¿A qué otros peces gordos favoreció esa decisión? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades en Antioquia? Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Según fuentes policiales, “el Montañero” viajó a Francia y España en septiembre de 2025. ¿Cumplía funciones de vocero de paz? Fotos de cortesía.

La opinión pública se enteró de la situación el 31 de marzo de 2026, por una primicia de El Colombiano, que obtuvo la Resolución N° 00072 del ente acusador, fechada el 27 de marzo anterior, la cual otorgó el beneficio a los voceros de las bandas del área metropolitana de Medellín que participan en el espacio de diálogos sociojurídicos instalado en la cárcel de Itagüí.

El documento ordenaba “suspender todas y cada una de las órdenes de captura, que se hayan dictado o llegaren a expedir en contra de los voceros principales de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”.

La decisión fue anunciada por la Fiscalía luego de una reunión de alto nivel con el presidente Gustavo Petro y delegados de su gabinete, realizada en Bogotá el pasado 26 de marzo. En ella se analizó “el cumplimiento de los compromisos para estar en las mesas de diálogos”, según uno de los funcionarios que asistió, y se estimó que la del Valle de Aburrá tenía avances importantes.

De los 23 favorecidos inicialmente, hay siete que ya habían salido de prisión por pena cumplida en los últimos meses, y solo “el Montañero” tenía una orden de captura vigente, de acuerdo con fuentes judiciales.

Él es el fundador de la organización criminal “el Mesa”, surgida en el municipio de Bello en los años 90, y actualmente tiene tentáculos en Medellín, Bogotá, el Oriente y el Norte de Antioquia, Caquetá, Boyacá y Soacha (Cundinamarca).

El grupo, con cerca de 400 integrantes, se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsión, comercio ilegal de lotes, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado y terrorismo, entre otros delitos.

En las bases de datos judiciales, “el Montañero” figura con tres nombres y con cada uno registra antecedentes penales distintos: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (de nacimiento), Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña, con el cual ingresó a la mesa de “paz total” con el Gobierno, en 2023.

Su última captura fue en 2019 y lo condenaron a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Recobró la libertad el 14 de marzo de 2024, es decir, apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia.

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“EL MONTAÑERO” ESTABA A PUNTO DE SER CAPTURADO OTRA VEZ
Durante el tiempo en el que estuvo en prisión, “el Montañero” resultó involucrado en un asesinato. Tal cual informó Revelaciones del Bajo Mundo en ese momento, ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, un cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

El proceso penal derivó en una orden de captura en 2025, por lo cual las agencias de seguridad le estaban siguiendo la pista.

Fue así como se enteraron de que en septiembre del año pasado estuvo de viaje en París, Francia, de acuerdo con fuentes cercanas al caso; luego se movió hacia Madrid, España, aunque no fueron claros los motivos de la aventura. ¿Qué hacía un vocero de paz del Valle de Aburrá en la Ciudad Luz? ¿Qué tenía que ver ese paseo con las funciones que le otorgó el Gobierno? ¿O estaba de negocios?

Esta era una de las cuestiones a resolver si se concretaba su captura, pero tras la resolución expedida por la Fiscalía, los investigadores quedaron con las manos atadas.

De acuerdo con las pesquisas policiales, “el Montañero” al parecer ya regresó al país, aunque con un bajo perfil, pues “el Mesa” está en guerra contra el Clan del Golfo por el dominio del bajo mundo en el Oriente de Antioquia, razón por la cual pesa sobre él una amenaza criminal.

Otras fuentes aseguran que sigue en España, pendiente de las elecciones del 31 de mayo, para ver quién será el próximo presidente de Colombia.

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LA FISCALÍA SE ECHÓ PARA ATRÁS

La medida de la Fiscalía causó un fuerte rechazo a nivel nacional y regional, en particular porque sucedió en plena época electoral, lo que despertó múltiples sospechas.

El candidato presidencial Roy Barreras, antiguo asesor del presidente Gustavo Petro, señaló que la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá está relacionada, presuntamente, con la búsqueda de votos.

El comentario se registró durante una conversación con los periodistas del portal noticioso Los Danieles, en la cual le preguntaron al exembajador en el Reino Unido: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno? (Iván Cepeda)”.

“No solo en Antioquia”, respondió Barreras. “Estoy seguro que sí (…). Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la paz total con ese objetivo”, acotó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, para que la Fiscalía revocara su decisión.

Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que presentará un proyecto del ley al Congreso para derogar la Ley de Paz Total, en la cual se basan las gabelas que el Gobierno les da a los capos con los que negocia.

Frente a toda esta presión, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, expidió una nueva resolución este 6 de abril (N°00079), en la cual modificó parcialmente la medida anterior, suspendiendo solo las órdenes de captura a quienes ya han salido de la cárcel.

Lo insólito del hecho es que la funcionaria admitió en una entrevista con Caracol Radio que no conocía los apodos de estos personajes, los cuales ocupan los titulares de prensa hace más de una década.

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes (los entrevistadores), si en ese listado (que le compartió el Gobierno) hubieran estado los alias, y uno ve a ‘Douglas’, uno sabría que esa persona está privada de la libertad. Pero cuando a mí me dicen ‘el Montañero’, no sé quién es”.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, dijo que no sabía quién era “el Montañero”, a pesar de que le suspendió la orden de captura. Fotos de cortesía.

LOS VOCEROS DE BANDAS INVOLUCRADOS

Además de “el Montañero”, los favorecidos con la suspensión de las órdenes de captura fueron seis peces gordos que también están libres:  Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”) y su hermano Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de la banda “Pachelly; Jhon Fredy Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”; Mauricio de Jesús Morales Múnera (“el Abogado”) y Fredy Alexander Henao Arias (“Naranjo”), de “los Triana”; y Andrés Dimaría Oliveros Correa (“Mundo Malo”, de “la Silla”. Curiosamente, casi todos estos grupos delinquen en el municipio de Bello.

Los otros 16 voceros seguirán en prisión, hasta terminan de cumplir sus penas vigentes. Ellos son: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23″), de “Niquía Camacol”; Dayron Alberto Muñoz Torres (“el Indio”), de “Trianón”; Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”), de “Altos de Aranjuez”; Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.

La lista sigue con Carlos Augusto Correa López (“Mono Pepe”) y Wálter Alonso Román Jiménez (“el Tigre”), de “la Unión”; Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), de “Barrio Antioquia”; Jesús David Hernández Grisales (“Chaparro”), de “la Milagrosa”;  Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (“Vallejo”), de “el Mesa”; José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”) y Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (“el Compa”), de “la Terraza”.

Además de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas”; Paulo Andrés Torres Flórez (“Pocho”), de “la Agonía”; y Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de “Caicedo”.

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 El Inspector.

En el bajo mundo son conocidos como los “invisibles” y los “baby narcos”, dos figuras opuestas en el juego de la mafia. Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Tello Candelo (“Negro Frank”) encabezó la lista de extraditados a EE.UU. en octubre; en el círculo de arriba, Jorge Herrera (DJ Regio Clown); y abajo Juan Pablo Leal (“Pablito Tuci”). Fotos cortesía de Policía y archivo.

En una lánguida fila india, con las muñecas esposadas y bajo la mirada penetrante de los agentes de Interpol, desfilaron de uno en uno nueve extraditables solicitados por las cortes de EE.UU.

Sucedió el pasado 31 de octubre en el aeropuerto de Bogotá, donde un avión de la agencia U.S. Marshals Service los esperaba para partir hacia sus eventuales condenas.

Entre los desdichados iba Luis Frank Tello Candelo, alias “el Negro Frank”, señalado de coordinar una ruta de narcotráfico marítimo y aéreo que atraviesa Colombia, Venezuela, Honduras y México.

Estuvo preso en 1996, pero salió a los tres años por vencimiento de términos, cuando su expediente desapareció de la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese tiempo era lugarteniente de Daniel “el Loco” Barrera, cabecilla de una naciente organización con ínfulas transnacionales, que a futuro sería conocida como la Junta Directiva del Narcotráfico.

Luego lo arrestaron en 2010 en Venezuela, junto a su cónyuge Gloria Rojas Valencia, señalados de fungir como enlaces en Suramérica del cartel mexicano “los Zetas”.

Ambos fueron extraditados y procesados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y cinco años después regresaron a Colombia.

“El Negro Frank” volvió a las andadas, y entre 2018 y 2021 coordinó más despachos de droga por la misma ruta, por lo que la Corte del Distrito Sur de Florida le abrió un nuevo expediente. La Dijín lo recapturó en 2023, y desde entonces estaba a la espera de su segunda extradición en la cárcel La Picota, la cual se materializó cuando abordó ese avión hace cinco meses.

A pesar de semejante prontuario, Tello era prácticamente desconocido para la opinión pública. A diferencia de otros capos, su rostro nunca apareció en el cartel de los más buscados, ni le asignaron estrafalarias recompensas en su contra, ni salió en revistas de chismes relacionado con actrices.

Tampoco fue mencionado su nombre en masacres o atentados sicariales, pese a moverse en el sórdido mundo de la mafia. ¿La razón? “El Negro Frank”, a sus 63 años, hace parte de esa generación de delincuentes denominados “narcos invisibles”, los cuales pululan en la actualidad, cuando el negocio de la cocaína alcanzó rendimientos históricos.

Pero no es el único espécimen “raro” que ha salido a flote recientemente, en el vasto paisaje del crimen organizado.

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“INVISIBLES” Y BABY NARCOS”
El mismo día en que Tello era extraditado por segunda ocasión, la Fiscalía de México anunciaba las capturas de 16 personas implicadas en los brutales asesinatos de dos músicos colombianos, Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), cuyos restos desmembrados fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Como móvil del crimen, el ente acusador expuso que “los actos investigativos realizados hasta el momento vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘tuci’ y ‘coco channel’”.

La hipótesis es que los colombianos fueron acusados, por un narco apodado “Pantera”, de vender drogas sin autorización en su territorio.

Aunque B-King y DJ Regio Clown no tenían investigaciones penales en su contra, en México la sospecha de un capo es una sentencia de muerte.

La Fiscalía presume que Herrera era un joven que usaba su carrera musical como fachada para la venta de tuci en conciertos, que era, ni más ni menos, un “baby narco”.

Esta denominación, acuñada por la Policía colombiana, también aplica a un caso registrado a principios del 2025, cuyo protagonista fue Juan Pablo Leal Velásquez, un muchacho de 27 años conocido en el bajo mundo de Medellín como “Pablito Tuci”, considerado uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el Valle de Aburrá.

En el barrio Santa Cruz, de estrato bajo, mandó a construir una pequeña mansión de $4.000 millones, con jacuzzi y pasadizos secretos, donde hacía rumbas con DJ, influencers, modelos y traquetos. En una de ellas, el pasado 17 de febrero, fue asesinado su socio Cristian Tobón, originando una balacera de la cual “Pablito Tuci” logró escapar.

La muerte lo persiguió hasta un condominio del municipio de Calima Darién, en Valle, donde el 11 de marzo de ese año fue acribillado por sicarios.

A diferencia de los “narcos invisibles”, los “baby narcos” no son veteranos de perfil anónimo, sino jóvenes extravagantes que se precian de pertenecer a la farándula de la mafia, con un estilo de vida llamativo y jolgorioso.

Usan conciertos y “after parties” para distribuir narcóticos y exponer sus lujos en las redes sociales.

“Los ‘invisibles’ decidieron modificar sus comportamientos, buscando ocultar su identidad y generar un total desconocimiento del responsable de los cargamentos de estupefacientes. Su suspicacia, su experiencia, sus relaciones personales y alcances criminales, los hacen difíciles de detectar. En cambio, los ‘baby narcos’ destinan gran parte de su dinero en opulencias, que van desde su manera de vestir, hasta los lugares donde residen; sus relaciones interpersonales son públicas y ser festivos es una de sus debilidades”, le explicó a El Colombiano el coronel (r) Marco Pulido, exoficial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y analista de criminalidad.

Felipe Botero, jefe de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, relató que “hoy tenemos un fenómeno de fraccionamiento del modelo de narcotráfico, ya no hay grandes grupos jerárquicos como el cartel de Medellín, sino más pequeños y especializados en roles específicos del negocio, que cooperan entre sí”.

En consecuencia, “esto permite el ascenso de jóvenes que provienen de bandas locales, quienes pasan a tener responsabilidades en la red transnacional y se enriquecen muy rápido. Durante un trabajo de campo en el norte de Cauca, por ejemplo, encontramos muchachos de 16 años que ya estaban involucrados y tenían ingresos altísimos”, acotó el experto, refiriéndose a los “baby narcos”.

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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO
En los últimos 50 años de historia del crimen en Colombia, es posible identificar cuatro etapas del negocio del tráfico de cocaína, cada una con unos representantes conocidos y características particulares.

La primera generación se forjó en los 80, con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cuales ejercían el monopolio global de la distribución del narcótico. Estas estructuras funcionaban como conglomerados empresariales, formados por varias compañías y una especie de junta de directiva con presidente ejecutivo.

Conformaron ejércitos de sicarios, instruyendo a grupos de operaciones especiales (para secuestros, masacres y carrobombas) y contratando a las bandas barriales para sus “vueltas” urbanas.

Buscaron incidir en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios en todas las ramas del poder, mediante la oferta de sobornos e intimidaciones, y asesinando a los servidores públicos que los combatían.

La matanzas que desató el cartel de Medellín para suprimir las normas de extradición, por ejemplo, generaron un nuevo concepto en el extenso diccionario de la violencia en Colombia: el narcoterrorismo.

Aunque la precursora de esta generación fue Griselda Blanco (“la Madrina”), la primera en establecer una ruta de exportación de cocaína hacia el exterior y controlar la distribución en varias ciudades de EE.UU., sus máximos exponentes fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

De ellos, solo este último está vivo, purgando sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos, a sus 82 años de edad.

El comportamiento estrafalario y los lujos excesivos que derrocharon ellos y sus lugartenientes, sentaron las bases de la “cultura traqueta”, que ha influenciado a miles de jóvenes desde entonces.

La segunda generación se estableció en los 90, cuando los grupos armados como las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asumieron un rol protagónico en el entramado. Antes, su acción se limitaba al cobro de “impuestos de gramaje” a los capos, por permitirles procesar y transportar la droga en sus territorios, o a establecer convenios de cooperación a cambio de dinero, ejecutando tareas de escolta, atentados y vigilancia de laboratorios clandestinos.

Pero con la caída de los grandes carteles, los guerrilleros y paramilitares tomaron las riendas, no solo para financiar sus respectivas causas, sino para abastecer un mercado internacional que cada vez más demandaba la cocaína.

A diferencia de los narcos de la primera generación, estos no solo tenían interés en los réditos económicos, sino en el control de territorios rurales y sus respectivas comunidades, para asegurar monopolios de cultivo de coca.

Incorporaron otras rentas, que a la postre terminaron invirtiendo en la tecnificación del tráfico de narcóticos: la extorsión generalizada y la minería ilegal de oro.

Entre sus exponentes están Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”) y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), entre otros.

La tercera generación surgió en la década de 2006 a 2016, en cabeza de facciones herederas de las desmovilizada Farc y AUC, y de los antiguos carteles, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “la Oficina”, “los Pachenca” y “los Paisas”.

Estos grupos operan como confederaciones, que incluyen narcos que manejan las finanzas, pero también un aparato militar para el dominio territorial.

Ya no se dedicaron al monopolio, sino a establecer sociedades con mafias extranjeras que se encargaran de la distribución global del narcótico, lo que facilitó el ingreso a Colombia de delegados de grupos mexicanos, italianos, balcánicos, marroquíes y ecuatorianos, entre otros.

Invirtieron grandes sumas de dinero en negocios legales, perfeccionando las dinámicas de lavado de activos, hasta colonizar mercados de criptomonedas y contrabando de mercancía.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, narcotraficante de tercera generación, condenado en EE.UU. Foto cortesía de Policía.

Algunos de sus representantes son Dairo Úsuga (“Otoniel”), Néstor Vera (“Iván Mordisco”), Javier y Luis Calle Serna (“los Comba”) y Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), entre otros.

La cuarta generación se caracteriza por una democratización total del narcotráfico de cocaína, para surtir una demanda mundial de 25 millones de consumidores (según la ONU), con la entrada en escena de grupos independientes y sigilosos, que no están inscritos en ninguno de los carteles conocidos, pero que tienen la capacidad asociativa para despachar decenas de toneladas al exterior.

No les interesa el control de zona rurales ni desafiar al Estado, sino más bien camuflarse en la sociedad. “Son pequeñas estructuras que tercerizan muchos procesos, usan nuevas tecnologías y están altamente conectadas con compradores extranjeros”, dijo Ana María Rueda, coordinadora de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Fue durante la transición de la tercera a la cuarta generación, que aparecieron en escena “los invisibles” y los “baby narcos”, como una nueva forma de interpretar el poder criminal, delegando en otros el ejercicio de la violencia para concentrarse en maximizar las ganancias.

En la actualidad conviven los narcos de varias generaciones, peleando y asociándose entre sí, según la conveniencia. Hay unos de segunda generación, como Luciano Marín (“Iván Márquez”), exmiembro del Secretariado de las Farc; de tercera, como Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), del Clan del Golfo; y de la cuarta, como el fallecido “Pablito Tuci”.

A todos parece esperarles un oscuro final, en una bolsa para cadáver o un indeseado vuelo hacia una corte extranjera.

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El Inspector.

En el registro a la vivienda encontraron artilugios de brujería y un archivador en el que se guardaban las fichas personales de sus víctimas potenciales, incluyendo el precio por “hacerles la vuelta”. Este es un reportaje exclusivo de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son algunas de las fichas personales que la célula sicarial guardaba con información de blancos potenciales. Foto de cortesía.

“Si ustedes no entran a esa casa ya, van a matar a otro mexicano. Si no entran, mañana hay un muerto en Medellín, porque ya mandaron el pago por bitcoin”.

La voz del informante sonó muy seria al otro lado del teléfono. Se refería a una vivienda de clase media, localizada en el barrio Kennedy, entre las comunas de Robledo y Doce de Octubre, que los investigadores de la Policía llevaban tres días monitoreando.

Según la fuente, era un lugar de reuniones clandestinas, en el que no solo se planeaban homicidios, sino que se practicaban rituales de santería y sacrificios de animales para invocar las fuerzas del más allá en favor del crimen.

Los comandos allanaron la residencia el 11 de febrero de 2026, al mediodía, justo cuando los inquilinos estaban congregados para una videollamada con el intermediario del cliente que los contrató para el sicariato del mexicano.

Quienes participaron en el asalto, contaron que “la energía era muy pesada” en la casa, la cual tenía unos 65 metros cuadrados de superficie. No había camas, ni muebles, tan solo una mesa en un patio con seis sillas; en una de las habitaciones encontraron dos altares con esculturas de santos católicos y emblemas de brujería, como la santa muerte y el bandolero Jesús Malverde, venerado por narcos de México y Centroamérica.

Adentro había una mujer y ocho hombres, con ocho armas de fuego, municiones, 29 celulares, tres computadores y dos tablets. Todo era bastante inusual en esta guarida, pero los policías quedaron impactados por un viejo archivador que contenía unos documentos similares a currículos.

El informante detalló que la banda de sicarios llenaba un formato impreso con cada blanco potencial, la mayoría de ellos extranjeros, lo que demuestra un sofisticado nivel de organización.

El Colombiano tuvo acceso exclusivo a fotos de algunos documentos de ese archivador, constatando la manera en la que el grupo sistematizaba su catálogo de la muerte.

Esta es la casilla de “valor” que traen las fichas personales de los posibles objetivos, con un precio aparentemente codificado. Cortesía.

INVENTARIO DE VÍCTIMAS Y PRECIOS
Los papeles están marcados con el título de “ficha personal”, incluyen ítems como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, trabajo y correo. Da la impresión que los sicarios usaron alguna clase de formato relacionado con trámites de inmigración a EE.UU., aunque carecen de sellos oficiales. La razón para suponerlo es que llevan la casilla “tiempo USA” y “estado”, en referencia al lugar de residencia y la duración de su estancia.

En los papeles analizados por este diario también están escritos los datos personales de las respectivas parejas de los blancos, con el tiempo de casados y si tienen o no hijos.

En primera instancia, pareciera que los ficheros recolectaran simplemente información de latinos que migraron a EE.UU., a no ser por la casilla más inquietante:“valor”.

Allí, de acuerdo con el informante, se ponía el precio por darlos de baja, en cifras codificadas que todavía no se han podido descifrar. En los documentos, ese espacio fue llenado con números de tres dígitos: 282, 323, 378, etcétera.

¿A cuánto dinero equivalen? Una hipótesis es que son valores netos de bitcoin, una criptomoneda que se comercia de manera virtual y al margen del sistema bancario, lo cual hace muy difícil rastrear las transacciones.

Sin embargo, hoy un bitcoin (BTC) equivale a $252 millones de pesos, según la plataforma de intercambio Coinbase. Esto implicaría que, bajo esa lógica, 282 BTC son $71.000 millones, una cifra desproporcionada para los agentes, por lo que todavía están en estudio esos números.

La fuente confidencial narró que los precios de base rondaban el medio millón de dólares por cabeza, es decir, $1.845’670.000 pesos, según la tasa representativa del mercado (Banco de la República).

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Estos son los datos personales de las víctimas potenciales que incluyen las fichas que guardaban los sicarios. Cortesía.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS
Por motivos de seguridad, reservaremos las identidades reseñadas en las fichas, algunas de las cuales estaban acompañadas de fotos y alias, manuscritos al margen de sus nombres: “el Chamán”, “Damián”, “Jesús”, “Amador”, entre otros.

En una primera revisión al archivador, se encontraron los ficheros de mexicanos residentes en ciudades y estados de EE.UU., como Las Vegas, Nueva York, California y Utah.

El informante recalcó que en la lista de víctimas había albaneses, canadienses y gringos. No dijo sus nombres, aunque una verificación a los asesinatos de esos nacionales perpetrados en Medellín en los últimos años puede dar pistas.

Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 fue acribillado en El Poblado el colombocanadiense Jonathan Acevedo García; y el 5 de octubre abalearon a Artur Tushi, procedente de Albania, también en El Poblado.

Si esos crímenes fueron cometidos por esa “oficina premium”, tal cual la llamó el alcalde Federico Gutiérrez, es algo que está por verse. Unas fichas están marcadas con fechas de 2019, lo que da una idea del tiempo que llevaría operando esa célula criminal.

Una revisión somera de los equipos decomisados sacó a la luz inventarios de nómina y videos en los que se veían sacrificios de animales y personas vendadas y bajo intimidación, como si estuvieran secuestradas. ¿Quiénes son y hace cuánto sucedió? Esas son las cuestiones que ahora debe desentrañar la Fiscalía.

El análisis forense de toda la evidencia recaudada podría tardar más de seis meses.

Estas fueron las personas capturadas en el allanamiento al barrio Kennedy, en Medellín. Cortesía.

“YO LOS SACO DE ESTO”
En el allanamiento fueron capturados Arley Olvany David David, presunto coordinador de la célula sicarial, y su esposa Laura Yecenia Hoyos Pérez, de 31 años, la supuesta secretaria encargada del archivador.

Con ellos cayeron Jhon Sánchez Granada, Santiago Vera Gaviria, Tomás Molina Zapata, Jonathan Laverde Piedrahíta, Nelson Lopera Henao, Mateo Botero Atehortúa y Jéferson Mira Alzate.

Tienen edades entre los 21 y 39 años; tres de ellos registran múltiples viajes a República Dominicana, México y Chile; y solo dos tenían antecedentes judiciales por receptación y porte ilegal de armas.

Los celulares incautados fueron comprados en el exterior, por lo que su código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, en inglés) es extranjero, lo que complica los trámites para interceptarlos y refleja la conexión transnacional de la banda.

En la audiencia de control de garantías, los procesados se declararon inocentes por el delito de porte ilegal de armas; el juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural y fueron repartidos en varias estaciones de Policía. La Fiscalía investiga para quién trabajan, pues al parecer hacen parte de una red más grande y rinden cuentas a un sujeto al que se refieren como “el Viejo”.

Tras finalizar la audiencia, el supuesto cabecilla, Arley David, les dijo a los detenidos: “Tranquilos, que yo los saco a todos de esto”.

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El Inspector.

Sucedió en las afueras de un restaurante de México, y aunque todavía es muy temprano para señalar a los responsables, las agencias de seguridad de Colombia ya empezaron a barajar a los posibles sospechosos. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Santiago Gallón Henao durante su captura en 2018; en el recuadro, la portada del diario irlandés sobre la muerte de “Packie” Moore. Fotos de cortesía.

En esa lista está una organización criminal de Europa, con la cual habría sostenido negocios en el pasado, los cuales terminaron con sangre de por medio. Un caso al cual El Colombiano le ha seguido la pista desde su origen.

La historia comenzó con un macabro hallazgo, el 2 de mayo de 2017, en el sector Santa Clara del municipio antioqueño de Caldas. Allí, según los lugareños, desconocidos bajaron de un automóvil blanco y arrojaron un cadáver a una cañada, cerca a la cuenca en la que nace el río Medellín.

El cuerpo estaba desnudo, atado de pies y manos, y con la cabeza envuelta en papel adhesivo. En la yerba aledaña abandonaron una bolsa plástica, que contenía su ropa.

La inspección a la escena del crimen fue realizada por agentes de la Sijín del Valle de Aburrá, quienes anotaron en su informe que el occiso era un NN masculino mayor de 50 años, de rasgos extranjeros, que tenía tatuados un Cristo, un pergamino que decía “mom and dad” (mamá y papá) y una bandera de la República de Irlanda, entre otros dibujos.

Con esa pista, la Policía se contactó con sus homólogos irlandeses e iniciaron las pesquisas juntos. Tres meses después, tras analizar las huellas digitales en el laboratorio y cotejarlas con los registros de las autoridades europeas, lograron identificar al finado: Joseph Francis Moore, de 55 años, oriundo de Balyfermont, un vecindario del suroeste de Dublin.

En el bajo mundo era conocido con el alias de “Packie”, y en las bases de datos de la Policía local figuraba como un traficante de drogas al servicio de la principal organización criminal de Irlanda: el Clan Kinahan, conformado por una peligrosa familia con múltiples antecedentes delictivos.

En este lugar fue abandonado el cadáver de Joseph Francis Moore, en Caldas (Antioquia). Foto cortesía Q’Hubo.

“Packie” tenía residencia permanente en España, donde al parecer coordinaba la llegada de cocaína colombiana mezclada con carbón, cemento y otros insumos industriales, la cual era posteriormente separada y embalada en laboratorios clandestinos en suelo español, para luego distribuirla en el Reino Unido y otras plazas de Europa Central.

¿Pero qué fue lo que ocurrió, para que terminara asesinado de manera brutal en un desolado paraje de Antioquia?

LA SOCIEDAD ENTRE GALLÓN Y EL CLAN KINAHAN

Con apoyo de colegas periodistas en Dublin, El Colombiano inició en ese entonces una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía le contaron a este diario que, según el registro migratorio, “Packie” Moore había llegado a Medellín procedente de España, el 1 de mayo de 2017, es decir, un día antes de su hallazgo en la cañada.

Indicaron que el occiso había viajado a Colombia para hacer negocios de narcotráfico, aunque no suministraron más detalles.

La pieza del rompecabezas que faltaba apareció en Dublin, donde el homicidio de “Packie Moore” causó conmoción entre sus allegados de Balyfermont, Uno de ellos se acercó a la Policía dublinesa y les contó que su amigo le había escrito antes de viajar a Suramérica, diciéndole que temía por su vida.

De acuerdo con su relato, el Clan Kinahan tenía una sociedad de narcotráfico con miembros de la familia Gallón Henao, de Medellín, que al parecer tenían negocios de minería de carbón en el municipio de Amagá (relativamente cerca de la escena del crimen).

Dicha actividad servía como supuesta fachada para camuflar cargamentos de cocaína en bultos del mineral, que luego eran exportados a la península ibérica en contenedores.

El problema surgió en febrero de 2016, cuando las autoridades europeas decomisaron un alijo de 130 kilos en el puerto de la ciudad española de Valencia. Los investigadores, además, allanaron un laboratorio clandestino e incautaron otros 300 kilos del alcaloide, desmontando toda la operación ilegal.

En la acción policial fue detenido, con fines de extradición, el supuesto coordinador colombiano de la exportación: William Rafael Vargas Maestre, alias “el Canoso” o, como le decían sus socios irlandeses, “the Grey Man” (el hombre gris).

La pérdida del laboratorio, de la droga y del coordinador, generó una disputa interna entre los implicados. Según el relato del informante, Juan Santiago Gallón Henao les exigió a los clientes el pago de la mercancía, pero Daniel Kinahan, el jefe del clan dublinés, se negó a responder por un cargamento que nunca llegó a sus manos.

La reyerta escaló a tal punto, que comenzaron las amenazas de muerte. Entonces, para tratar de menguar el conflicto y no perder la ruta de droga, Daniel Kinahan le ordenó a “Packie” Moore que viajara a Medellín para dialogar con los proveedores colombianos. La travesía, como ya se ha dicho, terminó mal.

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CAPTURADO POR FINANCIAR UNA RUTA A EUROPA
La declaración del informante se filtró a la prensa irlandesa y el periódico The Irish Sun la publicó el 17 de septiembre de 2017. En sus páginas salieron las fotos de los hermanos Pedro y Juan Santiago Gallón Henao, en calidad de sospechosos de la muerte de Moore.

Con una copia de esa edición, un reportero de El Colombiano fue a la Fiscalía Local de Caldas y conversó con el fiscal que tenía asignada la investigación. El funcionario, un veterano a punto de jubilarse, se asustó al ver las conexiones transnacionales del crimen.

“Yo no tengo muchas evidencias, pero esta es una simple Fiscalía local, aquí no tenemos herramientas para esclarecer un caso así”, contó el jurista. Luego envió un correo a la Dirección Central de la Fiscalía en Bogotá, el expediente fue asignado a otro despacho especializado y, hasta el sol de hoy, no ha habido avances en las pesquisas.

En ese momento, por intermedio de un abogado cercano a los Gallón Henao, este diario envió un cuestionario sobre el asunto, el cual nunca fue respondido.

Joseph Francis Moore (“Packie”), de 55 años, asesinado en Colombia en 2017. Fotos de cortesía.

Juan Santiago Gallón Henao fue capturado el 16 de enero de 2018 en Cúcuta, y enviado a la cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes, tras ser señalado de financiar una ruta de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Según el expediente, era el supuesto patrocinador de una organización que despachaba el alcaloide desde puertos del Caribe, camuflados en insumos veterinarios (concentrado para perros, alimento de gatos y arena), fertilizantes agrícolas y carbón.

Su socio en ese negocio resultó ser otro europeo: el ciudadano inglés Andrew Mark Deamer (“el Mono” o “Marcos”), quien fue capturado en una finca de Rionegro, Antioquia.

El empresario antioqueño se declaró inocente en el estrado y meses después fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Personas de su círculo le contaron a este diario que se fue a vivir a México hace cuatro años, donde tenía estatus de residente y negocios de ganadería e inversiones en la industria de la construcción, en asocio con un empresario de China.

El reportaje publicado en The Irish Sun, en el que se reprodujo la versión del informante que salpicó a Juan Santiago Gallón Henao en la muerte de “Packie Moore” (2017). Foto de cortesía.

¿De dónde vinieron las balas que lo aniquilaron? Aún es pronto para saberlo. Las autoridades mexicanas reportaron que el crimen ocurrió en la tarde del 4 de febrero de 2026, en el municipio de Huixquilucán, en el estado de México.

La prensa local informó que llegó a un restaurante del sector Magnicentro,, y que al bajarse de un vehículo fue abaleado por un sicario. Aunque lo trasladaron a un hospital, no sobrevivió.

La familia tiene una versión distinta de lo ocurrido. “A él no lo acribillaron, como se está diciendo en la prensa. Fue un solo disparo el que lo mató. Hubo un forcejeo con el agresor, se está investigando si se trató de un atraco”, contó el abogado Carlos Botero, en representación de los dolientes.

Por su amplio historial delictivo, Gallón Henao podría tener múltiples enemigos. Estuvo implicado en el asesinato del futbolista Andrés Escobar (1994), aunque no lo sentenciaron por eso; pagó tres años de cárcel por financiar grupos paramilitares en el Suroeste de Antioquia; participó en el montaje de la polémica Convivir Cóndor en los años 90, que cometió varios homicidios; el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton (2015), por lavar dinero de la organización criminal “la Oficina”; y su nombre salpicó varios expedientes por narcotráfico en rutas hacia Europa.

Aunque el crimen de “Packie” Moore no se ha esclarecido, el Clan Kinahan es hoy una de las organizaciones más poderosas en el Viejo Continente. Sus líderes están en los listados de más buscados de la DEA, el FBI y Europol, y se presume que controlan sus tentáculos desde Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, y tienen alianzas con carteles mexicanos.

De momento no hay evidencia para vincularlos a este asesinato, pero investigadores de vieja data consultados por este diario no descartaron una vendetta que tardó nueve años en perpetrarse.

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El Inspector.

Conocido en el bajo mundo como “Niño Guerrero”, es el jefe del “Tren de Aragua”, una estructura de crimen organizado que se ha expandido por varios países, de cuenta de la migración, el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. La Casa Blanca ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, y cree que se esconde en Colombia.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre un criminal que rivaliza con los tradicionales capos de nuestro país.

Con estas imágenes del pasado, alias “Niño Guerrero” es buscado en varios países, incluyendo Colombia. Foto de cortesía del Ministerio del Interior de Venezuela.

Quién iba a pensar que un criminal extranjero tendría tanta influencia en el bajo mundo de Colombia, que las autoridades le asignarían una recompensa similar a la de los grandes capos del pasado. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, ya tiene sobre sus hombros la deshonrosa cifra de US$5 millones por información que conduzca a su captura, así como la persecución de varios gobiernos que lo ven como una grave amenaza a la seguridad continental.

La recompensa es patrocinada por el Departamento de Estado de EE.UU., en asocio con la Policía colombiana, que tiene a ese delincuente en su lista de objetivos de alto valor estratégico, en particular por la oleada de extorsiones y homicidios que su organización, el “Tren de Aragua”, viene generando en Bogotá desde 2022.

Cinco millones de dólares fue la misma recompensa que en su momento les fue asignada a Dairo Úsuga David (“Otoniel”), jefe del Clan del Golfo; Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), cabecilla de “la Oficina”; Daniel Barrera Barrera (“el Loco”), capo de la Junta Directiva del Narcotráfico; Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), comandante de las antiguas Farc; y los hermanos Luis Antonio y Javier Enrique Calle Serna (“los Combas”), jefes de “los Rastrojos”, entre otros.

Para compararlo con un criminal de la actualidad, basta recordar que por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el nuevo líder del Clan del Golfo, el mismo Departamento de Estado puso sobre la mesa US$ 1,2 millones en septiembre de 2024

El paquete de recompensas también está dirigido a los principales lugartenientes de “Niño Guerrero”: US$4 millones por Yohan José Romero (“Yohan Petrica”), cofundador de la banda; y US$3 millones por Giovanny San Vicente (“Giovanny”), el tercero al mando.

¿Cómo fue que estos personajes llegaron a figurar tanto o más que los criminales locales en los organigramas de las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos?

EL ORIGEN DE LA BANDA
Las reseñas realizadas por varias ONG de Venezuela sugieren que la banda criminal surgió entre 2006 y 2007, debido a la interconexión de tres fenómenos: la creciente delincuencial común, producto de la ineficaz presencia de la Fuerza Pública; la falta de empleo, que comenzaba a incrementarse durante el régimen del presidente Hugo Chávez; y el incumplimiento del Gobierno con la construcción del Tren de Aragua, un proyecto ferroviario que prometía llevar desarrollo y oportunidades de trabajo a esa región.

Algunos exmiembros del sindicato de ese elefante blanco se unieron con los bandidos de los barrios para buscar opciones de sustento en la criminalidad, y empezaron a vivir de la extorsión, los atracos y el proxenetismo.

Cuando muchos de ellos fueron cayendo a la cárcel de Tocorón, en el sur del Estado de Aragua, aprovecharon la debilidad del sistema penitenciario para fortalecerse.

En ese entonces las prisiones venezolanas eran dominadas por “pranes”, el equivalente a los “caciques” en Colombia, es decir, peces gordos que controlan a su antojo la vida intracarcelaria, imponiendo un orden con fusta de hierro.

En Tocorón, el “pran” era “Niño Guerrero”, quien estaba preso por delitos como homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Desde ese centro penitenciario logró consolidar al “Tren de Aragua”, incrementando el número de integrantes adentro y afuera, hasta instalar células en seis estados, y amplió la oferta criminal de la organización a servicios de sicariato, narcotráfico, trata de personas, pagadiario, contrabando, minería ilegal, secuestros y tráfico de armas, entre otros.

Las agencias de seguridad extranjeras sospechan que para ciertas actividades, el régimen chavista contrató esos servicios para ejecutar “operaciones negras”, al margen de la ley, que le permitieran captar ingresos del bajo mundo en medio de la asfixia financiera provocada por las sanciones de la Casa Blanca.

En contraprestación, el “Tren de Aragua” tuvo una especie de carta blanca para extender sus redes sin mayor oposición, usando a Tocorón como su cuartel general.

Allí “Niño Guerrero” vivía en condiciones similares a las que disfrutó el narcotraficante Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, de Envigado.

Tenían dos casas equipadas con lujos dentro del penal, como gimnasio y televisión satelital; ingresaba armas, prostitutas y licor cuando le apetecía; y celebraba reuniones con familiares, lugartenientes y hasta políticos que llegaban a pedirle favores.

“Niño Guerrero” estableció una jerarquía mafiosa con una cúpula directiva y coordinadores regionales, entre los cuales destacaron “Yohan Petrica”, “Giovanny”, “Larry Changa” y “el Salomón”.

La estructura pasó de ser una célula carcelaria a una “megabanda”, como le dicen en el vecino país a las organizaciones con más de 200 integrantes e influencia en varios estados. Y no se detuvo.

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EXPANSIÓN CONTINENTAL
Paradójicamente, su época de expansión y bonanza coincidió con la del empobrecimiento y exilio de la población venezolana.

A medida que la diáspora de migrantes aumentó, hasta llegar a cerca de 8 millones de desarraigados, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), el “Tren de Aragua” fue consolidando sus negocios en el continente, en especial en algunas ciudades de Colombia, Perú y Chile.

“El Tren de Aragua aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del ‘Tren de Aragua’ suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el 11 de julio de 2024, cuando anunció sanciones económicas en contra de esa agrupación y de los activos y bienes asociados a sus integrantes.

El reporte de esa institución, precisa que “a medida que el ‘Tren de Aragua’ se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, lavado fondos a través de criptomonedas y ha establecido vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un conocido grupo de delincuencia organizada de Brasil, sancionado por Estados Unidos”.

La megabanda estableció centros de operaciones en Lima y Santiago de Chile, con negocios de explotación sexual, extorsión y tráfico de drogas. El daño ha sido tan grande, que los gobiernos de esos países también ofrecieron recompensas en contra de “Niño Guerrero” y su gente.

En palabras de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, “la designación de del ‘Tren de Aragua’ como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”.

La presión internacional frente a la aparente desidia del gobierno de Nicolás Maduro, obligó al mandatario a actuar contra el “Tren de Aragua”. El 20 de septiembre de 2023, 11.000 militares y policías se tomaron la carcel de Tocorón, con la misión de desmantelar el centro de mando del grupo, pero se llevaron una sorpresa muy similar a las de las autoridades colombiana que allanaron La Catedral en 1992: “Niño Guerrero” y sus principales socios ya no estaban.

El afiche con la recompensa contra alias “Niño Guerrero”.

¿SE ESCONDE EN COLOMBIA?
La fuga de Héctor Guerrero disparó las alarmas en el continente. Una semana después, el Tribunal de Pozo Almonte, un municipio vecino de Santiago de Chile, expidió una orden de captura en su contra, pues circulaban rumores de que el jefe del “Tren de Aragua” había viajado a esa zona.

La Policía chilena estableció un operativo en las zonas aduaneras y pasos fronterizos, distribuyendo información sobre “Niño Guerrero” y otros 43 miembros de la megabanda, buscando impedir sus movilización. Interpol, además, expidió una Circular Roja.

Luego las autoridades recibieron información de que presuntamente estaba en Perú y su ministro del Interior, Vicente Romero, anunció una recompensa de 500.000 soles (cerca de US$132.000) por información que condujera a su arresto.
Las últimas pesquisas indicarían que ahora anda en Colombia, o al menos así lo creen la Policía y el Departamento de Estado de EE.UU.

“A través de la colaboración con la Policía Nacional, Estados Unidos cree que los líderes del ‘Tren de Aragua’, ‘Niño Guerrero’ y ‘Giovanny’, se encuentran en Colombia. La investigación y los servicios de inteligencia identificaron además al cofundador del ‘Tren de Aragua’, ‘Yohan Petrica’, como otro cabecilla que se encuentra en Venezuela”, informó la Embajada estadounidense en Bogotá.

En nuestro país, la megabanda tiene células activas en Cúcuta, Aguachica (Cesar), Ipiales (Nariño), Bogotá y Soacha (Cundinamarca), aunque también se han conocido hechos delictivos –como homicidios y secuestros– en Medellín, Bucaramanga y Arauca.

En algunas zonas ha tenido enfrentamientos con el Clan del Golfo (Bogotá), el ELN (Norte de Santander) y las disidencias de las Farc (Arauca), y en otras ha establecido alianzas con grupos locales, como la banda de “Satanás” en suelo bogotano y los “AK-47” en Cúcuta y sus alrededores.

Algunos de sus coordinadores ya cayeron a este lado de la frontera. El 2 de mayo de 2024 capturaron en Bogotá a Carlos Ramón Escobar García (“Escobar”); el 19 de junio siguiente en Belén, Boyacá, a Yonayke Martínez Carrión (“el Barbero”); el 26 de junio le tocó el turno a Salomón Fernández Torres (“el Salomón”) en Aguazul, Casanare; y el 30 de junio de ese mismo año, en Circasia, Quindío, el detenido fue Larry Amaury Álvarez Núñez (“Larry Changa”), otro miembro fundador de la facción.

El 9 de octubre de 2025 la Policía allanó un apartamento en una urbanización de Sabaneta, Antioquia, donde vivían varios miembros de la banda. Apenas vio entrar a los agentes, uno de ellos, identificado como Ender Alexis Rojas Montán (“Ender”), trató de escapar por el balcón del octavo piso, pero se resbaló y murió al caer al vacío; en ese mismo lugar fue detenido  Luis Alberto Cabeza Calderón (“Toro”), líder del grupo en Perú.

Cinco días después, en La Ceja, Antioquia, la Fuerza Pública arrestó a Adrián José Rodríguez (“Adriancito”), cabecilla de la banda en el estado venezolano de Zulia.

Aún así, la supuesta presencia de “Niño Guerrero” en Colombia genera suspicacias entre los propios policías y fiscales de Crimen Organizado. “¿Para qué se va esconder aquí, donde están la DEA, HSI, ICE, FBI y otras agencias federales gringas, sabiendo que en Venezuela es protegido por un sector del Gobierno?”, se preguntó uno de los fiscales consultados para este reportaje.

Otros afirmaron que nadie ofrece US$5 millones de dólares sin tener alguna certeza. “Lo más seguro es que con tanta plata por su cabeza ahora salga de Colombia otra vez”, aseveró un agente policial.

En el expediente abierto en Nueva York, los cargos que comparte con Nicolás Maduro son: conspiración para importar cocaína; posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción; y conspiración para poseer armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción.

Hoy lo están buscando muchas agencias de seguridad. ¿Será que “Niño Guerrero” cavó su propia tumba al escapar de la cárcel?

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El Inspector.

Su caso también pone sobre la lupa de la opinión pública a otros narcos del negocio transnacional que tuvieron una vida en el deporte, pero que no fueron capaces de rechazar el llamado de la mafia. El siguiente es un informe de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El canadiense Ryan James Wedding, exdeportista olímpico, es buscado por ordenar la muerte de un testigo del FBI en Medellín. Fotos de cortesía.

La acusación por narcotráfico, homicidio y otros crímenes que la justicia de EE.UU. le endilga al canadiense Ryan James Wedding, trae a la memoria los casos de otros personajes que saltaron a la luz pública como deportistas de alto rendimiento, y terminaron inmersos en el mundo del hampa.

Weddig, de 44 años, fue patinador sobre hielo en su juventud y luego participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City (Estados Unidos), representando a su país en la modalidad de snow boarding.

Ahora está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, pedido en extradición por la Corte del Distrito Central de California y con una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

“Wedding controla una de las más prolíficas y violentas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo y trabaja de cerca con el cartel mexicano de Sinaloa”, reveló la fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Dentro de la acusación en su contra, está el haber ordenado el asesinato de un testigo del FBI, perpetrado el 31 de enero DE 2025 en El Poblado, suroriente de Medellín.

La víctima fue Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombocanadiense de 42 años, quien fue abaleado por sicarios en un mall comercial, cuando departía con otras personas en el restaurante Mi Arepa.

En ese entonces, fuentes judiciales le contaron a El Colombiano que unos narcos mexicanos y canadienses habían ofrecido un millón de dólares para quien asesinara a Acevedo, pues lo señalaban de estar actuando como “soplón” para el FBI.

La fiscal Bondi comentó que Wedding está viviendo en México, al abrigo de sus socios del cartel de Sinaloa.

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DE FUTBOLISTA A CAPO DE LA COCAÍNA
El otro capo que fue deportista y luego terminó en las listas internacionales de los más buscados es el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU).

El extranjero de 34 años es un afiebrado por el fútbol. En 2021, luego de salir de la cárcel, se convirtió en accionista del Club Deportivo Capiatá, en la liga de ascenso de Paraguay, en el cual hizo parte de la nómina de jugadores y disputó varios partidos.

Algo similar hizo luego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde compró a Los Leones de El Torno F.C., un onceno de la segunda división, usando una identidad fraudulenta. Estuvo vinculado a ese club hasta 2024, cuando tuvo que salir huyendo de aquel país por la persecución policial.

Sebastián Enrique Marset Cabrera, el narco uruguayo que fue futbolista. Foto de archivo.

El PCU se dedica al narcotráfico de cocaína, con redes de lavado de activos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La droga se produce en Colombia y tiene como destinos finales a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Al igual que Wedding, Marset es investigado por un asesinato perpetrado en Colombia: el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, abaleado en una playa de la isla cartagenera de Barú, mientras disfrutaba de su luna de miel, el 10 de mayo de 2022.

La hipótesis del magnicidio es que se trató de una retaliación mafiosa, ya que meses antes el funcionario participó en una operación antidrogas, que terminó con la captura de socios y testaferros de Marset, y el decomiso de millonarios bienes y propiedades.

Por el crimen hay 9 personas condenadas, las cuales participaron en la planeación, logística y ejecución del atentado. Por información que lleve a la captura de Marset, la Casa Blanca ofreció US$2 millones de recompensa.

DEL CUADRILÁTERO A LA MAFIA
El tercer exdeportista que saltó al mundo del narcotráfico es Marcel Mühlbach, un alemán de 45 años, reseñado en la lista de los 50 más buscados de Europa.

Es un fanático de las artes marciales mixtas, y siendo más joven se hizo popular en ese país por su participación en varios torneos televisados.

Pasó de involucrarse en apuestas de peleas al tráfico local de metanfetaminas; luego se involucró en la recepción de cargamentos de cocaína colombiana en el puerto de Hamburgo.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

Escaló en la red, de la mano de traficantes italianos, al punto de que fue enviado a Suramérica para negociar directamente el despacho de los estupefacientes.

Consiguió una cédula falsa a nombre de Fausto Eduardo Castro y en 2022 se instaló en Colombia. Primero pasó como turista, y luego asumió la fachada de inversionista, adquiriendo una finca en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Las autoridades europeas lo consideran muy violento, llevando al negocio de los narcóticos la furia que lo distinguió antes en el cuadrilátero.

De los tres narcos mencionados en esta lista, es el único que ha sido capturado hasta el momento. La Policía allanó la finca el 27 de septiembre de 2024, en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol, y le puso las esposas con fines de extradición.

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El Inspector.

El auge de la cocaína está trayendo toda suerte de criminales extranjeros, algunos de los cuales ven en la capital antioqueña un lugar para establecerse y hacer contactos para la exportación del alcaloide. La siguiente es una investigación de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El sitio en el que fue asesinado el albanés Artur Tushi, en una vía de El Poblado, en Medellín. Foto de cortesía.

Haber cruzado el océano Atlántico hasta el otro lado del mundo, arriesgar el pellejo para supuestamente traficar junto a los principales carteles de la droga, y terminar sin vida en una acera de Colombia, con varios agujeros de bala en el cuerpo.
Ese fue el destino que, según la investigación preliminar de las autoridades, escogió el ciudadano albanés Artur Tushi, asesinado por sicarios el 5 de octubre de 2025 en una vía pública de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Al revisarle los documentos, encontraron que tenía cédula ecuatoriana y residencia permanente en ese país.

Un mes antes, Interpol arrestó en Bogotá al colombiano Samir Rosales Rodríguez, alias “el Químico”, obedeciendo a una Circular Roja solicitada por la Fiscalía de Albania.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, declaró el 3 de septiembre pasado que el detenido era “señalado de ser el enlace de las mafias albanesas con presencia en Suramérica. Rosales coordinaba y supervisaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania”.

Aún no se ha esclarecido si hay alguna relación entre esa captura y el asesinato de Artur Tushi, quienes al parecer trabajaban para la misma organización clandestina, pero a los investigadores les llama la atención esa coincidencia.

Por lo pronto, ha quedado en evidencia la febril actividad narcotraficante que los albaneses están liderando en nuestro país. ¿A qué se debe su inusitada presencia?

ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL CARTEL
Los traficantes albaneses hacen parte de una mafia que se denomina, de manera genérica, Cartel de los Balcanes. No se trata de una sola organización jerarquizada, como lo fue el Cartel de Medellín en el pasado, sino que el concepto agrupa a un conjunto de estructuras criminales originarias de la Península Balcánica y la antigua Yugoslavia, por lo que también se les llama “la Yugomafia”. Algunas, de hecho, son enemigas entre sí.

Su expansión en Europa comenzó con las Guerras Balcánicas (1991-2001), que finalizaron con la disolución de Yugoslavia. En el éxodo de migrantes por el Viejo Continente se camuflaron delincuentes de Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia y Serbia, que instalaron redes en los principales puertos y ciudades, lo que facilitó la extensión de los negocios de estos carteles; un modelo similar siguen en la actualidad grupos latinoamericanos, como el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (El Salvador), que aprovechan la migración de sus connacionales para diseminarse.

Artur Tushi, albanés asesinado en Medellín. Cortesía.

Antes se dedicaban al tráfico local de narcóticos, pero entraron a las grandes ligas del juego transnacional de la mano de la mafia italiana, que reclutó albaneses para sus operaciones, en parte debido a su habilidad ampliamente reconocida de dominar varios idiomas. Y estos le aportaron a la alianza su experticia en el negocio atroz de la trata de mujeres, que perfeccionaron explotando sexualmente a las viudas y huérfanas durante la guerra.

De acuerdo con el informe “Redes de cocaína: vínculos entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica” (2025), de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una organización especializada en investigar estos fenómenos, la incursión de los albaneses en nuestro continente empezó en 2009.

Se establecieron primero en Ecuador, enviando delegados que posaban como turistas o inversionistas de propiedad raíz. Los atrajo una economía dolarizada, en la que podían camuflar más fácilmente sus activos; la expulsión de la DEA y del Ejército de Estados Unidos de la base militar de Manta; y un programa instaurado por el presidente de entonces, Rafael Correa, llamado Ciudadanía Universal, que otorgaba facilidades de visado, residencia e inversiones para los extranjeros que quisieran vivir en ese país.

Los delegados de la mafia albanesa usaron documentos falsificados para adquirir varias identidades y contrataron testaferros para comprar empresas navieras, de transporte y logística de exportaciones.

A diferencia de otros grupos, su estrategia de penetración en el bajo mundo nunca fue de confrontación; por el contrario, ofrecieron sus servicios de exportación de cocaína a las organizaciones suramericanas y las contrataron para la vigilancia de las operaciones. Así tejieron fuertes lazos con estructuras narcotraficantes de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

Según el documento de GI-TOC, cobraron un rol más protagónico cuando las antiguas Farc se desmovilizaron en 2016 y dejaron de monopolizar los cultivos de coca, lo que condujo a los principales carteles del mundo a incrementar su participación en el mercado de la cocaína. A esto se han sumado políticas gubernamentales que, de manera indirecta, incentivaron la siembra de coca al reducir la erradicación manual forzada y la fumigación con glifosato.

La confluencia de esos factores tuvo como consecuencia un incremento desbordante del negocio: Colombia saltó de generar 331 toneladas métricas anuales de cocaína en 2013, a 2.664 en 2023, según la ONU. Esto significa que en estas tierras se produce el 71,8% de la cocaína que circula en el planeta (3.708 toneladas en total), y para los traquetos albaneses es la “tierra prometida”.

Sus rutas marítimas suelen partir de los puertos de Guayaquil y Manta (Ecuador); Buenaventura y Barranquilla (Colombia); Maracaibo, Puerto Cabello y Carúpano (Venezuela). Allí contaminan contenedores de banano, camarones e insumos industriales (cemento, arena, pegante), con destino a los terminales del Mediterráneo, la península Balcánica y Europa Central.

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LOS DELEGADOS ECUATORIANOS
Según fuentes de Inteligencia de la Policía y agencias norteamericanas, en Colombia se han detectado operaciones de cuatro facciones del Cartel de los Balcanes: el Grupo Saric, el Grupo Amerika, el Grupo Keka y la Kompania Bello, conformados por integrantes nacidos en Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia, Alemania y Rumania, más que todo.

Una de sus características es que se asocian con toda clase de grupos que les puedan proveer cocaína de alta pureza, un transporte seguro y protección para moverse de las ciudades a los laboratorios artesanales. Por eso se les conocen sociedades con el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, “la Oficina”, “los Pachenca” y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN).

Al margen de esas alianzas, la más sólida parece ser con la banda “los Choneros”, de Ecuador, al punto de que a veces, en vez de los propios albaneses, quienes vienen a Colombia son los ecuatorianos, actuando como sus representantes directos. Uno de los más conocidos fue Wilder Emilio Sánchez Farfán (“el Gato Farfán”), arrestado en un operativo conjunto de la Policía colombiana y la DEA, el 10 de febrero de 2023 en la ciudad de Pasto.

Según la investigación, trabajaba en asocio con el albanés Artur Rrapaj, quien articulaba la operación mafiosa desde el puerto de Guayaquil.

Cuando atraparon a “el Gato Farfán” regresaba de una reunión en la selva, con integrantes del frente Oliver Sinisterra de las Farc, con los cuales coordinaba la producción del narcótico en Nariño.

Otros integrantes de “los Choneros” implicados en estas sociedades criminales son Jortman Róbinson Suárez Molina, alias “el Ecuatoriano”, quien murió en un operativo de la Policía el pasado 29 de septiembre, en una finca de Rionegro, Antioquia. Y Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), capturado el pasado 2 de octubre en el barrio Santa Teresita de Medellín.

Las actividades de los albaneses y sus aliados incluso han puesto nervioso al presidente Gustavo Petro.

El 26 de mayo pasado fue capturado en Emiratos Árabes el albanés Dritan Gjika, un narcotraficante radicado en Guayaquil desde 2009, y señalado de coordinar una de las rutas de exportación de cocaína hacia Europa.

Tras conocer la noticia, Petro trinó: “Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abu Dabi, controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato, en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”.

Fuentes policiales manifestaron que no hay ninguna evidencia de que los albaneses quieran matar a Petro; sin embargo, sí hay preocupación por las crecientes actividades de esa mafia en Colombia.

Esta situación motivó una reunión de alto nivel el pasado 24 de septiembre en La Haya, Países Bajos, entre el general Carlos Triana y el director de la Policía de Albania, Ilir Proda, donde se acordó concretar un plan de acción para desmantelar las tenebrosas alianzas entre las mafias colombianas, ecuatorianas y balcánicas.

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El Inspector.

La Policía lo capturó en un apartamento de la urbanización residencial Cacique Niquía, en el municipio de Bello, para que empezara a cumplir esa pena pendiente. ¿Pero cuál es la historia detrás de esa severa sentencia?

Ricardo Abel Palacio Herrera, alias “Richard” o “Rayo”, capturado en Bello el 9 de julio de 2025. Foto cortesía de Policía.

Los hechos datan del 10 de noviembre de 2014 en Medellín, cuando fue secuestrado el narcotraficante Eladio de Jesús Correa Villegas, alias “Ramón”.

De acuerdo con el expediente, conocido por Revelaciones del Bajo Mundo, la banda “la Terraza” lo citó a una reunión para que presentara sus descargos por dos acusaciones: vender drogas en su territorio del Centro sin su autorización, y por el homicidio de un hombre en un bar conocido como El Borrachito, ubicado en inmediaciones de la Placita de Flórez.

Según el testimonio de “Ramón”, tal cual consta en el documento: “En noviembre de 2014 me llevaron para la zona de Manrique parte alta, allá me tuvieron retenido y me quitaron unas cosas, a mí me llevaron a una casa de tres pisos y allá había un señor que le decían ‘Rayo‘. A mí me llaman a Manrique, voy subiendo en un Clío y ahí me abordan y me llevan a una parte más alta, y allá me retuvieron, porque me estaban hablando como de un homicidio, yo no tenía nada que ver en ese homicidio; y sobre el trabajo, porque yo trabajaba sin permiso”.

Y continuó: “En la casa habían tres personas, estaba el señor ‘Rayo’ o ‘Richard’, y los otros dos que no sé quiénes eran, nunca los volví a ver. Yo no conocía a ‘Richard’ o ‘Rayo’, primera vez que lo veía, así le decían. Esa retención duró como de dos a tres horas”.

En aquel entonces, “Ramón” trabajaba para William Andrés Moscoso Monsalve (“el Chivo”), otro cabecilla de “la Terraza”, que a su vez es sobrino del máximo jefe de la banda, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). El hecho de que sus colegas hubieran secuestrado a su traficante de confianza, es el reflejo de cómo está conformada esa organización: como una especie de cartel, en la cual hay varias líneas de mando confederadas, que a veces riñen entre sí por los negocios.

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“El Chivo” intercedió con los secuestradores para que no mataran a Correa. Explicó que este era útil a la organización por sus contactos en el departamento del Cauca, de donde traía marihuana de variedad cripa para las plazas de vicio de Medellín.

A las tres horas lo liberaron, pero antes le exigieron el pago de $300 millones de pesos. El cobro se prolongó por 11 días, hasta que el 21 de noviembre de 2024 “Ramón” terminó de entregar $200 millones, un taxi de marca Kia Picanto y una camioneta Toyota Fortuner.

Eladio Correa Villegas, alias “Ramón”. Cortesía.

La persona que le hizo el favor de entregar este último vehículo, su amigo Wilmar Arboleda, fue víctima de un atentado sicarial posteriormente, que lo dejó cuadripléjico.

Por el secuestro extorsivo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a “Richard” a 37 años de cárcel, el 4 de octubre de 2024. La defensa del sentenciado apeló la decisión, alegando que a su representado le violaron los derechos durante el juicio.

Tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo anteriormente, una de las estrategias que utiliza este cabecilla para evadir la justicia es el uso de múltiples identidades. Su nombre original es Jhon Ricardo Palacio Adarve (con el cual figura en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), pero se lo cambió a Ricardo Abel Palacio Herrera; también ha usado la identidad de Ricardo Escobar Botero, para confundir a los enemigos y los investigadores judiciales.

Aunque siempre le han dicho “Richard” en el bajo mundo, también adoptó el apoyo de “Rayo”. Este alias es usado al mismo tiempo por otro líder de la banda, Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín (capturado recientemente), lo que creaba un embrollo que le permitía subsistir con impunidad.

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Por esas irregularidades, el personaje fue capturado en 2018 y condenado en 2020 a dos años de cárcel por falsedad material en documento público (tres cédulas originales con distintos nombres). El expediente por el secuestro extorsivo se alargó, por lo que obtuvo su libertad por vencimiento de términos, mientras se producía el veredicto.

Fue precisamente en el proceso de apelación de este cargo, que su defensa trató de argumentar que la Fiscalía no logró demostrar la plena identidad del acusado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín dejó al desnudo este truco en su fallo, indicando:

“Desde la audiencia de legalización de captura, el procesado, al momento de presentarse, se identificó como RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, no obstante, fue clara su intención de confundir a la Fiscalía y a la Judicatura desde aquella oportunidad, pues informó dos nombres diferentes al momento de su presentación, y no aclaró cuál era el correcto, cuando se le solicitó presentarse con su identificación. Al respecto indicó en la audiencia:

- Juez: El indiciado tan amable, por favor me da nombres completos y número de documento de identificación”.

- Procesado: Mi nombre es Jhon Ricardo Palacio Adarve, cédula 70.697.538.

- Juez: ¿Jhon Ricardo qué? Nombre completo.

- Procesado: RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, cédula 71.671.115.

Y aunque la defensa, desde la audiencia de legalización de captura le informó a la Judicatura que el procesado en la entrevista manifestó que se llamaba RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, con cédula 71.671.115, no desplegó mayores actos para que se aclarara el error, porque, incluso, al momento de su captura se identificó como Ricardo Escobar Botero”.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena el 8 de abril de 2025, con lo que se reactivó la orden de captura contra “Richard”, la cual se materializó en Bello el siguiente 9 de julio.

En el allanamiento, la Policía le encontró una pistola traumática y “un libro con registros contables por más de 1.000 millones de pesos”, informó el director de la Institución, general Carlos Triana Beltrán.

Ahora “Richard” quedó en poder del Juzgado 11 de Ejecución de Penas de Medellín, para comenzar a purgar sus más de tres décadas de prisión.

En cuanto a alias “Ramón”, fuentes judiciales recordaron que está pagando una pena de 20 años de cárcel por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de drogas. En varias oportunidades han tratado de matarlo en los pabellones y seis de sus trabajadores más cercanos han sido desaparecidos.

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El Inspector.

Desde los 80 han cambiado varios aspectos en el modelo de esta actividad criminal, como la caída de los monopolios y el auge de mercados locales; y otras persisten, como el prohibicionismo y la cultura traqueta. Aquí, un análisis de la evolución del flagelo que no deja en paz al país, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fabio Ochoa, excabecilla del cartel de Medellín, regresó a Colombia en diciembre de 2024. Foto: cortesía.

El excapo Fabio Ochoa volvió a Colombia en diciembre de 2024, luego de pagar 25 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.; mientras que su antiguo socio, Carlos Lehder, volvió en marzo del presente años, tras purgar 33 años por el mismo cargo en aquella nación.

Seguramente se sintieron extraños en unas calles transformadas por la evolución del urbanismo, pero también se dieron que, desde sus tiempos hasta ahora, la droga sigue siendo el principal motor de la mafia. Entonces, ¿qué cambió?

 LOS CAMBIOS

1). Del monopolio a la democracia cocalera
En los 80, los carteles de Medellín y Cali ejercían el monopolio global de la producción y distribución de cocaína. En la práctica, si alguna organización quería participar del mercado, tenía que contar con la bendición de “los Extraditables” o de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o pagarles una suerte de tributo para poder “trabajar”.

Hoy, si bien existen algunas organizaciones que actúan como carteles y dominan ciertos territorios, entre ellas el Clan del Golfo, carecen de la capacidad para ostentar un monopolio. Actualmente hay múltiples grupos participando en la cosecha, producción, transporte y exportación, que trabajan de manera articulada y cada uno se encarga de un eslabón de la cadena del narcotráfico.

El último monopolio que existió en el negocio lo protagonizó la antigua guerrilla de las Farc, que dominaba vastas áreas de cultivos, pero luego de su desmovilización en 2016, el acceso se democratizó, permitieron el surgimiento de múltiples redes de narcos independientes, la proliferación de 19 mafias extranjeras y la apertura de nuevas rutas de distribución.

En la época de Pablo Escobar y “los Extraditables”, la organización participaba en todos los eslabones de la cadena: el patrocinio de los cultivos de coca; su transformación en clorhidrato de cocaína en los laboratorios, como el de Tranquilandia en Caquetá; su transporte, acopio y exportación por vía aérea, marítima y terrestre, e incluso la comercialización en los destinos, como las calles de Florida, Nueva York y Los Ángeles.

Los grupos del siglo XXI, en cambio, operan en redes más complejas, con la participación de múltiples actores, cada uno especializado en un eslabón de la cadena.

Los colombianos ya no se encargan de la distribución final en los países destino, sino que le ceden este trabajo a sus socios; esto le ha dado un mayor protagonismo en el mercado de la cocaína a las mafias de México, Italia, Marruecos, Países Bajos y los Balcanes.

2). Mejor una cárcel en EE.UU. que una tumba en Colombia
En su momento, el lema de “los Extraditables” fue “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, y en él se fundamentó su confrontación terrorista contra el Estado, buscando suprimir la figura de la extradición de las leyes colombianas.

Hoy cambió esta percepción, y es común que los narcos se sometan voluntariamente a la justicia de EE.UU., buscando un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que les genere una sentencia pequeña y la posibilidad de conservar sus fortunas.

“Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”, confesó en un programa de TV Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), exmiembro del cartel del Norte del Valle, quien en 2023 fue detenido a su regreso a Colombia, por seguir en actividades ilegales.

Esto es posible porque también hay una flexibilización de las políticas antidrogas de EE.UU., que permite que la DEA y el Departamento de Justicia busquen negociaciones con los capos. “Esta política fue muy rígida al comienzo, pero ahora EE.UU. ha entendido que es más efectiva una negociación judicial, y los narcos también”, explicó Alejo Vargas, docente y analista de seguridad y defensa.

Entre los narcos que se han entregado a la justicia estadounidense en los últimos años se cuentan los hermanos Javier y Luis Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de “los Rastrojos”; y Carlos Aguilar (“Rogelio”), Mauricio López (“Yiyo”), Carlos Arredondo (“Mateo”) y Fredy Mira (“Fredy Colas”), de “la Oficina”.

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3). Crecimiento de los mercados internos
En los días del cartel de Medellín, la cocaína que se producía era principalmente con fines de exportación, mientras que a los viciosos locales se les ofrecían sus subproductos (perico y basuco), marihuana y LCD; hoy, el mercado interno ha crecido tanto, que los grupos de crimen organizado producen para abastecer plazas de vicio locales, dado que todas las metrópolis colombianas, e incluso en regiones apartadas, hay narcomenudeo de clorhidrato de cocaína.

Como ejemplo, hay dos investigaciones del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC): la primera es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2023), que concluyó que el 31,4% de los delincuentes juveniles del país presentaron adicción a la cocaína durante ese año.

La segunda es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar (2022), que estableció que en Colombia la edad promedio de inicio de consumo es de 13,7 años.

4). Diversificación de las rutas al exterior
En los tiempos de Lehder y compañía, los narcos se abastecían de los cultivos de Bolivia y Perú, y en su trasiego a EE.UU. eran fundamentales las rutas de Centroamérica, las islas antillanas y el mar Caribe.

Hoy las trazados internacionales se diversificaron, explicó Vargas, y los traquetos colombianos abrieron rutas a China, África, Medio Oriente y Oceanía, donde un kilo de cocaína se vende en 200.000 dólares, mientras que en Florida el valor oscila entre US14.000 y US20.000.

La distribución en el Viejo Continente tiene puntos de llegada en los puertos de Amberes (Bélgica), Roterdam (Países Bajos) y la costa mediterránea de España e Italia; de allí se irriga a Europa Central, islas británicas, los Balcanes, la península escandinava y Rusia.

Ecuador y Venezuela cobraron gran importancia como zonas de trasiego y exportación del alcaloide.

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Carlos Lehder, antiguo narco del cartel de Medellín, ya está libre en Colombia. Foto: cortesía de Migración.

LO QUE NO HA CAMBIADO

5). El principal motor de la violencia armada
Tanto en los tiempos del cartel de Medellín como en la actualidad, las millonarias ganancias de la cocaína financian los ejércitos criminales que generan la violencia en el país, en las áreas urbanas y el campo.

El narcoterrorismo sigue, solo que hoy quienes ponen los carrobombas, secuestran y asesinan a los miembros de la Fuerza Pública son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Una diferencia latente es que el cartel de Medellín pretendía doblegar el sistema de justicia del Estado, mientras que en nuestro tiempo los grupos armados buscan someter comunidades y territorios específicos, como el cañón del Micay (Cauca), el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Chocó.

Aunque se diversificaron las rentas ilegales con la minería de oro y la extorsión a casi todas las actividades económicas, el tráfico de cocaína sigue reinando, en parte por la devaluación del peso frente al dólar, que aumentó los ingresos; el crecimiento histórico de los cultivos, hoy tasado en 253.000 hectáreas; el incremento en la capacidad de producción, de 2.600 toneladas métricas anuales de droga de alta pureza; y el aumento del 20% en el consumo mundial en la última década, según la ONU, calculando que 25’255.000 personas han probado la cocaína.

6). Prohibicionismo sigue sin dar resultados
Las atrocidades del cartel de Medellín alimentaron la tesis de la “guerra contra las drogas”, declarada por el Gobierno de Estados Unidos y perpetuada por Colombia. Aunque cada vez le aparecen más detractores a esta política, la verdad es que la comercialización de cocaína sigue siendo ilegal.

“Continúa un régimen de prohibición absurdo en términos de regulación de las drogas, seguimos en la misma guerra contra las drogas, que no ha dado resultados ni en los 80 ni ahora”, opinó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Gustavo Petro, con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha buscado descriminalizar la siembra para proteger al campesinado, y enfocar su lucha en la interdicción de los cargamentos de cocaína, pero esto ha fomentado un crecimiento nunca antes visto de las cosechas y las importaciones, favoreciendo en últimas a los narcotraficantes.

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7). La anticultura traqueta sigue vigente
En los días de Lehder y Fabio Ochoa se forjaron unos antivalores que se enquistaron en la cultura colombiana, especialmente en la juventud, los cuales hoy persisten: ver una opción de vida en la ilegalidad, el deseo de obtener poder por medio de la violencia y el anhelo de acumular riqueza cueste lo que cueste.

Esta tendencia sigue impactando los proyectos de vida de miles de jóvenes, que cada mes ingresan a las bandas y grupos terroristas por su propia voluntad.

La televisión, el narcoturismo y el comercio de artículos alusivos al cartel de Medellín terminaron por instalar ese modo de ver el mundo en la mente de extranjeros y jóvenes. “Esos usos que impuso el cartel en su momento dejaron rezagos en la cultura paisa que siguen vigentes, eso hay que reconocerlo”, contó preciado.

¿Y qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Los leo.

El Inspector. 

El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. del 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

María del Pilar Zea Cobo fue llevada a la clínica El Rosario de El Poblado, donde murió. Fotos de cortesía.

Según el reporte de la Policía, al estacionamiento de dicho lugar llegó la ciudadana caleña María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

La condujo a urgencias de la clínica El Rosario de El Poblado, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Cuando la Policía registró la camioneta, encontró dos vainillas de calibre 9 milímetros en el interior. En la revisión de las cámaras de vigilancia del mall, los agentes observaron que minutos después del crimen, un hombre bajó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

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Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40.000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

En esas circunstancias, tomó contacto con agentes de la DEA y, según las fuentes consultadas, inició un proceso de cooperación y delaciones a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

En Colombia, Zea Cobo también era investigada por los delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), aunque ambos expedientes están en etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija María Paula Trujillo Zea, quien contrajo nupcias con el cantante de reguetón Pipe Calderón el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali. En el opulento festejo, la señora llevó a su hija al altar.

El principal sospechoso del asesinato es el hombre con el cual se había citado “la Reina” en el mall. La hipótesis policial del caso es que se trató de una vendetta ligada al narcotráfico.

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El Inspector.

Esta historia comenzó el 17 de febrero de 2025, cuando Juan Pablo Leal Velásquez, de 27 años y apodado “Pablito Tusi”, invitó a sus allegados a una parranda en una de sus propiedades, localizada en el barrio Santa Cruz de Medellín.

Juan Pablo Leal Velásquez, alias “Pablito Tusi”, y la fachada de su propiedad en el barrio Santa Cruz de Medellín. Fotos de cortesía.

El lugar tenía las particularidades propias de un traqueto: en una barriada de estrato bajo, el dueño invirtió cerca de $4.000 millones para juntar varias casas aledañas con pasadizos secretos entre los muros de separación; le mandó a construir piscina y jacuzzi, sistemas de videovigilancia, un escenario para conciertos en vivo, ventanas de insonorización y múltiples habitaciones de huéspedes.

El día de la rumba contrató al cantante de vallenato Jair Ortiz Pérez y repartió licor y estupefacientes a manos llenas entre los invitados.

A las 8:30 p.m. la mezcla de trago y drogas sintéticas hizo explosión, y el anfitrión “Pablito Tusi” perdió los estribos. Discutió con su amigo y colaborador Cristian Camilo Tobón Londoño, de 31 años, y cuando este intentaba relajarse en el jacuzzi, le propinó varios balazos.

La situación se salió de control y otros de los presentes también abrieron fuego, hiriendo a dos personas más: el vallenatero Jair Ortiz, a quien una bala le perforó la axila y le salió por la espalda; y al invitado Iván Mauricio Moreno Rivera, un expatrullero de la Policía destituido por corrupción, quien sobrevivió de milagro con una herida superficial en la cabeza.

Moreno Rivera fue detenido en 2016, junto a otros cinco uniformados, acusados de vender información reservada a la banda “los Chatas”, a cambio de sobornos. En ese entonces trabajaba en la Sección de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

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A los tres lesionados los llevaron a centros médicos, pero a Cristian Tobón no pudieron salvarlo. El expolicía se identificó como “un comerciante” y el cantante dijo que no sabía que era una fiesta de narcos, sino que lo había contratado una persona apodada “The King” (“el Rey”).

El alboroto fue aprovechado por “Pablito Tusi” para escapar por uno de los pasadizos secretos construidos entre las casas, una técnica empleada hace años por los miembros de la banda “los Triana” para burlar los allanamientos en Santa Cruz.

En el bajo mundo se rumora que también huyó uno de sus socios, conocido como “Alejo Tusi”. Este es un mote genérico, atribuido a varios traficantes de la droga 2CB (tusibí) en Colombia, por lo que no es claro cuál de todos era.

Cuando la Policía entró a la vivienda, encontró a la novia de Leal Velásquez incumpliendo una orden de arresto domiciliario. La modelo e influencer Mariana Andrea Gómez Castaño, madre de dos hijos de “Pablito Tusi”, estaba pagando una pena de 4 años de detención domiciliaria por tráfico de estupefacientes, dado que en 2o2o fue sorprendida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá transportando 900 gramos de tusi con destino a Punta Cana (República Dominicana). Se suponía que estaba cumpliendo la pena en un apartamento de El Poblado, pero no era así.

Los agentes de la Sijín la pusieron a disposición de la Fiscalía para que solicitara la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria y la procesara por fuga de presos, pero a la fecha no se ha hecho ese trámite y ella continúa en su casa.

Además de la modelo, en el sitio habían otras nueve personas, entre ellas Manuela González Suárez, de 30 años e hija de Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, antiguo jefe de sicarios de las bandas “la Terraza” y “la Oficina” (actualmente en libertad condicional). De momento no se ha esclarecido qué estaba haciendo esta mujer en la fiesta ni quién la acompañaba.

La balacera y la fastuosa propiedad llamaron la atención de las autoridades y la opinión pública. Según fuentes policiales, Leal Velásquez ingresó al mundo criminal de la mando de Elkin Triana, alias “el Patrón”, uno de los fundadores de la banda “los Triana”.

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Se dedicó desde joven al tráfico de drogas y se especializó en la comercialización clandestina de tusi, pero no del compuesto original, sino de una burda y tóxica mezcla de jarabe con ketamina y analgésicos, que en las rumbas y after parties se expende con la marquilla de “Bailarina Negra”.

Como fachada para ocultar sus ganancias, Leal posaba como comerciante de ropa, incluso con su propia marca registrada, aunque los ingresos difícilmente podían justificar sus gastos.

Gracias al dinero conseguido y a las rentas que le entregaba a “los Triana”, la organización le permitió expandir sus operaciones más allá de Medellín, y desde 2020, tras la caída de su novia en el aeropuerto de Bogotá, su nombre comenzó a sonar en los corrillos policiales.

Tras el tiroteo en su propiedad, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar como indiciado del delito de homicidio, así que “Pablito Tusi” huyó hacia el Valle del Cauca. Se refugió en un condominio turístico del municipio de Calima Darién, donde continuó su estilo de vida parrandero, departiendo en los bares de la zona con gente armada.

Así estaba el pasado 11 de marzo, a las 11:00 de la mañana, cuando arribó con un grupo de amigos procedentes de Buenaventura (Valle) a uno de los restaurantes del pueblo. Al parecer iban a comprar comida y licor para una fiesta en una finca, cuando aparecieron varios sicarios en un carro blanco y una moto.

“Pablito Tusi” recibió 15 balazos en diferentes partes del cuerpo, y una bala perdida lesionó en el pie izquierdo a una mesera del restaurante, de 51 años. Los matones lograron escapar, antes de que los acompañantes de la víctima reaccionaran.

Cuando llegaron las patrullas de la Policía, requisaron a los acompañantes y les encontraron tres pistolas 9 milímetros sin salvoconducto, por lo cual los detuvieron. Leal falleció en un centro médico de Calima.

Las autoridades desconocen de momento quién ordenó la muerte del traficante, pero la hipótesis principal apunta a que se relaciona con el incidente en la parranda de Santa Cruz.

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El Inspector.

Además de él, a este proceso también se unirá José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), otro de los pesos pesados en la historia del crimen de Medellín. ¿Cómo será su participación? En este artículo elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagamos sobre esa situación.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está preso en la cárcel federal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Foto de archivo.

El anuncio se hizo en la cárcel de Itagüí, en el marco de un evento de socialización de compromisos en el que participaron miembros de ambas delegaciones, el 19 de diciembre de 2024.

“En la perspectiva de entender estas violencias en su sentido histórico, le damos la bienvenida a la mesa en calidad de gestor de paz a Diego Murillo, conocido en otras épocas como ‘don Berna’”, afirmó Sebastián Murillo (“Lindolfo”), vocero de las bandas.

Este nombramiento estuvo precedido por una designación del Gobierno, que el mes pasado les otorgó el estatus de gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales figuran Murillo, Hernán Giraldo, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Ramón Isaza (“el Viejo”) y Salvatore Mancuso, entre otros.

“Don Berna” fue una de las primeras figuras de la criminalidad que levantó la mano para participar en el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro, justo cuando este subió al poder en agosto de 2022. En ese entonces, envió una carta desde su celda en Estados Unidos, poniéndose a disposición para participar en procesos de verdad, justicia y reparación.

Hay que recordar que Murillo fue integrante del Clan Galeano, en la época del cartel de Medellín; luego lideró las bandas “Perseguidos por Pablo Escobar” (“Los Pepes”) y “La Oficina”.

Como paramilitar, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con influencia en el Valle de Aburrá, Antioquia y Córdoba. Estuvo en los diálogos de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe, en 2008 fue extraditado y luego condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico.

En el evento público con el Gobierno, aparecieron estos voceros de las bandas, de izquierda a derecha: “Albert”, “Juan XXIII”, “Carlos Pesebre”, “Lindolfo”, “el Saya”, “Douglas” (de tapabocas) y “Tom” (tapado). Foto de cortesía.

Detrás de su postulación como gestor de paz, hay una serie de gestiones de sus abogados durante los últimos dos años, tratando de impulsar una norma que permita la repatriación de colombianos encarcelados en Estados Unidos, la cual beneficiaría a “don Berna”. Este tipo de acuerdos ya se aplican con otros países, como China.

A juicio de su abogado Michel Pineda, quien también es asesor jurídico de la mesa de paz urbana del Aburrá, la repatriación de los antiguos capos permitiría retomar procesos de verdad y reparación que se han perdido con la distancia.

El jurista indicó que, en términos prácticos, Murillo cumplirá las funciones de gestor de paz a la distancia, desde la cárcel federal de Butner, en Carolina del Norte.

La idea es que participe mediante teleconferencias, pero esto implica un problema extra que ya padeció el pasado 10 de diciembre. “Iba a participar en un evento del Día de las Víctimas, en la finca Quirama de La Ceja (Antioquia), organizado por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Él tenía toda la voluntad e hicimos las gestiones, y yo viajé a la cárcel, pero la Cancillería incumplió su compromiso de tramitar los permisos con las autoridades de EE.UU. y él no pudo conectase a la cita”, dijo Pineda.

EL REGRESO DE “DOUGLAS”
Otra de las novedades anunciadas fue la designación de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) como vocero de las bandas urbanas. Este cabecilla de las organizaciones “la Terraza” y “la Oficina” estaba preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue trasladado a la de Itagüí para sumarse a las conversaciones.

“Douglas” está preso desde 2009, pagando una sentencia de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Lleva décadas liderando el crimen organizado de Medellín y su área metropolitana, por lo que “su autorización” fue clave para que muchas bandas se integraran a la mesa de diálogos sociojurídicos. Ahora pasará a tener un rol más protagónico.

Muñoz arrastra padecimientos de salud, relacionados con la diabetes mellitus y una enfermedad coronaria ligada al mal funcionamiento de una arteria. Sus abogados han tratado, en vano, de lograr una excarcelación para que siga cumpliendo su pena en detención domiciliaria o libertad condicional.

Gracias a su inserción en el proyecto de “paz total”, por lo menos lograron su traslado al Valle de Aburrá. En el evento de socialización, estuvo presente en la mesa principal portando un tapabocas.

“Medellín transita hacia una paz que no va a tener vuelta atrás. Por ese motivo saludamos la incorporación física y plena de Leonardo Muñoz Martínez, ‘Douglas’, al equipo de voceros y la mesa de Itagüí. Su participación es definitiva para el éxito del proceso”, recalcó el vocero Sebastián Murillo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), jefe de “la Oficina” y “la Terraza”. Foto de archivo.

El arribo de Muñoz y la designación de Murillo fueron cuestionados por voces críticas de la mesa de paz. Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía y actual concejal de Medellín, lo consideró “una falta de respeto”.

“Con estas acciones demuestran que sí tienen un control evidente sobre las estructuras en el Valle de Aburrá. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Se está haciendo la ciega para imputar la línea de mando? Están gobernando desde las cárceles con la complicidad del Gobierno”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto está el famoso Pacto de La Picota. ‘Douglas’ estuvo allá y ahora está en Medellín, y todo lo que en su momento se denunció, se está cumpliendo. Sin marco jurídico, por encima de la ley, sin la cabeza de los jueces, están pasando por encima de los colombianos y de los medellinenses”, agregó.

El Pacto de La Picota, como lo denominó la oposición, fue una serie de reuniones entre delegados de la campaña presidencial de Gustavo Petro y varios peces gordos de la criminalidad congregados en esa cárcel de Bogotá, a principios de 2022.

Aunque Petro explicó que dichas reuniones, lideradas por su hermano Juan Fernando, eran solo para explicar su política de paz, quedaron en el aire muchos cuestionamientos, y se especuló que allí se transaron votos a cambio de beneficios jurídicos si el Pacto Histórico llegaba al poder.

Tras el arribo de “don Berna” y “Douglas”, las bandas del Valle de Aburrá se comprometieron a suprimir las extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello durante un mes, entre el 19 de diciembre y el 19 de enero, como una muestra de su voluntad de paz y el reflejo de que, aún tras las rejas, conservan el poder en varias comunas.

El Inspector.

En cada uno de esos casos, la hipótesis principal es que la propia organización del ejecutó, bajo sospecha de desobediencia, traición o robo de las ganancias. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una de las últimas apariciones públicas de “Chiquito Malo” fue en un video del estado mayor del Clan del Golfo, donde su imagen fue insertada en postproducción, quedando con la apariencia de un holograma. Imagen tomada de video.

La vida de placeres mundanos, violencia y riqueza malhabida que presumía José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”, acabó como suelen terminar las historias de la mafia en Colombia: con cadáveres descuartizados en costales, a la vera de un camino.

Al amanecer del pasado 23 de octubre, un olor repulsivo impregnó los sentidos de los transeúntes en cercanías al kilómetro 4 de la Troncal del Caribe, en el corregimiento Palomino, del municipio de Dibulla, en La Guajira.

Cuando llegó la Policía encontró dos costales de fique ensangrentados, que contenían los restos humanos de un hombre y una mujer. Los forenses estimaron que los asesinaron unas 24 horas antes, que tenían signos de tortura y que habían sido desmembrados con motosierras.

José Nibardo Marín, alias “Jota Indio”. Cortesía.

Al día siguiente lograron establecer sus identidades: José Nibardo Marín, de 49 años, y su cónyuge Saudi Karina Cotes, de 40.

Marín era un narcotraficante reconocido en el bajo mundo. Trabajó para el Clan del Golfo, administrando las rutas de cocaína que salían de los puertos del Caribe, especialmente de Cartagena, y fue capturado en marzo de 2023 por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Un juzgado le concedió la libertad y volvió al negocio de la droga, pero con aires de independencia, lo que al parecer ofendió a Jobanis Ávila Villadiego (“Chiquito Malo” o “Javier”), el actual jefe del Clan del Golfo, sellando su cruel destino.

El mismo desenlace tuvo Óscar David García Arenas (“Bloqueo”), de 44 años, quien trabajó como cabecilla del Frente Metropolitano, el tentáculo de la organización criminal en el Valle de Aburrá.

Su cadáver fue encontrado el pasado 11 de octubre, abandonado en una carretera de la vereda La Balsa, en el municipio de Cañasgordas (Antioquia). El reporte policial indicó que tenía 16 heridas de bala en la cara, el torso y los brazos, lo que sugiere que trató de cubrirse con las extremidades cuando lo fusilaron de frente.

La muerte de dos cabecillas del Clan del Golfo en un lapso de 10 días, en aparentes ajustes de cuentas internos, es para los investigadores judiciales una muestra de la severidad con la que “Chiquito Malo” está gerenciando al cartel, y de los intentos de rebelión que aplaca con furia.

Desde que asumió el mando en mayo de 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos el capo Dairo Úsuga David (“Otoniel”), han sido ejecutados ocho comandantes y narcos asociados al Clan que, según datos de Inteligencia, osaron desafiar sus designios.

REUNIONES MORTALES
“Chiquito Malo” logró ascender en la jerarquía por su conocimiento de las rutas de narcotráfico que partían de Urabá; sus contactos en el exterior, cultivados desde la época de paramilitar; y por el respaldo que le daba “Otoniel”.

Sin embargo, el mismo Úsuga veía con preocupación un vacío en su liderazgo: “A ‘Javier’ no le gusta hablar con la tropa”, se quejó en un audio interceptado por la Policía, nueve meses antes de su captura en octubre de 2021.

Aún así, apenas cayó a la cárcel le delegó el mando del Clan del Golfo. La decisión no cayó bien entre varios comandantes del grupo, pero Ávila no estaba dispuesto a tolerar desobediencias.

Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”). Cortesía.

El primer muerto de la lista fue Sergio Carrascal Gómez (“Metra”), quien manejaba los negocios del cartel en el sur de Córdoba. El 2 de mayo de 2022 los sicarios entraron a una urbanización en Valledupar, Cesar, y lo acribillaron con un escolta dentro de su residencia.

El segundo crimen fue el 21 de agosto de 2022 en el barrio Olaya, de Cartagena, donde los verdugos abalearon a Alexánder Luis Correa (“el Chichi”), cuando se bajó de su camioneta. Era uno de los delegados para el narcotráfico en Bogotá y la ciudad amurallada.

El siguiente en caer fue Ómar Noguera Camacho (“el Boyaco”), uno de los principales narcos aliados al grupo, quien articulaba negocios ilícitos en los Llanos Orientales y el Caribe; también fue quien involucró en la facción a “Jota Indio”. El 24 de febrero de 2023 lo encontraron tirado en un paraje rural del municipio de Galeras, Sucre, con múltiples orificios de bala.

Luego mataron a Wilmer Giraldo Quiroz (“Siopas”), el segundo en la línea de sucesión del cartel. Fue secuestrado y torturado por dos semanas, hasta que el 1 de marzo de 2023 le dieron varios tiros en la cabeza y botaron el cadáver en el sector La Recta, a un lado de la carretera que lleva de Uramita a Dabeiba, en el Occidente de Antioquia.

El 19 de octubre de 2o23 le hicieron lo mismo a Arley Úsuga Torres (“Cero Siete”), quien manejó rutas de narcotráfico desde Urabá y además era sobrino de “Otoniel”. El cuerpo abaleado fue arrojado a un tierrero de la vereda Cascajo, en el municipio de Astrea, Cesar.

Después asesinaron a Juan Camilo Goez Ruiz (“Dimas”), antiguo jefe del Clan en Medellín y exjefe de “Bloqueo”. El 12 de mayo de 2024 los sicarios le dispararon afuera de un estadero en Dabeiba, Antioquia.

Todos estos crímenes han tenido un elemento en común, más allá de tratarse de miembros de alto perfil del cartel: antes o después del homicidio, fueron citados a reuniones mafiosas.

A algunos los interrogaron y torturaron, lo que sugiere a los investigadores que les sacaron información sobre dinero y propiedades, antes de segarles la vida. Fuentes policiales indicaron que, entre las hipótesis que se manejan, están que las víctimas fueron acusadas de robar plata de la organización, no reportar las ganancias completas o tratar de independizarse sin autorización.

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REGLAS POLÉMICAS
Además de que algunos lo consideran menos experimentado que sus predecesores, las decisiones que toma “Chiquito Malo” al parecer provocan rechazo en un sector de la organización, entendiendo que el Clan del Golfo funciona como un cartel, un conjunto de empresas criminales con un objetivo común.

“Hay una política con ‘Chiquito’ que ha traído inconformismo: en los puertos de Cartagena y Urabá solo puede trabajar su gente de confianza, a los demás narcotraficantes les dicen que tienen que comprarle la droga al Clan, que al parecer no tiene la misma pureza que la que ellos consiguen en Cauca. A quien no les compre la cocaína, le suben el impuesto para sacarla por esos puertos, antes era de $1’200.000 por kilo y ahora de $2’000.000”, explicó un agente que lleva años persiguiendo a esta estructura ilegal.

Esta situación impulsó a varios narcos a buscar sus propias rutas, unos como independientes y otros aliados con bandas rivales. Se presume que eso intentaron “el Chichi”, “Dimas”, “Bloqueo” y “Jota Indio”, cuando los patrones los llamaron a rendir cuentas.

Arley Úsuga Torres “Cero Siete”). Cortesía.

A diferencia de “Otoniel”, que permitía que cada bloque de la estructura administrara finanzas independientes y gestionara la compra de su propia droga y armas, “Chiquito Malo” al parecer está buscando centralizar la contabilidad, para ejercer un mayor control financiero de los cinco bloques, los 28 frentes y 6.016 integrantes de la facción.

“El Clan ha tratado de unificar los cobros de todos los bloques, lo que ha molestado a los diversos comandantes, porque les afecta las rentas. Y ahí mismo los máximos jefes se dieron cuenta de que había más de un comandante que cobraba y luego no reportaba lo que debía al Clan, y eso se ha venido destapando. Cualquier descuadre con la plata, lo pagan con sus vidas”, agregó el agente consultado.

Como retaliación a ese régimen, hay miembros del grupo que, presuntamente, están atacando en la sombra a “Chiquito Malo”, fungiendo como soplones de la Policía para entregar a la gente de su círculo cercano. Así sucedió el pasado 27 de octubre, cuando un informante condujo a las autoridades al escondite de su primo, el narcotraficante John Sepúlveda González (“Media Arepa”), en una cabaña en la selva de Necoclí (Antioquia).

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¿VIVO O MUERTO?
En medio de tanta mortandad, desde octubre comenzó a circular un rumor, según el cual “Chiquito Malo” habría quedado gravemente herido en un enfrentamiento entre integrantes del Clan en el norte de Chocó. La Policía interceptó unas comunicaciones, en las cuales unos miembros del grupo buscaban con desespero a personal médico para transportarlo a la zona, porque “el patrón estaba herido”.

“En cuanto al tema de ‘Chiquito Malo’, no tenemos una confirmación, nuestras agencias de Inteligencia están verificando”, dijo el general Luis Cardozo, comandante del Ejército, cuando se le preguntó sobre la suerte del cabecilla en una rueda de prensa, el pasado 23 de octubre.

Esta no es la primera vez que se esparcen rumores sobre la supuesta muerte de Ávila. Lo mismo ocurrió en marzo de 2023, cuando los miembros del estado mayor central del Clan (la cúpula) publicaron un video hablando sobre los acercamientos de paz con el Gobierno, en el cual no aparecía “Chiquito Malo”.

Para silenciar las sospechas de divisiones internas y del deceso del comandante, la organización publicó un segundo video en el que sí aparecía, pero mediante un burdo montaje, en el que Ávila parecía un holograma insertado en la imagen, lo que en últimas suscitó más interrogantes.

Los investigadores entrevistados por este diario aseguran que se requiere una confirmación de mínimo tres fuentes para establecer si el capo está vivo o muerto, en particular porque la difusión de este tipo de información también forma parte de una macabra estrategia de “gerencia”.

“Es una medida de contrainteligencia, lanzan informaciones así para ver cómo reaccionan los subalternos, si buscan tomar ventaja o se alegran. Así identifican a los potenciales traidores”, relató un agente.

Desde esa perspectiva, es difícil saber cuál es el presente del cuestionado comandante “Chiquito Malo”, si estará malherido en un cambuche esperando la muerte, o si aguarda al acecho por algún desliz de sus socios, para llamarlos a una última reunión.

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El Inspector.

¿A qué se debe esta dura verdad? Este es un análisis de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, que busca aproximarse a la realidad de ese oscuro negocio.

En este carro iba el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, cuando fue asesinado en el barrio Fátima de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

La lista de casos es inagotable. Uno de los más recientes sucedió en el barrio Fátima, del suroccidente de Medellín, donde la víctima fue el colombovenezolano José Luis Zambrano Tovar, de 36 años.

El pasado martes 12 de noviembre de 2024 a las 10:00 a.m. conducía un automóvil Toyota en compañía de su esposa, y justo cuando pasaba frente a la Clínica Medellín de Occidente fue interceptado por cuatro asesinos a bordo de dos motos de bajo cilindraje. Una de las motos obstruyó el paso del carro, mientras desde la otra le dispararon a través de la ventanilla.

Los asesinos escaparon, al tiempo que la esposa y otra mujer bajaron del vehículo al herido y lo llevaron a la clínica, donde finalmente falleció. Zambrano era nacido en Maracaibo, Venezuela, y tenía cédula expedida en Barranquilla; al parecer se dedicaba al comercio, aunque hubo un incidente que tiene especulando a las autoridades sobre su verdadero oficio.

En la reseña del caso elaborada por el CTI de la Fiscalía, quedó consignado que la esposa del occiso entró a un baño de mujeres en el centro médico y tiró a la basura un celular marca Iphone, el cual fue recuperado luego por los investigadores. ¿Qué secretos quería ocultar la cónyuge?

Y hay más en la capital antioqueña. El 7 de marzo fue asesinado Édinson Rojas (“Pichi Gordo”), un cabecilla de la banda “la Terraza”. Lo acribillaron junto a un parque del barrio Los Balsos. En el hecho también murió su socio Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”) y quedó herido en una pierna el exfutbolista John Lovert Córdoba.

El 13 de febrero anterior, en la Transversal Intermedia del vecino municipio de Envigado, otros sicarios ejecutaron a José Berrío Zorrilla, un caleño de 38 años que se movilizaba con su esposa en un automóvil Mazda. El finado había sido extraditado a Estados Unidos en 2012, donde pagó cárcel por exportar cocaína a ese país.

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CRÍMENES DE ALTO PERFIL

Bogotá tampoco ha sido ajena a las operaciones sicariales de alto perfil. El pasado 21 de febrero hubo un ataque letal en las inmediaciones del Parque de la 93, donde la víctima fue Hernán Franco Charry, un auditor empresarial.

En la urbanización Bosques del Marqués, en Bogotá, fue asesinado por un francotirador el empresario Juan Sebastián Aguilar (“Pedro Pechuga”). Fotos de cortesía.

Justo cuando entraba al edificio en el que trabajaba, un sicario le disparó por detrás. El homicida tenía tan estudiado su objetivo, que el asalto duró menos de cinco segundos y alcanzó a entrar y salir del garaje corriendo, antes de que el portón automático se cerrara.

El 7 de agosto de 2024 los asesinos a sueldo dejaron otra truculenta huella en Bogotá. El objetivo fue el empresario de piedras preciosas Juan Sebastián Aguilar, nacido hace 58 años en Chiquinquirá (Boyacá), y apodado “Pedro Pechuga”.

En su juventud fue hombre de confianza del llamado “Zar de las Esmeraldas”, Víctor Carranza (1934-2013), uno de los más importantes esmeralderos del país e investigado en su momento por conspiraciones para financiar a los paramilitares y al cartel de Medellín. Actualmente, era un presunto integrante de la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (Njdn), un cartel con redes en los Llanos Orientales, la zona esmeraldera, Bogotá y Medio Oriente.

Lo mató un francotirador con un certero disparo desde un cerro, junto a la urbanización residencial Bosques del Marqués, en la localidad de Usaquén, donde Aguilar residía.

Tuluá (Valle) es otro de los municipios golpeados por la acción de esta clase de criminales. El 31 de diciembre de 2023, en una casa del barrio Victoria, le dispararon al político Eliecid Ávila, quien aguantó dos días en cuidados intensivos y falleció el 2 de enero siguiente, antes de posesionarse por tercera vez como concejal.

Otro atentado que tuvo mucha repercusión ocurrió el 8 de octubre del año pasado en la avenida 30 de Agosto con la calle 48 de Pereira, a plena luz del día, donde fue aniquilado Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), uno de los principales jefes de la organización criminal “la Cordillera”.

Los sicarios lo sorprendieron con su esposa en las afueras de una iglesia y se enfrentaron a sus escoltas. Además de “Berny”, murieron su guardaespaldas Óscar Giraldo (“Osama”) y el agresor Santiago Bedoya, de 19 años y proveniente de Medellín; otro de los atacantes quedó lesionado.

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EL NEGOCIO DE LA MUERTE
El sicariato como servicio criminal se consolidó en Colombia en la década de los 80, con el auspicio de los carteles de Medellín y Cali, las nacientes Autodefensas paramilitares y las guerrillas. Estas organizaciones contrataban jóvenes de las ciudades, la mayoría de escasos recursos, para que ejecutaran atentados en contra de sus enemigos, de la Fuerza Pública y de los políticos que se atravesaban en su camino.

Bernardo Ángel Ocampo (“Berny”), jefe de la banda “la Cordillera”. Cortesía.

En ese periodo se popularizaron las “escuelas de sicarios”, instaladas en fincas de cabecillas y en algunos casos con la participación de agentes corruptos de las fuerzas de seguridad, que fungían como asesores e instructores.

Algunos de los cursos más famosos fueron dictados en el Magdalena Medio entre 1989 y 1991 por Yair Klein, un exmilitar israelita que regentaba una empresa de seguridad fachada para instruir a mercenarios y asesinos en diferentes partes del mundo.

A sus clases asistieron “estudiantes” pagados por Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, el Clan Castaño Gil y el precursor de las autodefensas, Henry Pérez, entre otros. Les enseñaban manejo de armas, explosivos y tácticas ofensivas y contrainsurgentes.

Estos servicios se han especializado tanto en el país, que organizaciones mafiosas del exterior suelen contratar matones colombianos para ejecutar sus conspiraciones.

Un ejemplo fue el magnicidio del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, en el que participaron autores materiales colombianos y venezolanos. Sucedió el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena), durante su luna de miel.

Otro contrato internacional fue el del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, abaleado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un coliseo de Quito.

La Policía dio de baja a uno y arrestó a otros seis colombianos sospechosos del crimen; sin embargo, todos fueron asesinados misteriosamente en motines carcelarios ocurridos dos meses después.

Aunque hay células de sicarios independientes que se ofrecen al mejor postor, también existen bandas expertas y con larga tradición en ofrecer estos servicios letales.

Según fuentes policiales, las más peligrosas son: “la Oficina” y sus bandas asociadas (Valle de Aburrá); la banda de “Satanás” y “Tren de Aragua” (Bogotá); “la Cordillera” (Eje Cafetero); “los Costeños” y “los Pepes” (Barranquilla); “los Flacos” (Cartago); “la Inmaculada” (Tuluá); “los Pachenca” (Santa Marta); “los Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura); y el Clan del Golfo (nacional).

Su existencia es el recordatorio de que en Colombia todavía hay mucha gente que resuelve sus problemas mandando a matar a los demás.

¿Y qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo? ¿Por qué luego de cuatro décadas el sicariato sigue siendo un oficio criminal tan solicitado?

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El Inspector.

El paciente es Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”, un viejo conocido del bajo mundo de la ciudad, señalado por las autoridades de ser el presunto jefe de los combos “la Imperial” y “el Diamante”, que delinquen en la comuna de Robledo.

En este vehículo viajaba la víctima cuando se produjo el ataque, en el barrio Los Colores, de Medellín. Foto de cortesía.

La historia comenzó el pasado 2 de noviembre de 2024 en el barrio Los Colores, cuando el exconvicto iba en un automóvil Mazda 3 rojo. A las 3:30 p.m., cuando estaba frenado en una congestión vehicular de la calle 53 con la carrera 71A, fue atacado por los sicarios.

Un testigo de los hechos narró a los investigadores que los agresores iban vestidos con el atuendo de una empresa de telefonía celular, y le dispararon a su objetivo a través de las ventanillas, desde ambos lados del carro.

Los criminales huyeron en una motocicleta Yamaha XTZ, la cual dejaron abandonada tiempo después en una calle del barrio San Germán.

La víctima fue llevada de urgencias al Hospital General, con siete heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Aunque llegó inconsciente por la pérdida de sangre, los médicos lograron salvarle la vida.

En este punto, la trama comenzó a enredarse. Los familiares del paciente les mintieron a las autoridades y al personal de salud, indicando que el herido se llamaba Jorge Iván Duque Ríos; es decir, suplantaron la identidad de su hermano, quien también es cabecilla de la misma organización y es conocido como “Mi Sangre”.

“Duque” es un expatrullero de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana, que se cambió al bando de la mafia. Tiene antecedentes por receptación, concierto para delinquir, terrorismo y amenazas. Fue capturado el 11 de junio de 2017 en Cali y ya salió de la cárcel.

Un testigo explicó que dos sicarios, con trajes de empresa de telefonía, atacaron el carro por los dos lados. Foto de cortesía.

Durante varios días los investigadores trataron de confirmar la verdadera identidad del herido, mientras este permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital, cuando les llegó una nueva información: que había un plan para rematarlo en su camilla. Ante esta situación, la Policía puso un uniformado como custodio en la entrada de la habitación.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que la presunta emisaria de la muerte apareció el jueves 7 de noviembre. Una mujer se presentó, diciendo que era una enfermera particular contratada por la familia del paciente.

Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”.

Por suerte para el herido, su esposa estaba ahí justo en ese momento, y le advirtió al custodio que no había contratado a ninguna enfermera. El policía detuvo a la mujer y llamó a los refuerzos.

Los agentes de la Sijín que llegaron al sitio verificaron las cámaras de seguridad y constataron que la sospechosa había ingresado al hospital por el acceso de urgencias, fingiendo ser una paciente, y que luego subió hasta el piso noveno a presentarse como enfermera.

Al revisarle el bolso le encontraron varias cuchillas de bisturí y una agenda, la cual contenía dos nombres apuntados en una hoja: Jorge Iván Duque Ríos y Johan David Duque Ríos, es decir, las identidades de los hermanos “Mi Sangre” y “Duque”.

La sospechosa fue llevada la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde le tomaron los datos de reseña, y después se la presentaron a una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, la cual la dejó en libertad argumentando que no se consumó ningún delito.

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EL CLAN DUQUE RÍOS

Fuentes policiales señalaron que la condición de salud de alias “Duque” es estable, pero todavía muy delicada. Es uno de los integrantes del clan Duque Ríos, oriundo de Valle del Cauca, vinculado a la actividad criminal en varias ciudades, especialmente en Medellín y Cali. Además de “Mi Sangre” y “Duque”, también pertenecen a él sus hermanos Diego Fernando (“Gordo Gualo”) y William Duque Ríos (“Fantasma”), todos con antecedentes penales.

De momento se desconoce quién está tratando de asesinarlo. Para los investigadores es claro que ya hubo un pago adelantado a una estructura sicarial y por eso quisieron rematarlo en el hospital.

No es claro cómo surgió el embrollo por la identidad del herido, pero el hecho de que la falsa enfermera tuviera una agenda con los dos nombres, indica que quienes lo quieren matar también tienen esa misma confusión.

En Medellín, los Duque Ríos lideran los combos de “la Imperial” y “el Diamante”. Hace una década trabajaban para “los Pesebreros”, el tentáculo de “la Oficina” en el occidente de Medellín, que comanda Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), pero luego se cambiaron de bando para “los Chatas”, del cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), lo que les generó enemistades en el mundo del hampa.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (15/NOV./24)

A la 1:00 de la madrugada del 15 de noviembre de 2024, los médicos del Hospital General reportaron la muerte de Jorge Iván Duque Ríos (“Mi Sangre”), luego de 13 días de agonía, producto de siete heridas de bala en el cuello, la espalda y los brazos. Esto implica que registraron la defunción, inicialmente, con la identidad errada.

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ACTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA (19/NOV./24)

Ante las dudas persistentes sobre la identidad del fallecido, el Instituto de Medicina Legal concluyó su necropsia el domingo 17 de noviembre, certificando que la víctima fue en realidad Johan David Duque Ríos, alias “Duque” o “el Hijo”. Eso implica que sus familiares les mintieron tanto a la Policía como a los médicos del Hospital General, a quienes les aseguraron desde la entrada a urgencias que el paciente era Jorge Iván Duque Ríos. El presente artículo fue modificado con base en esa nueva información.

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El Inspector.

Los alemanes están incrementando su presencia en nuestra nación, actuando como delegados de mafias europeas, y asociándose con grupos delincuenciales colombianos para el tráfico de narcóticos, incluso usando la darkweb. Esta es una investigación periodística realizada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El alemán Patrick Schmitz, experto en delitos por medio de la darkweb y dedicado a la brujería. En los recuadros, las estatuillas encontradas en su casa de Santa Marta. Foto cortesía de la Policía.

Un conflicto mafioso por el control del puerto de Hamburgo, uno de los mayores destinos de la cocaína en Europa Central, es una de las principales hipótesis de las agencias de seguridad para el inusitado aumento en la presencia de narcotraficantes alemanes en Colombia.

El caso más reciente es el de Marcel Mühlbach, quien figuraba en la lista de los 50 criminales más buscados de Europa. El hombre de 44 años construyó una doble vida desde su juventud. Para su familia y el gremio deportista, era un destacado peleador de artes marciales; para el hampa, un habilidoso traficante de drogas de alcance transnacional.

Ingresó al bajo mundo expendiendo metanfetaminas en las discotecas de Alemania, y cuando tuvo contactos se lanzó a la aventura de importar cocaína desde Colombia. Su forma de abrirse paso en la esfera de los narcos fue repartiendo golpizas y apretando el gatillo, por lo que Interpol lo reseñó en una Circular Roja como “armado, violento y extremadamente peligroso”.

Apareció en la lista de los más buscados en 2020, por lo que huyó hacia Turquía; luego, usando un pasaporte falso, tomó un vuelo a Ecuador. Allí, con el apoyo de redes de corrupción local, obtuvo una cédula falsificada a nombre de Fausto Eduardo Castro, y en 2022 se instaló en Colombia.

Según el general William Salamanca, director de la Policía, con esa identidad realizó 22 movimientos migratorios en los últimos dos años, desplazándose por diferentes destinos para asegurar la ruta de exportación de cocaína.

Su travesía terminó el pasado 27 de septiembre, cuando lo capturaron en el municipio de Rionegro, Antioquia.

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EL HACKER SATÁNICO
Antes de cerrarle el cerco a Mühlbach, las autoridades ya habían arrestado en Santa Marta a su compatriota Patrick Schmitz, quien tenía una orden de extradición por narcotráfico a Estados Unidos.

Según el reporte oficial, el extranjero era experto en el manejo de la darkweb, desde donde coordinaba la venta de cocaína y armas, lavado de activos, pornografía infantil, servicios de piratería cibernética (hacking) y transacciones ilegales con criptomonedas.

Se radicó en Colombia en 2015 y convirtió una lujosa cabaña de Santa Marta en su base de operaciones. Le instaló un circuito cerrado de TV para controlar los movimientos externos, y viajaba a hoteles de La Guajira para reunirse con sus principales clientes: los delegados del Clan del Golfo y del Cartel de Sinaloa, quienes lo contrataban por su reputación en la esfera de la ciberdelincuencia.

Desde la darkweb, ese rincón clandestino y encriptado de la internet, conectada compradores en el exterior con los proveedores colombianos, para luego despacharles la droga por contenedores contaminados en los puertos del Caribe. La mercancía pasaba por Centroamérica y su destino final era EE.UU. y Europa.

Las ganancias las invertía en bienes raíces en enclaves turísticos de Magdalena y La Guajira, asesorado por contadores corruptos que ayudaban a encubrir sus transacciones.

Hace nueve años era un blanco estratégico para la agencia Homeland Security Investigations (HSI), que logró ubicarlo en coordinación con la Policía colombiana.

El pasado 7 de julio fue allanada su casa, en el corregimiento turístico de Taganga. Los uniformados quedaron sorprendidos al sentir “una pesada energía en el ambiente”, según contaron después.

Schmitz tenía el recinto plagado de altares de brujería, con esculturas satánicas, calaveras y estatuillas de la santa muerte, la deidad pagana de los narcos mexicanos.

La protección del más allá no le sirvió y ahora está en la cárcel La Picota de Bogotá, pendiente de su trámite de extradición para responder ante la Corte Distrital de Nueva Jersey, EE.UU.

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BUSCANDO CREAR UNA RUTA
La cooperación entre Colombia y la Oficina Federal de Investigación Criminal de Alemania (BKA) permitió otro arresto el 3 de febrero de 2024. Esa vez el objetivo fue Pouya Mohmini, un traficante con nacionalidad alemana e iraní.

Los investigadores creen que vino a nuestro país a concretar el aprovisionamiento de cocaína con la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor Central (EMC).

Para eso se radicó en el municipio de Jamundí (Valle), donde al parecer sostenía las reuniones con los disidentes, los cuales controlan enormes cultivos de coca y laboratorios de procesamiento en Valle, Cauca y Nariño.

Los agentes lo detuvieron en el barrio Ciudad Jardín, de Cali, y al requisarlo se presentó con una identidad falsa a nombre de Reza Raskshan.

A Mohmini lo buscaba un tribunal de Hannover (Alemania), bajo cargos de tráfico de drogas y armas.

Al parecer está involucrado en un sonado caso registrado en febrero de 2021, cuando las autoridades aduaneras interceptaron un despacho de 16 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, el cual había sido enviado desde la costa de Paraguay. El episodio fue catalogado como la más grande incautación de cocaína en la historia alemana.

Otro germano rastreado por los organismos de inteligencia fue Stefan Menge. Este hombre de 52 años al parecer cumplía una función particular: coordinar puntos de acopio de la cocaína colombiana en las islas del Caribe, para reunir grandes cantidades en la ruta de exportación a Europa.

El 14 de julio de 2023 fue detenido en una vía de la ciudad de Santiago, en República Dominicana, conduciendo una moto de alto cilindraje. Lo deportaron a Frankfurt, Alemania, donde tenía un proceso penal por narcotráfico.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

ANTECEDENTE CERCANO
Hace mucho tiempo que no se registraban capturas tan frecuentes de narcos alemanes en suelo colombiano y sus alrededores. El antecedente más cercano hasta ahora era el de Miro Niemeier Risvanovic, quien en Berlín tenía antecedentes por hurto calificado, extorsión y lesiones personales (de 1996 a 2014).

Viajó a Colombia y se convirtió en socio del Clan del Golfo, administrando una ruta de cocaína en la frontera con Panamá. “El Ruso”, como le decían, enviaba droga en pequeñas cantidades por la selva del Tapón del Darién, empleando migrantes, hasta reunir al otro lado varias toneladas.

Fue capturado en 2016 en Cartago (Valle), junto a once colombianos involucrados en la red. De forma insólita, un juez le dio casa por cárcel, de la cual se fugó a Italia. Allá fue detenido de nuevo y deportado a Colombia en 2017, pero a los cinco meses le volvieron a dar la libertad condicional, tras pagar un soborno de $400 millones por un falso diagnóstico de cáncer.

En ese tiempo de conflictos judiciales, Niemeier enamoró a una patrullera de la Dirección Antinarcóticos que lo investigaba. En contravía de su oficio, la policía se convirtió en su novia y viajaba con él en un automóvil por una vía de Pereira, el 9 de octubre de 2018, cuando el alemán fue acribillado por sicarios.

¿QUÉ ESTÁN HACIENDO AQUÍ?
Documentos de Europol e informes del centro de pensamiento Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), indican que el puerto de Hamburgo es el principal destino de la cocaína que llega por ruta directa a Alemania, que los envíos desde Colombia se han incrementado en los últimos años y que las mafias están en una cruenta disputa por el dominio de ese terminal marítimo.

“La cantidad de cocaína incautada en Alemania se ha multiplicado por siete, de 5 toneladas en 2018 a 35 toneladas en 2023 (…). Y con el continuo exceso de oferta de cocaína en los países de origen (la producción se ha duplicado desde 2014), la ruta de cocaína hacia Alemania está más empleada”, resalta Giatoc.

Los datos de Europol sugieren que Alemania no tiene un cartel propio, sino que su mercado de drogas es disputado por grupos transnacionales como la ‘Ndrangheta italiana, facciones de Los Balcanes y la Mocromafia (conformada por neerlandeses de ascendencia marroquí). Tales organizaciones usan el territorio germano como punto de distribución de los estupefacientes, para llevarlos luego a las plazas de Europa Central y la península escandinava, donde un kilo de cocaína puede venderse hasta por 50.000 euros.

Dada la disputa entre esos grupos extranjeros por el puerto de Hamburgo, contratan a traficantes alemanes para sus operaciones en ese país, y algunos de ellos son enviados a Colombia para consolidar no solo el punto de destino, sino la ruta completa desde el lugar de origen.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que los delincuentes alemanes que se han detectado aquí entablaron negocios con el Clan del Golfo, principalmente, y después con el Estado Mayor Central de las Farc. En dichas sociedades no solo se exporta a Hamburgo, sino a otros puertos europeos de mayor importancia estratégica, como Rotterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica), y los españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona (ver mapa).

En menor medida, usan correos humanos para enviar pequeñas cantidades a través de aeropuertos, así como vuelos charter con caletas adaptadas.

Prefieren exportar desde Urabá y el Caribe, al igual que el puerto de Guayaquil (Ecuador), contaminando con droga los contenedores de banano, aguacate y camarón.

Durante su estadía en Colombia, los narcos alemanes suelen asumir fachadas de comerciantes e inversionistas en negocios de propiedad raíz, hotelería, tecnología y comercio electrónico. Se dan “la gran vida”, una que casi siempre termina en la cárcel.

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El Inspector.

Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

La confusa situación se reportó a las 4:00 de la madrugada de ese sábado 8 de junio, en una parcelación de casafincas de la carrera 7 con la calle 23sur, llamada Acuarela, en el municipio de Envigado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El productor musical Daniel Velásquez y su novia, la agente inmobiliaria Sofía Riascos. Fotos de Jaime Pérez y cortesía.

Un patrulla policial llegó hasta la vivienda N° 18 tras una llamada a la Línea de Emergencias 123. En una habitación encontraron el cadáver abaleado de una mujer sobre la cama, con la cabeza cubierta por una sábana; y en otro cuarto de juegos, el cuerpo de un hombre, también con un impacto de bala en la cabeza.

La inspección a la escena del crimen fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Allí se conoció la primera identidad: Daniel Alejandro Velásquez Franco, de 40 años, un importante productor musical del género urbano, conocido en el mundo artístico como DR Velásquez. La segunda víctima fue identificada posteriormente como Sofía Riascos Valdés, su novia de 23 años.

En un principio, los investigadores no descartaban que se hubiera tratado de un feminicidio – suicidio, en el que uno de los presentes habría matado a la otra y después se quitó la vida.

Esta hipótesis surgió en parte por el último video que DR Velásquez posteó en Instagram, dos días antes de su muerte, con la leyenda “Lo que es, ya fue. Lo que será, ya sucedió, pues Dios recupera lo pasado”.

El texto estaba acompañado por un video que mostraba una finca con un lago, patos y un perro, y la lectura de un pasaje bíblico, Eclesiastés 3:1-14, que comienza con estas palabras: “Hay un tiempo para nacer y otro para morir; un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar; un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír; un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría”.

Sin embargo, 24 horas después, el caso fue registrado como un doble homicidio por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

En el lugar de los hechos la Policía encontró al mayordomo Julián Alberto Quintero Agudelo. Según el reporte inicial de la patrulla, al parecer estaba ebrio.

En primera instancia, el mayordomo expresó que en la noche anterior estaba departiendo con la pareja, tomando licor. Sofía Riascos se fue a dormir primero a otro cuarto, y él se quedó conversando con Velásquez, a quien conocía de antes, no solo por su relación laboral de mayordomo, sino porque Quintero es el tío de la exesposa del productor, Juliana Muñoz.

El mayordomo les señaló a los policías que en la madrugada salió a comprar más alcohol, y que a su regreso encontró a la pareja asesinada, con disparos en la cabeza.

Sin embargo, al poco tiempo cambió su versión. Fuentes judiciales le contaron a este diario que el trabajador les entregó a los uniformados una pistola traumática y, al parecer, confesó que había perpetrado el crimen.

Con esta información preliminar, los policías lo llevaron a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, para que entregara su testimonio bajo juramento, en un procedimiento llamado interrogatorio a indiciado, pero esta vez Quintero se negó a hablar.

La situación puso en apuros a la Fiscalía y a los investigadores judiciales, pues una supuesta confesión extrajudicial de un hombre aparentemente borracho, no es una prueba suficiente para presentarlo ante un juez.

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El mayordomo fue llevado a un centro de detención preventiva, mientras los investigadores trataban de reunir evidencias para emitir una orden de captura.

“Los puentes festivos, cuando hay menos personal disponible en Medicina Legal y los despachos judiciales, es más complicado hacer estos trámites”, contó una de las fuentes.

La orden se expidió al amanecer del martes 11 de junio y Quintero fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó el doble homicidio agravado, el cual él rechazó, declarándose inocente.

Frente a los móviles del doble homicidio, en esta etapa de la investigación no se ha esclarecido qué motivó este crimen. Sin embargo, el fiscal del caso indicó en la audiencia que mientras consumían licor, DR Velásquez y el mayordomo comenzaron a discutir “por asuntos familiares”, lo que luego desencadenó en los asesinatos.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó programada para el próximo viernes.

LAS VÍCTIMAS

DR Velásquez era muy apreciado en el mundo musical. Inició su carrera como cantante y después se dedicó a la producción, impulsando la carrera de reguetoneros tan famosos como Blessd, y participando en proyectos artísticos con JBalvin, Maluma, Reykon y otros exponentes del género urbano.

En las redes sociales se pronunciaron algunos familiares y allegados a Sofía Riascos, quien era una joven emprendedora, agente inmobiliaria y avaluadora de propiedad raíz.

“Dios, solo tengo una pregunta, ¿y la vida de mi amiga? ¿Dónde quedó esa niña llena de sueños, que cada día salía a la calle llena de amor para ayudar? (…). Una hija abnegada, entregada en cuerpo y alma a su mamá, ¿dónde queda el dolor de esta señora? (…). Apagaron la vida de una mujer y nadie lo está sintiendo. Ella no quería morir, era una mujer de Dios, de oración, de perdón”, opinó la psicóloga Fernanda Olarte.

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El Inspector.

Fuentes de Inteligencia le contaron a El Colombiano que se trata de “los Tatas”, cuyas acciones criminales comenzaron en el año 2010 en Popayán, la capital caucana. Esta es la reseña del caso, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que los policías motorizados se encontraron con los ladrones disfrazados del CTI y la Sijín, antes del tiroteo. Imagen de cortesía.

Según registros policiales y de la Fiscalía, en un principio comenzaron como una célula de delincuencia común, que se dedicaba a atracar apartamentos y locales de motocicletas. Su nombre se lo deben a alias “la Tata”, una ladrona que dirigió los primeros golpes.

Las autoridades ejecutaron varias operaciones para desmantelar a ese grupo entre 2014 y 2017, pero al caer a las cárceles, sus integrantes establecieron alianzas con otras organizaciones, que les permitieron expandir sus operaciones criminales a diferentes regiones.

En el crecimiento de su operación clandestina fue crucial el apoyo de algunos exagentes de Policía de Pasto y de Popayán, que fueron destituidos de la Institución por hechos de corrupción. De acuerdo con la investigación, cuyos detalles fueron conocidos por este diario, esos exservidores públicos instruyeron a los asaltantes en una nueva modalidad de atracos: los falsos allanamientos.

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Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”) y a la derecha Germán Vivas Alzate (“Gafas”), ambos fueron los asaltantes heridos en Laureles. El segundo falleció. Cortesía.

Valiéndose de sus contactos en la Policía, conseguían uniformes y documentación oficial para disfrazarse de autoridad e ingresar a las residencias simulando un procedimiento legal. Una vez adentro, proceden a secuestrar a los inquilinos para ejecutar los robos.

También cambiaron el perfil de las víctimas y comenzaron a atracar las viviendas de jíbaros y narcotraficantes que acababan de reclamar sus ganancias, gracias a información obtenida de fuentes del bajo mundo y de los centros de análisis policiales.

En los últimos años se han documentado asaltos perpetrados por “los Tatas”, además de Popayán, en Armenia (Quindío) y Quibdó (Chocó). Fue esa dinámica criminal la que los trajo a Medellín el pasado mes de abril.

Los investigadores creen que analizaron a su objetivo durante varios días, antes de dar el golpe el fatídico 1° de mayo en el barrio Laureles. A las 9:00 a.m. llegaron en varios vehículos al edificio Praga, vistiendo chalecos y otros distintivos de la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía.

Con una orden de captura fraudulenta, por el presunto delito de lavado de activos, ingresaron al apartamento de un ingeniero y sustrajeron $17 millones de pesos y joyas, que de antemano sabían que estaban en ese sitio.

A las 9:30 a.m. llegó al edificio una patrulla verdadera de la Policía, para atender un llamado de la ciudadanía por movimientos sospechosos. La motocicleta con los dos uniformados se topó en la calle con tres de los asaltantes, los cuales los intimidaron con pistolas.

El subintendente Juan Esteban Cortés Pérez se les enfrentó y se produjo un tiroteo, en el que él fue asesinado y dos de los ladrones disfrazados quedaron heridos. Los demás se dieron a la fuga en un taxi y varios carros.

Uno de los asaltantes heridos falleció horas después en Policlínica: Germán Vivas Alzate, de 43 años, oriundo de Popayán y apodado “Gafas”, quien tenía varios antecedentes judiciales por hurto y porte ilegal de armas, entre otros punibles.

Con esta imagen la Policía le rindió un homenaje a su héroe asesinado en Medellín. Cortesía.

El otro herido, quien fue llevado a la Clínica Medellín y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, fue identificado como Benjamín León Gutiérrez (“el Gordo”), también de Popayán y con seis procesos penales abiertos por el delito de hurto. En 2017 había sido capturado y, ahora, por el crimen del policía, le emitieron una nueva orden de captura.

El análisis de las cámaras de vigilancia del vecindario les permitió a los investigadores del caso recuperar una pistola traumática que fue arrojada a un antejardín y localizar dos camionetas Kia Sportage y Renault Duster usadas en el falso allanamiento.

Los agentes de la Sijín también arrestaron a Jhon Steven Cuervo Olarte, de 27 años, sospechoso de conducir uno de los vehículos en los cuales escaparon “los Tatas”.

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos por homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado. Se declaró inocente, pero fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento.

Las autoridades recordaron que sigue vigente la recompensa de $100 millones de pesos para dar con los demás integrantes de la organización.

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El Inspector.

Se trata de Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias “el Montañero”, jefe de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello, Medellín. Bogotá, Soacha, Boyacá y varias subregiones de Antioquia, en asocio con el ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las Farc. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“El Montañero”, jefe de la banda “el Mesa”, está de nuevo en libertad. Foto de Manuel Saldarriaga.

“El Montañero” había sido transferido el año pasado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí por gestión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Allí se llevan a cabo los diálogos con el Gobierno, junto a los principales jefes de las bandas del Aburrá que participan en ese proceso.

Fuentes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a El Colombiano que está libre desde el pasado 14 de marzo.

“El Montañero” había sido capturado el 26 de octubre de 2019 en una finca de Aranzazu, Caldas. Fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas.

Esto quiere decir que apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia, y que un juzgado de control de penas y medidas autorizó su libertad a pesar de tener a cuestas una investigación por homicidio.

El crimen en cuestión ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá. La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

“El Montañero” es un viejo conocido del sistema judicial en Colombia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá ya lo había condenado a 26 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, tentativa de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo.

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La sentencia fue por liderar un asalto a un camión de transporte de valores en 2003, en el barrio Las Flores de Bogotá, en el que fue asesinado un policía de la Sijín. A pesar de esto, apenas estuvo nueve años preso y regresó a la calle en 2013.

Retomó las riendas de “el Mesa”, una organización que cuenta con unos 300 integrantes, dedicados al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, lavado de activos, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones.

Una de las maneras en las que suele evadir la justicia, según fuentes judiciales, es mediante el cambio de identidad. En los registros de la rama judicial figura en expedientes penales con tres nombres: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña. Con este último fue que obtuvo su libertad.

Por su influencia en el mundo criminal fue llamado a ser vocero de paz en la mesa de paz del Gobierno y las bandas del Valle de Aburrá.

Hasta ahora el Gobierno ha guardado silencio sobre esta libertad, y acerca de la manera en que seguirá participando en el proceso, dado que los demás voceros cumplen con la condición de estar reunidos en la cárcel de Itagüí.

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El Inspector.