Por esta época, en años anteriores, la Defensoría del Pueblo, secretarías de educación y hasta el Ministerio de Justicia con su aplicación Legalapp reportaban cientos de quejas de padres de familia por algunas de las solicitudes en las listas escolares, no solo insólitas, sino prohibidas en la Ley 1269 del 31 de diciembre de 2008, entre las que podía encontrarse resmas de papel en cantidades industriales, instrumentos de laboratorio, dotación de aseo, kits de cocina, juegos de mesa y hasta medicamentos.
Sin embargo, el panorama escolar actual marcó una tregua en la polémica por los llamados útiles inútiles, la cual apunta principalmente como responsable a la mínima presencialidad que experimenta la educación del país. Solo por citar un caso, la secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Botero, dijo que esperan que recién en marzo tengan en las aulas 31.000 estudiantes, apenas el 8,3% de los 373.000 alumnos matriculados en el departamento hasta el lunes pasado.
No obstante, ni los cambios en las listas de útiles se enmarcan solo en la supresión de implementos sin un fin práctico ni las polémicas entre familias y colegios por requerimientos escolares quedaron zanjadas por completo, según testimonios de padres y educadores.
Austeridad como pauta
La rectora del Marymount Medellín, Catalina Guzmán, sostiene que dadas las circunstancias se enfocaron en fomentar el aprovechamiento de recursos en su propuesta de implementos de estudio.
“Planificamos para que las estudiantes pudieran en la mayor medida posible trabajar con implementos que encontraran en sus casas y les hicimos la invitación de reutilizar los cuadernos del año pasado, no solo como una búsqueda de alivio a las finanzas de los hogares, sino como un ejercicio de consumo consciente que generalmente no teníamos muy presente cuando arrancaba la temporada escolar”.
Luz Adriana Casas, una madre de familia del colegio de María Aranjuez, dice sentirse sorprendida por cómo caló en su hija el mensaje de austeridad que dieron los profesores a finales del año pasado.
“La decisión de ella de reciclar varios cuadernos y papelería, y la posibilidad que tenemos los papás de comprar lo que nos pidieron conforme vayan necesitándolo, y no tener que llevar todo al tiempo a principio de año, ha sido un verdadero alivio”, dice la acudiente de Isabel, que arranca esta semana en cuarto grado.
Luz Adriana se dio a la tarea esta semana de cotizar en el Pingüino, uno de sitios más concurridos de la ciudad en temporada escolar, cuánto le costaría adquirir la lista completa que le pidió el colegio.
El resultado fue 179.938 pesos, incluyendo 11.000 de domicilio, un valor que con la reutilización de cuadernos y la posibilidad de adquirir los útiles paulatinamente no tendrá que juntársele con los 200.000 pesos que sí deberá sacar para adquirir los textos escolares pedidos.
Y es que este año, sin la solicitud de implementos insólitos, la tensión entre padres y colegios se ha centrado en estos libros exigidos por las instituciones educativas.
“Cada año recibíamos a nivel nacional, no cientos sino miles de quejas por abusos en los requerimientos de las instituciones. Entonces, la conclusión lógica sería pensar que este año, por estar desde la virtualidad, los padres verían un respiro al respecto. En cuanto a pedidos absurdos ha sido un año atípicamente tranquilo, pero no completamente justo”, señala Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones y Ligas de Asociaciones de Padres De Familia –Confenalpadres–.
“Los colegios privados están amarrando la compra de estos textos al uso de plataformas digitales con las que trabajan en la virtualidad y que vienen con un usuario y clave, de manera que si una familia no adquiere los libros, el niño queda excluido de esos contenidos”, asegura.
Ballesteros dice que solo a partir del 25 de enero, que ya casi la totalidad de colegios empiecen calendario, tendrán un panorama más real de cuáles serán los requerimientos impuestos a las familias.
Por ahora, dice, los sondeos hechos por la Confederación a nivel nacional inquietan a las familias.
“El gasto para estos libros está entre 350.000 pesos y 900.000 pesos, esto seguro va a crear un conflicto porque entre lo que hemos indagado, no es que no quieran, sino que las familias, sobre todo la clase media, no están en posición ahora de correr con estos gastos”, enfatiza.
Un testimonio concreto para ilustrar la problemática generalizada que expone Ballesteros lo entrega Liseth Martínez, de la Asociación De Padres de Familia del Instituto San Carlos de La Salle.
“En términos generales la lista que nos entregaron no contiene mayor diferencia al año pasado, es como si estuviéramos en completa normalidad. Pero lo más crítico es la exigencia de comprar libros digitales por 600.000 pesos que son unas bitácoras de lectoescritura y otros textos. Entonces creemos que el concepto de útiles inútiles no desapareció este año, sino que evolucionó y lo sufrimos ahora en forma de estos requisitos que no concuerdan ni con la necesidad actual de nuestros hijos ni con la situación económica general”, expresa Martínez.
Es de anotar que en estos casos señalados, las instituciones se acogen a la Ley 115 de 1994, que les permite solicitar textos (ya sean físicos o virtuales) de un autor y editorial específica, de acuerdo a su autonomía para definir su currículo académico.
Lo que no pueden hacer es imponer un proveedor para que los padres adquieran los libros solicitados.
Sobre el tema, el padre Osvaldo Cano Torres, presidente de Conaced Antioquia, que reúne 152 colegios católicos privados, entre estos San Carlos, aclara que contrario a crearles dificultades a los padres lo que buscan las instituciones educativas al hacer convenios con las editoriales es propiciarles un beneficio educativo y económico.
“Los convenios sirven para que un libro que el mercado les cobra a 90.000 pesos, los padres de familia puedan adquirirlo en 75.000 u 80.000 pesos, pero no es que de ahí le toque un porcentaje al colegio”.
Amplía el padre Cano que incluso en la búsqueda constante por ofrecer herramientas pedagógicas aptas y brindar soluciones a las familias “algunos colegios han optado por hacer sus propias guías de trabajo, que salen mucho más baratas. Hay colegios en los que las guías valen 60.000 o 70.000 pesos, incluso, 120.000 pesos por todas las materias, todos son esfuerzos que es bueno que los padres tengan en cuenta”.
Otra cara de la moneda
El reverso de esta nueva dinámica en la temporada escolar la ofrece el sector comercial; papelerías, cacharrerías, librerías y también almacenes de cadena.
Según Fenalco, el 83% de los establecimientos que vende útiles escolares en Medellín y el Valle de Aburrá vio caer sus ventas hasta en un 80%. Para el 17% restante las cifras son más críticas.
Fenalco entrega además otro dato que evidencia que testimonios como el de Luz Adriana encuentra amplio consenso bajo las circunstancias actuales, pues mientras que en 2020 el promedio de consumo de un estudiante en el Valle de Aburrá oscilaba entre 300.000 y 700.000 pesos, este año está entre 100.000 y 300.000 pesos.
Lo cual, por un lado ha sido un factor favorable para las finanzas de los hogares, pero por otro lado un golpe a un sector que cuenta con 2.270 establecimientos en el departamento y genera unos 5.900 empleos.
El director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Carlos Andrés Pineda, señala que “los cambios en las tendencias del consumidor nos llevarán a observar un nuevo panorama de compra en todos los sectores, haciendo un especial énfasis en que la virtualidad influirá en el nuevo consumo”.
Pese a esto el 47% de los comerciantes cree que la situación va a mejorar. Esto, dice Pineda, requerirá pensar en una temporada escolar más larga, que coincida con las necesidades de las familias que apuntan a hacer compras de útiles de una manera dispersa, austera y práctica. Será cuestión de adaptarse
48%
de los hogares en Medellín y el Valle de Aburrá ahorró en diciembre para la temporada escolar, según Fenalco.
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