El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. del 8 de mayo de 2025 en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

María del Pilar Zea Cobo fue llevada a la clínica El Rosario de El Poblado, donde murió. Fotos de cortesía.

Según el reporte de la Policía, al estacionamiento de dicho lugar llegó la ciudadana caleña María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, conduciendo una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

Su objetivo era reunirse con un comerciante llamado Andrés Arias (“Chino Arias”), quien al poco tiempo llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

En ese momento, María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas, y a su regreso encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

La condujo a urgencias de la clínica El Rosario de El Poblado, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

Cuando la Policía registró la camioneta, encontró dos vainillas de calibre 9 milímetros en el interior. En la revisión de las cámaras de vigilancia del mall, los agentes observaron que minutos después del crimen, un hombre bajó de la parte trasera de la camioneta de la víctima, sosteniendo una bolsa, abordó el automóvil gris y salió del estacionamiento.

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Aunque en principio María del Pilar Zea Cobo fue reseñada como comerciante, fuentes judiciales le confirmaron a El Colombiano que la justicia de Estados Unidos la estaba investigando por su presunta participación en una red de narcotráfico transnacional.

Los expedientes estaban en cortes federales de Florida y Texas, donde otros narcotraficantes la sindicaron de ser una supuesta exportadora de estupefacientes conocida como “la Reina”, la cual empleada una ruta que salía del Pacífico colombiano, con centro de acopio de cocaína en Centroamérica y destino final en EE. UU.

Al parecer trabajaba en asocio con varios carteles, entre ellos el Clan del Golfo.

El FBI y la DEA le pusieron los ojos encima en 2022, con el decomiso de un cargamento de 1,2 toneladas de cocaína en Puerto Limón, una ciudad portuaria de Costa Rica.

Los agentes comenzaron a hacerle los seguimientos pertinentes, así se enteraron que se había cambiado de residencia, de Cali a Medellín, donde habitaba una lujosa propiedad en una loma de El Poblado, con amplios jardines y vista a las montañas del Valle de Aburrá.

También supieron que había adquirido deudas cercanas a los $40.000 millones de pesos con varios carteles, situación que al parecer provocó ese cambio de residencia.

En esas circunstancias, tomó contacto con agentes de la DEA y, según las fuentes consultadas, inició un proceso de cooperación y delaciones a cambio de beneficios judiciales en las cortes de Texas y Florida.

En Colombia, Zea Cobo también era investigada por los delitos de constreñimiento ilegal (2018) y amenazas (2021), aunque ambos expedientes están en etapa de indagación preliminar.

La última aparición pública de la mujer antes del atentado, había sido durante el matrimonio de su hija María Paula Trujillo Zea, quien contrajo nupcias con el cantante de reguetón Pipe Calderón el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali. En el opulento festejo, la señora llevó a su hija al altar.

El principal sospechoso del asesinato es el hombre con el cual se había citado “la Reina” en el mall. La hipótesis policial del caso es que se trató de una vendetta ligada al narcotráfico.

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El Inspector.

Se trata de Heriberto Elí Gómez Gómez, de 44 años, a quien las autoridades señalan de tener presuntos nexos con la banda delincuencial “el Coco”.

Nueve meses duró la persecución a alias “el Vigilante” por parte de la Sijín. Foto cortesía de la Policía.

Según la Policía, alias “el Vigilante” custodiaba empresas y urbanizaciones, recopilando información de los horarios y movimientos internos, para luego compartir los datos con “el Coco”, un combo de la comuna 13 asociado a la confederación criminal “los Pesebreros”.

El grupo ha ejecutado varios asaltos de alta envergadura, suplantando autoridades para confundir a sus víctimas.

Heriberto Elí Gómez, alias “el Vigilante”. Cortesía.

De acuerdo con la investigación, Gómez habría participado en uno de esos golpes, perpetrado a las 4:30 a.m. del 16 de mayo de 2021, en el condominio San Gabriel, ubicado en la Loma de Los Balsos, de El Poblado.

Doce ladrones disfrazados de agentes de la Sijín llegaron al sitio simulando un allanamiento. Sometieron a los celadores y entraron a la vivienda de un comerciante de oro.

Amordazaron a su esposa e hijos y se llevaron un botín valorado en $3.000 millones, gracias a $500 millones que sacaron de una caja fuerte, 70 relojes de lujo, lociones y joyas.

Durante el hurto, Gómez habría entrado con su uniforme de vigilante y se ubicó en la portería. Sus compinches, además, usaron un carro y una moto registrados a su nombre.

Los agentes de la Sijín – los verdaderos – comenzaron a seguirles la pista a los sospechosos. El pasado 27 de agosto arrestaron a seis de ellos: alias “la Mamá” (el cabecilla), “Chata”, “Darío”, “Mi Llave”, “Covid” y “Chumy” (ver la NOTA RELACIONADA: El rastro de los atracadores que se disfrazaban de ley).

“El Vigilante” huyó de su casa y se refugió en el barrio Niquía Camacol, donde finalmente lo encontraron y capturaron el 24 de febrero.

La Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado y agravado, y utilización ilegal de uniformes e insignias, los cuales él no aceptó. El juzgado le dictó medida de aseguramiento intramural.

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El Inspector.

El crimen, ampliamente difundido por la prensa, sucedió en la noche del pasado 28 de noviembre en el barrio El Poblado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Él era el comerciante israelí Shay Pesso, asesinado por sicarios en Medellín. Foto de cortesía.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía, el extranjero de 30 años conducía una camioneta Suzuki Vitara y a las 8:00 p.m. se estacionó en la calle 10 con la carrera 41, junto a un lugar de oración de la comunidad hebrea.

Fuentes cercanas al caso le contaron a El Colombiano que los homicidas al parecer le estaban haciendo seguimiento a su objetivo, pues ni siquiera le dieron tiempo de bajarse del vehículo. Dos hombres en una motocicleta Pulsar negra se aproximaron, el pasajero descendió y se arrimó a la puerta del piloto.

Usando una pistola, disparó en seis oportunidades a través del vidrio. Por la manera en que quedaron agrupados los agujeros en la ventanilla, los investigadores consideraron que se trató de un mercenario profesional, “con bastante práctica”, indicaron.

Pesso fue trasladado a urgencias de la clínica Las Vegas, donde finalmente falleció. En las pesquisas iniciales, las autoridades establecieron que llevaba más de tres años residiendo en Medellín, con viajes constantes al exterior, y que hacía dos meses se había separado de su compañera sentimental.

Los proyectiles que acabaron con la vida del extranjero ingresaron por la ventanilla del piloto. Foto de cortesía.

Se dedicaba al comercio y tenía inversiones en un salón de belleza. Entre sus documentos le encontraron un carné de residente otorgado por el Servicio Nacional de Migración de Panamá, país que también visitaba con frecuencia.

En las averiguaciones, los investigadores se enteraron que horas después del asesinato fue encontrada una motocicleta abandonada, con características parecidas a la usada por los sicarios. La dejaron en la avenida Regional, a tres cuadras de la Plaza Minorista, donde fue inmovilizada por agentes de tránsito.

En el análisis técnico realizado al vehículo de dos ruedas, le encontraron una caleta acondicionada junto al tanque de gasolina, que se abría con una guaya amarrada al sillín. De esta manera, cada que el conductor halaba la guaya, activaba un resorte que abría la tapa del compartimento secreto. El ensamblaje estaba oculto con calcomanías.

Al verificar la matrícula en las bases de datos, se constató que la moto aparece a nombre de una persona que está siendo investigada por su presunta participación en otro asesinato.

Los motivos por los cuales mataron a Pesso no están claros todavía. En el estudio de las hipótesis, las autoridades indagan si este hecho guarda relación con el homicidio de otro israelí perpetrado en Medellín hace cinco años.

La víctima fue Shay Azran, de 37 años. El 15 de junio de 2016 estaba estacionado en su moto en una calle del barrio Las Acacias, cuando fue tiroteado por sicarios motorizados.

Según la Fiscalía, el forastero alquilaba apartamentos para realizar fiestas, y se presume que su muerte fue orquestada por una organización ilegal liderada por otros israelíes, involucrada en la trata de personas, turismo sexual y narcotráfico transnacional.

Esta red aún está activa y con conexiones en Medellín, Guatapé, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Europa.

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El Inspector.

Así comenzó uno de los asaltos más espectaculares perpetrado en los últimos años en la ciudad, que de momento deja un delincuente herido de gravedad, dos policías lesionados y 11 sospechosos detenidos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La balacera duró unos 30 segundos, de acuerdo con los testigos. Se presume que los asaltantes provienen de bandas organizadas del noroccidente de Medellín. Foto cortesía de Denuncias Antioquia.

Con base en información de cámaras de vigilancia, videos aficionados y relatos de testigos, se estableció que el operativo criminal comenzó a las 11:45 a.m. de este jueves 4 de noviembre, en la concurrida avenida Las Vegas.

El objetivo de los ladrones era una empresa dedicada al bodegaje y fundición de metales preciosos, localizada en la carrera 48 con calle 17. Un secuaz disfrazado de agente de tránsito desvió por la calle 16 el flujo vehicular que venía del sur, mientras un actor similar detuvo en la calle 17 a quienes viajaban desde el norte.

Con media cuadra despejada, incursionaron cerca de 30 compinches, que llegaron repartidos en la volqueta, en una camioneta Van y varias motos. Llevaban pasamontañas, chalecos antibala, overoles, pistolas, subametralladoras y fusiles con silenciador.

La volqueta que usaron tenía reforzamiento de metal adelante. Ocho criminales se treparon al volco y arrasaron la puerta principal. Adentro había otra puerta blindada, que frenó la arremetida.

El vigilante fue sometido por los invasores, quienes lo encañonaron y despojaron de su arma, al tiempo que trataban de forzar la segunda puerta. Dentro de la edificación los trabajadores, que se disponían a almorzar, corrieron despavoridos, y tres de ellos fueron golpeados por los pillos.

PÁNICO Y TIROTEO
Mientras eso sucedía en la fundidora, dos policías motorizados hacían su patrullaje de rutina en la Av. Las Vegas, a las 12:00 m. Un delincuente cometió el error de asomarse a la vía, encapuchado y con el fusil en sus manos, lo que alertó a los uniformados.

Los patrulleros aceleraron, pasando junto al falso agente de tránsito, y a media cuadra de la empresa fueron recibidos a tiros. Lograron maniobrar la moto, dejarla en el suelo y saltar a un lado, respondiendo al fuego de inmediato.

En simultánea, uno de los trabajadores de la fundidora apretó el botón de pánico, por lo que la Policía despachó refuerzos a Manila y comenzaron las coordinaciones con las cámaras del Sistema 123.

Los malandros salieron de la sede disparando para proteger su escape. A 50 metros estaban sus compinches esperándolos en 12 motos, según los videos, y pasaron velozmente a recogerlos.

Por la desesperación, en el cruce de proyectiles, algunos abandonaron a sus colegas; en otras motos se subieron de a tres personas, que arrancaron en dirección al occidente y el norte, y se cayeron más adelante al toparse con los refuerzos policiales.

La balacera duró 30 segundos interminables, que llenaron de pánico a los transeúntes y conductores que, en plena hora pico, se agolpaban en los alrededores de la concurrida avenida.

En cercanías a una empresa de encomiendas cayó herido uno de los asaltantes; otros dos fueron capturados a pocos metros, según el general Javier Martín, comandante de la Policía Metropolitana.

Los ocho restantes fueron detenidos en las manzanas aledañas, gracias al seguimiento desde el 123 con las cámaras. Entre los apresados estuvo el guarda de tránsito pirata, a quien varios peatones trataron de linchar.

CRIMEN ORGANIZADO
El general Martín recalcó que, gracias a la reacción de sus hombres, el atraco fue frustrado. “Solo se llevaron unos insumos”, dijo, sin precisar de qué tipo. Tampoco confirmó ni desmintió el rumor de que se habían llevado tres lingotes.

Al día siguiente la directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Natalia Rendón, confirmó que los citados “insumos” fueron en realidad dos barras de oro sin procesar, que en el argot minero se denominan “doré”. El material contenía 3.148 gramos del metal precioso, valorados en $550 millones de pesos.

Fuentes de Inteligencia contaron, de manera extraoficial, que entre los autores del robo hay integrantes de varias bandas organizadas del noroccidente de Medellín. Según el alto oficial, siete de ellos tienen antecedentes judiciales por hurto, falsedad en documento y extorsión.

Hora y media después de lo sucedido, el alcalde Daniel Quintero anunció recompensas de hasta $10 millones por información que ayude a esclarecer esta clase de hurtos. “Que este sea un mensaje para todos los criminales que crean que aquí pueden hacer las de Netflix. Gracias a la tecnología de la ciudad, pudimos frustrar un robo que pudo haber sido uno de los más importantes en muchos años”, declaró el mandatario.

En el operativo fueron incautadas una subametralladora, seis pistolas, nueve chalecos blindados, un pasamontañas y un overol de obrero. Inmovilizaron la volqueta y ocho motos.

Las autoridades coincidieron en que detrás del atraco está el crimen organizado, y no descartaron la participación de exempleados de la compañía que suministraron la información a los bandidos, porque un asalto de este tipo no se planea de la noche a la mañana.

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El Inspector.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió a las 5:00 p.m. de este miércoles 23 de junio. A esa hora, un hombre desesperado llamó a la Línea de Emergencia 123, diciendo que a su primo le acababan de disparar.

Una patrulla policial reaccionó a ese llamado de auxilio y llegó a un establecimiento de comidas en la carrera 46 con la calle 7, donde varias personas aterradas rodeaban el cuerpo del comerciante Óscar Mauricio Henao Toro, de 53 años, y quien en los expedientes de la justicia estadounidense figuró en el pasado como alias “el Contador”.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Los técnicos forenses del CTI inspeccionaron la escena del crimen en el restaurante, encontrando vainillas de calibre 7.65. Foto de archivo.

De acuerdo con su familiar, él, Henao y otro comerciante se habían reunido en ese lugar para conversar de negocios, en particular sobre la posibilidad de invertir en una empresa de divisas. A los 20 minutos de haber comenzado la charla, al recinto ingresó un hombre con una chaqueta oscura y una gorra, quien se aproximó a la mesa y le disparó al ciudadano con una pistola calibre 7.62, impactándolo en el antebrazo izquierdo y en el corazón.

El mercenario salió de inmediato y abordó una motocicleta KTM 200 Duke, conducida por un compinche, y ambos lograron escapar.

FUEGO Y HIELO
Según archivos de la Policía y la Fiscalía, Henao Toro había sido capturado en febrero de 2009, en el marco de la operación Fire and Ice (“Fuego y Hielo”), ejecutada por la DEA, la Dijín e Interpol, en contra de las redes financieras de “la Oficina”, una organización criminal del Valle de Aburrá con negocios transnacionales de narcotráfico y lavado de activos.

El blanco principal de la investigación era el presunto narcotraficante antioqueño Nelson Eugenio Aristizábal Martínez, alias “One Two Three” o “Juantutri”, señalado de liderar una ruta de exportación de cocaína en asocio con “la Oficina”, además de una red de blanqueo de las ganancias ilícitas.

Según el expediente N°04-20065-CR-SEITZ de la Corte del Distrito Sur de La Florida, la célula de “One Two Three” administraba una ruta que salía de Colombia por el Caribe y tenía un punto de acopio en Jamaica, con destino final en Miami, Estados Unidos. Esta estructura habría exportado el alcaloide entre 1997 y 2006, de acuerdo con las pruebas recaudadas en ese momento.

Aristizábal no alcanzó a ser juzgado por las autoridades. Investigadores judiciales relataron que fue desaparecido a finales de 2008 por sus mismos aliados de “la Oficina”, quienes lo habrían ejecutado tras la incautación de varios cargamentos de droga, que le crearon una deuda impagable con la mafia. Su cuerpo no ha sido encontrado.

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El 11 febrero de 2009 las agencias de seguridad capturaron con fines de extradición a siete de sus secuaces, entre ellos “el Contador”, quien cayó en Medellín y fue enviado a la cárcel de Cómbita (Boyacá). En septiembre de ese año, la Fiscalía embargó 118 propiedades a nombre de los involucrados en la red, y de sus testaferros, valoradas en 60.000 millones de pesos.

Se trató de 66 inmuebles, 23 vehículos, 19 establecimientos comerciales y 10 acciones de empresas, los cuales fueron ocupados en Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, con fines de extinción de dominio.

El 22 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto favorable (radicado 31658) para la extradición de Henao, por lo que él y los otros seis procesados fueron enviados a La Florida para responder por cuatro cargos de conspiración para exportar y distribuir cocaína en esa nación.

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El registro público de la Corte del Distrito Sur de La Florida indica que “el Contador” comenzó sus audiencias en el extranjero en octubre de 2009; al mes siguiente, se declaró inocente de las acusaciones, pero luego de un año de juicio, firmó un acuerdo de culpabilidad (Plea Agreement) por uno de los cargos: conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a EE.UU.

En agosto de 2010, la juez Patricia A. Seitz lo condenó a 11 años y siete meses de prisión, tres años de libertad posterior bajo vigilancia y una multa de 100 dólares. Sin embargo, por su colaboración con la justicia, Henao logró renegociar la pena y salió de la cárcel el 7 de julio de 2016, según el archivo del Buró de Prisiones.

Después de siete años de prisión regresó a Medellín, se radicó en El Poblado y tomó las riendas de una empresa de químicos.

Las causas del homicidio no han sido esclarecidas por ahora. El Colombiano buscó una declaración oficial de la Policía sobre este tema, pero la Institución no se ha pronunciado de momento.

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ANTECEDENTE CERCANO

Este es el segundo asesinato perpetrado en Medellín en el último mes, en el que la víctima fue una persona mencionada en investigaciones penales por narcotráfico en Estados Unidos.

Al mediodía del pasado 20 de mayo, en el barrio Conquistadores, sicarios motorizados le quitaron la vida al abogado Jaime Alberto Roll Cifuentes, de 42 años. El ciudadano iba en un taxi con una mujer, y el ataque se produjo cuando pasaban por la calle 33 con la carrera 66B.

El jurista falleció en un centro médico, con 10 heridas de bala, mientras que su acompañante y el taxista sobrevivieron con lesiones leves.

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El finado era sobrino de Dolly Cifuentes Villa, alias “la Meno”, una de las integrantes más conocidas del Clan Cifuentes Villa. Esta organización, con pasado en el cartel de Medellín, tenía una sociedad para el narcotráfico y el lavado de activos con el cartel mexicano de Sinaloa.

“La Meno” fue extraditada en 2012 y pagó tres años de prisión en Estados Unidos. Lo último que se supo de este clan, según fuentes judiciales, fue que algunos de sus integrantes estaban siendo llamados por la DEA para declarar como testigos en el caso contra Joaquín “el Chapo” Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, quien está purgando una cadena perpetua en EE.UU.

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El Inspector.

El hecho ocurrió a las 10:45 a.m. de este lunes 15 de marzo, cuando tres ciudadanos estaban en una camioneta blindada BMW en el conjunto residencial Finito, ubicado en la calle 23 con la carrera 41 del barrio Castropol.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En este vehículo se movilizaban las personas investigadas. Tras caer desde los parqueaderos del quinto piso, uno de los ocupantes falleció. Foto de Edwin Bustamante.

Según las indagaciones preliminares, los hombres venían de Cali  para visitar a un pariente que residía en uno de los apartamentos.

El vehículo era conducido por Willer Andrés Bermúdez López, de 19 años y nacido en Istmina (Chocó); sus acompañantes eran Luis Antonio Mosquera Aguilar, de 32 y también oriundo de Istmina, y Alex Ernesto Pineda Guerrero, de 38 y natural de Buenaventura (Valle del Cauca).

Willer Andrés trató de estacionarse en una de las celdas del parqueadero de visitantes, pero por causas que hasta ahora se desconocen, oprimió el acelerador, saltó los topes de concreto y destruyó el muro de contención, cayendo al vacío desde un quinto piso.

El fuerte impacto, tras la caída de la camioneta BMW desde el parqueadero, dejó expuesta esta caleta en el tablero frontal, dentro de la cual encontraron un revólver y dos pistolas. Cortesía de Policía.

La camioneta se estrelló a un costado de un parque infantil, quedando volcada con las llantas hacia el cielo. El conductor quedó consciente y pidió ayuda a los vecinos, que impotentes trataron de auxiliarlo mientras llegaba una ambulancia. Al sitio acudieron el vigilante, con un extintor, y el pariente que iban a visitar, quien se agarraba la cabeza y caminaba de un lado a otro con desespero, según los videos grabados por varios curiosos.

En el sitio perdió la vida Alex Pineda, mientras que Willer y Luis Antonio fueron rescatados por los bomberos y trasladados de urgencia a un centro médico.

En la mañana de este martes 16 de marzo, el general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, reveló que en la inspección al automotor fueron encontradas tres armas de fuego (un revólver y dos pistolas) en una caleta oculta en el tablero principal, “por lo que los dos sujetos lesionados serán puestos a disposición de la Fiscalía por porte ilegal de armas”. Los artefactos tenían sus respectivos proveedores llenos de balas.

En la BMW también había $6 millones en efectivo y los lesionados portaban cadenas de oro y joyas valoradas en cerca de $500 millones, de acuerdo con las autoridades.

Estas son las tres armas de fuego que, según la Policía, fueron encontradas en la caleta de la camioneta BMW. Foto cortesía de la Policía.

Después de este hallazgo, los policías allanaron el apartamento en el cual iban a hospedarse los visitantes, encontrando otra pistola marca Astra cromada, otros $156’950.950 en efectivo, 1.500 dólares y tres cajitas con 137 municiones para calibres 9 m.m., 22 m.m y 38 m.m. También decomisaron dos celulares y un computador portátil.

Algunos residentes de la urbanización manifestaron que en dicho apartamento eran frecuentes las rumbas, “con mujeres bonitas entrando y saliendo a toda hora”, y que justo después del accidente llegaron varios desconocidos a sacar cajas de forma desesperada.

“Estas personas venían a Medellín esporádicamente, estamos ahondando en la investigación con la Sipol (Seccional de Inteligencia Policial) de Cali, porque son altamente sospechosas”, indicó el general Ruiz.

Fuentes judiciales manifestaron que a ninguno de los tres ocupantes del BMW les figuran antecedentes penales, ni en la base de datos de la Fiscalía ni en la de la Procuraduría. Aún no se conoce a qué se dedicaban, aunque Willer Bermúdez les dijo a los investigadores que era comerciante.

En su contra ya hay una indagación preliminar adelantada por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, por el presunto porte ilegal de armas y el supuesto homicidio culposo de Alex Pineda, producto del accidente. Una vez se recupere, podrá rendir los descargos en una audiencia de control de garantías.

El dinero y los demás elementos encontrados en el allanamiento al apartamento que iban a visitar las personas accidentadas. Foto cortesía de la Policía.

Sobre las causas de lo ocurrido, una hipótesis que analizan los investigadores es que al parecer hubo una pelea entre los ocupantes, lo que produjo que el conductor perdiera el control del vehículo.

Otra teoría se fundamenta en un video de seguridad, en el cual se observa el automotor estacionado en la celda. Al lado está el pariente, dando unas indicaciones, y Willer se ubica en el puesto de piloto. Tras sentarse, reversa sin siquiera cerrar la puerta y se lleva el muro de contención, por lo que no se descarta la impericia.

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El Inspector.

El crimen sucedió a las 5:20 p.m. de este viernes 15 de marzo, cuando Wilfrido Ortiz Coneo, de 32 años, viajaba en un taxi con una acompañante de 21. Según el reporte inicial de la Policía, provenían de la ciudad de Cartagena y se dirigían hacia una suite que habían reservado en un hotel de El Poblado.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la escena del crimen en la Loma de los Balsos, donde fue asesinado un ciudadano cartagenero que iba en un taxi. Foto de Juan Antonio Sánchez.

Abordaron el vehículo de servicio público en la terminal aérea y bajaron por la vía Las Palmas hacia el suroriente de la capital antioqueña. Al ingresar a la Loma de los Balsos, fueron perseguidos por un automóvil Chevrolet Aveo gris, que trataba de obstruirles el paso acelerando de forma brusca.

En ese momento, en inmediaciones de la calle 12sur con la carrera 18, se arrimaron dos sicarios en una motocicleta de alto cilindraje y acribillaron a Ortiz Coneo. El pasajero recibió más de 10 disparos en el pecho y los brazos. La mujer, una estudiante cartagenera de Diseño de Modas, sobrevivió a un proyectil que le atravesó el pie izquierdo.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que “dentro de la investigación, la víctima al parecer tenía algunas anotaciones por narcotráfico. Nuestras unidades en el departamento de Bolívar están verificando esa información”.

Fuentes de Inteligencia informaron a este diario que el difunto Wilfrido Ortiz Coneo, apodado “el Monito”, era investigado por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de drogas hacia el exterior, desde los puertos del Caribe, denominada el Clan Coneo.

Dicha banda estaría en una pugna contra “los Pachenca” y “los Santa”, dos violentas facciones con base de operaciones en Santa Marta, que al parecer exigen la devolución de 1.7 toneladas de cocaína, producto de una mala negociación entre narcos.

Debido a ese conflicto, el pasado 17 de enero asesinaron en Cartagena al supuesto narcotraficante Roberto Meléndez Vallesilla, alias “el Caracol”. Según registros de prensa, ese día conducía una camioneta Ford Explorer con placa de Sabaneta, y cuando transitaba por el barrio Pie de la Popa fue atacado por mercenarios motorizados que le dispararon a través de la ventanilla.

De acuerdo con la hipótesis que analizan las autoridades, “el Caracol” sería socio de “el Monito” y sus muertes estarían conectadas.

El secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, recalcó que la investigación apenas está en curso, aunque todo indica que se trata de una situación ajena a la ciudad, “derivada de las actividades de la víctima en Cartagena”.

Esta no es la primera vez que una confrontación del Caribe se traslada a nuestra región. Un antecedente cercano sucedió en la madrugada del 2 de febrero de 2016, cuando un cabecilla de “los Pachenca”, Johan Esteban Pamplona Gallego (“Carevieja”), arribó al aeropuerto de Rionegro procedente de México.

En compañía de su esposa e hija abordaron un automóvil, el cual fue interceptado por sicarios en las afueras del terminal. Uno de lo agresores portaba una pistola con silenciador, que se trabó al intentar disparar. El ataque se frustró y los delincuentes escaparon en un taxi. En ese entonces, el Clan del Golfo ofrecía una millonada a quien liquidara a Pamplona, acusándolo de ser informante de la DEA.

La muerte le llegó a “Carevieja” el 26 de diciembre de ese mismo año, cuando un comando sicarial lo ejecutó en un chalet ubicado entre Armenia y La Tebaida, en Quindío.

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El Inspector.

Este grupo hace parte de las 26 personas capturadas la semana pasada por la Policía Metropolitana, en la llamada Operación Zafiro, que golpeó el negocio de las drogas ilícitas en el sur de Medellín e Itagüí.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En la Operación Zafiro fueron arrestados siete policías activos, varios de los cuales prestaban servicio en El Poblado. Foto de archivo.

Dentro de los arrestados hubo siete policías activos, que según el informe de la institución policial “omitían sus funciones constitucionales a cambio de dádivas, al igual que se encuentran comprometidos en casos relacionadas con extorsiones a ciudadanos extranjeros”.

Se trata del subintendente Iván Yesid Ávila Gómez y de los patrulleros Antonio Enrique Castro Ramírez, César Darío Higuita, Diego Armando Adarme Díaz, Jhonatan Núñez Cortés, Sebastián Hincapié Cano y Yeison Kinn Viloria Martínez, quienes fueron suspendidos de sus cargos. Tendrán que responder por prevaricato por omisión, falsedad en documento público, cohecho y concusión.

La Fiscalía informó que después de las audiencias de control de garantías, 18 de los 26 capturados fueron enviados a la cárcel, mientras que los otros siete recibieron el beneficio de detención domiciliaria por alegar problemas de salud. Entre los encarcelados está el supuesto coordinador del grupo, Santiago Galeano Zapata, alias “Santi”.

La banda “la Raya” se dedica al tráfico de drogas, extorsiones, sicariato, desplazamientos forzados, amenazas y demás conductas criminales. Sus sitios de influencia son los barrios Cristo Rey, La Colina, La Colinita, El Bolo, Campo Amor y el sector La Raya de Guayabal, en Medellín; en Itagüí, operan en el barrio San Fernando y los alrededores de la Central Mayorista de Antioquia.

En los últimos años extendieron sus redes a El Poblado, estableciendo puntos de distribución de droga en sitios de rumba y turismo, como el Parque Lleras y Barrio Colombia. De acuerdo con el expediente, esto les generaba ganancias semanales de $15 millones por la venta de basuco y $8 millones por el expendio de marihuana.

La Operación Zafiro golpeó la parte baja de la estructura, pues los máximos líderes de “la Raya” continúan en las calles: alias “el Burro”, “Monopepe” y “Pablo Raya”. La agrupación está asociada a la confederación ilegal de la “Odín la Unión” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), lo que le permite sostener alianzas con facciones de Belén y otros municipios del sur del Valle de Aburrá.

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El Inspector.

El testimonio de este hombre, Gustavo Adolfo Vélez Arango, es pieza clave para esclarecer los asesinatos en Medellín del comisionista de bolsa italiano Marco Rallo y su cónyuge, la abogada María Clara Uribe Zárate, y ha derivado en el arresto de otros tres sospechosos.

Los pormenores de la historia fueron narrados por el fiscal 31* de la Unidad de Vida de la Fiscalía, durante la audiencia de garantías de Juan David Mejía Vallejo, el último de los detenidos. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y compartida a los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo.

En la madrugada del 8 de noviembre de 2014, una misteriosa mujer llamó a la Línea 123 y alertó a la Policía sobre un carro en el que transportaban un muerto y 500 millones de pesos.

Minutos después, otra llamada informó sobre el avistamiento de un cadáver en la Variante Las Palmas. Era una dama sin identificar, con señales visibles de golpiza y las extremidades amarradas con cinta adhesiva.

A las 8:00 a.m., un nuevo aviso de la comunidad condujo a los uniformados a la Loma de Chuscalito, a 3 kilómetros de distancia, donde yacía un hombre sin vida, también maniatado, con una media en la boca y laceraciones por golpes contundentes.

Dos horas más tarde un conductor ebrio colisionó el carro de un vecino y terminó estrellado contra una casa del barrio Loreto. El chofer Gustavo Vélez, con cortadas en el cuero cabelludo, fue trasladado a una clínica, donde en medio del shock confesó que el automóvil Volkswagen Getta negro que manejaba era hurtado.

En la inspección al vehículo, del que se estableció que la propietaria se llamaba María Clara Uribe, las autoridades encontraron rastros de sangre, cinta adhesiva y un calcetín idéntico al que obstruía la boca del cuerpo abandonado en Chuscalito. De súbito, todos los episodios de aquella funesta mañana se conectaron.

Los criminalistas de la Sijín ingresaron posteriormente al apartamento 2002 de la urbanización Massai, de El Poblado, donde residían los esposos asesinados, Marco y María Clara.

Una caja fuerte abierta y todo en aparente orden, no despertaban mayores sospechas. Sin embargo, al aplicar el químico blue star en la escena se reveló un reguero de sangre que alguien trató de limpiar en vano. Se concluyó que allí había sido cometido un brutal crimen y en breve se expidió una orden de arresto contra Vélez Arango, alias “Tavo”.

EL INTERROGATORIO
Vélez no pudo con el remordimiento y en compañía de su abogada relató a la Fiscalía la forma en que, según él, ocurrieron los hechos.

Dijo que una semana antes fue contactado por Juan David Mejía, a quien conocía hacía dos años. Le ofreció participar “en una vuelta”en la urbanización donde laboraba como rondero. El trato consistía en desaparecer un carro del sitio en el que otras personas cometerían un robo.

Por eso le prometió 2 millones de pesos y “Tavo”, que vendía tintos y perros calientes, aceptó.

En la noche del 7 de noviembre, Mejía lo recogió en un taxi en un estadero de El Poblado y lo condujo al conjunto residencial Massai, adonde llegaron a las 8:00 p.m. El portero Jaime Luis Espitia Romero, presunto coautor, los dejó entrar sin anunciarlos.

La empresa de seguridad privada Coopevian, en la cual laboraban los vigilantes implicados, certificó que los cables del equipo que controla las cámaras de vigilancia fueron arrancados, al parecer por Espitia, lo que ocasionó un corto circuito que las inhabilitó minutos antes de que el taxi ingresara.

En ese escenario predispuesto, a “Tavo” y Mejía se sumaron el rondero Pedro Juan Uribe Marín y otra persona por identificar, y subieron hasta el apartamento 2002.

Un celador tocó la puerta con el pretexto de entregar una encomienda y el extranjero, que lo conocía, abrió. En ese instante le rompieron la nariz de un puñetazo, irrumpieron con brusquedad y sometieron a su esposa en la habitación.

Los agresores sabían de antemano que había dos cajas fuertes y preguntaron por ellas. Según el fiscal, desde 8:30 p.m. hasta las 3:00 a.m. torturaron al comisionista y la abogada. Usaron una macana eléctrica y una navaja para amedrentarlos, al tiempo que los pateaban para que suministraran las claves.

“Tavo” salió del cuarto y se sentó en la sala. Miraba cómo los demás verdugos entraban y salían, asumiendo turnos para propinar el execrable castigo.

Para Vélez fue demasiado. Les dijo que se iba, que ese no era el trato, y sus compinches lo amenazaron. Entonces destapó las botellas de licor que las víctimas conservaban y se entregó a la borrachera.

Cuando abrieron una caja fuerte solo había $9 millones, no los 500 que al parecer esperaban. Su fechoría ya no tenía retorno, la pareja conocía a los celadores y estos no se cubrieron el rostro, por lo que decidieron estrangularlos hasta extinguirles la vida.

Limpiaron la escena del crimen, envolvieron los cadáveres en sábanas y bajaron 20 pisos por el ascensor. Los montaron en los vehículos de los finados, “Tavo” arrancó en el de María Clara y Mejía en el Volkswagen Getta gris de Marco, el cual no ha sido recuperado a la fecha.

Dos días después del accidente, los dos volvieron a encontrarse. Mejía le dijo a “Tavo” que aún no podía pagarle toda su plata, porque del apartamento sacaron poco y tocaba esperar la venta del carro del italiano.

Con esta confesión, la Fiscalía expidió órdenes de captura contra los tres celadores, que se materializaron este mes, y les imputó cargos por homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

El ente acusador hizo un preacuerdo con “Tavo”, a quien ya no procesará en calidad de coautor, sino de cómplice, lo que implica una eventual condena a 206 meses de cárcel (17 años), es decir, una rebaja cercana a la mitad.

“GAVILLA”
En la audiencia de Mejía, realizada el 25 de marzo, este no aceptó cargos y su defensor* lo presentó como un humilde celador de San Javier, padre de cuatro hijos menores de edad.

El abogado desestimó la versión de “Tavo”, quien solo implicó a su defendido “cuando le pusieron las garras encima y buscó beneficios de la justicia. Es lo que hacen los delincuentes de hoy, con la aquiescencia de los investigadores de la Fiscalía”.

Yalegó que en este suceso, el celador Mejía es también “una víctima”: “Todo el Estado, en gavilla, usa sus recursos para perseguir a un ciudadano que se presume inocente, en alianza con la Fiscalía, la Procuraduría y los medios de comunicación que agrandan las cosas. Ahí la víctima es el presunto victimario, ¿cuál presunción de inocencia? ¿Cómo hace para defenderse de semejante jauría?”.

El término “gavilla” no le cayó en gracia al juez Cuarto Penal Municipal*, quien a su turno profirió:“No fue el Estado el que hizo gavilla, sino el indiciado y otros cuatro, que según el testigo ejercieron violencia contra dos personas indefensas. ¡Ahí está la gavilla que menciona el defensor!”.

Acto seguido, ordenó en contra de Mejía una medida de aseguramiento en la cárcel de Itagüí;Espitia y Uribe Marín, quienes también rechazaron las imputaciones, pernoctan en la prisión de El Pedregal; y “Tavo” está en Bellavista, penando en la celda porque recibió amenazas de muerte.

Los familiares de las víctimas nombraron un par de juristas para que los representen en el caso, en el que hasta ahora han estado conformes con el proceder de la Fiscalía.

Para las autoridades faltan por lo menos dos personas por detener, que les permitan atar los cabos sueltos en este crimen. ¿De dónde salió la información de que en las cajas fuertes había $500 millones? Esa cuestión, que en últimas provocó el asalto a la residencia, es el interrogante clave que falta por despejar.

A la salida de la audiencia los seres queridos rodearon al procesado Mejía. El vigilante de 39 años, que estuvo ensimismado en la diligencia judicial, rompió en llanto junto a su esposa.

Al arrimarse este periodista, uno de los acompañantes expresó que “no vamos a hablar, solo hay tristeza, ya hemos sufrido demasiado”.

Similar apreciación había hecho el fiscal, hablando de los dolientes de Marco y María Clara:“ellos dos, supongo yo, están descansando en santa paz, pero quedan sus familiares sufriendo en Italia y Colombia, esperando justicia”.
*Por petición de los funcionarios se reservan sus nombres.

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El Inspector.

De acuerdo con información oficial, Carlos Augusto Castaño Giraldo, de 44 años, retiró 9 millones de pesos en efectivo de una entidad bancaria en El Poblado. En compañía de otro ciudadano, salió del establecimiento a la 1:30 p.m. de este viernes (agosto 15), a bordo de un automóvil Mazda 626.

Uno de los supuestos atracadores murió en el lugar de los hechos, mientras que una de las víctimas pereció en el hospital. Foto de Róbinson Sáenz.

Al pasar por la carrera 43 con la calle 24, en un cruce vial que los obligó a frenar, fueron interceptados por fleteros en dos motocicletas, que les reclamaron la plata. La reacción de los ciudadanos fue bajarse del carro a pelear, a tratar de quitarle el arma a uno de los agresores.

En el forcejeo, un ladrón hirió a bala a Castaño Giraldo y a su acompañante, aunque estos lograron arrebatarle el revólver calibre 38 y pagarle con la misma moneda, acertándole un balazo en la espalda. El atacante cayó de bruces al asfalto y ya no se movió.

Los otros fleteros huyeron, abandonando a su compañero y una moto de bajo cilindraje. Uno de ellos fue detenido por la Policía minutos después, cuando corría por una calle cercana. Los demás escaparon.

El hurto se frustró, pero Castaño murió poco después en un centro hospitalario, mientras que la otra víctima sobrevivió pese a la herida de proyectil.

Cuando los forenses llegaron a la escena del atraco, recuperaron el revólver e inspeccionaron el cuerpo del supuesto agresor, identificado como Édgar de Jesús Zuluaga Granados, de 48 años. Les llamó la atención su edad, pues por lo general ese tipo de asaltos son cometidos por jóvenes. En su billetera llevaba un dólar y un antiguo billete de 100 pesos, que según la tradición se conservan para atraer la abundancia.

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El Inspector.

La Fiscalía informó que el afectado por la decisión es el patrullero Mauricio Arboleda Bedoya, quien estaba adscrito a la estación policial de El Poblado (comuna 14).

El siguiente paso en este proceso será la audiencia de formulación de acusación. Mientras tanto, el imputado seguirá en prisión. Foto de archivo.

La víctima quedó atascada y en ese instante apareció un puñado de secuestradores, disfrazados con prendas de un grupo especial de la Policía. Al comerciante lo sacaron a rastras de su vehículo y lo montaron en otro.

Tras ser notificado de la captura, la Fiscalía le imputó a Arboleda el delito de secuestro simple, el cual no aceptó en el estrado. Por lo pronto se desconoce a qué grupo ilegal pertenecen los sujetos con los cuales se habría asociado para efectuar el rapto.

La niña duró seis días después de caer desde el balcón de un apartamento del piso 18, en una urbanización de El Poblado, en Medellín. Anoche los especialistas de la clínica El Rosario diagnosticaron la muerte cerebral y hoy dejó de respirar.

La niña falleció en la clínica El Rosario de El Poblado, luego de seis días de agonía. Foto de Esteban Vanegas.

Lo sucedido le dará un viraje al proceso judicial contra Alejandra Salazar Rengifo, de 23 años. La novia de Alejandro Pérez Zuluaga, padre de la niña, está en la cárcel de El Pedregal, luego de que un juzgado penal le dictara la medida de aseguramiento por la supuesta comisión de una tentativa de homicidio agravada.

La joven es señala por su presunta participación en la muerte de la menor. Un testigo aseguró a la Sijín que, antes de la caída del pasado jueves, vio a Valerie sentada en la baranda del balcón, con los pies colgando hacia el abismo, y que una mujer estaba detrás. Eso, sumado a la extraña actitud de Salazar, que salió de la urbanización apresurada, originaron las sospechas en su contra.

Ahora la Fiscalía debe solicitar una nueva audiencia para cambiar la imputación, que ya no sería por tentativa, sino por homicidio agravado. Fuentes cercanas al caso comentaron que la pequeña residía en Bogotá con su madre Alejandra Torres Muñoz, una diseñadora gráfica de 36 años, y llevaba ocho días pasando vacaciones en el apartamento de su papá de 27.

El progenitor trabaja en una empresa que brinda a las aseguradoras el servicio de “conductor elegido”, con sedes en Bogotá y Medellín. Conoció a Salazar hace tiempo, cuando él vendía celulares y ella le compró uno. El hombre dormía cuando acaeció la desgracia y fue él mismo quien le avisó por teléfono a la mamá de la chiquilla.

La procesada nació en Medellín el 15 de diciembre de 1988, reside en el barrio La Maruchenga de Bello y es bachiller. Actualmente estaba desempleada, indicaron las autoridades, aunque antes trabajó en una videoteca de Bello. No tiene antecedentes penales.

La familia de la víctima, a través de un comunicado, agradeció a los medios de comunicación, las autoridades y la sociedad la atención que durante este tiempo le han prestado al caso.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a eso de la 1:00 a.m. de hoy, en el Hostal Los Tamarindos, y la víctima fue Denis Ian Levy, de 49 años.

La fachada del hotel donde se presentó el asalto. Foto de Santiago Olivares.

De acuerdo con información policial, dos mujeres y un hombre ingresaron al establecimiento simulando buscar hospedaje. Una vez en el lobby, comenzaron el atraco al lugar y a sus usuarios.

El norteamericano se opuso y recibió un balazo en el tórax. Los agresores alcanzaron a huir, en tanto que a él lo trasladaron a la Clínica Medellín de El Poblado, donde fue imposible salvarlo.

Sobre el finado, la investigación preliminar arroja que tenía residencia en Nueva York y al parecer una compañera sentimental en Antioquia.

El pasado 23 de enero mataron a otro estadounidense en el municipio de Bello. Se llamaba Daniel Fernández, y su caso fue relatado en la NOTA RELACIONADA: Acompañantes mataron a un extranjero.

El Inspector.

Es que desde el pasado 26 de agosto, cuando se hizo público que ese cabecilla de la organización criminal ‘La Oficina’ recibiría el beneficio de la detención domiciliaria, el caso ha estado hasta en boca del Presidente de la República. ¿Qué hay detrás del alboroto? ¿Y por qué varios procesos contra integrantes de esa organización se han complicado por problemas de salud?

'El Cebollero' ha pasado por las cárceles de máxima seguridad de Palmira e Itagüí. Cortesía del Inpec.

La decisión de revocar el encarcelamiento de Alirio de Jesús Rendón Hurtado fue tomada por el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín. Se basó en tres dictámenes médicos, según los cuales el estado de salud del interno (enfermedad coronaria) es incompatible con la detención intracarcelaria. El jurista lo envió entonces a su casa, con custodia del Inpec, en un edificio de El Poblado.

A ‘El Cebollero’ le faltan por cumplir nueve meses de su condena de cuatro años y dos meses por concierto para delinquir, en calidad de financista de la banda ‘La Unión’, un tentáculo de ‘La Oficina’ en el sur del Valle de Aburrá. Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La decisión del juez enojó al presidente Juan Manuel Santos, quien preguntó: “Si está tan enfermo, ¿por qué no lo mandan al hospital, en vez de a su casa?”. El custionamiento (por mucho que se diga que el poder ejecutivo no debe entrometerse con la rama judicial), derivó en una sanción de tres meses para el juez, de parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en Antioquia, mientras se investiga si cometió errores en su sentencia.

Ahí creció el escándalo. El sindicato (Asonal Judicial) rechazó la presión ejercida por el primer mandatario, y una comisión de Medicina Legal, enviada desde Bogotá, fue al apartamento de Rendón para examinarlo. El resultado del análisis fue que ‘El Cebollero’ sí puede estar en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, donde hay los recursos necesarios para atender su padecimiento.

Se nombró un nuevo juez para el caso, pero la Sijín allanó su oficina y registró los computadores. El jurista presentó la renuncia al cargo, alegando falta de garantías, pero ayer se la negaron. Mientras tanto, el personaje sigue en su residencia y está pendiente de lo que decida el designado.

En eso va esta historia llena de tropiezos. Para conocerla desde el principio, puedes leer la NOTA RELACIONADA: Cuatro añitos para un cabecilla de ‘La Oficina’.

Lo inusual es que ‘El Cebollero’ no es el único cabecilla de ‘La Oficina’ enfermo. José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, asegura que sufre de diabetes; Daniel Alejandro Serna’, ‘Kener’, padece una deficiencia renal, derivada de una herida por arma de fuego hace años; y Fabio Édison Gómez Ruiz, ‘Riñón’, pasó una pequeña temporada en la clínica Las Américas durante su encarcelamiento en la cárcel de Itagüí.

El caso de ‘Douglas’ avanza con mucha lentitud. Fue capturado el 15 de abril de 2009 y todavía no hay una sentencia. Según fuentes cercanas al caso, la defensa sigue buscando que le otorguen la detención domiciliaria, amparando el derecho a la salud de Muñoz. Este desmovilizado de las Autodefensas, también conocido como ‘El Mono’ o ‘La Tía’, enfrenta cargos por concierto para delinquir, secuestro, tráfico de armas y homicidio.

De ootro lado, la ONG Astenfar está tramitando, desde el año pasado, una petición ante el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando de que a ‘Kener’ le den también la comúnmente llamada casa por cárcel, alegando su problema de salud. Por ahora no se la han concedido, pero esta ONG estuvo también asesorando a ‘El Cebollero’, y él ya está viendo televisión desde su sofá.

Es cierto que cualquier ciudadano, delincuente o no, tiene derecho a la salud en Colombia. No obstante, cuesta creer que una organización mafiosa tan poderosa como ‘La Oficina’, estuviera dirigida por puros enfermos.

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El Inspector.

El ofrecimiento se regó por el bajo mundo y una docena de sicarios de diferentes combos y barrios, se asociaron para hacer ‘la vuelta’ y ganarse la plata. Cuando los objetivos fueron ubicados, el operativo criminal comenzó a rodar a las 4:00 p.m. del anterior miércoles 29 de junio, en el barrio Castropol de la comuna El Poblado, en el suroriente de Medellín.

En esta edificación del barrio Castropol se presentó la acción sicarial.

El lugar exacto era la exclusiva urbanización Portón de Hungría, localizada en una pendiente con accesos por la Vía Las Palmas y la avenida El Poblado. Los de ‘Pachelly’ ocupaban el apartamento 702 desde febrero, aunque de manera esporádica. Nunca hicieron un ‘trasteo’, el recinto no estaba amoblado y al parecer apenas tenía una cama.

Aún así, de vez en cuando aparecían diferentes hombres en vehículos blindados de alta gama, se congregaban en el apartamento por unas cuantas horas y luego de iban. Esta actitud al parecer no levantó sospechas en los vecinos, ni en la administración o los celadores, quienes nunca reportaron la situación a las autoridades.

Los mercenarios hicieron un estudio preciso del lugar y a la hora mencionada  arribaron en por lo menos dos automóviles y cuatro motocicletas de alto cilindraje. Según la evidencia recopilada en cámaras de seguridad, se dividieron las funciones: unos cubrían el escape y protegían al grupo de una eventual persecución, derramando combustible en la calle y arrojando tachuelas metálicas en las dos entradas viales; otros debían someter a los vigilantes del edificio; y unos más subir hasta el apartamento para sorprender a las víctimas.

Estas fueron las tachuelas metálicas que regaron para cubrir el escape.

Uno de los celadores del conjunto residencial, me relató la situación de esta forma: “Yo acababa de terminar mi turno y estaba revisando una cosa en la manga, cuando entraron esas personas. Tenían armas y a mí y al compañero nos encerraron en la portería, a él le pusieron esposas, y dejaron a un tipo cuidándonos”.

La entrada a la urbanización fue fácil porque vestían ropas con logos antiguos de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal de la Policía). Un puñado de hombres subió al séptimo piso y tocaron la puerta del 702, dentro del cual permanecían seis tipos.

Como nadie abrió, emplearon un mazo que llevaban para golpear la chapa. Los inquilinos también estaban armados, y con fusiles. Tres de ellos se dedicaron a repeler el ataque y se agarraron con los incursionadores en una balacera a través de la puerta. De los agredidos, murió tiroteado Marceliano Pineda Monsalve.

Aquí se ve cómo la vía de acceso a la urbanización quedó recubierta del combustible derramado por los mercenarios.

Los otros tres sujetos se tiraron por una ventana; dos sobrevivieron con fuertes traumas en tórax y cabeza, y el tercero se mató. Por no tener documentos, quedó registrado como NN alias ‘El Gordo’, de unos 40 años.

Al parecer el combustible que usaron fue aceite quemado.

Una patrulla policial estaba cerca y al oir los disparos acudió al sitio. En la entrada se enfrentó a bala con cuatro de los matones, hiriendo a uno de ellos. Una segunda patrulla motorizada que venía en apoyo, se resbaló en el combustible vertido y los funcionarios padecieron heridas leves. A este cuarteto lo detuvieron.

La mitad de los agresores logró escapar, otros dos que se metieron por una cañada vecina fueron capturados también, para un total de seis: Víctor Zapata, Yonatan Giraldo, Jorge Herrera y Juan Urrego, alias ‘Juan Gurre'; de igual manera  apresaron a Luis Jaramillo, apodado ‘Juan Joyita’, y Yesid Gómez, conocido como ‘La Chinga’.

“Todo eso duró como 20 minutos”, contó el vigilante.

El general Yesid Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que estas personas provenían del barrio La Sierra, Bello y Envigado. Les inmovilizaron un automóvil y dos motos, y les incautaron una pistola 9 milímetros y una subametralladora MiniUzi.

Los inquilinos, supuestos militantes de ‘Pachelly’, también tendrán que responder ante la ley, pues en la cocina les encontraron dos fusiles M4, un radio de comunicaciones y municiones para fusil y pistola. Les inmovilizaron siete vehículos (dos blindados) y dos motos. Se trata de Mauricio Pizarro, Jorge Vallejo, Esneider Giraldo y Jaime Cano, alias ‘El Papi’.

El saldo total de la incursión fue de dos muertos, cuatro inquilinos capturados y seis agresores detenidos (uno herido).

Tras ser llevados a la audiencia de control de garantías, a los 10 les legalizaron las capturas y los enviaron a las cárceles de Bellavista y El Pedregal, con medida de aseguramiento intramural. Unos tendrán que responder por homicidio agravado y porte ilegal de armas, y otros por porte ilegal de armas solamente. Quedan pendientes otras investigaciones por más conductas punibles, como concierto para delinquir y uso de prensas privativas de la Fuerza Pública, además de otros homicidios cometidos en el Valle de Aburrá con un modus operandi similar.

Al mercenario herido tuvieron que reforzarle la vigilancia policial en el centro médico, pues al parecer la gente de ‘Pachelly’ buscaba la revancha. Los cabecillas de esta banda, después de la desaparición forzada de alias ‘Gancho’ en 2010, son ‘Alber’, ‘Guayabo’ y ‘Lancha’.

El general Vásquez presentó las armas incautadas en el operativo de reacción. Cortesía Policía.

No se ha establecido si los 100 millones de pesos se pagaron en su totalidad, pero es seguro que este caso va a generar más atentados en el futuro cercano, de lado y lado.

El Inspector.

El comandante de la Policía Metropolitana se refería a la captura de un hombre de 39 años y una chica de 19, sorprendidos cuando trataban de deshacerse de un cadáver en el kilómetro 5 de la vía Las Palmas, al suroriente de Medellín.

Esta es la alacena en la cual metieron el cadáver tiroteado. Foto de Carlos Taborda.

La pareja viajaba en una camioneta Mazda BT50 y se estacionó a un lado de la concurrida carretera. Acto seguido, descargaron una alacena de madera, similar a las que adornan cualquier cocina convencional.

Dejaron el mueble en el asfalto y pretendieron irse del lugar, cuando unos policías se acercaron. “¿Qué están haciendo?”, les preguntaron. Los dos se enredaron para contestar, por lo cual los patrulleros revisaron el cajón.

Los dos detenidos dentro de la patrulla. Cortesía de la Policía.

Adentro había una cadáver indocumentado, envuelto en un tapete y con dos orificios de bala en el pecho y la espalda. Tenía entre 35 y 40 años de edad y estaba en ropa interior.

Al notificarles la captura, el hombre y la mujer afirmaron que no habían matado a esa persona, sino que les ofrecieron un millón de pesos para deshacerse del cuerpo. Aquí está la supuesta ingenuidad a la que hizo alusión el general Vásquez: botar un occiso a plena luz del día y en una de las vías más transitadas de la ciudad, durante la llamada Operación Retorno por el puente festivo, cuando la vigilancia es mayor. Quizá había mucho afán para esperar la noche.

Sobre la procedencia del cadáver, se investiga si la pareja lo recogió en un apartamento de El Poblado. Aún no se sabe quiénes están detrás del homicidio, pero apenas se logre identificar a la víctima comenzará a despejarse el camino de la investigación.

De momento, a los capturados no les figuran antecedentes penales. Ahora deberán ser judicializados por su presunta participación en un asesinato.

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El Inspector.

El Juzgado 41 Penal Municipal de Medellín dictó medida de aseguramiento intramural contra el vendedor ambulante de 19 años. El muchacho se había presentado ayer por sus propios medios a la sede de la Sijín en el barrio Caribe, adonde llegaron los agentes del CTI para notificarle la orden de captura.

El sospechoso, cuando se presentó en la Sijín.

Jaime Chavarriaga, de 54 años.

Durante las audiencias de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que el muchacho del barrio París no aceptó. Su defensa apeló la legalidad de la captura y la medida de aseguramiento.

El homicidio ocurrió el pasado 6 de julio en una calle de El Poblado, cuando el comerciante Chavarriaga fue atacado a puñaladas.

Al parecer el delirio de persecución y el temor por su vida, provocaron que el sospechoso se presentara ante las autoridades voluntariamente.

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El Inspector.

El señor de 54 años fue apuñalado a las 2:30 p.m. de ayer en una calle de El Poblado, al suroccidente de Medellín, y murió cuatro horas más tarde en la clínica.

El comerciante Jaime Chavarriaga, de 54 años.

La Policía explicó que hace una semanas, el comerciante y un muchacho se agarraron a golpes en vía pública, por razones que hasta el momento no son claras. Incluso fueron llevados al CAI de la zona.

Se presume que ese mismo oponente fue el que atacó a Jaime Alberto y quien ahora está siendo buscado por las autoridades, que ya lo tienen individualizado.

Chavarriaga era egresado de Costos y Auditoría en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid; en la actualidad gerenciaba una empresa de telecomunicaciones y comercialización de repuestos de computación.

Víctor Aristizábal llegó con su familia a la clínica Medellín.

Residía en el barrio La Pradera de Envigado y su negocio estaba en El Poblado. Sus familiares redactaron un escrito a manera de homenaje póstumo, el cual quiero compartir con ustedes a continuación:

“Hoy queremos hacerle un gran homenaje a un ser que ha dejado huella en todas aquellas personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo: Jaime Alberto Chavarriaga Agudelo, persona que se destacó por su excelente perfil humano, profesional y deportivo.

Un apasionado por el deporte, gran parte de su vida la dedicó a practicarlo recibiendo valiosos estímulos. También obtuvo grandes logros en su desempeño académico, ya que era creativo en la construcción del saber.

El CTI tiene la investigación en sus manos.

Excelente y brillante emprendedor en el campo de los negocios, destacándose por su espíritu de superación, liderazgo y profesionalismo.
Luchó por sus ideales respetando y asumiendo sus responsabilidades, corrigiendo sus errores pero siempre caminando por el sendero correcto.

Fue  amante y defensor de la vida de la cual hoy nos deja su mejor y grandiosa huella: su hija, ejemplo a seguir  por sus cualidades, valores  y su enorme rectitud. Padre amoroso, consentidor y exigente en el momento indicado, como ser humano vivenció los valores que lo hicieron ver como una persona íntegra para la sociedad.

Se fue el padre, el hermano, el tío, el abuelo, el amigo, el compañero, un seguidor de las buenas costumbres, sentimos el vacío de su cuerpo pero su espíritu siempre estará con nosotros”.

El Inspector.

El crimen fue perpetrado el sábado 5 de julio de 2008 dentro de la discoteca Vox, ubicada en la zona rosa de la ciudad y a una cuadra del reconocido Parque Lleras.

Este fue en el instante en que el CTI sacó uno de los cuerpos del local.

A eso de la 1:30 p.m. llegaron al local la administradora Gloria Inés Castañeda Vélez, de 40 años, y la aseadora Nora Cecilia Ruiz Serna, de 33. Pretendían revisar las cuentas y ordenar el sitio antes de abrir al público.

Entre esa hora y las 3:00 p.m. se produjo el doble crimen. Los homicidas (se cree que fue más de uno) entraron a la discoteca sin violar ninguna seguridad. Al parecer la aseadora Nora les abrió. Ella fue la primera víctima, su cuerpo degollado quedó tendido a pocos metros de la entrada principal.

En la oficina del segundo piso dejaron el cadáver de la administradora Gloria, a quien también le cortaron la garganta. Minutos después de las 3:00 p.m. fue descubierta la desgracia, cuando llegaron más empleados. 

La inspección a la escena del crimen duró más de cuatro horas.

La Policía informó en ese entonces que los criminales no robaron nada. Una hipótesis sugería que el ataque estaba dirigido contra la administradora y que la aseadora fue una víctima circunstancial.

PERO, ¿EN QUÉ VA EL CASO?

La Brigada Interinstitucional Antihomicidios (Brihno) asumió el caso, pero hasta hoy no se ha producido ni una captura. La semana pasada hablé con un investigador judicial, al cual le pregunté cómo iba la investigación. “Sobre eso hay muy poco”, me confesó.

El Inspector.

El suceso más reciente fue a las 5:00 p.m. del 26 de noviembre, en un tecnicentro del barrio El Poblado, al suroriente de Medellín. Hasta dicho local llegó el ganadero Luis Fernando Serna Duque, de 45 años, en un automóvil Renault Logan.

Homicidio en el tecnicentro de El Poblado.

Al parecer deseaba que le lavaran el carro y se sentó a esperar al frente. De súbito llegaron dos tipos caminando y le dispararon. Cada uno escapó en direcciones diferentes, pero la Policía los capturó en los operativos de cierre. Serna fue trasladado a la clínica Las Vegas, pero no pudieron salvarlo.

Los otros casos, aunque se presume que fueron por motivos diferentes, se presentaron en circunstancias parecidas. El 14 de febrero, abordo de una camioneta Mazda, viajaba un ganadero bumangués con su colaborador. En el barrio Calasanz de Medellín fueron atacados por sicarios motorizados, que encendieron el vehículo a plomo. Los proyectiles le quitaron la vida al copiloto John Jairo López López de 41 años, y su patrón salió herido.

En esta camioneta abalearon a los ganaderos en Calasanz.

El 1 de abril en la vereda El Noral, del municipio Copacabana, fue asesinado Carlos Arturo Guerra Rendón. El ganadero de 52 años departía en un estadero, cuando aparecieron los de la moto y lo acribillaron.

El siguiente atentado ocurrió el 29 de agosto en el barrio El Carmelo, del municipio Sabaneta. El ganadero Luis Orlando Bermeo Rodas , de 49 años, llegó en una camioneta Toyota Prado a una pesebrera. Mientras esperaba a que un ayudante sacara otro carro estacionado en el negocio, un hombre se aproximó y le disparó.

La escena del crimen del ganadero en Bello.

El mismo día, en el barrio El Poblado, Gustavo de Jesús Durán Bustamante transitaba en un carro. Otra vez fueron mercenarios en moto quienes lo interceptaron y a balazos le quitaron la vida a este ganadero de 46 años.

Y el 30 de octubre en los límites de los barrios El Trapiche y La Cumbre, del municipio de Bello, ocurrió el otro homicidio. El administrador de una ganadería de 32 años, cuya identidad no fue establecida de momento, esperaba a su jefe recostado junto su camioneta Toyota Prado. Ahí llegaron los agresores en la moto y los tiros retumbaron.

Por estos casos no se puede victimizar al gremio ni tampoco estigmatizarlo. Sin embargo, es importante llamar la atención sobre los incidentes para las autoridades los analicen con lupa y celeridad.

El Inspector.