La creciente crisis de seguridad que enfrenta el municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia, dio un nuevo giro este viernes luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara al Gobierno Nacional adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil.
La decisión fue adoptada de oficio dentro de una acción popular respaldada por la Gobernación de Antioquia y obliga a la Presidencia de la República, así como a los ministerios de Defensa y del Interior, a diseñar e implementar, en un plazo máximo de 30 días, un plan de intervención para atender la compleja situación de orden público que atraviesa el municipio.
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El gobernador Andrés Julián Rendón celebró la determinación judicial y aseguró que esta ratifica las advertencias que la administración departamental ha venido realizando sobre el deterioro de la seguridad en Briceño.
Según indicó, el Tribunal reconoció que los habitantes permanecen expuestos a un riesgo permanente debido a la presencia de grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas que operan en la zona.
“El Tribunal reconoce lo que hemos denunciado: los habitantes de Briceño enfrentan un riesgo inminente y constante por la presencia de estructuras armadas ilegales, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas”, dijo Rendón.
En el auto, el alto tribunal concluyó que existen amenazas sobre derechos colectivos como la paz, la seguridad pública, el uso y disfrute del espacio público y la protección de los bienes públicos, razón por la cual consideró necesaria la adopción inmediata de medidas cautelares.
Como parte de las órdenes impartidas, la Presidencia de la República deberá informar, en un plazo de diez días hábiles, cuántos efectivos de la Fuerza Pública se requieren para contener la situación de violencia en Briceño, además de presentar un reporte sobre los desplazamientos forzados documentados por las entidades estatales.
Asimismo, el Tribunal dispuso la conformación temporal de un Consejo de Seguridad extraordinario, liderado por la Presidencia, que tendrá la tarea de coordinar una política pública específica para el municipio y elaborar un plan integral de protección dirigido a salvaguardar la vida y la integridad de la población civil.
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Esta decisión se produce en medio del recrudecimiento del conflicto armado en Briceño, donde durante los últimos meses se han intensificado los enfrentamientos entre estructuras ilegales, situación que ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas contra la población y un creciente temor entre las comunidades rurales.
La Gobernación de Antioquia ha insistido en la necesidad de una mayor presencia del Estado y de acciones contundentes por parte del Gobierno Nacional para contener la escalada de violencia en esta zona del departamento.
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