¿A qué otros peces gordos favoreció esa decisión? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades en Antioquia? Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Según fuentes policiales, “el Montañero” viajó a Francia y España en septiembre de 2025. ¿Cumplía funciones de vocero de paz? Fotos de cortesía.

La opinión pública se enteró de la situación el 31 de marzo de 2026, por una primicia de El Colombiano, que obtuvo la Resolución N° 00072 del ente acusador, fechada el 27 de marzo anterior, la cual otorgó el beneficio a los voceros de las bandas del área metropolitana de Medellín que participan en el espacio de diálogos sociojurídicos instalado en la cárcel de Itagüí.

El documento ordenaba “suspender todas y cada una de las órdenes de captura, que se hayan dictado o llegaren a expedir en contra de los voceros principales de la Estructura Armada Organizada de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá”.

La decisión fue anunciada por la Fiscalía luego de una reunión de alto nivel con el presidente Gustavo Petro y delegados de su gabinete, realizada en Bogotá el pasado 26 de marzo. En ella se analizó “el cumplimiento de los compromisos para estar en las mesas de diálogos”, según uno de los funcionarios que asistió, y se estimó que la del Valle de Aburrá tenía avances importantes.

De los 23 favorecidos inicialmente, hay siete que ya habían salido de prisión por pena cumplida en los últimos meses, y solo “el Montañero” tenía una orden de captura vigente, de acuerdo con fuentes judiciales.

Él es el fundador de la organización criminal “el Mesa”, surgida en el municipio de Bello en los años 90, y actualmente tiene tentáculos en Medellín, Bogotá, el Oriente y el Norte de Antioquia, Caquetá, Boyacá y Soacha (Cundinamarca).

El grupo, con cerca de 400 integrantes, se dedica al narcotráfico, el sicariato, extorsión, comercio ilegal de lotes, tráfico de armas, amenazas, desplazamiento forzado y terrorismo, entre otros delitos.

En las bases de datos judiciales, “el Montañero” figura con tres nombres y con cada uno registra antecedentes penales distintos: Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez (de nacimiento), Juan Camilo Hernández Berrío y Gustavo Adolfo Pérez Peña, con el cual ingresó a la mesa de “paz total” con el Gobierno, en 2023.

Su última captura fue en 2019 y lo condenaron a ocho años de cárcel por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Recobró la libertad el 14 de marzo de 2024, es decir, apenas estuvo preso cuatro años y cinco meses del total de la sentencia.

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“EL MONTAÑERO” ESTABA A PUNTO DE SER CAPTURADO OTRA VEZ
Durante el tiempo en el que estuvo en prisión, “el Montañero” resultó involucrado en un asesinato. Tal cual informó Revelaciones del Bajo Mundo en ese momento, ocurrió el 21 de marzo de 2020 en el patio N°2 de la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

La víctima fue Alejandro Mazo Pulgarín, alias “Titi”, un cabecilla de la banda “Pachelly” y acérrimo enemigo de “el Montañero”.

Mazo murió acuchillado en medio de una riña, y “el Montañero” fue el principal sospechoso, según el expediente que abrió la Fiscalía 9° Seccional de Tunja (noticia criminal N°152046300150 202080072).

El proceso penal derivó en una orden de captura en 2025, por lo cual las agencias de seguridad le estaban siguiendo la pista.

Fue así como se enteraron de que en septiembre del año pasado estuvo de viaje en París, Francia, de acuerdo con fuentes cercanas al caso; luego se movió hacia Madrid, España, aunque no fueron claros los motivos de la aventura. ¿Qué hacía un vocero de paz del Valle de Aburrá en la Ciudad Luz? ¿Qué tenía que ver ese paseo con las funciones que le otorgó el Gobierno? ¿O estaba de negocios?

Esta era una de las cuestiones a resolver si se concretaba su captura, pero tras la resolución expedida por la Fiscalía, los investigadores quedaron con las manos atadas.

De acuerdo con las pesquisas policiales, “el Montañero” al parecer ya regresó al país, aunque con un bajo perfil, pues “el Mesa” está en guerra contra el Clan del Golfo por el dominio del bajo mundo en el Oriente de Antioquia, razón por la cual pesa sobre él una amenaza criminal.

Otras fuentes aseguran que sigue en España, pendiente de las elecciones del 31 de mayo, para ver quién será el próximo presidente de Colombia.

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LA FISCALÍA SE ECHÓ PARA ATRÁS

La medida de la Fiscalía causó un fuerte rechazo a nivel nacional y regional, en particular porque sucedió en plena época electoral, lo que despertó múltiples sospechas.

El candidato presidencial Roy Barreras, antiguo asesor del presidente Gustavo Petro, señaló que la suspensión de órdenes de captura para los jefes del crimen organizado del Valle de Aburrá está relacionada, presuntamente, con la búsqueda de votos.

El comentario se registró durante una conversación con los periodistas del portal noticioso Los Danieles, en la cual le preguntaron al exembajador en el Reino Unido: “¿Los jefes de clanes mafiosos que fueron liberados en Antioquia tienen como propósito buscar una mejor votación para el candidato del Gobierno? (Iván Cepeda)”.

“No solo en Antioquia”, respondió Barreras. “Estoy seguro que sí (…). Yo creo que va a producir resultados electorales, lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la paz total con ese objetivo”, acotó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, para que la Fiscalía revocara su decisión.

Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que presentará un proyecto del ley al Congreso para derogar la Ley de Paz Total, en la cual se basan las gabelas que el Gobierno les da a los capos con los que negocia.

Frente a toda esta presión, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, expidió una nueva resolución este 6 de abril (N°00079), en la cual modificó parcialmente la medida anterior, suspendiendo solo las órdenes de captura a quienes ya han salido de la cárcel.

Lo insólito del hecho es que la funcionaria admitió en una entrevista con Caracol Radio que no conocía los apodos de estos personajes, los cuales ocupan los titulares de prensa hace más de una década.

“Yo no los reconozco por alias, y eso me asusta un poco. Por eso yo les decía a ustedes (los entrevistadores), si en ese listado (que le compartió el Gobierno) hubieran estado los alias, y uno ve a ‘Douglas’, uno sabría que esa persona está privada de la libertad. Pero cuando a mí me dicen ‘el Montañero’, no sé quién es”.

La fiscal General, Luz Adriana Camargo, dijo que no sabía quién era “el Montañero”, a pesar de que le suspendió la orden de captura. Fotos de cortesía.

LOS VOCEROS DE BANDAS INVOLUCRADOS

Además de “el Montañero”, los favorecidos con la suspensión de las órdenes de captura fueron seis peces gordos que también están libres:  Albert Antonio Henao Acevedo (“Alber”) y su hermano Rodrigo Henao Acevedo (“Perica”), de la banda “Pachelly; Jhon Fredy Yepes Hoyos (“Clemente”), de “la Oficina”; Mauricio de Jesús Morales Múnera (“el Abogado”) y Fredy Alexander Henao Arias (“Naranjo”), de “los Triana”; y Andrés Dimaría Oliveros Correa (“Mundo Malo”, de “la Silla”. Curiosamente, casi todos estos grupos delinquen en el municipio de Bello.

Los otros 16 voceros seguirán en prisión, hasta terminan de cumplir sus penas vigentes. Ellos son: Andrés Felipe Rodas Montoya (“Yerbas”) y Juan Fernando Álvarez (“Juan 23″), de “Niquía Camacol”; Dayron Alberto Muñoz Torres (“el Indio”), de “Trianón”; Elder Darbey Zapata Rivera (“Grande Pa”), de “Altos de Aranjuez”; Freyner Alfonso Ramírez García (“Carlos Pesebre”), de “los Pesebreros”.

La lista sigue con Carlos Augusto Correa López (“Mono Pepe”) y Wálter Alonso Román Jiménez (“el Tigre”), de “la Unión”; Iván Darío Suárez Muñoz (“Iván el Barbado”), de “Barrio Antioquia”; Jesús David Hernández Grisales (“Chaparro”), de “la Milagrosa”;  Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (“Vallejo”), de “el Mesa”; José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), Juan Camilo Rendón Castro (“el Saya”) y Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (“el Compa”), de “la Terraza”.

Además de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), de “los Chatas”; Paulo Andrés Torres Flórez (“Pocho”), de “la Agonía”; y Sebastián Murillo Echeverri (“Lindolfo”), de “Caicedo”.

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 El Inspector.

En el bajo mundo son conocidos como los “invisibles” y los “baby narcos”, dos figuras opuestas en el juego de la mafia. Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Luis Tello Candelo (“Negro Frank”) encabezó la lista de extraditados a EE.UU. en octubre; en el círculo de arriba, Jorge Herrera (DJ Regio Clown); y abajo Juan Pablo Leal (“Pablito Tuci”). Fotos cortesía de Policía y archivo.

En una lánguida fila india, con las muñecas esposadas y bajo la mirada penetrante de los agentes de Interpol, desfilaron de uno en uno nueve extraditables solicitados por las cortes de EE.UU.

Sucedió el pasado 31 de octubre en el aeropuerto de Bogotá, donde un avión de la agencia U.S. Marshals Service los esperaba para partir hacia sus eventuales condenas.

Entre los desdichados iba Luis Frank Tello Candelo, alias “el Negro Frank”, señalado de coordinar una ruta de narcotráfico marítimo y aéreo que atraviesa Colombia, Venezuela, Honduras y México.

Estuvo preso en 1996, pero salió a los tres años por vencimiento de términos, cuando su expediente desapareció de la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese tiempo era lugarteniente de Daniel “el Loco” Barrera, cabecilla de una naciente organización con ínfulas transnacionales, que a futuro sería conocida como la Junta Directiva del Narcotráfico.

Luego lo arrestaron en 2010 en Venezuela, junto a su cónyuge Gloria Rojas Valencia, señalados de fungir como enlaces en Suramérica del cartel mexicano “los Zetas”.

Ambos fueron extraditados y procesados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y cinco años después regresaron a Colombia.

“El Negro Frank” volvió a las andadas, y entre 2018 y 2021 coordinó más despachos de droga por la misma ruta, por lo que la Corte del Distrito Sur de Florida le abrió un nuevo expediente. La Dijín lo recapturó en 2023, y desde entonces estaba a la espera de su segunda extradición en la cárcel La Picota, la cual se materializó cuando abordó ese avión hace cinco meses.

A pesar de semejante prontuario, Tello era prácticamente desconocido para la opinión pública. A diferencia de otros capos, su rostro nunca apareció en el cartel de los más buscados, ni le asignaron estrafalarias recompensas en su contra, ni salió en revistas de chismes relacionado con actrices.

Tampoco fue mencionado su nombre en masacres o atentados sicariales, pese a moverse en el sórdido mundo de la mafia. ¿La razón? “El Negro Frank”, a sus 63 años, hace parte de esa generación de delincuentes denominados “narcos invisibles”, los cuales pululan en la actualidad, cuando el negocio de la cocaína alcanzó rendimientos históricos.

Pero no es el único espécimen “raro” que ha salido a flote recientemente, en el vasto paisaje del crimen organizado.

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“INVISIBLES” Y BABY NARCOS”
El mismo día en que Tello era extraditado por segunda ocasión, la Fiscalía de México anunciaba las capturas de 16 personas implicadas en los brutales asesinatos de dos músicos colombianos, Byron Sánchez (B-King) y Jorge Herrera (DJ Regio Clown), cuyos restos desmembrados fueron encontrados el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

Como móvil del crimen, el ente acusador expuso que “los actos investigativos realizados hasta el momento vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como ‘tuci’ y ‘coco channel’”.

La hipótesis es que los colombianos fueron acusados, por un narco apodado “Pantera”, de vender drogas sin autorización en su territorio.

Aunque B-King y DJ Regio Clown no tenían investigaciones penales en su contra, en México la sospecha de un capo es una sentencia de muerte.

La Fiscalía presume que Herrera era un joven que usaba su carrera musical como fachada para la venta de tuci en conciertos, que era, ni más ni menos, un “baby narco”.

Esta denominación, acuñada por la Policía colombiana, también aplica a un caso registrado a principios del 2025, cuyo protagonista fue Juan Pablo Leal Velásquez, un muchacho de 27 años conocido en el bajo mundo de Medellín como “Pablito Tuci”, considerado uno de los principales distribuidores de drogas sintéticas en el Valle de Aburrá.

En el barrio Santa Cruz, de estrato bajo, mandó a construir una pequeña mansión de $4.000 millones, con jacuzzi y pasadizos secretos, donde hacía rumbas con DJ, influencers, modelos y traquetos. En una de ellas, el pasado 17 de febrero, fue asesinado su socio Cristian Tobón, originando una balacera de la cual “Pablito Tuci” logró escapar.

La muerte lo persiguió hasta un condominio del municipio de Calima Darién, en Valle, donde el 11 de marzo de ese año fue acribillado por sicarios.

A diferencia de los “narcos invisibles”, los “baby narcos” no son veteranos de perfil anónimo, sino jóvenes extravagantes que se precian de pertenecer a la farándula de la mafia, con un estilo de vida llamativo y jolgorioso.

Usan conciertos y “after parties” para distribuir narcóticos y exponer sus lujos en las redes sociales.

“Los ‘invisibles’ decidieron modificar sus comportamientos, buscando ocultar su identidad y generar un total desconocimiento del responsable de los cargamentos de estupefacientes. Su suspicacia, su experiencia, sus relaciones personales y alcances criminales, los hacen difíciles de detectar. En cambio, los ‘baby narcos’ destinan gran parte de su dinero en opulencias, que van desde su manera de vestir, hasta los lugares donde residen; sus relaciones interpersonales son públicas y ser festivos es una de sus debilidades”, le explicó a El Colombiano el coronel (r) Marco Pulido, exoficial de la Dirección Antinarcóticos de la Policía y analista de criminalidad.

Felipe Botero, jefe de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, relató que “hoy tenemos un fenómeno de fraccionamiento del modelo de narcotráfico, ya no hay grandes grupos jerárquicos como el cartel de Medellín, sino más pequeños y especializados en roles específicos del negocio, que cooperan entre sí”.

En consecuencia, “esto permite el ascenso de jóvenes que provienen de bandas locales, quienes pasan a tener responsabilidades en la red transnacional y se enriquecen muy rápido. Durante un trabajo de campo en el norte de Cauca, por ejemplo, encontramos muchachos de 16 años que ya estaban involucrados y tenían ingresos altísimos”, acotó el experto, refiriéndose a los “baby narcos”.

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GENERACIONES DEL NARCOTRÁFICO
En los últimos 50 años de historia del crimen en Colombia, es posible identificar cuatro etapas del negocio del tráfico de cocaína, cada una con unos representantes conocidos y características particulares.

La primera generación se forjó en los 80, con los grandes carteles de Medellín y Cali, los cuales ejercían el monopolio global de la distribución del narcótico. Estas estructuras funcionaban como conglomerados empresariales, formados por varias compañías y una especie de junta de directiva con presidente ejecutivo.

Conformaron ejércitos de sicarios, instruyendo a grupos de operaciones especiales (para secuestros, masacres y carrobombas) y contratando a las bandas barriales para sus “vueltas” urbanas.

Buscaron incidir en las instituciones del Estado, corrompiendo funcionarios en todas las ramas del poder, mediante la oferta de sobornos e intimidaciones, y asesinando a los servidores públicos que los combatían.

La matanzas que desató el cartel de Medellín para suprimir las normas de extradición, por ejemplo, generaron un nuevo concepto en el extenso diccionario de la violencia en Colombia: el narcoterrorismo.

Aunque la precursora de esta generación fue Griselda Blanco (“la Madrina”), la primera en establecer una ruta de exportación de cocaína hacia el exterior y controlar la distribución en varias ciudades de EE.UU., sus máximos exponentes fueron Pablo Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

De ellos, solo este último está vivo, purgando sus crímenes en una cárcel de Estados Unidos, a sus 82 años de edad.

El comportamiento estrafalario y los lujos excesivos que derrocharon ellos y sus lugartenientes, sentaron las bases de la “cultura traqueta”, que ha influenciado a miles de jóvenes desde entonces.

La segunda generación se estableció en los 90, cuando los grupos armados como las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asumieron un rol protagónico en el entramado. Antes, su acción se limitaba al cobro de “impuestos de gramaje” a los capos, por permitirles procesar y transportar la droga en sus territorios, o a establecer convenios de cooperación a cambio de dinero, ejecutando tareas de escolta, atentados y vigilancia de laboratorios clandestinos.

Pero con la caída de los grandes carteles, los guerrilleros y paramilitares tomaron las riendas, no solo para financiar sus respectivas causas, sino para abastecer un mercado internacional que cada vez más demandaba la cocaína.

A diferencia de los narcos de la primera generación, estos no solo tenían interés en los réditos económicos, sino en el control de territorios rurales y sus respectivas comunidades, para asegurar monopolios de cultivo de coca.

Incorporaron otras rentas, que a la postre terminaron invirtiendo en la tecnificación del tráfico de narcóticos: la extorsión generalizada y la minería ilegal de oro.

Entre sus exponentes están Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”) y Víctor Suárez (“Mono Jojoy”), entre otros.

La tercera generación surgió en la década de 2006 a 2016, en cabeza de facciones herederas de las desmovilizada Farc y AUC, y de los antiguos carteles, como el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, “los Rastrojos”, “la Oficina”, “los Pachenca” y “los Paisas”.

Estos grupos operan como confederaciones, que incluyen narcos que manejan las finanzas, pero también un aparato militar para el dominio territorial.

Ya no se dedicaron al monopolio, sino a establecer sociedades con mafias extranjeras que se encargaran de la distribución global del narcótico, lo que facilitó el ingreso a Colombia de delegados de grupos mexicanos, italianos, balcánicos, marroquíes y ecuatorianos, entre otros.

Invirtieron grandes sumas de dinero en negocios legales, perfeccionando las dinámicas de lavado de activos, hasta colonizar mercados de criptomonedas y contrabando de mercancía.

Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, narcotraficante de tercera generación, condenado en EE.UU. Foto cortesía de Policía.

Algunos de sus representantes son Dairo Úsuga (“Otoniel”), Néstor Vera (“Iván Mordisco”), Javier y Luis Calle Serna (“los Comba”) y Maximiliano Bonilla (“Valenciano”), entre otros.

La cuarta generación se caracteriza por una democratización total del narcotráfico de cocaína, para surtir una demanda mundial de 25 millones de consumidores (según la ONU), con la entrada en escena de grupos independientes y sigilosos, que no están inscritos en ninguno de los carteles conocidos, pero que tienen la capacidad asociativa para despachar decenas de toneladas al exterior.

No les interesa el control de zona rurales ni desafiar al Estado, sino más bien camuflarse en la sociedad. “Son pequeñas estructuras que tercerizan muchos procesos, usan nuevas tecnologías y están altamente conectadas con compradores extranjeros”, dijo Ana María Rueda, coordinadora de Drogas de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Fue durante la transición de la tercera a la cuarta generación, que aparecieron en escena “los invisibles” y los “baby narcos”, como una nueva forma de interpretar el poder criminal, delegando en otros el ejercicio de la violencia para concentrarse en maximizar las ganancias.

En la actualidad conviven los narcos de varias generaciones, peleando y asociándose entre sí, según la conveniencia. Hay unos de segunda generación, como Luciano Marín (“Iván Márquez”), exmiembro del Secretariado de las Farc; de tercera, como Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), del Clan del Golfo; y de la cuarta, como el fallecido “Pablito Tuci”.

A todos parece esperarles un oscuro final, en una bolsa para cadáver o un indeseado vuelo hacia una corte extranjera.

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El Inspector.

En el registro a la vivienda encontraron artilugios de brujería y un archivador en el que se guardaban las fichas personales de sus víctimas potenciales, incluyendo el precio por “hacerles la vuelta”. Este es un reportaje exclusivo de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son algunas de las fichas personales que la célula sicarial guardaba con información de blancos potenciales. Foto de cortesía.

“Si ustedes no entran a esa casa ya, van a matar a otro mexicano. Si no entran, mañana hay un muerto en Medellín, porque ya mandaron el pago por bitcoin”.

La voz del informante sonó muy seria al otro lado del teléfono. Se refería a una vivienda de clase media, localizada en el barrio Kennedy, entre las comunas de Robledo y Doce de Octubre, que los investigadores de la Policía llevaban tres días monitoreando.

Según la fuente, era un lugar de reuniones clandestinas, en el que no solo se planeaban homicidios, sino que se practicaban rituales de santería y sacrificios de animales para invocar las fuerzas del más allá en favor del crimen.

Los comandos allanaron la residencia el 11 de febrero de 2026, al mediodía, justo cuando los inquilinos estaban congregados para una videollamada con el intermediario del cliente que los contrató para el sicariato del mexicano.

Quienes participaron en el asalto, contaron que “la energía era muy pesada” en la casa, la cual tenía unos 65 metros cuadrados de superficie. No había camas, ni muebles, tan solo una mesa en un patio con seis sillas; en una de las habitaciones encontraron dos altares con esculturas de santos católicos y emblemas de brujería, como la santa muerte y el bandolero Jesús Malverde, venerado por narcos de México y Centroamérica.

Adentro había una mujer y ocho hombres, con ocho armas de fuego, municiones, 29 celulares, tres computadores y dos tablets. Todo era bastante inusual en esta guarida, pero los policías quedaron impactados por un viejo archivador que contenía unos documentos similares a currículos.

El informante detalló que la banda de sicarios llenaba un formato impreso con cada blanco potencial, la mayoría de ellos extranjeros, lo que demuestra un sofisticado nivel de organización.

El Colombiano tuvo acceso exclusivo a fotos de algunos documentos de ese archivador, constatando la manera en la que el grupo sistematizaba su catálogo de la muerte.

Esta es la casilla de “valor” que traen las fichas personales de los posibles objetivos, con un precio aparentemente codificado. Cortesía.

INVENTARIO DE VÍCTIMAS Y PRECIOS
Los papeles están marcados con el título de “ficha personal”, incluyen ítems como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, trabajo y correo. Da la impresión que los sicarios usaron alguna clase de formato relacionado con trámites de inmigración a EE.UU., aunque carecen de sellos oficiales. La razón para suponerlo es que llevan la casilla “tiempo USA” y “estado”, en referencia al lugar de residencia y la duración de su estancia.

En los papeles analizados por este diario también están escritos los datos personales de las respectivas parejas de los blancos, con el tiempo de casados y si tienen o no hijos.

En primera instancia, pareciera que los ficheros recolectaran simplemente información de latinos que migraron a EE.UU., a no ser por la casilla más inquietante:“valor”.

Allí, de acuerdo con el informante, se ponía el precio por darlos de baja, en cifras codificadas que todavía no se han podido descifrar. En los documentos, ese espacio fue llenado con números de tres dígitos: 282, 323, 378, etcétera.

¿A cuánto dinero equivalen? Una hipótesis es que son valores netos de bitcoin, una criptomoneda que se comercia de manera virtual y al margen del sistema bancario, lo cual hace muy difícil rastrear las transacciones.

Sin embargo, hoy un bitcoin (BTC) equivale a $252 millones de pesos, según la plataforma de intercambio Coinbase. Esto implicaría que, bajo esa lógica, 282 BTC son $71.000 millones, una cifra desproporcionada para los agentes, por lo que todavía están en estudio esos números.

La fuente confidencial narró que los precios de base rondaban el medio millón de dólares por cabeza, es decir, $1.845’670.000 pesos, según la tasa representativa del mercado (Banco de la República).

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Estos son los datos personales de las víctimas potenciales que incluyen las fichas que guardaban los sicarios. Cortesía.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS
Por motivos de seguridad, reservaremos las identidades reseñadas en las fichas, algunas de las cuales estaban acompañadas de fotos y alias, manuscritos al margen de sus nombres: “el Chamán”, “Damián”, “Jesús”, “Amador”, entre otros.

En una primera revisión al archivador, se encontraron los ficheros de mexicanos residentes en ciudades y estados de EE.UU., como Las Vegas, Nueva York, California y Utah.

El informante recalcó que en la lista de víctimas había albaneses, canadienses y gringos. No dijo sus nombres, aunque una verificación a los asesinatos de esos nacionales perpetrados en Medellín en los últimos años puede dar pistas.

Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 fue acribillado en El Poblado el colombocanadiense Jonathan Acevedo García; y el 5 de octubre abalearon a Artur Tushi, procedente de Albania, también en El Poblado.

Si esos crímenes fueron cometidos por esa “oficina premium”, tal cual la llamó el alcalde Federico Gutiérrez, es algo que está por verse. Unas fichas están marcadas con fechas de 2019, lo que da una idea del tiempo que llevaría operando esa célula criminal.

Una revisión somera de los equipos decomisados sacó a la luz inventarios de nómina y videos en los que se veían sacrificios de animales y personas vendadas y bajo intimidación, como si estuvieran secuestradas. ¿Quiénes son y hace cuánto sucedió? Esas son las cuestiones que ahora debe desentrañar la Fiscalía.

El análisis forense de toda la evidencia recaudada podría tardar más de seis meses.

Estas fueron las personas capturadas en el allanamiento al barrio Kennedy, en Medellín. Cortesía.

“YO LOS SACO DE ESTO”
En el allanamiento fueron capturados Arley Olvany David David, presunto coordinador de la célula sicarial, y su esposa Laura Yecenia Hoyos Pérez, de 31 años, la supuesta secretaria encargada del archivador.

Con ellos cayeron Jhon Sánchez Granada, Santiago Vera Gaviria, Tomás Molina Zapata, Jonathan Laverde Piedrahíta, Nelson Lopera Henao, Mateo Botero Atehortúa y Jéferson Mira Alzate.

Tienen edades entre los 21 y 39 años; tres de ellos registran múltiples viajes a República Dominicana, México y Chile; y solo dos tenían antecedentes judiciales por receptación y porte ilegal de armas.

Los celulares incautados fueron comprados en el exterior, por lo que su código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, en inglés) es extranjero, lo que complica los trámites para interceptarlos y refleja la conexión transnacional de la banda.

En la audiencia de control de garantías, los procesados se declararon inocentes por el delito de porte ilegal de armas; el juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural y fueron repartidos en varias estaciones de Policía. La Fiscalía investiga para quién trabajan, pues al parecer hacen parte de una red más grande y rinden cuentas a un sujeto al que se refieren como “el Viejo”.

Tras finalizar la audiencia, el supuesto cabecilla, Arley David, les dijo a los detenidos: “Tranquilos, que yo los saco a todos de esto”.

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El Inspector.

Sucedió en las afueras de un restaurante de México, y aunque todavía es muy temprano para señalar a los responsables, las agencias de seguridad de Colombia ya empezaron a barajar a los posibles sospechosos. Este es un reportaje de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Santiago Gallón Henao durante su captura en 2018; en el recuadro, la portada del diario irlandés sobre la muerte de “Packie” Moore. Fotos de cortesía.

En esa lista está una organización criminal de Europa, con la cual habría sostenido negocios en el pasado, los cuales terminaron con sangre de por medio. Un caso al cual El Colombiano le ha seguido la pista desde su origen.

La historia comenzó con un macabro hallazgo, el 2 de mayo de 2017, en el sector Santa Clara del municipio antioqueño de Caldas. Allí, según los lugareños, desconocidos bajaron de un automóvil blanco y arrojaron un cadáver a una cañada, cerca a la cuenca en la que nace el río Medellín.

El cuerpo estaba desnudo, atado de pies y manos, y con la cabeza envuelta en papel adhesivo. En la yerba aledaña abandonaron una bolsa plástica, que contenía su ropa.

La inspección a la escena del crimen fue realizada por agentes de la Sijín del Valle de Aburrá, quienes anotaron en su informe que el occiso era un NN masculino mayor de 50 años, de rasgos extranjeros, que tenía tatuados un Cristo, un pergamino que decía “mom and dad” (mamá y papá) y una bandera de la República de Irlanda, entre otros dibujos.

Con esa pista, la Policía se contactó con sus homólogos irlandeses e iniciaron las pesquisas juntos. Tres meses después, tras analizar las huellas digitales en el laboratorio y cotejarlas con los registros de las autoridades europeas, lograron identificar al finado: Joseph Francis Moore, de 55 años, oriundo de Balyfermont, un vecindario del suroeste de Dublin.

En el bajo mundo era conocido con el alias de “Packie”, y en las bases de datos de la Policía local figuraba como un traficante de drogas al servicio de la principal organización criminal de Irlanda: el Clan Kinahan, conformado por una peligrosa familia con múltiples antecedentes delictivos.

En este lugar fue abandonado el cadáver de Joseph Francis Moore, en Caldas (Antioquia). Foto cortesía Q’Hubo.

“Packie” tenía residencia permanente en España, donde al parecer coordinaba la llegada de cocaína colombiana mezclada con carbón, cemento y otros insumos industriales, la cual era posteriormente separada y embalada en laboratorios clandestinos en suelo español, para luego distribuirla en el Reino Unido y otras plazas de Europa Central.

¿Pero qué fue lo que ocurrió, para que terminara asesinado de manera brutal en un desolado paraje de Antioquia?

LA SOCIEDAD ENTRE GALLÓN Y EL CLAN KINAHAN

Con apoyo de colegas periodistas en Dublin, El Colombiano inició en ese entonces una investigación para esclarecer lo sucedido.

Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía le contaron a este diario que, según el registro migratorio, “Packie” Moore había llegado a Medellín procedente de España, el 1 de mayo de 2017, es decir, un día antes de su hallazgo en la cañada.

Indicaron que el occiso había viajado a Colombia para hacer negocios de narcotráfico, aunque no suministraron más detalles.

La pieza del rompecabezas que faltaba apareció en Dublin, donde el homicidio de “Packie Moore” causó conmoción entre sus allegados de Balyfermont, Uno de ellos se acercó a la Policía dublinesa y les contó que su amigo le había escrito antes de viajar a Suramérica, diciéndole que temía por su vida.

De acuerdo con su relato, el Clan Kinahan tenía una sociedad de narcotráfico con miembros de la familia Gallón Henao, de Medellín, que al parecer tenían negocios de minería de carbón en el municipio de Amagá (relativamente cerca de la escena del crimen).

Dicha actividad servía como supuesta fachada para camuflar cargamentos de cocaína en bultos del mineral, que luego eran exportados a la península ibérica en contenedores.

El problema surgió en febrero de 2016, cuando las autoridades europeas decomisaron un alijo de 130 kilos en el puerto de la ciudad española de Valencia. Los investigadores, además, allanaron un laboratorio clandestino e incautaron otros 300 kilos del alcaloide, desmontando toda la operación ilegal.

En la acción policial fue detenido, con fines de extradición, el supuesto coordinador colombiano de la exportación: William Rafael Vargas Maestre, alias “el Canoso” o, como le decían sus socios irlandeses, “the Grey Man” (el hombre gris).

La pérdida del laboratorio, de la droga y del coordinador, generó una disputa interna entre los implicados. Según el relato del informante, Juan Santiago Gallón Henao les exigió a los clientes el pago de la mercancía, pero Daniel Kinahan, el jefe del clan dublinés, se negó a responder por un cargamento que nunca llegó a sus manos.

La reyerta escaló a tal punto, que comenzaron las amenazas de muerte. Entonces, para tratar de menguar el conflicto y no perder la ruta de droga, Daniel Kinahan le ordenó a “Packie” Moore que viajara a Medellín para dialogar con los proveedores colombianos. La travesía, como ya se ha dicho, terminó mal.

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CAPTURADO POR FINANCIAR UNA RUTA A EUROPA
La declaración del informante se filtró a la prensa irlandesa y el periódico The Irish Sun la publicó el 17 de septiembre de 2017. En sus páginas salieron las fotos de los hermanos Pedro y Juan Santiago Gallón Henao, en calidad de sospechosos de la muerte de Moore.

Con una copia de esa edición, un reportero de El Colombiano fue a la Fiscalía Local de Caldas y conversó con el fiscal que tenía asignada la investigación. El funcionario, un veterano a punto de jubilarse, se asustó al ver las conexiones transnacionales del crimen.

“Yo no tengo muchas evidencias, pero esta es una simple Fiscalía local, aquí no tenemos herramientas para esclarecer un caso así”, contó el jurista. Luego envió un correo a la Dirección Central de la Fiscalía en Bogotá, el expediente fue asignado a otro despacho especializado y, hasta el sol de hoy, no ha habido avances en las pesquisas.

En ese momento, por intermedio de un abogado cercano a los Gallón Henao, este diario envió un cuestionario sobre el asunto, el cual nunca fue respondido.

Joseph Francis Moore (“Packie”), de 55 años, asesinado en Colombia en 2017. Fotos de cortesía.

Juan Santiago Gallón Henao fue capturado el 16 de enero de 2018 en Cúcuta, y enviado a la cárcel por el delito de tráfico de estupefacientes, tras ser señalado de financiar una ruta de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.

Según el expediente, era el supuesto patrocinador de una organización que despachaba el alcaloide desde puertos del Caribe, camuflados en insumos veterinarios (concentrado para perros, alimento de gatos y arena), fertilizantes agrícolas y carbón.

Su socio en ese negocio resultó ser otro europeo: el ciudadano inglés Andrew Mark Deamer (“el Mono” o “Marcos”), quien fue capturado en una finca de Rionegro, Antioquia.

El empresario antioqueño se declaró inocente en el estrado y meses después fue dejado en libertad por vencimiento de términos.

Personas de su círculo le contaron a este diario que se fue a vivir a México hace cuatro años, donde tenía estatus de residente y negocios de ganadería e inversiones en la industria de la construcción, en asocio con un empresario de China.

El reportaje publicado en The Irish Sun, en el que se reprodujo la versión del informante que salpicó a Juan Santiago Gallón Henao en la muerte de “Packie Moore” (2017). Foto de cortesía.

¿De dónde vinieron las balas que lo aniquilaron? Aún es pronto para saberlo. Las autoridades mexicanas reportaron que el crimen ocurrió en la tarde del 4 de febrero de 2026, en el municipio de Huixquilucán, en el estado de México.

La prensa local informó que llegó a un restaurante del sector Magnicentro,, y que al bajarse de un vehículo fue abaleado por un sicario. Aunque lo trasladaron a un hospital, no sobrevivió.

La familia tiene una versión distinta de lo ocurrido. “A él no lo acribillaron, como se está diciendo en la prensa. Fue un solo disparo el que lo mató. Hubo un forcejeo con el agresor, se está investigando si se trató de un atraco”, contó el abogado Carlos Botero, en representación de los dolientes.

Por su amplio historial delictivo, Gallón Henao podría tener múltiples enemigos. Estuvo implicado en el asesinato del futbolista Andrés Escobar (1994), aunque no lo sentenciaron por eso; pagó tres años de cárcel por financiar grupos paramilitares en el Suroeste de Antioquia; participó en el montaje de la polémica Convivir Cóndor en los años 90, que cometió varios homicidios; el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton (2015), por lavar dinero de la organización criminal “la Oficina”; y su nombre salpicó varios expedientes por narcotráfico en rutas hacia Europa.

Aunque el crimen de “Packie” Moore no se ha esclarecido, el Clan Kinahan es hoy una de las organizaciones más poderosas en el Viejo Continente. Sus líderes están en los listados de más buscados de la DEA, el FBI y Europol, y se presume que controlan sus tentáculos desde Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, y tienen alianzas con carteles mexicanos.

De momento no hay evidencia para vincularlos a este asesinato, pero investigadores de vieja data consultados por este diario no descartaron una vendetta que tardó nueve años en perpetrarse.

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El Inspector.

El objetivo de los matones fue Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, uno de los líderes históricos de la banda “el Pesebre”.

Ómar Alexánder Ortiz Montoya, alias “Roña”, fue asesinado en el barrio Blanquizal de Medellín. Fotos de archivo y cortesía.

El crimen sucedió el 22 de enero de 2026 en el barrio Blanquizal, a las 00:20 de la madrugada.

De acuerdo con la indagación preliminar de las autoridades, “Roña” estaba departiendo con otras personas en las afueras de un establecimiento comercial, cuando fue sorprendido por el homicida, quien salió caminando de un callejón cercano.

Se aproximó a la víctima, le puso el cañón de la pistola calibre milímetros detrás de la oreja izquierda, y apretó el gatillo. Luego lo remató con otros disparos en la cara.

Uno de los proyectiles se desvió del blanco e impactó al mecánico Mateo Álvarez Puerta, de 28 años, quien estaba reunido con sus amigos afuera de su taller de motos, a pocos metros de distancia del lugar del ataque.

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La bala se incrustó en su cuello, y aunque los allegados lo trasladaron a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

“Roña”, de 48 años, murió en el sitio. De acuerdo con su prontuario, era desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y uno de los líderes de la banda “el Pesebre”, encargado de coordinar las operaciones delincuenciales en el barrio Blanquizal.

Tenía antecedentes penales por extorsión (2013), abuso de confianza (2017) y desplazamiento forzado (2015, 2020 y 2023).

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Fue lugarteniente de Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), el fundador y comandante de la organización, quien actualmente es vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el gobierno de Gustavo Petro, instalada en la cárcel de Itagüí.

De hecho estaba junto a él cuando lo capturaron en 2013 en una finca de Urrao, Antioquia, durante una reunión de cabecillas de “el Pesebre”; pero mientras a su jefe se lo llevaron preso, a él lo liberaron porque carecía de orden de captura.

La muerte de “Roña” podría tratarse de un reacomodo de las fuerzas internas en la banda. Mientras “Carlos Pesebre” está en prisión, la comandancia recae sobre “Julián Machete”, cuya jefatura al parecer genera resistencia entre otros líderes, según fuentes policiales.

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El Inspector.

Se trata de Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, el tercer cabecilla de ese grupo que mataron en menos de un año. ¿Quiénes fueron los otros?

Rubén Darío Giraldo Villada, alias “don Ramón”, fue asesinado en una vía pública de Medellín. Fotos de archivo.

De acuerdo con el reporte policial, el crimen ocurrió a las 8:00 p.m. del 19 de enero de 2026. La familia de la víctima contó que un amigo suyo apareció en la vivienda del barrio Granizal, y “don Ramón” salió con él en una motocicleta Yamaha NMax.

Condujo hasta la carrera 48B con la calle 97 del barrio Santa Cruz, en un sector conocido como San Nicolás. En ese punto dejaron parqueada la moto y luego los vecinos escucharon el bullicio de una riña, seguido por disparos.

Aún no se ha esclarecido si el agresor fue el supuesto amigo que lo recogió en la casa, o una tercera persona. Lo cierto es que, cuando la patrulla de la Policía llegó al sitio alertada por los vecinos, encontraron a Giraldo Villada tendido en el asfalto.

En la inspección al cadáver le contaron 26 heridas de puñal en el pecho y la mano derecha, así como tres orificios de bala en el cráneo.

En un principio el hecho fue reportado como una presunta riña por intolerancia, pero cuando los investigadores revisaron las bases de datos judiciales, el caso tomó otro rumbo.

“Don Ramón”, de 45 años, figuraba como integrante de la cúpula de la banda criminal “San Pablo”, que delinque en el nororiente de Medellín, dedicada al sicariato, las extorsiones, el desplazamiento forzado, la urbanización ilegal de lotes y el narcotráfico.

Giraldo tenía investigaciones abiertas por amenazas (2015), falso testimonio (2016), desplazamiento forzado (2021) y extorsión (2015, 2016 y 2023). De hecho, había sido capturado el 29 de abril de 2014 y pasó una temporada en la cárcel.

Así fue la escena del crimen en el sector San Nicolás. “Don Ramón” murió en el lugar de los hechos. Cortesía de Denuncias Antioquia.

El finado fue lugarteniente del jefe histórico de “San Pablo”, Adiel Fabián Covaleda Guzmán (“Adier”), un paramilitar desmovilizado que fue asesinado por sicarios el 19 de mayo de 2025, en una casa de ese mismo sector de San Nicolás.

Dos días antes, 17 de mayo de 2025, acribillaron a otro cabecilla de la facción: Ariel Gonzalo Figueroa Cetré, alias “Mi Nay” o “Conspire”, de 43 años. Estaba en un restaurante del barrio Aranjuez con una mujer, cuando llegó un hombre y le apuntó con un arma de fuego.

Le propinó un disparo inicial, pero la víctima forcejeó, recibiendo más balazos después. El incidente, que quedó registrado en una cámara de seguridad, fue reportado en ese momento como un intento de atraco, aunque parece más relacionado con ajustes de cuentas.

Ahora la hipótesis que siguen los investigadores sobre la muerte de “don Ramón” no tiene que ver con una riña callejera, sino con una pugna interna por el poder en la banda.

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El Inspector. 

Conocido en el bajo mundo como “Niño Guerrero”, es el jefe del “Tren de Aragua”, una estructura de crimen organizado que se ha expandido por varios países, de cuenta de la migración, el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. La Casa Blanca ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, y cree que se esconde en Colombia.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre un criminal que rivaliza con los tradicionales capos de nuestro país.

Con estas imágenes del pasado, alias “Niño Guerrero” es buscado en varios países, incluyendo Colombia. Foto de cortesía del Ministerio del Interior de Venezuela.

Quién iba a pensar que un criminal extranjero tendría tanta influencia en el bajo mundo de Colombia, que las autoridades le asignarían una recompensa similar a la de los grandes capos del pasado. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, ya tiene sobre sus hombros la deshonrosa cifra de US$5 millones por información que conduzca a su captura, así como la persecución de varios gobiernos que lo ven como una grave amenaza a la seguridad continental.

La recompensa es patrocinada por el Departamento de Estado de EE.UU., en asocio con la Policía colombiana, que tiene a ese delincuente en su lista de objetivos de alto valor estratégico, en particular por la oleada de extorsiones y homicidios que su organización, el “Tren de Aragua”, viene generando en Bogotá desde 2022.

Cinco millones de dólares fue la misma recompensa que en su momento les fue asignada a Dairo Úsuga David (“Otoniel”), jefe del Clan del Golfo; Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), cabecilla de “la Oficina”; Daniel Barrera Barrera (“el Loco”), capo de la Junta Directiva del Narcotráfico; Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), comandante de las antiguas Farc; y los hermanos Luis Antonio y Javier Enrique Calle Serna (“los Combas”), jefes de “los Rastrojos”, entre otros.

Para compararlo con un criminal de la actualidad, basta recordar que por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el nuevo líder del Clan del Golfo, el mismo Departamento de Estado puso sobre la mesa US$ 1,2 millones en septiembre de 2024

El paquete de recompensas también está dirigido a los principales lugartenientes de “Niño Guerrero”: US$4 millones por Yohan José Romero (“Yohan Petrica”), cofundador de la banda; y US$3 millones por Giovanny San Vicente (“Giovanny”), el tercero al mando.

¿Cómo fue que estos personajes llegaron a figurar tanto o más que los criminales locales en los organigramas de las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos?

EL ORIGEN DE LA BANDA
Las reseñas realizadas por varias ONG de Venezuela sugieren que la banda criminal surgió entre 2006 y 2007, debido a la interconexión de tres fenómenos: la creciente delincuencial común, producto de la ineficaz presencia de la Fuerza Pública; la falta de empleo, que comenzaba a incrementarse durante el régimen del presidente Hugo Chávez; y el incumplimiento del Gobierno con la construcción del Tren de Aragua, un proyecto ferroviario que prometía llevar desarrollo y oportunidades de trabajo a esa región.

Algunos exmiembros del sindicato de ese elefante blanco se unieron con los bandidos de los barrios para buscar opciones de sustento en la criminalidad, y empezaron a vivir de la extorsión, los atracos y el proxenetismo.

Cuando muchos de ellos fueron cayendo a la cárcel de Tocorón, en el sur del Estado de Aragua, aprovecharon la debilidad del sistema penitenciario para fortalecerse.

En ese entonces las prisiones venezolanas eran dominadas por “pranes”, el equivalente a los “caciques” en Colombia, es decir, peces gordos que controlan a su antojo la vida intracarcelaria, imponiendo un orden con fusta de hierro.

En Tocorón, el “pran” era “Niño Guerrero”, quien estaba preso por delitos como homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Desde ese centro penitenciario logró consolidar al “Tren de Aragua”, incrementando el número de integrantes adentro y afuera, hasta instalar células en seis estados, y amplió la oferta criminal de la organización a servicios de sicariato, narcotráfico, trata de personas, pagadiario, contrabando, minería ilegal, secuestros y tráfico de armas, entre otros.

Las agencias de seguridad extranjeras sospechan que para ciertas actividades, el régimen chavista contrató esos servicios para ejecutar “operaciones negras”, al margen de la ley, que le permitieran captar ingresos del bajo mundo en medio de la asfixia financiera provocada por las sanciones de la Casa Blanca.

En contraprestación, el “Tren de Aragua” tuvo una especie de carta blanca para extender sus redes sin mayor oposición, usando a Tocorón como su cuartel general.

Allí “Niño Guerrero” vivía en condiciones similares a las que disfrutó el narcotraficante Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, de Envigado.

Tenían dos casas equipadas con lujos dentro del penal, como gimnasio y televisión satelital; ingresaba armas, prostitutas y licor cuando le apetecía; y celebraba reuniones con familiares, lugartenientes y hasta políticos que llegaban a pedirle favores.

“Niño Guerrero” estableció una jerarquía mafiosa con una cúpula directiva y coordinadores regionales, entre los cuales destacaron “Yohan Petrica”, “Giovanny”, “Larry Changa” y “el Salomón”.

La estructura pasó de ser una célula carcelaria a una “megabanda”, como le dicen en el vecino país a las organizaciones con más de 200 integrantes e influencia en varios estados. Y no se detuvo.

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EXPANSIÓN CONTINENTAL
Paradójicamente, su época de expansión y bonanza coincidió con la del empobrecimiento y exilio de la población venezolana.

A medida que la diáspora de migrantes aumentó, hasta llegar a cerca de 8 millones de desarraigados, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), el “Tren de Aragua” fue consolidando sus negocios en el continente, en especial en algunas ciudades de Colombia, Perú y Chile.

“El Tren de Aragua aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del ‘Tren de Aragua’ suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el 11 de julio de 2024, cuando anunció sanciones económicas en contra de esa agrupación y de los activos y bienes asociados a sus integrantes.

El reporte de esa institución, precisa que “a medida que el ‘Tren de Aragua’ se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, lavado fondos a través de criptomonedas y ha establecido vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un conocido grupo de delincuencia organizada de Brasil, sancionado por Estados Unidos”.

La megabanda estableció centros de operaciones en Lima y Santiago de Chile, con negocios de explotación sexual, extorsión y tráfico de drogas. El daño ha sido tan grande, que los gobiernos de esos países también ofrecieron recompensas en contra de “Niño Guerrero” y su gente.

En palabras de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, “la designación de del ‘Tren de Aragua’ como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”.

La presión internacional frente a la aparente desidia del gobierno de Nicolás Maduro, obligó al mandatario a actuar contra el “Tren de Aragua”. El 20 de septiembre de 2023, 11.000 militares y policías se tomaron la carcel de Tocorón, con la misión de desmantelar el centro de mando del grupo, pero se llevaron una sorpresa muy similar a las de las autoridades colombiana que allanaron La Catedral en 1992: “Niño Guerrero” y sus principales socios ya no estaban.

El afiche con la recompensa contra alias “Niño Guerrero”.

¿SE ESCONDE EN COLOMBIA?
La fuga de Héctor Guerrero disparó las alarmas en el continente. Una semana después, el Tribunal de Pozo Almonte, un municipio vecino de Santiago de Chile, expidió una orden de captura en su contra, pues circulaban rumores de que el jefe del “Tren de Aragua” había viajado a esa zona.

La Policía chilena estableció un operativo en las zonas aduaneras y pasos fronterizos, distribuyendo información sobre “Niño Guerrero” y otros 43 miembros de la megabanda, buscando impedir sus movilización. Interpol, además, expidió una Circular Roja.

Luego las autoridades recibieron información de que presuntamente estaba en Perú y su ministro del Interior, Vicente Romero, anunció una recompensa de 500.000 soles (cerca de US$132.000) por información que condujera a su arresto.
Las últimas pesquisas indicarían que ahora anda en Colombia, o al menos así lo creen la Policía y el Departamento de Estado de EE.UU.

“A través de la colaboración con la Policía Nacional, Estados Unidos cree que los líderes del ‘Tren de Aragua’, ‘Niño Guerrero’ y ‘Giovanny’, se encuentran en Colombia. La investigación y los servicios de inteligencia identificaron además al cofundador del ‘Tren de Aragua’, ‘Yohan Petrica’, como otro cabecilla que se encuentra en Venezuela”, informó la Embajada estadounidense en Bogotá.

En nuestro país, la megabanda tiene células activas en Cúcuta, Aguachica (Cesar), Ipiales (Nariño), Bogotá y Soacha (Cundinamarca), aunque también se han conocido hechos delictivos –como homicidios y secuestros– en Medellín, Bucaramanga y Arauca.

En algunas zonas ha tenido enfrentamientos con el Clan del Golfo (Bogotá), el ELN (Norte de Santander) y las disidencias de las Farc (Arauca), y en otras ha establecido alianzas con grupos locales, como la banda de “Satanás” en suelo bogotano y los “AK-47” en Cúcuta y sus alrededores.

Algunos de sus coordinadores ya cayeron a este lado de la frontera. El 2 de mayo de 2024 capturaron en Bogotá a Carlos Ramón Escobar García (“Escobar”); el 19 de junio siguiente en Belén, Boyacá, a Yonayke Martínez Carrión (“el Barbero”); el 26 de junio le tocó el turno a Salomón Fernández Torres (“el Salomón”) en Aguazul, Casanare; y el 30 de junio de ese mismo año, en Circasia, Quindío, el detenido fue Larry Amaury Álvarez Núñez (“Larry Changa”), otro miembro fundador de la facción.

El 9 de octubre de 2025 la Policía allanó un apartamento en una urbanización de Sabaneta, Antioquia, donde vivían varios miembros de la banda. Apenas vio entrar a los agentes, uno de ellos, identificado como Ender Alexis Rojas Montán (“Ender”), trató de escapar por el balcón del octavo piso, pero se resbaló y murió al caer al vacío; en ese mismo lugar fue detenido  Luis Alberto Cabeza Calderón (“Toro”), líder del grupo en Perú.

Cinco días después, en La Ceja, Antioquia, la Fuerza Pública arrestó a Adrián José Rodríguez (“Adriancito”), cabecilla de la banda en el estado venezolano de Zulia.

Aún así, la supuesta presencia de “Niño Guerrero” en Colombia genera suspicacias entre los propios policías y fiscales de Crimen Organizado. “¿Para qué se va esconder aquí, donde están la DEA, HSI, ICE, FBI y otras agencias federales gringas, sabiendo que en Venezuela es protegido por un sector del Gobierno?”, se preguntó uno de los fiscales consultados para este reportaje.

Otros afirmaron que nadie ofrece US$5 millones de dólares sin tener alguna certeza. “Lo más seguro es que con tanta plata por su cabeza ahora salga de Colombia otra vez”, aseveró un agente policial.

En el expediente abierto en Nueva York, los cargos que comparte con Nicolás Maduro son: conspiración para importar cocaína; posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción; y conspiración para poseer armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción.

Hoy lo están buscando muchas agencias de seguridad. ¿Será que “Niño Guerrero” cavó su propia tumba al escapar de la cárcel?

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El Inspector.

Su caso también pone sobre la lupa de la opinión pública a otros narcos del negocio transnacional que tuvieron una vida en el deporte, pero que no fueron capaces de rechazar el llamado de la mafia. El siguiente es un informe de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El canadiense Ryan James Wedding, exdeportista olímpico, es buscado por ordenar la muerte de un testigo del FBI en Medellín. Fotos de cortesía.

La acusación por narcotráfico, homicidio y otros crímenes que la justicia de EE.UU. le endilga al canadiense Ryan James Wedding, trae a la memoria los casos de otros personajes que saltaron a la luz pública como deportistas de alto rendimiento, y terminaron inmersos en el mundo del hampa.

Weddig, de 44 años, fue patinador sobre hielo en su juventud y luego participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City (Estados Unidos), representando a su país en la modalidad de snow boarding.

Ahora está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, pedido en extradición por la Corte del Distrito Central de California y con una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

“Wedding controla una de las más prolíficas y violentas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo y trabaja de cerca con el cartel mexicano de Sinaloa”, reveló la fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Dentro de la acusación en su contra, está el haber ordenado el asesinato de un testigo del FBI, perpetrado el 31 de enero DE 2025 en El Poblado, suroriente de Medellín.

La víctima fue Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombocanadiense de 42 años, quien fue abaleado por sicarios en un mall comercial, cuando departía con otras personas en el restaurante Mi Arepa.

En ese entonces, fuentes judiciales le contaron a El Colombiano que unos narcos mexicanos y canadienses habían ofrecido un millón de dólares para quien asesinara a Acevedo, pues lo señalaban de estar actuando como “soplón” para el FBI.

La fiscal Bondi comentó que Wedding está viviendo en México, al abrigo de sus socios del cartel de Sinaloa.

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DE FUTBOLISTA A CAPO DE LA COCAÍNA
El otro capo que fue deportista y luego terminó en las listas internacionales de los más buscados es el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU).

El extranjero de 34 años es un afiebrado por el fútbol. En 2021, luego de salir de la cárcel, se convirtió en accionista del Club Deportivo Capiatá, en la liga de ascenso de Paraguay, en el cual hizo parte de la nómina de jugadores y disputó varios partidos.

Algo similar hizo luego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde compró a Los Leones de El Torno F.C., un onceno de la segunda división, usando una identidad fraudulenta. Estuvo vinculado a ese club hasta 2024, cuando tuvo que salir huyendo de aquel país por la persecución policial.

Sebastián Enrique Marset Cabrera, el narco uruguayo que fue futbolista. Foto de archivo.

El PCU se dedica al narcotráfico de cocaína, con redes de lavado de activos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La droga se produce en Colombia y tiene como destinos finales a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Al igual que Wedding, Marset es investigado por un asesinato perpetrado en Colombia: el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, abaleado en una playa de la isla cartagenera de Barú, mientras disfrutaba de su luna de miel, el 10 de mayo de 2022.

La hipótesis del magnicidio es que se trató de una retaliación mafiosa, ya que meses antes el funcionario participó en una operación antidrogas, que terminó con la captura de socios y testaferros de Marset, y el decomiso de millonarios bienes y propiedades.

Por el crimen hay 9 personas condenadas, las cuales participaron en la planeación, logística y ejecución del atentado. Por información que lleve a la captura de Marset, la Casa Blanca ofreció US$2 millones de recompensa.

DEL CUADRILÁTERO A LA MAFIA
El tercer exdeportista que saltó al mundo del narcotráfico es Marcel Mühlbach, un alemán de 45 años, reseñado en la lista de los 50 más buscados de Europa.

Es un fanático de las artes marciales mixtas, y siendo más joven se hizo popular en ese país por su participación en varios torneos televisados.

Pasó de involucrarse en apuestas de peleas al tráfico local de metanfetaminas; luego se involucró en la recepción de cargamentos de cocaína colombiana en el puerto de Hamburgo.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

Escaló en la red, de la mano de traficantes italianos, al punto de que fue enviado a Suramérica para negociar directamente el despacho de los estupefacientes.

Consiguió una cédula falsa a nombre de Fausto Eduardo Castro y en 2022 se instaló en Colombia. Primero pasó como turista, y luego asumió la fachada de inversionista, adquiriendo una finca en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Las autoridades europeas lo consideran muy violento, llevando al negocio de los narcóticos la furia que lo distinguió antes en el cuadrilátero.

De los tres narcos mencionados en esta lista, es el único que ha sido capturado hasta el momento. La Policía allanó la finca el 27 de septiembre de 2024, en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol, y le puso las esposas con fines de extradición.

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El Inspector.

El auge de la cocaína está trayendo toda suerte de criminales extranjeros, algunos de los cuales ven en la capital antioqueña un lugar para establecerse y hacer contactos para la exportación del alcaloide. La siguiente es una investigación de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El sitio en el que fue asesinado el albanés Artur Tushi, en una vía de El Poblado, en Medellín. Foto de cortesía.

Haber cruzado el océano Atlántico hasta el otro lado del mundo, arriesgar el pellejo para supuestamente traficar junto a los principales carteles de la droga, y terminar sin vida en una acera de Colombia, con varios agujeros de bala en el cuerpo.
Ese fue el destino que, según la investigación preliminar de las autoridades, escogió el ciudadano albanés Artur Tushi, asesinado por sicarios el 5 de octubre de 2025 en una vía pública de El Poblado, en el suroriente de Medellín.

Al revisarle los documentos, encontraron que tenía cédula ecuatoriana y residencia permanente en ese país.

Un mes antes, Interpol arrestó en Bogotá al colombiano Samir Rosales Rodríguez, alias “el Químico”, obedeciendo a una Circular Roja solicitada por la Fiscalía de Albania.

El director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, declaró el 3 de septiembre pasado que el detenido era “señalado de ser el enlace de las mafias albanesas con presencia en Suramérica. Rosales coordinaba y supervisaba la logística de múltiples cargamentos de cocaína procedentes del Pacífico colombiano, ocultos principalmente en fertilizantes orgánicos, con destino final Albania”.

Aún no se ha esclarecido si hay alguna relación entre esa captura y el asesinato de Artur Tushi, quienes al parecer trabajaban para la misma organización clandestina, pero a los investigadores les llama la atención esa coincidencia.

Por lo pronto, ha quedado en evidencia la febril actividad narcotraficante que los albaneses están liderando en nuestro país. ¿A qué se debe su inusitada presencia?

ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL CARTEL
Los traficantes albaneses hacen parte de una mafia que se denomina, de manera genérica, Cartel de los Balcanes. No se trata de una sola organización jerarquizada, como lo fue el Cartel de Medellín en el pasado, sino que el concepto agrupa a un conjunto de estructuras criminales originarias de la Península Balcánica y la antigua Yugoslavia, por lo que también se les llama “la Yugomafia”. Algunas, de hecho, son enemigas entre sí.

Su expansión en Europa comenzó con las Guerras Balcánicas (1991-2001), que finalizaron con la disolución de Yugoslavia. En el éxodo de migrantes por el Viejo Continente se camuflaron delincuentes de Albania, Bosnia, Croacia, Macedonia y Serbia, que instalaron redes en los principales puertos y ciudades, lo que facilitó la extensión de los negocios de estos carteles; un modelo similar siguen en la actualidad grupos latinoamericanos, como el Tren de Aragua (Venezuela) y la Mara Salvatrucha (El Salvador), que aprovechan la migración de sus connacionales para diseminarse.

Artur Tushi, albanés asesinado en Medellín. Cortesía.

Antes se dedicaban al tráfico local de narcóticos, pero entraron a las grandes ligas del juego transnacional de la mano de la mafia italiana, que reclutó albaneses para sus operaciones, en parte debido a su habilidad ampliamente reconocida de dominar varios idiomas. Y estos le aportaron a la alianza su experticia en el negocio atroz de la trata de mujeres, que perfeccionaron explotando sexualmente a las viudas y huérfanas durante la guerra.

De acuerdo con el informe “Redes de cocaína: vínculos entre los Balcanes Occidentales y Sudamérica” (2025), de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), una organización especializada en investigar estos fenómenos, la incursión de los albaneses en nuestro continente empezó en 2009.

Se establecieron primero en Ecuador, enviando delegados que posaban como turistas o inversionistas de propiedad raíz. Los atrajo una economía dolarizada, en la que podían camuflar más fácilmente sus activos; la expulsión de la DEA y del Ejército de Estados Unidos de la base militar de Manta; y un programa instaurado por el presidente de entonces, Rafael Correa, llamado Ciudadanía Universal, que otorgaba facilidades de visado, residencia e inversiones para los extranjeros que quisieran vivir en ese país.

Los delegados de la mafia albanesa usaron documentos falsificados para adquirir varias identidades y contrataron testaferros para comprar empresas navieras, de transporte y logística de exportaciones.

A diferencia de otros grupos, su estrategia de penetración en el bajo mundo nunca fue de confrontación; por el contrario, ofrecieron sus servicios de exportación de cocaína a las organizaciones suramericanas y las contrataron para la vigilancia de las operaciones. Así tejieron fuertes lazos con estructuras narcotraficantes de Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y México.

Según el documento de GI-TOC, cobraron un rol más protagónico cuando las antiguas Farc se desmovilizaron en 2016 y dejaron de monopolizar los cultivos de coca, lo que condujo a los principales carteles del mundo a incrementar su participación en el mercado de la cocaína. A esto se han sumado políticas gubernamentales que, de manera indirecta, incentivaron la siembra de coca al reducir la erradicación manual forzada y la fumigación con glifosato.

La confluencia de esos factores tuvo como consecuencia un incremento desbordante del negocio: Colombia saltó de generar 331 toneladas métricas anuales de cocaína en 2013, a 2.664 en 2023, según la ONU. Esto significa que en estas tierras se produce el 71,8% de la cocaína que circula en el planeta (3.708 toneladas en total), y para los traquetos albaneses es la “tierra prometida”.

Sus rutas marítimas suelen partir de los puertos de Guayaquil y Manta (Ecuador); Buenaventura y Barranquilla (Colombia); Maracaibo, Puerto Cabello y Carúpano (Venezuela). Allí contaminan contenedores de banano, camarones e insumos industriales (cemento, arena, pegante), con destino a los terminales del Mediterráneo, la península Balcánica y Europa Central.

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LOS DELEGADOS ECUATORIANOS
Según fuentes de Inteligencia de la Policía y agencias norteamericanas, en Colombia se han detectado operaciones de cuatro facciones del Cartel de los Balcanes: el Grupo Saric, el Grupo Amerika, el Grupo Keka y la Kompania Bello, conformados por integrantes nacidos en Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia, Alemania y Rumania, más que todo.

Una de sus características es que se asocian con toda clase de grupos que les puedan proveer cocaína de alta pureza, un transporte seguro y protección para moverse de las ciudades a los laboratorios artesanales. Por eso se les conocen sociedades con el cartel de Sinaloa, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc, el ELN, “la Oficina”, “los Pachenca” y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico (NJDN).

Al margen de esas alianzas, la más sólida parece ser con la banda “los Choneros”, de Ecuador, al punto de que a veces, en vez de los propios albaneses, quienes vienen a Colombia son los ecuatorianos, actuando como sus representantes directos. Uno de los más conocidos fue Wilder Emilio Sánchez Farfán (“el Gato Farfán”), arrestado en un operativo conjunto de la Policía colombiana y la DEA, el 10 de febrero de 2023 en la ciudad de Pasto.

Según la investigación, trabajaba en asocio con el albanés Artur Rrapaj, quien articulaba la operación mafiosa desde el puerto de Guayaquil.

Cuando atraparon a “el Gato Farfán” regresaba de una reunión en la selva, con integrantes del frente Oliver Sinisterra de las Farc, con los cuales coordinaba la producción del narcótico en Nariño.

Otros integrantes de “los Choneros” implicados en estas sociedades criminales son Jortman Róbinson Suárez Molina, alias “el Ecuatoriano”, quien murió en un operativo de la Policía el pasado 29 de septiembre, en una finca de Rionegro, Antioquia. Y Rolando Federico Gómez Quinde (“Fede”), capturado el pasado 2 de octubre en el barrio Santa Teresita de Medellín.

Las actividades de los albaneses y sus aliados incluso han puesto nervioso al presidente Gustavo Petro.

El 26 de mayo pasado fue capturado en Emiratos Árabes el albanés Dritan Gjika, un narcotraficante radicado en Guayaquil desde 2009, y señalado de coordinar una de las rutas de exportación de cocaína hacia Europa.

Tras conocer la noticia, Petro trinó: “Esto se llama la junta del narcotráfico, con sede en Abu Dabi, controlan una red de fiscales y a través del CTI, el puerto de Buenaventura. Son autores del asesinato del fiscal paraguayo Pecci, y lograron encubrir los autores intelectuales del asesinato, en la Fiscalía. Han buscado asesinarme sin éxito”.

Fuentes policiales manifestaron que no hay ninguna evidencia de que los albaneses quieran matar a Petro; sin embargo, sí hay preocupación por las crecientes actividades de esa mafia en Colombia.

Esta situación motivó una reunión de alto nivel el pasado 24 de septiembre en La Haya, Países Bajos, entre el general Carlos Triana y el director de la Policía de Albania, Ilir Proda, donde se acordó concretar un plan de acción para desmantelar las tenebrosas alianzas entre las mafias colombianas, ecuatorianas y balcánicas.

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El Inspector.

Se trata de Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, uno de los máximos líderes de “Caicedo”, una confederación de combos con injerencia en las comunas de Buenos Aires, Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, fue capturado en Sabaneta. Foto cortesía de Policía.

La Dijín y la Sipol de la Policía lo detuvieron el pasado 25 de julio, en el marco de la llamada Operación Alfa, cuando se movilizaba por una vía del sector La Doctora en el municipio de Sabaneta, en un carro de alta gama. En contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

En su reporte del caso, la Policía consignó que el delincuente administra cerca de $3.000 millones mensuales, “producto del tráfico de estupefacientes, extorsión al sector residencial, comercial y transporte”. Además, que “orientaría la materialización de homicidios de venezolanos que estarían incidiendo en actividades delictivas en sus zonas de influencia”.

A eso se suma un extenso prontuario, debido a una trayectoria delincuencial de más de 25 años, en la que fue paramilitar y posteriormente desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sus antecedentes incluyen otra captura en 2017, por la que fue condenado por el cargo de concierto para delinquir.

En el registro a su vehículo le encontraron siete celulares y $20 millones en efectivo, que fueron incautados.

Pese a esto, en la audiencia de control de garantías fue dejado en libertad por el juzgado, el cual consideró que no había elementos probatorios suficientes para mandarlo a prisión de manera preventiva.

La decisión fue mantenida en reserva por las autoridades policiales, que no le encuentran explicación al fallo.

La banda “Caicedo” tiene vocería en la mesa de “paz total” que funciona en la cárcel de Itagüí, a través de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), uno de los hombres más visibles del proceso de conversaciones con la Casa de Nariño.

En menos de dos meses han sido detenidos con órdenes de captura, y posteriormente liberados en audiencias, seis personas conectadas con la mafia de Medellín al más alto nivel y con delegados de las bandas en esa mesa de paz, lo que está generando suspicacias entre las agencias de seguridad.

Además de “Queso”, en esa lista están Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), uno de los jefes históricos de “la Terraza”; Diana Olaya y Daniel Muñoz Olaya, esposa e hijo de José Muñoz Martínez (“Douglas”), el principal vocero de dicha mesa y jefe de “la Terraza” y “la Oficina”; y Vilma Granados Avendaño y Luisa Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de “la Terraza” asesinado en 2024, y quien era gestor de paz del proceso.

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A estas dos últimas les concedieron el beneficio de la detención domiciliaria, mientras que a los otros tres les otorgaron la libertad, en un expediente por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

¿A qué se deben estas decisiones, si se supone que la Policía y la Fiscalía llevaban años reuniendo la evidencia? Esa es una de las cuestiones que queda en el aire, y que deja en el ambiente posibles debilidades investigativas de la institucionalidad o presuntas influencias de la mesa de paz en la rama judicial.

En la misma operación contra “Queso” fueron judicializadas otras personas relacionadas con la banda conocida como “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, uno de los grupos más fuertes de la organización “Caicedo”, que delinque en la parte alta de la comuna de Buenos Aires.

Al cabecilla Jorge Humberto Arroyave Duque (“Copete”), quien está en la cárcel por otros incidentes, le imputaron nuevos cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, por esos mismos delitos, fueron capturados su hermano Juan David Arroyave Duque (“Yiyo”) y su hija Laura Arroyave Jiménez (“la Doctora”).

Esta última, quien en redes sociales figura como abogada, emprendedora e influenciadora, también fue dejada en libertad en la audiencia de control de garantías.

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El Inspector.

Se trata de Daniel Muñoz Olaya, quien se había evadido de un operativo en contra del círculo cercano y financiero de su padre, el pasado 9 de junio de 2025, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y su hijo Daniel Muñoz Olaya (recuadro). Fotos de cortesía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Muñoz se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la mañana del jueves 17 de julio, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le leyeron los derechos del capturado.

De igual manera, las fuentes indicaron que entre la defensa del procesado y la Fiscalía hubo una conversación previa, en la cual se preacordó verbalmente que Muñoz se presentaba y el ente acusador le solicitaba al juez una detención domiciliaria que le evitaría la cárcel, de momento.

La investigación en la cual está implicado es adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos, que desde 2021 rastrea las operaciones financieras de las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.

El mes pasado este despacho expidió órdenes de captura contra cinco personas sospechosas de enriquecerse con las ganancias ilegales de esos grupos.

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Además del propio Daniel Muñoz, fueron afectadas su madre Diana Olaya; Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), lugarteniente de “Douglas” y líder histórico de “la Terraza”; Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

Al momento del operativo todos fueron detenidos, con excepción de Daniel Muñoz, quien no estaba en su domicilio de El Poblado cuando lo allanaron. Extrañamente, su madre sí estaba, pero con un abogado, lo que implica que la información sobre el procedimiento judicial ya había sido filtrada.

En la audiencia de control de garantías, el juzgado les otorgó la libertad a “Yordi” y Diana Olaya, alegando que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Seguirán vinculados al expediente, pero respondiendo en libertad; mientras que a las familiares de “Pichi Gordo” les dictaron detención domiciliaria.

El caso ha estado rodeado por varias irregularidades, comenzando por la filtración del operativo. Fuentes judiciales le contaron a este diario que “Douglas”, quien está preso en la cárcel de Itagüí, se enteró de las órdenes de captura en contra de sus allegados y mandó un mensaje de advertencia a la Alcaldía de Medellín, sugiriendo que podía desatar una oleada de violencia en la ciudad si aquello ocurría.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, habría tratado de evitar la diligencia, algo que ella negó.

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El Inspector.

El colombiano, conocido en el bajo mundo como “Yiyo” o “William”, está en poder del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en inglés), desde el pasado 24 de junio, cuando acudió a su sede de Miami para renovar su estatus migratorio.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el poster sobre alias “Yiyo” que publicó la oficina en Florida del Partido Republicano, en la red social X. Foto cortesía de @FloridaGOP.

López se entregó a la DEA en 2009 y, luego de firmar un acuerdo de culpabilidad, fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a ocho años de cárcel por cargos de narcotráfico, homicidio, conspiración para obstruir a la justicia, ofrecimiento de sobornos a policías para filtrar información sobre operaciones de la DEA, y conspiración para apoyar a una organización terrorista internacional (las Autodefensas Unidas de Colombia).

La mayoría de la sentencia la pagó en el Metropolitan Correctional Center, de Manhattan. Luego fue enviado a una celda transitoria de migración, y su defensa le presentó un alegado a la corte, indicando que si lo deportaban a Colombia, podría ser asesinado debido a su cooperación con las agencias de seguridad de EE.UU.

El abogado invocó la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), y un juez le dio la razón.

“Yiyo” salió en libertad en julio de 2016 y se quedó a vivir en Nueva York con una Visa Parole, que le concede un estatus de protección temporal, el cual debe ser renovado cada año.

Al parecer estaba en ese trámite de renovación en Miami, cuando fue retenido por los agentes de ICE.

Bajo las nuevas políticas del presidente Donald Trump, todo migrante extranjero que tenga antecedentes penales es candidato para la deportación.

LA CÁRCEL PARA MIGRANTES
La detención fue confirmada por su abogada, la precandidata presidencial Sondra Macollins, quien también representó hace poco al excapo del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, hoy libre en Colombia.

“En los siete años que ha estado en libertad, no ha infringido la ley, ni siquiera que se haya pasado un semáforo en rojo”, dijo la jurista en la emisora La W, y agregó que “Yiyo” presentará otra vez un recurso judicial para evitar su regreso a Colombia.

Su situación se complicó cuando entró en una lista de candidatos a ser trasladados a la cárcel Alligator Alcatraz, inaugurada hace un mes para retener a los inmigrantes próximos a la deportación.

La oficina del Partido Republicano en Florida publicó su foto en su cuenta oficial de X, el pasado 7 de julio, en un poster titulado “Los archivos de Alligator Alcatraz, alojando lo peor de lo peor”.

Allí apareció reseñada su reciente captura, con algunos de los cargos por los que ya fue condenado.

El centro de detención migratorio fue construido en los Everglades de Florida, un gigantesco humedal en el que viven caimanes, serpientes y otros depredadores, lo que le ha dado un aura de terror a ese lugar, con capacidad para 5.000 internos.

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EL PRONTUARIO CRIMINAL
López Cardona es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc (2005) y luego fue uno de los cabecillas de la organización mafiosa “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes internacionales de narcotráfico y sicariato.

En 2009, cuando figuraba en el cartel de los más buscados de Medellín, decidió someterse a la justicia de EE.UU. Huyó a Costa Rica, donde abordó un avión de la DEA, y a cambio de la sentencia pequeña que recibió, se comprometió a brindar información.

Entregó una lista de 122 policías corruptos que trabajaban para “la Oficina”, según fuentes cercanas al proceso, y sirvió de enlace para el sometimiento a los gringos de un narco asociado al grupo, Luis Fernando Castaño, alias “Botija” o “la Firma”.

Este hombre pagó seis años por narcotráfico en EE.UU. y volvió a Medellín en 2016. Fue asesinado por sicarios el 22 de enero de 2018, cuando conducía una camioneta por una vía de El Poblado.

Este homicidio podría ser uno de los argumentos de la defensa de “Yiyo” para solicitar que no lo deporten, pues se expone al mismo destino.

Aunque por su militancia en las AUC y “la Oficina” participó en muchas muertes, López solo aceptó cuatro en el estrado de Nueva York, ejecutadas entre 2003 y 2007.

Dos de sus víctimas eran informantes de la DEA, Jéfferson Gastanera y un delincuente apodado “Sánchez”, ambos acribillados en Medellín. El otro fue Jéferson Martínez López (“Omega”), mano derecha del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), quien murió a balazos en Copacabana, Antioquia (2006).

Y el cuarto caso fue el más relevante: la muerte de uno de los máximos jefes de las AUC, Vicente Castaño Gil, en una finca de Nechí (2007).

Hasta ese lugar llegaron los matones de “la Oficina” y agentes corruptos del Gaula, y al verse rodeado, Castaño se suicidó dentro de un baño disparándose en la cabeza, según versiones de exparamilitares. Los criminales descuartizaron el cadáver, demolieron el baño y arrojaron los restos y los escombros al río.

En Colombia, “Yiyo” era investigado por concierto para delinquir y secuestro extorsivo, pero los expedientes quedaron inactivos cuando se entregó a la DEA.

PREOCUPACIÓN ENTRE CAPOS
El caso de López es un campanazo de alerta para otros antiguos paramilitares, narcos y jefes de bandas que se quedaron en EE.UU. después de pagar sus condenas allá.

Muchos viven como ricos, en condominios de lujo y con carros deportivos, administrando las fortunas que les dejó la cocaína y eludiendo a la justicia colombiana.

Entre ellos están Juan Carlos Sierra (“el Tuso”), Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) y Miguel Mejía Múnera (“el Mellizo”), de las AUC; Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”), de “la Oficina”; Óscar Pulgarín Gañán (“el Señor de los Caballos”), del Clan del Golfo; Andrés Flórez (“Florecita”), del cartel del Norte del Valle; y los hermanos Javier y Enrique Calle Serna (“los Comba”), de “los Rastrojos”, por citar algunos casos.

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El Inspector.

La Policía lo capturó en un apartamento de la urbanización residencial Cacique Niquía, en el municipio de Bello, para que empezara a cumplir esa pena pendiente. ¿Pero cuál es la historia detrás de esa severa sentencia?

Ricardo Abel Palacio Herrera, alias “Richard” o “Rayo”, capturado en Bello el 9 de julio de 2025. Foto cortesía de Policía.

Los hechos datan del 10 de noviembre de 2014 en Medellín, cuando fue secuestrado el narcotraficante Eladio de Jesús Correa Villegas, alias “Ramón”.

De acuerdo con el expediente, conocido por Revelaciones del Bajo Mundo, la banda “la Terraza” lo citó a una reunión para que presentara sus descargos por dos acusaciones: vender drogas en su territorio del Centro sin su autorización, y por el homicidio de un hombre en un bar conocido como El Borrachito, ubicado en inmediaciones de la Placita de Flórez.

Según el testimonio de “Ramón”, tal cual consta en el documento: “En noviembre de 2014 me llevaron para la zona de Manrique parte alta, allá me tuvieron retenido y me quitaron unas cosas, a mí me llevaron a una casa de tres pisos y allá había un señor que le decían ‘Rayo‘. A mí me llaman a Manrique, voy subiendo en un Clío y ahí me abordan y me llevan a una parte más alta, y allá me retuvieron, porque me estaban hablando como de un homicidio, yo no tenía nada que ver en ese homicidio; y sobre el trabajo, porque yo trabajaba sin permiso”.

Y continuó: “En la casa habían tres personas, estaba el señor ‘Rayo’ o ‘Richard’, y los otros dos que no sé quiénes eran, nunca los volví a ver. Yo no conocía a ‘Richard’ o ‘Rayo’, primera vez que lo veía, así le decían. Esa retención duró como de dos a tres horas”.

En aquel entonces, “Ramón” trabajaba para William Andrés Moscoso Monsalve (“el Chivo”), otro cabecilla de “la Terraza”, que a su vez es sobrino del máximo jefe de la banda, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”). El hecho de que sus colegas hubieran secuestrado a su traficante de confianza, es el reflejo de cómo está conformada esa organización: como una especie de cartel, en la cual hay varias líneas de mando confederadas, que a veces riñen entre sí por los negocios.

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“El Chivo” intercedió con los secuestradores para que no mataran a Correa. Explicó que este era útil a la organización por sus contactos en el departamento del Cauca, de donde traía marihuana de variedad cripa para las plazas de vicio de Medellín.

A las tres horas lo liberaron, pero antes le exigieron el pago de $300 millones de pesos. El cobro se prolongó por 11 días, hasta que el 21 de noviembre de 2024 “Ramón” terminó de entregar $200 millones, un taxi de marca Kia Picanto y una camioneta Toyota Fortuner.

Eladio Correa Villegas, alias “Ramón”. Cortesía.

La persona que le hizo el favor de entregar este último vehículo, su amigo Wilmar Arboleda, fue víctima de un atentado sicarial posteriormente, que lo dejó cuadripléjico.

Por el secuestro extorsivo, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó a “Richard” a 37 años de cárcel, el 4 de octubre de 2024. La defensa del sentenciado apeló la decisión, alegando que a su representado le violaron los derechos durante el juicio.

Tal cual ha reportado Revelaciones del Bajo Mundo anteriormente, una de las estrategias que utiliza este cabecilla para evadir la justicia es el uso de múltiples identidades. Su nombre original es Jhon Ricardo Palacio Adarve (con el cual figura en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos), pero se lo cambió a Ricardo Abel Palacio Herrera; también ha usado la identidad de Ricardo Escobar Botero, para confundir a los enemigos y los investigadores judiciales.

Aunque siempre le han dicho “Richard” en el bajo mundo, también adoptó el apoyo de “Rayo”. Este alias es usado al mismo tiempo por otro líder de la banda, Óscar Eduardo Vásquez Pulgarín (capturado recientemente), lo que creaba un embrollo que le permitía subsistir con impunidad.

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Por esas irregularidades, el personaje fue capturado en 2018 y condenado en 2020 a dos años de cárcel por falsedad material en documento público (tres cédulas originales con distintos nombres). El expediente por el secuestro extorsivo se alargó, por lo que obtuvo su libertad por vencimiento de términos, mientras se producía el veredicto.

Fue precisamente en el proceso de apelación de este cargo, que su defensa trató de argumentar que la Fiscalía no logró demostrar la plena identidad del acusado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Medellín dejó al desnudo este truco en su fallo, indicando:

“Desde la audiencia de legalización de captura, el procesado, al momento de presentarse, se identificó como RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, no obstante, fue clara su intención de confundir a la Fiscalía y a la Judicatura desde aquella oportunidad, pues informó dos nombres diferentes al momento de su presentación, y no aclaró cuál era el correcto, cuando se le solicitó presentarse con su identificación. Al respecto indicó en la audiencia:

- Juez: El indiciado tan amable, por favor me da nombres completos y número de documento de identificación”.

- Procesado: Mi nombre es Jhon Ricardo Palacio Adarve, cédula 70.697.538.

- Juez: ¿Jhon Ricardo qué? Nombre completo.

- Procesado: RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, cédula 71.671.115.

Y aunque la defensa, desde la audiencia de legalización de captura le informó a la Judicatura que el procesado en la entrevista manifestó que se llamaba RICARDO ABEL PALACIO HERRERA, con cédula 71.671.115, no desplegó mayores actos para que se aclarara el error, porque, incluso, al momento de su captura se identificó como Ricardo Escobar Botero”.

El Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena el 8 de abril de 2025, con lo que se reactivó la orden de captura contra “Richard”, la cual se materializó en Bello el siguiente 9 de julio.

En el allanamiento, la Policía le encontró una pistola traumática y “un libro con registros contables por más de 1.000 millones de pesos”, informó el director de la Institución, general Carlos Triana Beltrán.

Ahora “Richard” quedó en poder del Juzgado 11 de Ejecución de Penas de Medellín, para comenzar a purgar sus más de tres décadas de prisión.

En cuanto a alias “Ramón”, fuentes judiciales recordaron que está pagando una pena de 20 años de cárcel por concierto para delinquir, homicidio y tráfico de drogas. En varias oportunidades han tratado de matarlo en los pabellones y seis de sus trabajadores más cercanos han sido desaparecidos.

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El Inspector.

La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

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En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

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El Inspector.

El cabecilla de la banda “San Pablo” fue víctima de sicarios, en un ataque en el cual resultó herido un expolicía corrupto que lo acompañaba.

Adiel Fabián Covaleda Guzmán, alias “Adiel” o “Adier”, paramilitar desmovilizado y jefe de bandas de Medellín. Foto de archivo.

De acuerdo con el reporte judicial, el crimen se presentó a las 9:00 p.m. del 19 de mayo de 2025, en una vivienda del sector San Nicolás, en el barrio Villa Guadalupe de Medellín.

En ese lugar había una reunión de cuatro hombres, cuando llegaron varios sicarios y les dispararon. Covaleda, de 48 años,  recibió los impactos en la cara, mientras que a su acompañante Juan David Duque Arenas, de 42, lo alcanzó un tiro en el pecho.

Ambos fueron llevados a la Unidad Intermedia de Santa Cruz, donde el cabecilla murió y Duque Arenas sobrevivió. Este último fue policía durante siete años, hasta que en 2008 lo destituyeron y después estuvo preso por participar en un robo.

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“Adiel” era uno de los jefes históricos de la mafia en Medellín. A finales de los años 90 fue uno de los coordinadores paramilitares al servicio de Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) en el Valle de Aburrá y en 2003 se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Luego asumió el mando de la organización de “San Pablo”, una confederación de combos con base de operaciones en la comuna 1 de Medellín (Popular) e hizo parte de la cúpula de “la Oficina”, la principal mafia del área metropolitana. Ordenó asesinatos, extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, secuestros y toda clase de delitos contra la comunidad.

Fue capturado en 2o12 y condenado a seis años de prisión por concierto para delinquir. En 2017, cuando estaba a punto de salir en libertad condicional, la Fiscalía le imputó nuevos cargos por homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.

Por esos hechos resultó condenado a 21 años de cárcel, sin embargo, volvió a las calles en 2021, mucho antes de lo esperado, por motivos que no han sido revelados.

Hace dos semanas fueron capturados 23 integrantes de “San Pablo”, en una investigación policial y de la Fiscalía, en la cual estaban por expedirle una nueva orden de arresto al cabecilla, según fuentes cercanas al caso. En dicho operativo detuvieron a varios de sus lugartenientes, como alias “Don Alex”, “Manigueto”, “Rigo”, “Colacho”, “Copas”, “Chamaco” y “el Burro”.

En cuanto al asesinato de “Adiel”, las autoridades le siguen la pista a dos hombres apodados “el Pecoso” y “el Plateado”, quienes al parecer fueron los autores materiales.

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El Inspector.

Desde los 80 han cambiado varios aspectos en el modelo de esta actividad criminal, como la caída de los monopolios y el auge de mercados locales; y otras persisten, como el prohibicionismo y la cultura traqueta. Aquí, un análisis de la evolución del flagelo que no deja en paz al país, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fabio Ochoa, excabecilla del cartel de Medellín, regresó a Colombia en diciembre de 2024. Foto: cortesía.

El excapo Fabio Ochoa volvió a Colombia en diciembre de 2024, luego de pagar 25 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.; mientras que su antiguo socio, Carlos Lehder, volvió en marzo del presente años, tras purgar 33 años por el mismo cargo en aquella nación.

Seguramente se sintieron extraños en unas calles transformadas por la evolución del urbanismo, pero también se dieron que, desde sus tiempos hasta ahora, la droga sigue siendo el principal motor de la mafia. Entonces, ¿qué cambió?

 LOS CAMBIOS

1). Del monopolio a la democracia cocalera
En los 80, los carteles de Medellín y Cali ejercían el monopolio global de la producción y distribución de cocaína. En la práctica, si alguna organización quería participar del mercado, tenía que contar con la bendición de “los Extraditables” o de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o pagarles una suerte de tributo para poder “trabajar”.

Hoy, si bien existen algunas organizaciones que actúan como carteles y dominan ciertos territorios, entre ellas el Clan del Golfo, carecen de la capacidad para ostentar un monopolio. Actualmente hay múltiples grupos participando en la cosecha, producción, transporte y exportación, que trabajan de manera articulada y cada uno se encarga de un eslabón de la cadena del narcotráfico.

El último monopolio que existió en el negocio lo protagonizó la antigua guerrilla de las Farc, que dominaba vastas áreas de cultivos, pero luego de su desmovilización en 2016, el acceso se democratizó, permitieron el surgimiento de múltiples redes de narcos independientes, la proliferación de 19 mafias extranjeras y la apertura de nuevas rutas de distribución.

En la época de Pablo Escobar y “los Extraditables”, la organización participaba en todos los eslabones de la cadena: el patrocinio de los cultivos de coca; su transformación en clorhidrato de cocaína en los laboratorios, como el de Tranquilandia en Caquetá; su transporte, acopio y exportación por vía aérea, marítima y terrestre, e incluso la comercialización en los destinos, como las calles de Florida, Nueva York y Los Ángeles.

Los grupos del siglo XXI, en cambio, operan en redes más complejas, con la participación de múltiples actores, cada uno especializado en un eslabón de la cadena.

Los colombianos ya no se encargan de la distribución final en los países destino, sino que le ceden este trabajo a sus socios; esto le ha dado un mayor protagonismo en el mercado de la cocaína a las mafias de México, Italia, Marruecos, Países Bajos y los Balcanes.

2). Mejor una cárcel en EE.UU. que una tumba en Colombia
En su momento, el lema de “los Extraditables” fue “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, y en él se fundamentó su confrontación terrorista contra el Estado, buscando suprimir la figura de la extradición de las leyes colombianas.

Hoy cambió esta percepción, y es común que los narcos se sometan voluntariamente a la justicia de EE.UU., buscando un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que les genere una sentencia pequeña y la posibilidad de conservar sus fortunas.

“Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”, confesó en un programa de TV Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), exmiembro del cartel del Norte del Valle, quien en 2023 fue detenido a su regreso a Colombia, por seguir en actividades ilegales.

Esto es posible porque también hay una flexibilización de las políticas antidrogas de EE.UU., que permite que la DEA y el Departamento de Justicia busquen negociaciones con los capos. “Esta política fue muy rígida al comienzo, pero ahora EE.UU. ha entendido que es más efectiva una negociación judicial, y los narcos también”, explicó Alejo Vargas, docente y analista de seguridad y defensa.

Entre los narcos que se han entregado a la justicia estadounidense en los últimos años se cuentan los hermanos Javier y Luis Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de “los Rastrojos”; y Carlos Aguilar (“Rogelio”), Mauricio López (“Yiyo”), Carlos Arredondo (“Mateo”) y Fredy Mira (“Fredy Colas”), de “la Oficina”.

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3). Crecimiento de los mercados internos
En los días del cartel de Medellín, la cocaína que se producía era principalmente con fines de exportación, mientras que a los viciosos locales se les ofrecían sus subproductos (perico y basuco), marihuana y LCD; hoy, el mercado interno ha crecido tanto, que los grupos de crimen organizado producen para abastecer plazas de vicio locales, dado que todas las metrópolis colombianas, e incluso en regiones apartadas, hay narcomenudeo de clorhidrato de cocaína.

Como ejemplo, hay dos investigaciones del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC): la primera es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2023), que concluyó que el 31,4% de los delincuentes juveniles del país presentaron adicción a la cocaína durante ese año.

La segunda es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar (2022), que estableció que en Colombia la edad promedio de inicio de consumo es de 13,7 años.

4). Diversificación de las rutas al exterior
En los tiempos de Lehder y compañía, los narcos se abastecían de los cultivos de Bolivia y Perú, y en su trasiego a EE.UU. eran fundamentales las rutas de Centroamérica, las islas antillanas y el mar Caribe.

Hoy las trazados internacionales se diversificaron, explicó Vargas, y los traquetos colombianos abrieron rutas a China, África, Medio Oriente y Oceanía, donde un kilo de cocaína se vende en 200.000 dólares, mientras que en Florida el valor oscila entre US14.000 y US20.000.

La distribución en el Viejo Continente tiene puntos de llegada en los puertos de Amberes (Bélgica), Roterdam (Países Bajos) y la costa mediterránea de España e Italia; de allí se irriga a Europa Central, islas británicas, los Balcanes, la península escandinava y Rusia.

Ecuador y Venezuela cobraron gran importancia como zonas de trasiego y exportación del alcaloide.

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Carlos Lehder, antiguo narco del cartel de Medellín, ya está libre en Colombia. Foto: cortesía de Migración.

LO QUE NO HA CAMBIADO

5). El principal motor de la violencia armada
Tanto en los tiempos del cartel de Medellín como en la actualidad, las millonarias ganancias de la cocaína financian los ejércitos criminales que generan la violencia en el país, en las áreas urbanas y el campo.

El narcoterrorismo sigue, solo que hoy quienes ponen los carrobombas, secuestran y asesinan a los miembros de la Fuerza Pública son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Una diferencia latente es que el cartel de Medellín pretendía doblegar el sistema de justicia del Estado, mientras que en nuestro tiempo los grupos armados buscan someter comunidades y territorios específicos, como el cañón del Micay (Cauca), el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Chocó.

Aunque se diversificaron las rentas ilegales con la minería de oro y la extorsión a casi todas las actividades económicas, el tráfico de cocaína sigue reinando, en parte por la devaluación del peso frente al dólar, que aumentó los ingresos; el crecimiento histórico de los cultivos, hoy tasado en 253.000 hectáreas; el incremento en la capacidad de producción, de 2.600 toneladas métricas anuales de droga de alta pureza; y el aumento del 20% en el consumo mundial en la última década, según la ONU, calculando que 25’255.000 personas han probado la cocaína.

6). Prohibicionismo sigue sin dar resultados
Las atrocidades del cartel de Medellín alimentaron la tesis de la “guerra contra las drogas”, declarada por el Gobierno de Estados Unidos y perpetuada por Colombia. Aunque cada vez le aparecen más detractores a esta política, la verdad es que la comercialización de cocaína sigue siendo ilegal.

“Continúa un régimen de prohibición absurdo en términos de regulación de las drogas, seguimos en la misma guerra contra las drogas, que no ha dado resultados ni en los 80 ni ahora”, opinó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Gustavo Petro, con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha buscado descriminalizar la siembra para proteger al campesinado, y enfocar su lucha en la interdicción de los cargamentos de cocaína, pero esto ha fomentado un crecimiento nunca antes visto de las cosechas y las importaciones, favoreciendo en últimas a los narcotraficantes.

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7). La anticultura traqueta sigue vigente
En los días de Lehder y Fabio Ochoa se forjaron unos antivalores que se enquistaron en la cultura colombiana, especialmente en la juventud, los cuales hoy persisten: ver una opción de vida en la ilegalidad, el deseo de obtener poder por medio de la violencia y el anhelo de acumular riqueza cueste lo que cueste.

Esta tendencia sigue impactando los proyectos de vida de miles de jóvenes, que cada mes ingresan a las bandas y grupos terroristas por su propia voluntad.

La televisión, el narcoturismo y el comercio de artículos alusivos al cartel de Medellín terminaron por instalar ese modo de ver el mundo en la mente de extranjeros y jóvenes. “Esos usos que impuso el cartel en su momento dejaron rezagos en la cultura paisa que siguen vigentes, eso hay que reconocerlo”, contó preciado.

¿Y qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Los leo.

El Inspector. 

Lehder, de 75 años de edad, hizo parte del cartel de Medellín en los años 80, una organización responsable de asesinatos selectivos, secuestros, masacres, carrobombas, magnicidios, corrupción y toda suerte de delitos, pero no pagará por sus penas en esta nación. ¿Por qué? Esta es la respuesta a esa pregunta, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Enrique Lehder Rivas pagó 33 años de cárcel en Estados Unidos y ya está libre en Colombia. Foto cortesía de Policía.

El 28 de marzo de 2025 el cofundador del cartel de Medellín fue detenido por la Policía a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con rimbombancia, la institución anunció que lo trasladaría a los calabozos de la Dijín, a verificar su situación judicial.

En las bases de datos aparecía que Lehder fue condenado el 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, que lo halló responsable por los delitos de tenencia y conservación ilegal de estupefacientes, armas de fuego y municiones de uso civil y privativo de las fuerzas armadas.

La pena fue de 24 años de cárcel y una multa de $1’250.000, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Nacional el 5 de agosto de 1996.

En ese momento, Lehder estaba preso en una celda de Estados Unidos, adonde había sido extraditado en 1987 bajo cargos de narcotráfico.

Recuperó la libertad en 2020 y fue repatriado a Alemania, en un movimiento jurídico en el que primó su nacionalidad germana, heredada de su padre. Estuvo allá hasta marzo del presente año, cuando decidió volver al país que atormentó en los 80; sin embargo, una alerta de pasaporte en el software de Migración le provocó la posterior captura.

En su argumentación sobre el caso, el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, en cuyo estrado fue presentado, explicó que la sentencia que lo afectaba ya prescribió, razón por la cual se decretó su libertad.

“Dado que Lehder fue condenado a 24 años de prisión, es claro que la prescripción de la sanción penal será de 24 años, según lo contemplado en el artículo 89 del estatuto punitivo. Así las cosas, desde el 30 de agosto de 1999, data de ejecutoria de la sentencia a hoy, han transcurrido 25 años, 7 meses y 1 día, lo que permitiría concluir que ha pasado el tiempo requerido para que opere la prescripción de la sanción penal”, expuso la juez Martha Delgado Molina en su auto interlocutorio.

El excapo salió libre en la mañana del 31 de marzo pasado, con una sonrisa en su rostro envejecido y diciendo ante la prensa “¡Viva Colombia!”. Lo acompañaba su abogada Sondra Macollins.

“Lehder recupera su libertad porque su pena estaba prescrita y porque tenía derecho a seguir siendo un hombre libre. Doy gracias a Dios porque en Colombia todavía tenemos institucionalidad, y aunque nos parezca un poco impopular la decisión, triunfó la Constitución y la ley”, recalcó la defensora, quien en sus redes sociales se presenta como “la abogada de hierro”.

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¿UN DESCUIDO DEL ESTADO?
En su decisión, la juez Delgado enfatizó en que el Gobierno de Colombia pudo haber solicitado a las autoridades de Estados Unidos o de Alemania que deportaran a Lehder antes de que la sentencia perdiera validez, pero que no lo hizo por un aparente “descuido”.

“(…) También es cierto que por descuido no se realizó de manera oportuna el trámite correspondiente de solicitud ante el Estado que lo tenía preso, para que lo dejara a disposición de estas diligencias para el cumplimiento de la pena, sino que se permitió salir en libertad y se obró en el entendido que el penado no estaba retenido”, acotó la togada.

Esto implica que durante los 33 años que Lehder duró preso en EE. UU., las autoridades colombianas no le notificaron a la Casa Blanca la sentencia en nuestro país, para que una vez saliera, lo deportaran de inmediato a Bogotá; tampoco lo hicieron ante las autoridades alemanas, en cuyo suelo estuvo desde 2020.

Para estas notificaciones, indicaron fuentes judiciales, hay múltiples mecanismos: peticiones de Cancillería, solicitudes de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Fiscalía, circulares de Interpol y tratados binacionales, ninguno de los cuales se aplicó.

La responsabilidad del aparente descuido recae en las decenas de funcionarios que han dirigido la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía desde 1995 hasta 2023, cuando todavía estaba activa la sentencia.

¿Y ahora qué sigue para Lehder? Las fuentes jurídicas consultadas por El Colombiano, con reserva de identidad, manifestaron que el cartel de Medellín está involucrado en muchos delitos que no han prescrito, como los magnicidios y asesinatos de policías y servidores de la Rama Judicial. “Esos expedientes se pueden reabrir con un interrogatorio a Lehder, quien a diferencia de otros miembros del grupo, como ‘Popeye’, nunca cooperó con la justicia colombiana”, indicaron.

El político Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), señaló que “Ledher es corresponsable de los crímenes del cartel de Medellín. En particular, los cometidos antes de su extradición: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad dentro del exterminio del Nuevo Liberalismo. En EE. UU. pagó una condena por narcotráfico, pero no ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en Colombia”.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. del 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

María del Pilar Zea Cobo fue llevada a la clínica El Rosario de El Poblado, donde murió. Fotos de cortesía.

Según el reporte de la Policía, al estacionamiento de dicho lugar llegó la ciudadana caleña María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

La condujo a urgencias de la clínica El Rosario de El Poblado, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Cuando la Policía registró la camioneta, encontró dos vainillas de calibre 9 milímetros en el interior. En la revisión de las cámaras de vigilancia del mall, los agentes observaron que minutos después del crimen, un hombre bajó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

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Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40.000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

En esas circunstancias, tomó contacto con agentes de la DEA y, según las fuentes consultadas, inició un proceso de cooperación y delaciones a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

En Colombia, Zea Cobo también era investigada por los delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), aunque ambos expedientes están en etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija María Paula Trujillo Zea, quien contrajo nupcias con el cantante de reguetón Pipe Calderón el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali. En el opulento festejo, la señora llevó a su hija al altar.

El principal sospechoso del asesinato es el hombre con el cual se había citado “la Reina” en el mall. La hipótesis policial del caso es que se trató de una vendetta ligada al narcotráfico.

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El Inspector.

En el ataque sicarial, además, dos balas perdidas hirieron a un mecánico y a una barrendera, la cual falleció al poco tiempo en un centro médico.

En esta calle de Medellín se presentó el ataque sicarial contra John Jairo Mazo Paniagua, quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Imagen de cortesía.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó al mediodía de este 6 de mayo de 2025 en el barrio Jesús Nazareno, en zona céntrica de la ciudad.

En una camioneta Toyota Hilux se movilizaba el comerciante John Jairo Mazo Paniagua, junto a su compañera sentimental. Cuando avanzaban por la carrera 55 con la calle 62, en cercanías a la Universidad de Antioquia, se aproximó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro.

El pasajero descendió, caminó hasta la ventanilla del piloto y le disparó en múltiples ocasiones a Mazo Paniagua. Luego escapó con su compinche.

Dos de los proyectiles disparados atravesaron la cabina de la camioneta e impactaron a dos civiles que estaban en la acera contigua: el mecánico automotriz Jhon Arley Arcila Yepes, de 50 años, quien recibió el balazo en la pierna derecha; y la barrendera de Empresas Varias de Medellín, Flor María Mosquera Gamboa, a quien el tiro le penetró el tórax.

Flor María Mosquera Gamboa, la barrendera asesinada. Cortesía.

Los dos lesionados fueron llevados a la Policlínica Municipal, donde se registró el deceso de la mujer de 46 años y madre de tres hijos.

John Mazo, de 44 años, murió en la silla de conductor. Su pareja, quien de milagro salió ilesa del ataque, les contó a los investigadores que su cónyuge había sido policía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la cual se había retirado hacía 15 años aproximadamente.

Al revisar la base de datos del sistema judicial, aparece que le incautaron un revólver en 2007 en el barrio Enciso; que en 2009 lo detuvieron conduciendo una moto robada, en el barrio Manrique Central; en 2015 lo arrestaron en el barrio Acevedo, cuando también andaba en un automóvil hurtado.

Además de esto, era investigado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos en 2020; así como por tráfico de estupefacientes (2018).

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Pero lo que más llama la atención es que actualmente era el testigo estrella de la Fiscalía en una investigación por supuesta corrupción contra varios policías.

El hecho que derivó en ese expediente sucedió el 11 de julio de 2024 en una finca de la vereda Encenillos, en el municipio antioqueño de Girardota. Hasta ese lugar llegaron cinco agentes del Grupo contra Atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales simularon un allanamiento con una orden falsa.

Dentro del sitio encontraron a un adulto con una sobrina de 15 años, y se robaron una camándula avaluada en $40 millones de pesos y una subametralladora de calibre 9 milímetros.

Según la Fiscalía, al adulto le cobraron una extorsión de $20 millones de pesos a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se llevara a su sobrina, a la cual señalaron de portar el arma. La víctima les pagó ese dinero.

Luego le pidieron otros $150 millones para no judicializarlo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Por estos hechos, el pasado mes de marzo fueron capturados y encarcelados el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Jiménez Noguera y Cristian Valencia Valencia, al igual que los patrulleros Jeisson Rolón Sepúlveda y Thyana Karina Rodríguez Melo. Todos se declararon inocentes, pero un juez los envió a prisión.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que una de las principales hipótesis de la muerte de John Mazo está ligada a esa investigación.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a la 1:00 p.m. del viernes 28 de marzo de 2025, en el establecimiento público ubicado en un mall del barrio Villagrande.

En este establecimiento comercial de Envigado fueron asesinadas la periodista María Victoria Correa Ramírez (recuadro) y su hermana. Fotos de Santiago Olivares Tobón y cortesía.

Allí estaba en una mesa la periodista María Victoria Correa Ramírez, de 70 años; su hermana María Norelia, de 75, y dos acompañantes más (otra hermana y un sobrino).

En ese momento llegaron cuatro hombres en dos motocicletas. Todos portaban cascos, y dos de ellos llevaban a sus espaldas el tradicional maletín de domiciliarios.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, uno de los falsos domiciliarios se aproximó a la mesa con una pistola y les apuntó a las comensales, pero el arma de fuego se le trabó. En segundos llegó el otro domiciliario en su apoyo y disparó contra las víctimas.

En el sitio murieron María Victoria y María Norelia; su hermana Berta resultó herida y el sobrino salió ileso.

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Los asesinos huyeron y abandonaron las motocicletas en dos sitios distintos de Envigado; luego abordaron taxis que los condujeron a la Terminal de Transportes del Sur, en la que finalmente tomaron un bus hacia la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, de donde había llegado dos días antes para ejecutar el crimen, según las pesquisas de la Policía.

Al día siguiente hubo un consejo de seguridad, en el que las autoridades ofrecieron $50 millones de recompensa por información que ayude a esclarecer el caso.

Como hipótesis, los investigadores sospechan que las hermanas fueron asesinadas para arrebatarles unas propiedades valoradas en $3.000 millones, las cuales al parecer estaban en proceso de sucesión.

En el Concejo de Envigado hubo un minuto de silencio por María Victoria Correa Ramírez y su hermana. La primera era periodista, destacada por el cubrimiento radial de temas de política y denuncia social.

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El Inspector.