En un barrizal, al que ni los vehículos livianos pueden acceder, se ha convertido un tramo de casi 500 metros de la vía que del sector El Aviador lleva a la escuela Gabriela Mistral en el municipio Copacabana, y que por orden judicial debió pavimentarse hace más de tres años.
En julio de 2018 la comunidad de la vereda San Juan ganó una acción popular que obligaba a la administración a pavimentar dicha vía. Sin embargo, las obras apenas se contrataron en diciembre pasado, explicó Beatriz Rivera, vecina de la obra e integrante del Comité de Veedurías Ciudadanas que vigila el manejo y los recursos de la misma. “El juez dictaminó máximo seis meses para la realización de la obra. Estamos en octubre de 2021 y nada que se entrega”, agregó.
Contratista ha incumplido
Según la licitación pública LP-02-2020, y buscando cumplir el fallo judicial, la Alcaldía de Copacabana generó el contrato 323-2020 por valor de $695 millones aportados por el Invías y al que según la documentación se le adicionaron cerca de $270 millones desde la administración.
El objeto del mismo buscaba “aunar esfuerzos para el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales de la vereda El Salado -en el sector puente El Aviador- y las veredas Sabaneta y Quebrada Arriba de Copacabana”.
De los 37 oferentes, el contrato se le adjudicó al Consorcio Copacabana Rural 2020 y compuesto por las empresas CivilMaz Ingeniería S.A.S y Eaza Ingeniería S.A.S.
La obra -que según el Sistema de Contratación Pública Secop- inició el 1 de febrero de 2021 estaba prevista para culminar tres meses después. O sea, en mayo. Sin embargo, la minuta del contrato en su prórroga Nro.5 confirmó lo dicho por la veedora y, luego de darle cinco prórrogas al consorcio, pone como último plazo para entregar la pavimentación de la vía el 30 de octubre.
Pero, tal como constató El COLOMBIANO, el avance de las obras (que comprenden la carrera 28 entre las calles 39 y 43) no es óptimo. Incluso hay algunas que apenas se inician.
El tramo presenta graves afectaciones en su pavimentación, lo que ha entorpecido el acceso a las viviendas del sector, así como a la Casa de Espiritualidad María Mazzarello.
Es más, el cierre hecho por el Consorcio obliga a los habitantes de las veredas El Salado, Montañita, Sabaneta y Quebrada Arriba a desviarse por otra ruta aumentando el tiempo en sus desplazamientos.
Deudas y malas condiciones
Otro asunto que halló EL COLOMBIANO es que algunos de los obreros no contaban con dotación propia para sus labores e incluso algunos relataron que los pagos de sus sueldos se han demorado hasta cinco días después de las quincenas. Tampoco tienen un baño portátil o un sitio de descanso adecuado, elementos básicos para realizar las labores en condiciones dignas.
Además, otros contratistas que laboraron para el consorcio como AMD Construcción, y Londoño y Sierra Construcciones se han quejado de que Copacabana Rural 2020 les quedó mal con el pago de tareas realizadas por ellos hace más de cuatro meses.
Responde la Alcaldía
El secretario de Infraestructura de Copacabana Oswaldo Isaza mostró su preocupación por la lentitud de las obras desarrolladas por Copacabana Rural 2020, pese a que ya se le entregaron más de $200 millones (el 30 % del contrato).
“Hemos visto que el personal operativo no tiene el rendimiento que se observa en una construcción de estas características. Por eso estamos mirando las posibilidades de generar procesos de multa contra el Consorcio por el atraso y el incumplimiento en los términos contractuales”, agregó Isaza.
De hecho, teniendo en cuenta que parte de los recursos provienen del Invías, se citó una reunión en la que participó esta entidad, la municipalidad, la veeduría de la obra y el mismo consorcio.
En ella se planteó la necesidad de que Copacabana Rural 2020 cediera la pavimentación de la vía (que compone el 53% del contrato pactado) a la empresa Procopal, pues esta –con mayor capacidad operativa– podría cumplir con la pavimentación más fácilmente en el plazo cercano.
