el pasado jueves. Ese día el Consorcio constructor CCC Ituango, con firma a bordo de Santiago García Cadavid, su representante legal, le solicitó a EPM que defina la continuidad o no del contrato para la construcción de la presa, central y obras asociadas.
“En diferentes oportunidades hemos manifestado nuestro compromiso para continuar ejecutando el contrato que hoy está vigente hasta el 31 de diciembre del año en curso y brindarle a EPM el apoyo que esté a nuestro alcance con la ejecución de las obras faltantes, siempre y cuando la entidad así lo considere pertinente”, señaló la carta.
García Cadavid afirmó, en este sentido, que EPM debió tomar una decisión al respecto al finalizar julio pasado, pero que contrario a esto ha prorrogado la determinación tres veces. En relación a la carta dirigida a la gerencia de la entidad, esta compartió en la noche de este viernes otro comunicado.
En la misiva, la empresa indicó que ha sostenido reuniones con el Consorcio desde antes de conocerse el fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General, en las cuales se ha intentado resolver temas relacionados con costos, cronograma y claridad sobre la prórroga del contrato. Sin embargo, afirmó, “no ha sido posible obtener la aprobación de parte del Consorcio, pese a las diferentes propuestas que le ha extendido la Compañía”.
Y en cuanto a la búsqueda de nuevos contratistas, esta calificó la acción como una estrategia para blindar el proyecto, ante un posible fallo de la Contraloría General que ratifique la responsabilidad fiscal de las 26 personas naturales y jurídicas implicadas en el fallo por 4,3 billones de pesos.
Finalmente, EPM confirmó el pedido que dio a conocer el Consorcio CCC Ituango. La empresa afirmó que está semana se les recomendó a sus representantes postular, lo más pronto posible, empresas cesionarias que los sustituyan en la ejecución del proyecto. “En el mismo acto de aprobación de la cesión, se prorrogaría el plazo del contrato con el fin de continuar las obras con las cesionarias. Para definir esta opción, las partes acordaron una nueva reunión el próximo martes, 26 de octubre”, concluyó EPM.