Conocido en el bajo mundo como “Niño Guerrero”, es el jefe del “Tren de Aragua”, una estructura de crimen organizado que se ha expandido por varios países, de cuenta de la migración, el narcotráfico, la extorsión y la trata de personas. La Casa Blanca ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, y cree que se esconde en Colombia.

Este es un reportaje de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, sobre un criminal que rivaliza con los tradicionales capos de nuestro país.

Con estas imágenes del pasado, alias “Niño Guerrero” es buscado en varios países, incluyendo Colombia. Foto de cortesía del Ministerio del Interior de Venezuela.

Quién iba a pensar que un criminal extranjero tendría tanta influencia en el bajo mundo de Colombia, que las autoridades le asignarían una recompensa similar a la de los grandes capos del pasado. El venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, ya tiene sobre sus hombros la deshonrosa cifra de US$5 millones por información que conduzca a su captura, así como la persecución de varios gobiernos que lo ven como una grave amenaza a la seguridad continental.

La recompensa es patrocinada por el Departamento de Estado de EE.UU., en asocio con la Policía colombiana, que tiene a ese delincuente en su lista de objetivos de alto valor estratégico, en particular por la oleada de extorsiones y homicidios que su organización, el “Tren de Aragua”, viene generando en Bogotá desde 2022.

Cinco millones de dólares fue la misma recompensa que en su momento les fue asignada a Dairo Úsuga David (“Otoniel”), jefe del Clan del Golfo; Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), cabecilla de “la Oficina”; Daniel Barrera Barrera (“el Loco”), capo de la Junta Directiva del Narcotráfico; Rodrigo Londoño Echeverry (“Timochenko”), comandante de las antiguas Farc; y los hermanos Luis Antonio y Javier Enrique Calle Serna (“los Combas”), jefes de “los Rastrojos”, entre otros.

Para compararlo con un criminal de la actualidad, basta recordar que por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego (“Chiquito Malo”), el nuevo líder del Clan del Golfo, el mismo Departamento de Estado puso sobre la mesa US$ 1,2 millones en septiembre de 2024

El paquete de recompensas también está dirigido a los principales lugartenientes de “Niño Guerrero”: US$4 millones por Yohan José Romero (“Yohan Petrica”), cofundador de la banda; y US$3 millones por Giovanny San Vicente (“Giovanny”), el tercero al mando.

¿Cómo fue que estos personajes llegaron a figurar tanto o más que los criminales locales en los organigramas de las agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos?

EL ORIGEN DE LA BANDA
Las reseñas realizadas por varias ONG de Venezuela sugieren que la banda criminal surgió entre 2006 y 2007, debido a la interconexión de tres fenómenos: la creciente delincuencial común, producto de la ineficaz presencia de la Fuerza Pública; la falta de empleo, que comenzaba a incrementarse durante el régimen del presidente Hugo Chávez; y el incumplimiento del Gobierno con la construcción del Tren de Aragua, un proyecto ferroviario que prometía llevar desarrollo y oportunidades de trabajo a esa región.

Algunos exmiembros del sindicato de ese elefante blanco se unieron con los bandidos de los barrios para buscar opciones de sustento en la criminalidad, y empezaron a vivir de la extorsión, los atracos y el proxenetismo.

Cuando muchos de ellos fueron cayendo a la cárcel de Tocorón, en el sur del Estado de Aragua, aprovecharon la debilidad del sistema penitenciario para fortalecerse.

En ese entonces las prisiones venezolanas eran dominadas por “pranes”, el equivalente a los “caciques” en Colombia, es decir, peces gordos que controlan a su antojo la vida intracarcelaria, imponiendo un orden con fusta de hierro.

En Tocorón, el “pran” era “Niño Guerrero”, quien estaba preso por delitos como homicidio, hurto y posesión ilegal de armas. Desde ese centro penitenciario logró consolidar al “Tren de Aragua”, incrementando el número de integrantes adentro y afuera, hasta instalar células en seis estados, y amplió la oferta criminal de la organización a servicios de sicariato, narcotráfico, trata de personas, pagadiario, contrabando, minería ilegal, secuestros y tráfico de armas, entre otros.

Las agencias de seguridad extranjeras sospechan que para ciertas actividades, el régimen chavista contrató esos servicios para ejecutar “operaciones negras”, al margen de la ley, que le permitieran captar ingresos del bajo mundo en medio de la asfixia financiera provocada por las sanciones de la Casa Blanca.

En contraprestación, el “Tren de Aragua” tuvo una especie de carta blanca para extender sus redes sin mayor oposición, usando a Tocorón como su cuartel general.

Allí “Niño Guerrero” vivía en condiciones similares a las que disfrutó el narcotraficante Pablo Escobar en la cárcel La Catedral, de Envigado.

Tenían dos casas equipadas con lujos dentro del penal, como gimnasio y televisión satelital; ingresaba armas, prostitutas y licor cuando le apetecía; y celebraba reuniones con familiares, lugartenientes y hasta políticos que llegaban a pedirle favores.

“Niño Guerrero” estableció una jerarquía mafiosa con una cúpula directiva y coordinadores regionales, entre los cuales destacaron “Yohan Petrica”, “Giovanny”, “Larry Changa” y “el Salomón”.

La estructura pasó de ser una célula carcelaria a una “megabanda”, como le dicen en el vecino país a las organizaciones con más de 200 integrantes e influencia en varios estados. Y no se detuvo.

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EXPANSIÓN CONTINENTAL
Paradójicamente, su época de expansión y bonanza coincidió con la del empobrecimiento y exilio de la población venezolana.

A medida que la diáspora de migrantes aumentó, hasta llegar a cerca de 8 millones de desarraigados, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), el “Tren de Aragua” fue consolidando sus negocios en el continente, en especial en algunas ciudades de Colombia, Perú y Chile.

“El Tren de Aragua aprovecha las redes transnacionales que desarrolló para el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes, a través de las fronteras, para explotación sexual y trabajo forzado. Cuando las víctimas intentan escapar de esta explotación, los miembros del ‘Tren de Aragua’ suelen matarlas y publicar sus muertes como una amenaza para los demás”, informó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que el 11 de julio de 2024, cuando anunció sanciones económicas en contra de esa agrupación y de los activos y bienes asociados a sus integrantes.

El reporte de esa institución, precisa que “a medida que el ‘Tren de Aragua’ se ha ido expandiendo, se ha infiltrado de forma oportunista en las economías delictivas locales de América del Sur, ha establecido operaciones financieras transnacionales, lavado fondos a través de criptomonedas y ha establecido vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un conocido grupo de delincuencia organizada de Brasil, sancionado por Estados Unidos”.

La megabanda estableció centros de operaciones en Lima y Santiago de Chile, con negocios de explotación sexual, extorsión y tráfico de drogas. El daño ha sido tan grande, que los gobiernos de esos países también ofrecieron recompensas en contra de “Niño Guerrero” y su gente.

En palabras de Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, “la designación de del ‘Tren de Aragua’ como Organización Delictiva Transnacional significativa enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”.

La presión internacional frente a la aparente desidia del gobierno de Nicolás Maduro, obligó al mandatario a actuar contra el “Tren de Aragua”. El 20 de septiembre de 2023, 11.000 militares y policías se tomaron la carcel de Tocorón, con la misión de desmantelar el centro de mando del grupo, pero se llevaron una sorpresa muy similar a las de las autoridades colombiana que allanaron La Catedral en 1992: “Niño Guerrero” y sus principales socios ya no estaban.

El afiche con la recompensa contra alias “Niño Guerrero”.

¿SE ESCONDE EN COLOMBIA?
La fuga de Héctor Guerrero disparó las alarmas en el continente. Una semana después, el Tribunal de Pozo Almonte, un municipio vecino de Santiago de Chile, expidió una orden de captura en su contra, pues circulaban rumores de que el jefe del “Tren de Aragua” había viajado a esa zona.

La Policía chilena estableció un operativo en las zonas aduaneras y pasos fronterizos, distribuyendo información sobre “Niño Guerrero” y otros 43 miembros de la megabanda, buscando impedir sus movilización. Interpol, además, expidió una Circular Roja.

Luego las autoridades recibieron información de que presuntamente estaba en Perú y su ministro del Interior, Vicente Romero, anunció una recompensa de 500.000 soles (cerca de US$132.000) por información que condujera a su arresto.
Las últimas pesquisas indicarían que ahora anda en Colombia, o al menos así lo creen la Policía y el Departamento de Estado de EE.UU.

“A través de la colaboración con la Policía Nacional, Estados Unidos cree que los líderes del ‘Tren de Aragua’, ‘Niño Guerrero’ y ‘Giovanny’, se encuentran en Colombia. La investigación y los servicios de inteligencia identificaron además al cofundador del ‘Tren de Aragua’, ‘Yohan Petrica’, como otro cabecilla que se encuentra en Venezuela”, informó la Embajada estadounidense en Bogotá.

En nuestro país, la megabanda tiene células activas en Cúcuta, Aguachica (Cesar), Ipiales (Nariño), Bogotá y Soacha (Cundinamarca), aunque también se han conocido hechos delictivos –como homicidios y secuestros– en Medellín, Bucaramanga y Arauca.

En algunas zonas ha tenido enfrentamientos con el Clan del Golfo (Bogotá), el ELN (Norte de Santander) y las disidencias de las Farc (Arauca), y en otras ha establecido alianzas con grupos locales, como la banda de “Satanás” en suelo bogotano y los “AK-47” en Cúcuta y sus alrededores.

Algunos de sus coordinadores ya cayeron a este lado de la frontera. El 2 de mayo de 2024 capturaron en Bogotá a Carlos Ramón Escobar García (“Escobar”); el 19 de junio siguiente en Belén, Boyacá, a Yonayke Martínez Carrión (“el Barbero”); el 26 de junio le tocó el turno a Salomón Fernández Torres (“el Salomón”) en Aguazul, Casanare; y el 30 de junio de ese mismo año, en Circasia, Quindío, el detenido fue Larry Amaury Álvarez Núñez (“Larry Changa”), otro miembro fundador de la facción.

El 9 de octubre de 2025 la Policía allanó un apartamento en una urbanización de Sabaneta, Antioquia, donde vivían varios miembros de la banda. Apenas vio entrar a los agentes, uno de ellos, identificado como Ender Alexis Rojas Montán (“Ender”), trató de escapar por el balcón del octavo piso, pero se resbaló y murió al caer al vacío; en ese mismo lugar fue detenido  Luis Alberto Cabeza Calderón (“Toro”), líder del grupo en Perú.

Cinco días después, en La Ceja, Antioquia, la Fuerza Pública arrestó a Adrián José Rodríguez (“Adriancito”), cabecilla de la banda en el estado venezolano de Zulia.

Aún así, la supuesta presencia de “Niño Guerrero” en Colombia genera suspicacias entre los propios policías y fiscales de Crimen Organizado. “¿Para qué se va esconder aquí, donde están la DEA, HSI, ICE, FBI y otras agencias federales gringas, sabiendo que en Venezuela es protegido por un sector del Gobierno?”, se preguntó uno de los fiscales consultados para este reportaje.

Otros afirmaron que nadie ofrece US$5 millones de dólares sin tener alguna certeza. “Lo más seguro es que con tanta plata por su cabeza ahora salga de Colombia otra vez”, aseveró un agente policial.

En el expediente abierto en Nueva York, los cargos que comparte con Nicolás Maduro son: conspiración para importar cocaína; posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción; y conspiración para poseer armas de fuego automáticas y dispositivos de destrucción.

Hoy lo están buscando muchas agencias de seguridad. ¿Será que “Niño Guerrero” cavó su propia tumba al escapar de la cárcel?

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El Inspector.

Se trata de Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, uno de los máximos líderes de “Caicedo”, una confederación de combos con injerencia en las comunas de Buenos Aires, Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Alejandro Mejía Pineda, alias “Queso” o “Pálido”, fue capturado en Sabaneta. Foto cortesía de Policía.

La Dijín y la Sipol de la Policía lo detuvieron el pasado 25 de julio, en el marco de la llamada Operación Alfa, cuando se movilizaba por una vía del sector La Doctora en el municipio de Sabaneta, en un carro de alta gama. En contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado y lesiones personales.

En su reporte del caso, la Policía consignó que el delincuente administra cerca de $3.000 millones mensuales, “producto del tráfico de estupefacientes, extorsión al sector residencial, comercial y transporte”. Además, que “orientaría la materialización de homicidios de venezolanos que estarían incidiendo en actividades delictivas en sus zonas de influencia”.

A eso se suma un extenso prontuario, debido a una trayectoria delincuencial de más de 25 años, en la que fue paramilitar y posteriormente desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sus antecedentes incluyen otra captura en 2017, por la que fue condenado por el cargo de concierto para delinquir.

En el registro a su vehículo le encontraron siete celulares y $20 millones en efectivo, que fueron incautados.

Pese a esto, en la audiencia de control de garantías fue dejado en libertad por el juzgado, el cual consideró que no había elementos probatorios suficientes para mandarlo a prisión de manera preventiva.

La decisión fue mantenida en reserva por las autoridades policiales, que no le encuentran explicación al fallo.

La banda “Caicedo” tiene vocería en la mesa de “paz total” que funciona en la cárcel de Itagüí, a través de Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”), uno de los hombres más visibles del proceso de conversaciones con la Casa de Nariño.

En menos de dos meses han sido detenidos con órdenes de captura, y posteriormente liberados en audiencias, seis personas conectadas con la mafia de Medellín al más alto nivel y con delegados de las bandas en esa mesa de paz, lo que está generando suspicacias entre las agencias de seguridad.

Además de “Queso”, en esa lista están Juan Pablo Taborda Samora (“Yordi”), uno de los jefes históricos de “la Terraza”; Diana Olaya y Daniel Muñoz Olaya, esposa e hijo de José Muñoz Martínez (“Douglas”), el principal vocero de dicha mesa y jefe de “la Terraza” y “la Oficina”; y Vilma Granados Avendaño y Luisa Rojas Granados, viuda e hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de “la Terraza” asesinado en 2024, y quien era gestor de paz del proceso.

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A estas dos últimas les concedieron el beneficio de la detención domiciliaria, mientras que a los otros tres les otorgaron la libertad, en un expediente por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.

¿A qué se deben estas decisiones, si se supone que la Policía y la Fiscalía llevaban años reuniendo la evidencia? Esa es una de las cuestiones que queda en el aire, y que deja en el ambiente posibles debilidades investigativas de la institucionalidad o presuntas influencias de la mesa de paz en la rama judicial.

En la misma operación contra “Queso” fueron judicializadas otras personas relacionadas con la banda conocida como “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, uno de los grupos más fuertes de la organización “Caicedo”, que delinque en la parte alta de la comuna de Buenos Aires.

Al cabecilla Jorge Humberto Arroyave Duque (“Copete”), quien está en la cárcel por otros incidentes, le imputaron nuevos cargos por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

De igual manera, por esos mismos delitos, fueron capturados su hermano Juan David Arroyave Duque (“Yiyo”) y su hija Laura Arroyave Jiménez (“la Doctora”).

Esta última, quien en redes sociales figura como abogada, emprendedora e influenciadora, también fue dejada en libertad en la audiencia de control de garantías.

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El Inspector.

Se trata de Daniel Muñoz Olaya, quien se había evadido de un operativo en contra del círculo cercano y financiero de su padre, el pasado 9 de junio de 2025, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y su hijo Daniel Muñoz Olaya (recuadro). Fotos de cortesía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Muñoz se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la mañana del jueves 17 de julio, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le leyeron los derechos del capturado.

De igual manera, las fuentes indicaron que entre la defensa del procesado y la Fiscalía hubo una conversación previa, en la cual se preacordó verbalmente que Muñoz se presentaba y el ente acusador le solicitaba al juez una detención domiciliaria que le evitaría la cárcel, de momento.

La investigación en la cual está implicado es adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos, que desde 2021 rastrea las operaciones financieras de las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.

El mes pasado este despacho expidió órdenes de captura contra cinco personas sospechosas de enriquecerse con las ganancias ilegales de esos grupos.

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Además del propio Daniel Muñoz, fueron afectadas su madre Diana Olaya; Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), lugarteniente de “Douglas” y líder histórico de “la Terraza”; Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

Al momento del operativo todos fueron detenidos, con excepción de Daniel Muñoz, quien no estaba en su domicilio de El Poblado cuando lo allanaron. Extrañamente, su madre sí estaba, pero con un abogado, lo que implica que la información sobre el procedimiento judicial ya había sido filtrada.

En la audiencia de control de garantías, el juzgado les otorgó la libertad a “Yordi” y Diana Olaya, alegando que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Seguirán vinculados al expediente, pero respondiendo en libertad; mientras que a las familiares de “Pichi Gordo” les dictaron detención domiciliaria.

El caso ha estado rodeado por varias irregularidades, comenzando por la filtración del operativo. Fuentes judiciales le contaron a este diario que “Douglas”, quien está preso en la cárcel de Itagüí, se enteró de las órdenes de captura en contra de sus allegados y mandó un mensaje de advertencia a la Alcaldía de Medellín, sugiriendo que podía desatar una oleada de violencia en la ciudad si aquello ocurría.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, habría tratado de evitar la diligencia, algo que ella negó.

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El Inspector.

Desde los 80 han cambiado varios aspectos en el modelo de esta actividad criminal, como la caída de los monopolios y el auge de mercados locales; y otras persisten, como el prohibicionismo y la cultura traqueta. Aquí, un análisis de la evolución del flagelo que no deja en paz al país, elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Fabio Ochoa, excabecilla del cartel de Medellín, regresó a Colombia en diciembre de 2024. Foto: cortesía.

El excapo Fabio Ochoa volvió a Colombia en diciembre de 2024, luego de pagar 25 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.; mientras que su antiguo socio, Carlos Lehder, volvió en marzo del presente años, tras purgar 33 años por el mismo cargo en aquella nación.

Seguramente se sintieron extraños en unas calles transformadas por la evolución del urbanismo, pero también se dieron que, desde sus tiempos hasta ahora, la droga sigue siendo el principal motor de la mafia. Entonces, ¿qué cambió?

 LOS CAMBIOS

1). Del monopolio a la democracia cocalera
En los 80, los carteles de Medellín y Cali ejercían el monopolio global de la producción y distribución de cocaína. En la práctica, si alguna organización quería participar del mercado, tenía que contar con la bendición de “los Extraditables” o de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, o pagarles una suerte de tributo para poder “trabajar”.

Hoy, si bien existen algunas organizaciones que actúan como carteles y dominan ciertos territorios, entre ellas el Clan del Golfo, carecen de la capacidad para ostentar un monopolio. Actualmente hay múltiples grupos participando en la cosecha, producción, transporte y exportación, que trabajan de manera articulada y cada uno se encarga de un eslabón de la cadena del narcotráfico.

El último monopolio que existió en el negocio lo protagonizó la antigua guerrilla de las Farc, que dominaba vastas áreas de cultivos, pero luego de su desmovilización en 2016, el acceso se democratizó, permitieron el surgimiento de múltiples redes de narcos independientes, la proliferación de 19 mafias extranjeras y la apertura de nuevas rutas de distribución.

En la época de Pablo Escobar y “los Extraditables”, la organización participaba en todos los eslabones de la cadena: el patrocinio de los cultivos de coca; su transformación en clorhidrato de cocaína en los laboratorios, como el de Tranquilandia en Caquetá; su transporte, acopio y exportación por vía aérea, marítima y terrestre, e incluso la comercialización en los destinos, como las calles de Florida, Nueva York y Los Ángeles.

Los grupos del siglo XXI, en cambio, operan en redes más complejas, con la participación de múltiples actores, cada uno especializado en un eslabón de la cadena.

Los colombianos ya no se encargan de la distribución final en los países destino, sino que le ceden este trabajo a sus socios; esto le ha dado un mayor protagonismo en el mercado de la cocaína a las mafias de México, Italia, Marruecos, Países Bajos y los Balcanes.

2). Mejor una cárcel en EE.UU. que una tumba en Colombia
En su momento, el lema de “los Extraditables” fue “prefiero una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos”, y en él se fundamentó su confrontación terrorista contra el Estado, buscando suprimir la figura de la extradición de las leyes colombianas.

Hoy cambió esta percepción, y es común que los narcos se sometan voluntariamente a la justicia de EE.UU., buscando un acuerdo de culpabilidad (plea agreement) que les genere una sentencia pequeña y la posibilidad de conservar sus fortunas.

“Si entregamos la mitad del dinero, el gobierno norteamericano nos deja vivir con la otra mitad, y nos quedamos en este país con varias ventajas”, confesó en un programa de TV Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), exmiembro del cartel del Norte del Valle, quien en 2023 fue detenido a su regreso a Colombia, por seguir en actividades ilegales.

Esto es posible porque también hay una flexibilización de las políticas antidrogas de EE.UU., que permite que la DEA y el Departamento de Justicia busquen negociaciones con los capos. “Esta política fue muy rígida al comienzo, pero ahora EE.UU. ha entendido que es más efectiva una negociación judicial, y los narcos también”, explicó Alejo Vargas, docente y analista de seguridad y defensa.

Entre los narcos que se han entregado a la justicia estadounidense en los últimos años se cuentan los hermanos Javier y Luis Calle Serna (“Doctor” y “Comba”), jefes de “los Rastrojos”; y Carlos Aguilar (“Rogelio”), Mauricio López (“Yiyo”), Carlos Arredondo (“Mateo”) y Fredy Mira (“Fredy Colas”), de “la Oficina”.

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3). Crecimiento de los mercados internos
En los días del cartel de Medellín, la cocaína que se producía era principalmente con fines de exportación, mientras que a los viciosos locales se les ofrecían sus subproductos (perico y basuco), marihuana y LCD; hoy, el mercado interno ha crecido tanto, que los grupos de crimen organizado producen para abastecer plazas de vicio locales, dado que todas las metrópolis colombianas, e incluso en regiones apartadas, hay narcomenudeo de clorhidrato de cocaína.

Como ejemplo, hay dos investigaciones del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC): la primera es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2023), que concluyó que el 31,4% de los delincuentes juveniles del país presentaron adicción a la cocaína durante ese año.

La segunda es el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar (2022), que estableció que en Colombia la edad promedio de inicio de consumo es de 13,7 años.

4). Diversificación de las rutas al exterior
En los tiempos de Lehder y compañía, los narcos se abastecían de los cultivos de Bolivia y Perú, y en su trasiego a EE.UU. eran fundamentales las rutas de Centroamérica, las islas antillanas y el mar Caribe.

Hoy las trazados internacionales se diversificaron, explicó Vargas, y los traquetos colombianos abrieron rutas a China, África, Medio Oriente y Oceanía, donde un kilo de cocaína se vende en 200.000 dólares, mientras que en Florida el valor oscila entre US14.000 y US20.000.

La distribución en el Viejo Continente tiene puntos de llegada en los puertos de Amberes (Bélgica), Roterdam (Países Bajos) y la costa mediterránea de España e Italia; de allí se irriga a Europa Central, islas británicas, los Balcanes, la península escandinava y Rusia.

Ecuador y Venezuela cobraron gran importancia como zonas de trasiego y exportación del alcaloide.

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Carlos Lehder, antiguo narco del cartel de Medellín, ya está libre en Colombia. Foto: cortesía de Migración.

LO QUE NO HA CAMBIADO

5). El principal motor de la violencia armada
Tanto en los tiempos del cartel de Medellín como en la actualidad, las millonarias ganancias de la cocaína financian los ejércitos criminales que generan la violencia en el país, en las áreas urbanas y el campo.

El narcoterrorismo sigue, solo que hoy quienes ponen los carrobombas, secuestran y asesinan a los miembros de la Fuerza Pública son las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.

Una diferencia latente es que el cartel de Medellín pretendía doblegar el sistema de justicia del Estado, mientras que en nuestro tiempo los grupos armados buscan someter comunidades y territorios específicos, como el cañón del Micay (Cauca), el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Chocó.

Aunque se diversificaron las rentas ilegales con la minería de oro y la extorsión a casi todas las actividades económicas, el tráfico de cocaína sigue reinando, en parte por la devaluación del peso frente al dólar, que aumentó los ingresos; el crecimiento histórico de los cultivos, hoy tasado en 253.000 hectáreas; el incremento en la capacidad de producción, de 2.600 toneladas métricas anuales de droga de alta pureza; y el aumento del 20% en el consumo mundial en la última década, según la ONU, calculando que 25’255.000 personas han probado la cocaína.

6). Prohibicionismo sigue sin dar resultados
Las atrocidades del cartel de Medellín alimentaron la tesis de la “guerra contra las drogas”, declarada por el Gobierno de Estados Unidos y perpetuada por Colombia. Aunque cada vez le aparecen más detractores a esta política, la verdad es que la comercialización de cocaína sigue siendo ilegal.

“Continúa un régimen de prohibición absurdo en términos de regulación de las drogas, seguimos en la misma guerra contra las drogas, que no ha dado resultados ni en los 80 ni ahora”, opinó Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Gustavo Petro, con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, ha buscado descriminalizar la siembra para proteger al campesinado, y enfocar su lucha en la interdicción de los cargamentos de cocaína, pero esto ha fomentado un crecimiento nunca antes visto de las cosechas y las importaciones, favoreciendo en últimas a los narcotraficantes.

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7). La anticultura traqueta sigue vigente
En los días de Lehder y Fabio Ochoa se forjaron unos antivalores que se enquistaron en la cultura colombiana, especialmente en la juventud, los cuales hoy persisten: ver una opción de vida en la ilegalidad, el deseo de obtener poder por medio de la violencia y el anhelo de acumular riqueza cueste lo que cueste.

Esta tendencia sigue impactando los proyectos de vida de miles de jóvenes, que cada mes ingresan a las bandas y grupos terroristas por su propia voluntad.

La televisión, el narcoturismo y el comercio de artículos alusivos al cartel de Medellín terminaron por instalar ese modo de ver el mundo en la mente de extranjeros y jóvenes. “Esos usos que impuso el cartel en su momento dejaron rezagos en la cultura paisa que siguen vigentes, eso hay que reconocerlo”, contó preciado.

¿Y qué opinan los comentaristas de Revelaciones del Bajo Mundo? Los leo.

El Inspector. 

Lehder, de 75 años de edad, hizo parte del cartel de Medellín en los años 80, una organización responsable de asesinatos selectivos, secuestros, masacres, carrobombas, magnicidios, corrupción y toda suerte de delitos, pero no pagará por sus penas en esta nación. ¿Por qué? Esta es la respuesta a esa pregunta, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Enrique Lehder Rivas pagó 33 años de cárcel en Estados Unidos y ya está libre en Colombia. Foto cortesía de Policía.

El 28 de marzo de 2025 el cofundador del cartel de Medellín fue detenido por la Policía a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Con rimbombancia, la institución anunció que lo trasladaría a los calabozos de la Dijín, a verificar su situación judicial.

En las bases de datos aparecía que Lehder fue condenado el 24 de noviembre de 1995 por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, que lo halló responsable por los delitos de tenencia y conservación ilegal de estupefacientes, armas de fuego y municiones de uso civil y privativo de las fuerzas armadas.

La pena fue de 24 años de cárcel y una multa de $1’250.000, la cual fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Nacional el 5 de agosto de 1996.

En ese momento, Lehder estaba preso en una celda de Estados Unidos, adonde había sido extraditado en 1987 bajo cargos de narcotráfico.

Recuperó la libertad en 2020 y fue repatriado a Alemania, en un movimiento jurídico en el que primó su nacionalidad germana, heredada de su padre. Estuvo allá hasta marzo del presente año, cuando decidió volver al país que atormentó en los 80; sin embargo, una alerta de pasaporte en el software de Migración le provocó la posterior captura.

En su argumentación sobre el caso, el Juzgado 18 de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, en cuyo estrado fue presentado, explicó que la sentencia que lo afectaba ya prescribió, razón por la cual se decretó su libertad.

“Dado que Lehder fue condenado a 24 años de prisión, es claro que la prescripción de la sanción penal será de 24 años, según lo contemplado en el artículo 89 del estatuto punitivo. Así las cosas, desde el 30 de agosto de 1999, data de ejecutoria de la sentencia a hoy, han transcurrido 25 años, 7 meses y 1 día, lo que permitiría concluir que ha pasado el tiempo requerido para que opere la prescripción de la sanción penal”, expuso la juez Martha Delgado Molina en su auto interlocutorio.

El excapo salió libre en la mañana del 31 de marzo pasado, con una sonrisa en su rostro envejecido y diciendo ante la prensa “¡Viva Colombia!”. Lo acompañaba su abogada Sondra Macollins.

“Lehder recupera su libertad porque su pena estaba prescrita y porque tenía derecho a seguir siendo un hombre libre. Doy gracias a Dios porque en Colombia todavía tenemos institucionalidad, y aunque nos parezca un poco impopular la decisión, triunfó la Constitución y la ley”, recalcó la defensora, quien en sus redes sociales se presenta como “la abogada de hierro”.

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¿UN DESCUIDO DEL ESTADO?
En su decisión, la juez Delgado enfatizó en que el Gobierno de Colombia pudo haber solicitado a las autoridades de Estados Unidos o de Alemania que deportaran a Lehder antes de que la sentencia perdiera validez, pero que no lo hizo por un aparente “descuido”.

“(…) También es cierto que por descuido no se realizó de manera oportuna el trámite correspondiente de solicitud ante el Estado que lo tenía preso, para que lo dejara a disposición de estas diligencias para el cumplimiento de la pena, sino que se permitió salir en libertad y se obró en el entendido que el penado no estaba retenido”, acotó la togada.

Esto implica que durante los 33 años que Lehder duró preso en EE. UU., las autoridades colombianas no le notificaron a la Casa Blanca la sentencia en nuestro país, para que una vez saliera, lo deportaran de inmediato a Bogotá; tampoco lo hicieron ante las autoridades alemanas, en cuyo suelo estuvo desde 2020.

Para estas notificaciones, indicaron fuentes judiciales, hay múltiples mecanismos: peticiones de Cancillería, solicitudes de la Oficina de Asuntos Extranjeros de la Fiscalía, circulares de Interpol y tratados binacionales, ninguno de los cuales se aplicó.

La responsabilidad del aparente descuido recae en las decenas de funcionarios que han dirigido la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía desde 1995 hasta 2023, cuando todavía estaba activa la sentencia.

¿Y ahora qué sigue para Lehder? Las fuentes jurídicas consultadas por El Colombiano, con reserva de identidad, manifestaron que el cartel de Medellín está involucrado en muchos delitos que no han prescrito, como los magnicidios y asesinatos de policías y servidores de la Rama Judicial. “Esos expedientes se pueden reabrir con un interrogatorio a Lehder, quien a diferencia de otros miembros del grupo, como ‘Popeye’, nunca cooperó con la justicia colombiana”, indicaron.

El político Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán (1989), señaló que “Ledher es corresponsable de los crímenes del cartel de Medellín. En particular, los cometidos antes de su extradición: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, declarado por la Fiscalía crimen de lesa humanidad dentro del exterminio del Nuevo Liberalismo. En EE. UU. pagó una condena por narcotráfico, pero no ha respondido ante la justicia por los crímenes cometidos en Colombia”.

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El Inspector.

Los más preocupante es que no se trata de un hecho aislado. Otros peces gordos de la mafia también escaparon de sus sitios de reclusión en los últimos dos y terminaron escondidos en Antioquia. Este es un informe periodístico de El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Óscar Camargo, alias “Pichi”, ha sido capturado varias veces y sus abogados siempre logran conseguirle beneficios judiciales. Foto cortesía de la Policía.

Cuatro fugas de criminales de alto perfil en los últimos dos años, dejaron en ridículo al sistema carcelario de Colombia y graves cuestionamientos sobre la administración de justicia.

El escándalo más reciente fue la fuga de Óscar Camargo Ríos, alias “Pichi” o “el Pablo Escobar de Santander”, uno de los cabecillas del crimen organizado más peligrosos de Bucaramanga.

En julio de 2024 fue absuelto de seis delitos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, el cual consideró que la Fiscalía no aportó evidencias suficientes para condenarlo por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tráfico de armas, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y fuga de presos.

Su expediente está plagado de inconsistencias, entre la supuesta falta de rigor para conseguir pruebas, de parte de la Policía y la Fiscalía, y decisiones polémicas de los juzgados.

Lo insólito es que a la fecha se ha evadido quince veces de sus lugares de reclusión, y aún así la justicia le ha seguido otorgando un trato aparentemente preferencial.

“Igual sucede con el delito de fuga de presos, que la Fiscalía ignoró totalmente en el juicio presentar siquiera prueba de la materialidad de la conducta, no trajo ni una sola prueba de este delito, ni testimonial ni documental, luego el fallo será por esta conducta absolutorio”, argumentó en su sentencia la jueza Segunda Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, María Piedad Díaz Mateus, hermana del actual gobernador de Santander, el general retirado Juvenal Díaz Mateus.

Tras resultar airoso de ese expediente, a “Pichi” le quedó una pena activa de 69 meses de cárcel por concierto para delinquir, proferida por otro despacho. Por ese hecho, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó el beneficio de la detención domiciliaria en Medellín.

Camargo se radicó en una urbanización de El Poblado, en el suroriente de la ciudad, y cuando se enteró que otro juez le revocó la domiciliaria y ordenó una detención intramural, se fugó el pasado 10 de octubre. Cuando los guardianes del Inpec llegaron al sitio, encontraron abandonado su brazalete electrónico de geolocalización.

Los juzgados implicados en la absolución y la domiciliaria están siendo investigados administrativamente por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Otro hecho reciente que sacudió los cimientos de la justicia involucra al mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”), un antiguo oficial corrupto que se dedicó al tráfico de armas y otros crímenes, trabajando para el cartel del Norte del Valle, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la banda “los Machos” y el Clan del Golfo.

La Policía lo capturó el pasado 11 de abril en Mutiscua, Norte de Santander, cuando iba en una caravana de camionetas con un arsenal que incluía dos pistolas, 32 granadas de mortero, dos barras de explosivo C4 y 16.940 municiones de fusil.
Lo encerraron en el calabozo de la estación de Policía de Cúcuta, de donde se fugó el siguiente 21 de abril, en medio de un feroz amotinamiento.

Huyó hacia el Oriente antioqueño, donde fue dado de baja por los comandos de la Policía el pasado 28 de septiembre. Hubo un enfrentamiento con su anillo de seguridad en la vereda Pocitos, del municipio de San Francisco, en el que murieron él, siete escoltas y una civil que recibió una bala perdida.

Por su presunta responsabilidad en la fuga de la estación de Cúcuta hay tres policías investigados: el intendente jefe Rubén Zuleta Álvarez, el subintendente Jonny Cristancho Pereira y el patrullero Luis Chaustre Sierra.

El mayor (r) del Ejército, Juan Carlos Rodríguez Agudelo (“Zeus”). Foto de cortesía.

Otro escape que también dejó en entredicho la capacidad de las autoridades para contener a los delincuentes, sucedió el pasado 28 de junio en la cárcel La Picota, de Bogotá. El protagonista fue Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”), cabecilla de la banda “Libertadores del Nordeste”, que delinque en los municipios antioqueños de Segovia, Remedios, Amalfi y Yolombó.

Ese día se fugó en compañía del interno Sebastián Molina López. Ambos estaban en el pabellón 30 y rompieron los barrotes con herramientas que pasaron los controles de la guardia sin ser detectadas.

Eusebio de Jesús Agudelo Hernández (“el Enano”). Cortesía.

Al igual que “Zeus”, le convenía no haberse escapado. En otro enfrentamiento con la Policía, el 10 de septiembre, fue dado de baja en la zona rural de Amalfi.

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Idéntico destino sufrió el narcotraficante Juan Larinson Castro Estupiñán (“Matamba”), el jefe de la banda “Cordillera Sur”, que desde el departamento de Nariño surtía de droga a carteles mexicanos, el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

El 18 de marzo de 2022, cuando estaba pendiente del trámite de extradición a Estados Unidos, se fugó por la puerta principal de La Picota, con un disfraz de dragoneante y la complicidad de la guardia del Inpec. El hecho generó una investigación penal y disciplinaria contra 60 funcionarios y la captura del custodio Milton Jiménez Arboleda.

Así como “Zeus” y “el Enano”, Castro también huyó hacia Antioquia, escoltado por agentes corruptos del Gaula y la UNP, hasta una finca en el corregimiento Doradal, en el municipio de Puerto Triunfo.

Luego se trasladó a otra finca del municipio de Bolívar, Santander, donde la Policía lo ubicó y lo dio de baja el 26 de mayo de 2022.

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El Inspector.

La confusa situación se reportó a las 4:00 de la madrugada de ese sábado 8 de junio, en una parcelación de casafincas de la carrera 7 con la calle 23sur, llamada Acuarela, en el municipio de Envigado. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El productor musical Daniel Velásquez y su novia, la agente inmobiliaria Sofía Riascos. Fotos de Jaime Pérez y cortesía.

Un patrulla policial llegó hasta la vivienda N° 18 tras una llamada a la Línea de Emergencias 123. En una habitación encontraron el cadáver abaleado de una mujer sobre la cama, con la cabeza cubierta por una sábana; y en otro cuarto de juegos, el cuerpo de un hombre, también con un impacto de bala en la cabeza.

La inspección a la escena del crimen fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Allí se conoció la primera identidad: Daniel Alejandro Velásquez Franco, de 40 años, un importante productor musical del género urbano, conocido en el mundo artístico como DR Velásquez. La segunda víctima fue identificada posteriormente como Sofía Riascos Valdés, su novia de 23 años.

En un principio, los investigadores no descartaban que se hubiera tratado de un feminicidio – suicidio, en el que uno de los presentes habría matado a la otra y después se quitó la vida.

Esta hipótesis surgió en parte por el último video que DR Velásquez posteó en Instagram, dos días antes de su muerte, con la leyenda “Lo que es, ya fue. Lo que será, ya sucedió, pues Dios recupera lo pasado”.

El texto estaba acompañado por un video que mostraba una finca con un lago, patos y un perro, y la lectura de un pasaje bíblico, Eclesiastés 3:1-14, que comienza con estas palabras: “Hay un tiempo para nacer y otro para morir; un tiempo para plantar y otro para arrancar las plantas. Hay un tiempo para matar y otro para sanar; un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír; un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría”.

Sin embargo, 24 horas después, el caso fue registrado como un doble homicidio por parte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

VERSIONES CONTRADICTORIAS

En el lugar de los hechos la Policía encontró al mayordomo Julián Alberto Quintero Agudelo. Según el reporte inicial de la patrulla, al parecer estaba ebrio.

En primera instancia, el mayordomo expresó que en la noche anterior estaba departiendo con la pareja, tomando licor. Sofía Riascos se fue a dormir primero a otro cuarto, y él se quedó conversando con Velásquez, a quien conocía de antes, no solo por su relación laboral de mayordomo, sino porque Quintero es el tío de la exesposa del productor, Juliana Muñoz.

El mayordomo les señaló a los policías que en la madrugada salió a comprar más alcohol, y que a su regreso encontró a la pareja asesinada, con disparos en la cabeza.

Sin embargo, al poco tiempo cambió su versión. Fuentes judiciales le contaron a este diario que el trabajador les entregó a los uniformados una pistola traumática y, al parecer, confesó que había perpetrado el crimen.

Con esta información preliminar, los policías lo llevaron a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, para que entregara su testimonio bajo juramento, en un procedimiento llamado interrogatorio a indiciado, pero esta vez Quintero se negó a hablar.

La situación puso en apuros a la Fiscalía y a los investigadores judiciales, pues una supuesta confesión extrajudicial de un hombre aparentemente borracho, no es una prueba suficiente para presentarlo ante un juez.

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El mayordomo fue llevado a un centro de detención preventiva, mientras los investigadores trataban de reunir evidencias para emitir una orden de captura.

“Los puentes festivos, cuando hay menos personal disponible en Medicina Legal y los despachos judiciales, es más complicado hacer estos trámites”, contó una de las fuentes.

La orden se expidió al amanecer del martes 11 de junio y Quintero fue presentado ante un juez de control de garantías. La Fiscalía le imputó el doble homicidio agravado, el cual él rechazó, declarándose inocente.

Frente a los móviles del doble homicidio, en esta etapa de la investigación no se ha esclarecido qué motivó este crimen. Sin embargo, el fiscal del caso indicó en la audiencia que mientras consumían licor, DR Velásquez y el mayordomo comenzaron a discutir “por asuntos familiares”, lo que luego desencadenó en los asesinatos.

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó programada para el próximo viernes.

LAS VÍCTIMAS

DR Velásquez era muy apreciado en el mundo musical. Inició su carrera como cantante y después se dedicó a la producción, impulsando la carrera de reguetoneros tan famosos como Blessd, y participando en proyectos artísticos con JBalvin, Maluma, Reykon y otros exponentes del género urbano.

En las redes sociales se pronunciaron algunos familiares y allegados a Sofía Riascos, quien era una joven emprendedora, agente inmobiliaria y avaluadora de propiedad raíz.

“Dios, solo tengo una pregunta, ¿y la vida de mi amiga? ¿Dónde quedó esa niña llena de sueños, que cada día salía a la calle llena de amor para ayudar? (…). Una hija abnegada, entregada en cuerpo y alma a su mamá, ¿dónde queda el dolor de esta señora? (…). Apagaron la vida de una mujer y nadie lo está sintiendo. Ella no quería morir, era una mujer de Dios, de oración, de perdón”, opinó la psicóloga Fernanda Olarte.

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El Inspector.

El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo han reportado la situación, documentando hasta ahora nueve casos en los que miembros de grupos armados de Antioquia y Córdoba se presentan en los estrados como si fueran de comunidades indígenas. Algunos han logrado su cometido, mientras otros fueron detectados a tiempo.

Jhon Fredy Pabón (“Toño”) fue capturado en 2020 y condenado a seis años de cárcel por concierto para delinquir. Foto cortesía de la Policía.

El expediente más reciente es el de Jhon Fredy Pabón González, alias Toño, un exparamilitar de 41 años con más de dos décadas de prontuario, que delinquió en los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Auc.

Según fuentes judiciales, participó en la Operación Orión (2002), aliado con la Fuerza Pública para expulsar a las milicias guerrilleras de la comuna 13 de Medellín, y después de la desmovilización de las autodefensas conformó su propia banda, conocida como “los Paracos de San Cristóbal”, en el corregimiento del mismo nombre.

Allí se dedicó al sicariato, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos forzados, desapariciones y venta ilegal de lotes, entre otros delitos, y sumó a su organización otras bandas más pequeñas de San Cristóbal, Robledo y Aranjuez, como “la Campiña”, “Las Flóres”, “Moravia” y “el Llano”.

Cabecillas de bandas delincuenciales que alegaron pertenecer a pueblos indígenas para pedir cambio de cárcel. Fotos de cortesía.

La última vez que cayó a la cárcel fue el 23 de julio de 2020, cuando la Policía lo capturó en el municipio de Copacabana. Logró un preacuerdo con la Fiscalía y fue condenado a seis años por concierto para delinquir agravado.

Lo recluyeron en la cárcel El Pedregal, desde donde comenzó su treta jurídica para salir de la celda.

Presentando documentos de dudosa procedencia, tal cual consta en la sentencia STP6311-2023 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, trató de hacerse pasar como un indígena de la comunidad Umbra Guaqueramae, ubicada en la zona rural de Quinchía, Risaralda. Y, en consecuencia, pidió que lo trasladaran a un “centro de armonización” en el resguardo de esa etnia, para estar bajo custodia de los indígenas.

Otros cabecillas que pidieron traslados a resguardos indígenas. Cortesía.

PETICIÓN DENEGADA
Aunque nació el 9 de octubre de 1981 en Medellín, su cédula es de Bello y siempre ha delinquido en el Occidente de Medellín, “Toño” se sumó a otros cabecillas que han pagado dinero a comunidades aborígenes para que los incluyan en sus censos. Así lo han hecho, según la Fiscalía, miembros de “Pachelly”, “el Mesa”, el Clan Oriente, “ ” y Clan del Golfo (ver Anexo).

El Juzgado 1° de Ejecución de Penas y Medidas de Antioquia negó la solicitud en julio de 2022. “Toño” apeló ante el Tribunal Superior del departamento, que en marzo de 2023 volvió a negarla.

Su defensa elevó un recurso de casación ante la Corte Suprema, alegando que a Pabón le estaban violando su “integridad étnica y cultural“.

El alto tribunal también rechazó la solicitud y conceptuó en su sentencia del pasado 27 de junio: “No se aportó al expediente alguna certificación del resguardo que diera cuenta de la integración de Pabón a la comunidad indígena, la base de datos de la Dirección de Asuntos Indígenas del MinInterior no muestra algún registro en los censos que corresponda al accionante”.

Al mismo tiempo, la Corte señaló que “lo observado podría significar que Pabón pretende instrumentalizar a la jurisdicción indígena, con miras a lograr un traslado del centro de reclusión en el que se encuentra (…). Acceder a su pretensión permitiría que fenómenos de criminalidad organizada permeen ese ámbito sociocultural (…) y se transformaría en burla a la justicia”.

Y, a modo de conclusión, recalcó que no se pueden avalar “deleznables fenómenos de ‘camuflaje’, a los que recurren criminales de alto impacto para evadir castigos proporcionales a sus actos”.

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ANEXO: JEFES DE BANDAS QUE DICEN SER INDÍGENAS
Además de “Toño”, estos son otros miembros de bandas que alegaron ser indígenas para pedir traslado de cárcel a un resguardo, desde el 2020 a la fecha:
- De “Pachelly”, en 2022 Albert Henao (“Alber”) pidió traslado al resguardo Umbra Guaqueramae, en Risaralda, y se lo negaron.
- De “los Triana”, en 2023 Maximiliano Gil (“Tombito”) pidió traslado al resguardo Kwe Sx Yu Kiwe, en Valle, petición que está en curso.
- De “el Mesa” hubo tres solicitudes: Jhonathan Castrillón (“Pirry”), Róbinson Tobón (“el Perro”) y Néstor Rodríguez (“Peluche”). Pidieron ser llevados a resguardos de Valle, Risaralda y Caquetá, y aún están en trámites.
- Del Clan Oriente, Hugo Gómez (“don Hugo”) pidió traslado en 2022 al resguardo Ismuina, en Solano (Caquetá), y un juez se lo concedió en diciembre.
- Del Clan del Golfo pidieron traslados en 2022 Ángel Jiménez (“Indio”) y Antonio Trejos (“Maxi”), y un juez se los concedió, para el resguardo Zenú del Alto San Jorge (Córdoba).

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El Inspector.

El cabecilla de la banda “La Unión” de Itagüí, con múltiples procesos penales en su prontuario, estaba libre desde 2017, cuando salió de la cárcel por vencimiento de términos. Su nueva detención llega justo cuando actúa como representante de “la Oficina” en los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.

Mauricio González, alias “el Ronco”, jefe de la banda “la Unión” y exmiembro de las Autodefensas paramilitares. Foto de la Policía.

Según fuentes judiciales, “el Ronco”, también apodado “Felipe” o “Fly”, se presentó en la estación de Policía de Sabaneta el 8 de marzo de 2023. De allí fue remitido al búnker  de la Fiscalía.

González, quien también es desmovilizado de las Autodefensas paramilitares (2005), estaba inmerso en un expediente penal de 2016, cuando la Fiscalía le endilgó cargos por un secuestro perpetrado 10 años antes. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

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Tras el vencimiento de términos en 2017, quedó en libertad, pero el proceso siguió adelante. La justicia lo absolvió por los cargos de secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

No obstante, esta semana el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín dictó el sentido del fallo condenatorio por el concierto para delinquir, y en consecuencia ordenó la captura de “el Ronco”.

Frente a esa situación, González decidió entregarse. En las próximas semanas el juzgado hará la lectura del fallo, momento en el cual explicará cuántos años de cárcel pagará el procesado.

Esta situación sucede justo cuando “el Ronco” estaba participando en los acercamientos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y las organizaciones criminales del Valle de Aburrá, entre ellas “la Oficina” y “la Unión”.

El cabecilla tenía el aval de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) para representar a estas bandas en las conversaciones exploratorias, lo que genera varias preguntas ahora que cayó a la cárcel. ¿Será que su entrega fue un “gesto de paz” para congraciarse con el Gobierno? ¿Recibirá algún beneficio jurídico por ello? ¿Cómo seguirá ejerciendo sus funciones de cara a la “paz total”?

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El Inspector.

La sentencia STP16510-2022 fue proferida el pasado 23 de noviembre de 2022 por la Sala de Casación Penal de la Corte, pero no había trascendido a la opinión pública. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”, fue condenado a 36 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia. Foto de archivo.

“Carlos Pesebre”, de 49 años, fue integrante del bloque Cacique Nutibara de las AUC en los años 90. Tras la desmovilización de 2003, siguió al frente de su propia organización, “los Pesebreros”, que fungía como uno de los tentáculos de la confederación mafiosa “la Oficina” en el Occidente de Medellín (Robledo, San Javier, La América, Laureles, Belén y Altavista).

Ramírez, capturado en una finca del municipio antioqueño de Urrao en 2013, ya había pagado una condena de 9 años de prisión por concierto para delinquir agravado.

El asesinato que produjo la nueva sentencia ocurrió el 15 de julio de 2005 en la entrada de un local de comida rápida del barrio Los Alpes, adonde fue citado Mauricio Alberto Velásquez Valencia, alias “el Meca”, un lugarteniente de “Carlos Pesebre”.

Según el expediente, a las 9:15 p.m. llegaron dos sicarios en una moto, el pasajero se arrimó a “el Meca” y le disparó tres veces en la cabeza con una pistola.

De acuerdo con la Fiscalía, fue “Carlos Pesebre” quien ordenó la muerte de su subalterno, al culparlo del robo de un dinero de la banda, producto del hurto de hidrocarburos al oleoducto de Ecopetrol.

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En la acusación fue clave el testimonio de un exmiembro de la organización criminal, quien estuvo presente en la reunión en la cual se ordenó el homicidio, cinco días antes del ataque.

Así la describió a las autoridades: “(…) Él (’Carlos Pesebre’) nos dice que con los registros que le había dado Mauricio de lo de la gasolina, los estuvo comparando desde dos o tres meses atrás con los registros que yo le presentaba a solicitud del mismo Carlos, y que él notaba que le falta plata (…). Decía que donde veía el desfalco era en los libros de la gasolina que le mostraba Mauricio. (…). Decía que la suma era grandísima, que está entre 700 y 800 millones (…). Él dijo: la decisión está tomada, con el dolor en el alma, somos hermanos, somos amigos, a Mauricio hay que matarlo”.

La ejecución de la orden le fue encomendada a otros de los cabecillas de “los Pesebreros”, Javier Ventura Marín (“Tatú”), quien la delegó en uno de sus sicarios de confianza, apodado “Nene”.

Por estos hechos, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín condenó a “Carlos Pesebre” en 2016, a 36 años, tres meses y un día por homicidio agravado.

Su defensa apeló la decisión ante el Tribunal Superior de Medellín, argumentando que el testigo estrella de la Fiscalía había incurrido en varias contradicciones en su testimonio. En 2017 el alto tribunal le dio la razón y absolvió al procesado, declarándolo inocente.

Ese fallo fue apelado por la Fiscalía y la Procuraduría, y pasó a su última instancia, una casación en la Corte Suprema, la cual revocó la absolución y revivió la condena contra “Carlos Pesebre”.

Ramírez está recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, y es uno de los cabecillas de bandas del Valle de Aburrá que le han pedido al Gobierno Nacional que los acepte en las conversaciones para el proyecto de “paz total”.

Javier Ventura Marín (“Tatú”), otro de los involucrados en la muerte de “el Meca”, tuvo un destino similar: asesinado por la propia organización. Tras salir de prisión y ser citado a una reunión, su cadáver fue encontrado en una vía del barrio Castropol, envuelto en bolsas, el pasado 11 de septiembre.

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El Inspector.

Ese anhelo, que disfrutó durante pocos años, se esfumó entre sus dedos el pasado 27 de julio, cuando escoltado por agentes de Interpol y la Dirección Antinarcóticos abordó un avión de la DEA rumbo a una cárcel en Estados Unidos. Allá lo espera la Corte del Distrito Sur de La Florida, para que responda por cargos de narcotráfico.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” es requerido por una corte del Distrito Sur de La Florida. Foto cortesía de Interpol.

De esta manera se le cayó la careta de empresario exitoso de la construcción y los bienes raíces, con la cual se presentaba ante sus amigos de la farándula y vecinos de la vereda Llanogrande, en el municipio antioqueño de Rionegro.

¿Pero cómo fue que este paisa de 40 años terminó reseñado por los organismos de Inteligencia como alias “Falcon”, “Andrea” o “Babalao”, un socio clave del cartel narcotraficante Clan del Golfo?

AMBICIONES
Una fuente cercana a la investigación le narró a El Colombiano que Valencia Zuluaga se crió en un barrio humilde de la comuna de Villahermosa, en el oriente de Medellín.

“Sus allegados nos contaron que de niño vendía panes, dulces y bombones en los buses, pero que siempre soñó con ser millonario”, relató.

Sus actividades ilegales comenzaron luego de un viaje a España, cuando, siendo joven, se fue a buscar suerte en diferentes trabajos. No logró establecerse, pero quedó deslumbrado por los lujos del Viejo Continente.

En 2008 inició la expansión territorial del Clan del Golfo, desde Urabá hacia varias regiones de Colombia.

Dos narcos de los Llanos Orientales ingresaron a la nómina, Uldar Cardona (“Pablito”) y Ómar Noguera (“Boyaco”), y viajaron a Antioquia buscando socios para expandir su red dentro del Clan.

Un delincuente conocido como “Mogolla” les presentó a Valencia, a quien presuntamente recomendó como una persona deseosa de “camellar en la vuelta”.

“Su primera participación fue en el envío de 10 de kilos de cocaína por una ruta que tenían hacia México”, reveló la fuente. De esta manera surgió la confianza entre los narcos.

La acusación de la corte norteamericana, cuyos testigos son exintegrantes del Clan del Golfo, detalló que entre 2010 y 2021 Valencia, al parecer, invirtió en cargamentos de droga que salían del puerto de Cartagena y de pistas aéreas clandestinas en los Llanos, y eran acopiados en Guatemala antes de llegar a EE.UU.

“Pablito” murió en un operativo policial el 2 de mayo de 2017, en Arboletes; y 21 días después fue capturado “Boyaco”, en San Pedro de Urabá.

Con sus dos jefes directos por fuera del negocio, Valencia heredó los contactos y rutas de exportación. Sus apodos de “Falcon”, “Andrea” o “Babalao” empezaron a retumbar en el bajo mundo.

Según el general Jorge Vargas, director de la Policía, se convirtió en hombre de confianza de Dairo Úsuga (“Otoniel”), el mandamás del Clan, quien le asignó la jefatura del frente Héroes del Caribe, con injerencia en Bolívar y Atlántico, especialmente en puertos de Cartagena y Barranquilla.

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APARIENCIAS
Al mismo tiempo, el implicado se mostraba ante la sociedad como un empresario audaz y de gustos exquisitos. Compró una mansión de 9.000 m2 en Llanogrande, con zona deportiva y piscinas, para una de las cuales mandó a traer agua desde el mar Muerto (Medio Oriente).

Llenó el garaje con más de 30 vehículos, que incluían seis motos customizadas, ocho camionetas, autos antiguos de colección y tres ferraris, en los que solía apostar carreras contra famosos reguetoneros.

La meta que se había trazado parecía cumplida, hasta que el 7 de mayo de 2021 los comandos de la Dirección Antinarcóticos allanaron su palacio. Lo capturaron, incautaron sus apreciados vehículos y además le encontraron 18 armas de fuego, incluyendo dos fusiles de asalto, nueve pistolas, tres escopetas, miras telescópicas y un visor nocturno.

Fue recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, y notificado de la orden de extradición, la cual fue avalada por la Corte Suprema el pasado 1° de junio.

Aunque en Colombia se ha declarado inocente de las acusaciones, es probable que busque un acuerdo de confesión con la justicia estadounidense, cerrando así el capítulo más penoso en esta biografía de ambición por el dinero.

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El Inspector.

Fuentes judiciales informaron que el caso más reciente es el de Elkin Fernando Triana Bustos, alias “el Patrón”, cabecilla y fundador de la organización criminal “los Triana”. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Elkin Triana, apodado “el Patrón”, recibió el beneficio de detención domiciliaria en el mes de marzo. Foto: archivo El Colombiano.

Esta estructura delinque en las comunas de Santa Cruz, Popular, Robledo y Aranjuez, al igual que en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, los municipios de Bello e Itagüí y la subregión del Suroeste antioqueño.

“El Patrón” fue detenido por la Policía (por cuarta vez en su vida) el 5 de marzo de 2018, en una finca de lujo del municipio de Titiribí. Según los registros de la Procuraduría, el 29 de octubre de 2018 fue condenado a ocho años de cárcel por concierto para delinquir agravado, por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

A pesar de la sentencia, el pasado mes de marzo salió de la cárcel La Picota de Bogotá. Según el Inpec, la orden llegó por una boleta de libertad del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Bogotá, que notificó a la institución carcelaria que Triana Bustos había recibido el beneficio de detención domiciliaria.

A los investigadores judiciales les llamó la atención que le concedieran este beneficio, teniendo en cuenta que solo había estado en prisión un año y cinco meses.

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Esta no es la primera vez que recibe esta clase de rebajas. Su expediente, presentado en las audiencias de control de garantías por parte de la Fiscalía, señala que se ha fugado dos veces de la antigua cárcel de San Quintín (Bello) y que en 1999 lo condenaron a 46 años de cárcel por la masacre de seis personas en el sector Cañada Negra, de los cuales solo estuvo nueve años encarcelado.

Elkin Triana es el cuarto cabecilla de la mafia de Medellín que ha regresado a la calle en el último semestre, favorecido por una autoridad judicial.

El 6 de marzo salió de la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, Julián Andrey González Vásquez (“Barny”), antiguo jefe de sicarios de “la Oficina” y “la Terraza”. Estaba condenado a 17 años por tres homicidios, concierto para delinquir y porte ilegal de años, pero apenas estuvo cinco años tras las rejas.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Palmira autorizó su excarcelación, al otorgarle el beneficio de detención domiciliaria.

El 21 de enero el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de La Dorada (Caldas) le concedió la libertad condicional a Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), quien también había sido cabecilla de “la Terraza” y “la Oficina”, junto a su socio “Barny”.

Estaba condenado a 16 años por homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Solo estuvo recluido seis años y 11 meses, y ya salió de la cárcel de La Dorada.

Y el pasado 16 de diciembre, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le otorgó la libertad condicional a Franklin Andrés Vargas Cardona, excabecilla de “la Oficina” y de la banda “Caicedo”.

Salió de la cárcel de Girón, Santander, después de pagar siete años de encierro, de una condena de 16 años y cuatro meses por concierto para delinquir, tráfico de armas y uso de documento falso.

Las organizaciones delincuenciales que han liderado siguen activas, dedicadas al narcotráfico, el sicariato, la extorsión, desplazamientos forzados, desapariciones forzosas y secuestros, entre otros crímenes. Las autoridades judiciales consultadas no han especificado el motivo de cada excarcelación, aunque están revisando qué impacto podrían tener en la criminalidad de la ciudad.

NOTA RELACIONADA: A “Barny”, exjefe de sicarios de “la Oficina”, le dieron detención domiciliaria.

El Inspector.

El Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que alias “Barny” o “Bebesaurio”, como es conocido en el mundo delincuencial, salió de la cárcel de Palmira (Valle del Cauca) el pasado 6 de marzo. Su excarcelación fue autorizada por Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Palmira.

El Inpec no especificó los motivos de la decisión, pero indicó que González seguirá cumpliendo la sentencia en detención domiciliaria. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la captura y traslado de “Barny” en Bogotá, en enero de 2015. Foto: cortesía de la Policía.

De acuerdo con su extenso prontuario, “Barny” tiene 41 años y es oriundo de La Merced, Caldas. Su carrera ilegal creció de la mano de la banda “la Terraza”, que delinque en el Centro y el Nororiente de Medellín, así como en las subregiones del Oriente y Suroeste antioqueño.

Como jefe de sicarios, estuvo al servicio del capo José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), con quien ascendió hasta la cúpula de “la Oficina”, la macro estructura criminal que coordina a las principales bandas del Valle de Aburrá.

En septiembre de 2014 el Departamento del Tesoro de EE.UU. le aplicó sanciones financieras, al incluirlo en la llamada Lista Clinton junto a varios lugartenientes de “la Oficina”. La persecución en su contra hizo que se refugiara en Costa Rica, donde se casó y fundó una empresa de seguridad privada.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”.

Dedicado a la magia negra, al igual que otros integrantes de esa organización ilegal, usó todo tipo de rezos para evitar su captura; sin embargo, el pesar por la lejanía de sus familiares hizo que regresara al país y fuera capturado por la Policía en Bogotá, en enero de 2015.

La investigación de la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada comprobó que “Barny” fue coautor de tres asesinatos en Medellín, al coordinar a los sicarios que los ejecutaron. Entre las víctimas estuvo el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, a quien mataron por error en el barrio Campo Valdés, el 10 de agosto de 2008.

La lista sigue con John Edwar García Chavarría, abaleado el 26 de agosto de ese mismo año en una panadería del barrio Aranjuez. Y el 25 de octubre de 2008 los mercenarios de “la Terraza” mataron también al policía Rodolfo Gaviria Barragán, en la entrada de su casa en Aranjuez.

NOTA RELACIONADA: Las primeras tres muertes que le endilgan a “Barny”.

González reconoció su responsabilidad en estos hechos, a cambio de una rebaja en la pena, y firmó un preacuerdo con la Fiscalía. En consecuencia, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín lo condenó a 17 años por homicidio simple, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

Su salida de la cárcel ha generado inquietud en las agencias de seguridad, en especial porque ya son tres los exjefes de “la Oficina” que dejaron la cárcel en los últimos cuatro meses. Los anteriores fueron Franklin Vargas Cardona (“Frank”) y Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”).

Tanto “Barny” como “Pichi Gordo” están investigados también por el doble asesinato de dos suboficiales de la Policía Antinarcóticos, perpetrado el 12 de julio de 2012 en la entrada del Jardín Botánico de Medellín. Los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro trataban de infiltrarse en “la Oficina” para capturar a sus cabecillas, pero fueron descubiertos y acribillados. La Fiscalía y la Policía, aunque sospecharon de los susodichos, no les han imputado este hecho.

NOTA RELACIONADA: Mataron a dos policías que investigaban a “la Oficina”.

El Inspector.

Hasta ahora, los cabecillas de “los Chatas”, “los Triana” y “los Urabeños” (Clan del Golfo) han manifestado deseos de pactar acuerdos con el Gobierno, pero solo en el último caso hay avances. Este es un informe realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, es investigado por la DEA, por sus presuntos negocios de narcotráfico transnacional. Foto cortesía de la Policía.

Junto al Clan del Golfo, “los Chatas” y “los Triana” se convirtieron en las primeras organizaciones criminales en manifestar el deseo de acordar con el Estado un sometimiento a la justicia de sus integrantes.

La voluntad del Clan del Golfo, una estructura narcoparamilitar que nació en 2007 en Urabá y que hoy extiende sus redes en 20 departamentos del país, fue expuesta a la opinión pública en septiembre del año pasado, por medio de un video en el que apareció su máximo líder, Dairo Antonio Úsuga David (“Otoniel”).

Los acercamientos con el Gobierno se aceleraron desde el anterior 9 de julio, cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley 1908 de 2018 para el sometimiento de organizaciones criminales.

Una semana después, llegó a la Fiscalía General de la Nación una solicitud de Elkin Fernando Triana Bustos, alias “el Patrón”, máximo líder de la banda “los Triana”, quien está preso en la cárcel La Picota desde marzo.

Esta estructura delincuencial actúa en el norte de Medellín y en el corregimiento San Antonio de Prado, al igual que en los municipios de Bello, Itagüí, Caldas, Guarne, Amagá, Ebéjico, Granada y Heliconia.

En su propuesta, Triana Bustos ofreció indemnizar a varias víctimas de su organización, devolver viviendas despojadas, entregar un arsenal y ser el mediador para el sometimiento de otros integrantes. A cambio, pidió que esta colaboración le fuera retribuida con una rebaja en su eventual condena, por el cargo de concierto para delinquir agravado.

Luego se conoció una carta de Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), cabecilla de “los Chatas” y “la Oficina”, en la cual hizo pública su intención de contribuir al sometimiento a la justicia de otros delincuentes.

“Los Chatas” nacieron en Bello y se extendieron a las localidades vecinas de Girardota, Copacabana y Barbosa. También tienen redes en El Retiro y La Ceja, al tiempo que están conectados con el tráfico transnacional de drogas.

De esta manera, su jefe se ganó un sitial en la cúpula de “la Oficina”, la confederación que agrupa al 65% de los combos del área metropolitana.

En la misiva, sin embargo, “Tom” dijo que no estaba metido en actividades de narcotráfico y que no sigue dando órdenes desde la cárcel La Picota, en respuesta a los constantes señalamientos de la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía de Medellín.

Aseguró estar dispuesto a reparar a las víctimas, gestionar el desarme de las bandas del Valle de Aburrá y entregar material bélico.

De las tres bandas interesadas en lograr acuerdos con la justicia, solo el Clan del Golfo tiene a sus líderes en libertad (“Otoniel”, “Nicolás” y “Chiquito Malo”), mientras que “el Patrón” y “Tom” están tras las rejas, situación que podría restarles margen de negociación.

El año pasado, cuando todavía no existía la ley de sometimiento, la banda “la Terraza”, también de Medellín, intentó acercarse al Gobierno para pactar un acuerdo de desarme. No obstante, la iniciativa quedó sepultada con las capturas de su delegado Julio Perdomo (“el Viejo”) y del entonces secretario de Seguridad de la ciudad, Gustavo Villegas, quien apoyaba la propuesta (ver la NOTA RELACIONADA: Las reuniones que enredaron al secretario Villegas).

Con ese antecedente, es probable que “la Terraza” trate de nuevo de concretar un pacto con la justicia, y que en esa idea la acompañe la organización ilegal de “Robledo”.

Esto debido a que sus principales líderes, José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), respectivamente, son socios en la actualidad. Los dos están presos en las cárceles de Cómbita y Valledupar, y los grupos bajo su mando podrían sumar más de 500 integrantes.

LA CASA DE NARIÑO DECIDIRÁ
El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez sostuvo ayer un encuentro en Bogotá con el presidente electo Iván Duque. En la cita, el mandatario local le explicó el contexto criminal en la metrópoli antioqueña y expuso su postura frente a estas peticiones de los “peces gordos” de la mafia.

Al término de la cita, señaló: “seguiremos con el combate a estas estructuras, si esto hubiera sido un jardín de rosas para ellos, no estarían hablando en estos términos”.

Al ser preguntado por la carta de “Tom”, indicó que los que deben responder y formular las pautas sobre el tema son el Gobierno Nacional y la Fiscalía, “yo como alcalde espero instrucciones”.

Recordó que en el Valle de Aburrá delinquen cerca de 350 bandas, con cerca de 5.000 integrantes, por lo que este sometimiento no debe ser un asunto individual, sino colectivo, para sacar a estos grupos de circulación de una vez por todas.

NOTA RELACIONADA: “Otoniel”, jefe de “los Urabeños”, da la cara y habla de paz en un video.

El Inspector.

Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “la Firma”, fue condenado a 10 años por la Corte del Distrito Medio de La Florida, por el delito de narcotráfico. Según el expediente, llegó a ser aliado financiero de la principal banda del Valle de Aburrá y fungió como intermediario en el tráfico de cocaína entre grupos colombianos y mexicanos.

Fue capturado en Medellín en 2009 y extraditado al año siguiente. Firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, por el cual aceptó uno de los cuatro cargos por narcotráfico que le endilgaban, y se convirtió en testigo de la DEA en procesos contra otros compatriotas en estrados de Nueva York.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, en equipo con Revelaciones del Bajo Mundo.

Personas que confesaron crímenes en E.U. y salieron de prisión sin órdenes de captura en Colombia:en la foto principal, alias “Botija”; 1). “Rogelio”; 2). “Gordo Tavo”; 3). “El Médico”. Fotos de archivo.

De acuerdo con una solicitud enviada por su abogado Rubén Oliva al juez de La Florida (15/10/12), el testimonio de “Botija” fue clave para los procesos que terminaron con la extradición y condena de Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle; y del comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).

En su proclama, el defensor le pidió al juzgado que, para una rebaja de penas, tomara en cuenta la colaboración de su cliente, su arrepentimiento y el riesgo que asumían él y su familia al delatar a esos capos tan violentos.

El objetivo se logró y, tal cual confirma el registro judicial público (docket) de La Florida, el pasado 13 de abril fue dejado en libertad por el Buró Federal de Prisiones, luego de pasar seis años tras las rejas.

Las autoridades desconocen si permanece en suelo estadounidense o regresó a nuestro país, donde no tiene órdenes de captura vigentes.

El único caso pendiente en su contra, según la Fiscalía colombiana, es un proceso de extinción de dominio sobre nueve bienes y propiedades avaluadas en $45.000 millones, las cuales están ubicadas en Envigado, Girardota (Antioquia) y Sucre.

¿AFORTUNADOS?
La situación presentada con “Botija” se viene repitiendo en los últimos años con otros integrantes de “la Oficina”, que pese a confesar crímenes en juzgados de E.U. carecen de causas penales en Colombia.

Uno de los máximos cabecillas, Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”), salió de la cárcel de Manhattan en 2015 (donde pagó siete años) y logró que la justicia de esa nación le concediera un permiso especial para permanecer allá, amparado en la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), alegando que ese sería su destino si volvía a su país de origen.

Así evitó la deportación, al igual que Juan Carlos “el Tuso” Sierra, compinche financiero de “la Oficina”y las Autodefensas, quien pagó cinco años y quedó libre en 2013, favorecido por aquella norma internacional y la colaboración que brindó a la DEAen procesos contra otros perseguidos.

Por su parte, Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), a quien el presidente Juan Manuel Santos había calificado como uno de los más buscados de Colombia, por sus nexos con “la Oficina”y “los Paisas”, recibió una irrisoria condena de 36 meses en Nueva York y salió en 2013, sin deudas con la justicia colombiana.

Otros antiguos narcotraficantes y compinches de capos que volvieron a Colombia sin causas penales en contra, pese a haber confesado delitos ante jueces extranjeros, son: Jorge Iván González Martínez (“Jota Firma”), exsocio de paramilitares; Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), quien trabajó para los carteles de Medellín y Norte del Valle; y el abogado Gabriel Puerta Parra (“doctor Parra”), colaborador de narcos antioqueños y vallunos.

¿Por qué sus confesiones en E.U. no sirven para abrirles expedientes aquí, sabiendo que pertenecieron a bandas?

El consultor en seguridad, John Marulanda, responde que “en general hay colaboración entre la justicia de E.U. y la de Colombia, pero mientras la de allá es autónoma e independiente, la de aquí está politizada, y ese desbalance se nota en este tipo de casos”.

En la pasada administración del fiscal general Eduardo Montealegre, fueron creadas agregadurías de la Fiscalía en las principales embajadas de Colombia en el mundo, pensando en atender situaciones como las denunciadas; no obstante, el panorama ha cambiado poco.

A juicio de Marulanda, “esas agregadurías no sirvieron porque las diseñaron para extender el poder de Montealegre, pero no pensando en atender estos problemas”.

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ANEXO: CON LA LISTA CLINTON ES IGUAL
Desde junio de 2014, según el Departamento del Tesoro de E.U., 100 personas y entidades han sido incluidas en la Lista Clinton, padeciendo sanciones financieras por sus presuntos nexos con “la Oficina”. Pese a que el Gobierno de ese país los cataloga como narcos, sicarios o lavadores de activos para esa organización, en Colombia muy pocos tienen procesos penales abiertos.
Entre los reseñados en E.U., sin procesos aquí, están los empresarios Juan Pablo Upegui, José Byron Piedrahita y Pedro Claver Mejía Salazar.

NOTA RELACIONADA: Los enigmas que rondan al Caso “Rogelio”.

El Inspector.

De los tres procesados, alias “Tuto” es el que ha salido mejor librado hasta ahora, pues los testigos que la Fiscalía tenía en su contra se retractaron en el juicio.

De izquierda a derecha: José Otalivar Chavarría (“Jotalibán”), Didier Ríos López (“Tuto”) y Julián González Vásquez (“Barny”). Fotos de Archivo.

Julián Andrey González Vásquez, alias “Barny”, fue condenado a 17 años de cárcel por su participación comprobada en tres asesinatos y por concierto para delinquir agravado, en una decisión proferida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La pena pudo ser mayor, pero el delincuente logró un acuerdo con la Fiscalía, en el cual aceptó la culpa por estos hechos a cambio de una rebaja en el número de años.

Las víctimas, ejecutadas por sicarios de la banda “la Terraza” en 2008, por órdenes de “Barny”, fueron: el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, el policía Rodolfo Gaviria Barragán y el ciudadano John Edward Chaverra García (ver la NOTA RELACIONADA: Las primeras tres muertes que le endilgan a “Barny”).

El informe que emitió la Fiscalía sobre esta sentencia recordó que “por el homicidio del empleado bancario ya fueron condenados a penas que oscilan  entre 14 y 16 años de prisión, Juan Pablo Taborda Zamora, alias ‘Yordy'; Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Saya'; y Édinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi'”.

La justicia también condenó, por hechos diferentes, a un mando medio de “la Oficina”: José Otalivar Chavarría Chavarría, apodado “Jotalibán”. Este hombre era el líder de los combos en la comuna 7 (Robledo), a órdenes de “Carlos Pesebre”.

El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín lo sentenció a 31 años y 3 meses de cárcel por doble homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, cinco desplazamientos forzados, extorsión y uso de menores para la comisión de delitos (ver la NOTA RELACIONADA: “Jotalibán” mueve sus fichas para retrasar condena).

De todos los crímenes en los cuales participó este exmilitar, el que terminó llevándolo a la condena fue uno acaecido el 11 de marzo de 2013 en el barrio Aures, cuando los sicarios bajo su mando ejecutaron en vía pública a Carlos Andrés Palacio Adarve, de 25 años, y Edwin Alexis Ríos García (“el Casco”), de 26, quienes se habían retirado del combo “el Acopio”.

Después de esas muertes, cinco familias de la  zona fueron obligadas a abandonar el vecindario por órdenes de “Jotalibán”, quien ahora pernocta en la cárcel La Picota de Bogotá.

Otro cabecilla de “la Oficina” sobre el cual hubo decisiones judiciales en los últimos meses fue Didier de Jesús Ríos López, alias “Tuto”, quien lideraba las bandas del municipio de Itagüí y las comunas de Guayabal y Belén en Medellín. El Juzgado Quinto Penal Especializado anunció el sentido del fallo condenatorio por concierto para delinquir agravado y en las próximas semanas definirá el monto de la pena.

Sin embargo, “Tuto” salió mejor librado que “Barny” y “Jotalibán” en su proceso penal, pues a diferencia de ellos logró eludir (hasta el momento) los cargos por homicidio, que le representarían muchos más años en prisión. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Al momento de su captura en junio de 2014, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado le imputó cargos por desplazamiento forzado y tres asesinatos: el de Diego Alberto Valencia Echavarría (“Monstruo”), cometido el 20/5/10; el de Jairo Echeverry Restrepo (14/4/13); y el de Reinaldo Herrera Estrada, alias “el Míster”, quien era primo de “don Mario”, el fundador de la banda “los Urabeños” (28/3/11, ver la NOTA RELACIONADA: “Los Urabeños” llegaron a Medellín y con ellos la muerte).

Uno de los principales testigos de la Fiscalía era Jonathan Alexánder Arango Restrepo, alias “la Nea”, quien en su momento pasó de ser enemigo a coordinador de sicarios de “Tuto”. En la actualidad está en la cárcel de Cómbita (Boyacá) pagando una sentencia de 16 años y 9 meses por un homicidio y, según él, fue traicionado por su antiguo jefe.

Al llegar la etapa del juicio oral, tanto “la Nea” como los otros seis testigos se retractaron o se negaron a declarar en contra de Ríos López, por lo que el ente acusador se quedó sin sus principales pruebas para acusarlo por los asesinatos. En consecuencia, el juzgado lo absolvió en primera instancia por los homicidios y los desplazamientos. La causa de las retractaciones no se conoce plenamente, pero las autoridades sospechan que los testigos fueron intimidados.

El Inspector.

La historia retorna a la memoria porque este miércoles 4 de marzo se cumplieron seis años desde la tragedia que enlutó a dos familias del oriente de Medellín. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Cindy Lorena Giraldo Correa. Foto publicada con autorización de la familia.

La tragedia comenzó cuando el 1 de marzo de 2009 las colegialas Cindy Lorena Giraldo Correa y María Katerine Cano Patiño, ambas de 17 años, fueron invitadas a una fiesta en la vivienda de Hurtado, ubicada en el barrio Boston de la capital antioqueña.

Las muchachas no regresaron y durante tres días nadie supo de ellas. Hurtado, el anfitrión de la rumba y estudiante de Sistemas, afirmó que desconocía el paradero de las invitadas.

Al amanecer del 4 de marzo, los vecinos llamaron a la Línea 123 porque sentían un olor nauseabundo que provenía de aquella casa, localizada en un segundo piso.

Dos uniformados llegaron a la residencia y lo primero que notaron fue unos bultos de cal y cemento amontonados junto a la puerta. Al tocar, hubo conmoción en el interior y los agentes se alertaron.

El padre de Hurtado, de 66 años en ese entonces, retuvo la puerta para evitar el ingreso de la Fuerza Pública, mientras su hijo de 35 se escabullía por el tejado.

Los policías entraron a la fuerza y en la habitación del sospechoso, la primera a mano izquierda, hallaron una caneca plástica azul, de gran tamaño. Adentro había cemento endurecido, del cual sobresalía una cabellera de mujer. Los uniformados quedaron estupefactos.

Una hora después llegaron los criminalistas del CTI de la Fiscalía, para inspeccionar la escena. Tuvieron que emplear martillo y cincel para fracturar el concreto y extraer los restos mutilados de dos personas, que resultaron ser Cindy Lorena y María Katerine.

En la propiedad también encontraron abundante material pornográfico y diversas prendas de mujer, según el expediente.
Pasado el estupor de la comunidad, el funeral y el pronunciamiento de las autoridades prometiendo justicia, inició un verdadero calvario judicial para las humildes familias.

Debido al alto deterioro de los cuerpos, Medicina Legal no pudo comprobar científicamente que las menores hubiesen sido asesinadas; tampoco logró determinar que hayan muerto por sobredosis de estupefacientes, como se especuló en algún momento.

La ausencia del dictamen científico y de testigos, pues el papá de Hurtado no estaba obligado por la ley a declarar contra su pariente, limitaron la acción de la Fiscalía. Pasaron los años y no se expedía una orden de captura.

Los amigos de las víctimas crearon un grupo en Facebook con la foto de Hurtado, deplorando la lentitud de la justicia. Y en cada anualidad realizaban una marcha para que el caso no quedara en el olvido.

A través de tutelas, los familiares lograron que el expediente cambiara de despacho y la nueva fiscal asignada ordenó la captura del indiciado, que fue realizada por el CTI en diciembre de 2013, en la ciudad de Montería.

María Katerine Cano Patiño. Foto publicada con autorización de la familia.

A Hurtado Arango lo judicializaron por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Aceptó su responsabilidad, y una semana después fue dejado en libertad. El 2 de octubre de 2014 el Tribunal Superior de Medellín confirmó en segunda instancia la condena a 3 años y 10 meses de prisión por el citado cargo.

El Código Penal contempla que las penas inferiores a 4 años son excarcelables, por lo que “el Descuartizador de Boston” anda libre.

Jacqueline Patiño, madre de María Katerine, se declara abatida por lo que ella considera una injusticia de la justicia. A veces quisiera abandonar la lucha y cremar los restos de su hija, para darle algún descanso al alma, pero no puede.

“La Fiscalía nos prohibe hacer la cremación, que porque están esperando una autorización desde Bogotá para hacer la exhumación y otras pruebas, a ver si se sabe de qué murieron las niñas”, cuenta.

Otra de las tragedias asociadas a esta situación es que Jacqueline es damnificada por el invierno, que le derrumbó una casa que tenía en Enciso hace un par de años. Para rematar, quedó a cargo de una nieta, hija de la adolescente María Katerine, que “a veces llora y dice que se quiere ir para donde la mamá”.

Elsy Correa, la progenitora de Cindy Lorena, saca fuerzas para continuar la batalla jurídica, pese a estar desempleada y viuda hace un año.

Afirma que “este domingo unas ONG van a hacer una marcha por las mujeres, acá en Medellín, allá voy a estar yo. Sigo protestando por tanta negligencia de la justicia”.

NOTA RELACIONADA: La paradoja del Descuartizador de Boston.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, tras hallarlo responsable por concierto para delinquir agravado y porte y tráfico de armas.

Si las autoridades no lo judicializan por otro delito, "Titi" podría salir de la cárcel antes de cumplir los siete años. Cortesía Policía.

La banda de “Pachelly” tiene su base en el municipio de Bello, Antioquia, con influencia en el Norte del Valle de Aburrá y redes en algunos barrios de Medellín. Sin embargo, en los últimos años se ha venido debilitando, de cuenta de golpes como la captura de “Titi”, realizada por la Sijín el 15 de agosto de 2013, cuando este asistía a una cita médica (ver la NOTA RELACIONADA: Presunto jefe de sicarios cayó en una cita médica).

Según el comunicado de la Fiscalía, “la investigación contra esta banda se inició por las constantes quejas de los habitantes del sector, que se veían atemorizados por las extorsiones, desplazamientos y homicidios a los que estaban siendo sometidos”.

“Titi”, de 37 años de edad, es además desmovilizado del bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). También lo investigan por un cuádruple homicidio ocurrido en Bello el pasado 30 de marzo, donde murió un rival apodado “Moide” (ver la NOTA RELACIONADA: Investigan si matanza de Bello fue un asunto “interno”). Su hermano Francisco Mazo, alias “Pocho”, está capturado y a la espera de la sentencia.

NOTA RELACIONADA: Con “Pocho” se extingue una generación de “Pachelly”.

El Inspector.

El crimen, que en su momento fue atribuido a la guerra entre la banda “La Terraza” y “La Oficina”, no se ha esclarecido a la fecha. A continuación un video que recuerda ese aciago instante, en nuestra sección TESTIMONIO GRÁFICO, el cual fue elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

NOTA RELACIONADA: Así exterminaron a la temible banda ‘La Terraza’.

El Inspector.

Con las autoridades lejos del área, la turba iracunda transformó la justicia en venganza y decretó el veredicto para los sospechosos: pena de muerte.

El cementerio de San Jerónimo, en el occidente de Antioquia. Foto tomada del portal oficial del municipio.

Esta historia tiene como antecedente el pleito entre las familias Bedoya y Suárez, que al parecer se inició décadas atrás y ha dejado varios muertos de lado y lado, por razones que no han sido precisadas.

Según la investigación de la Policía Antioquia, continuando ese espiral de violencia, Francisco Javier Suárez Moná, de 21 años y apodado ‘El Mico’, regresó a su vereda desde Medellín, donde vivía actualmente. En su propósito lo acompañaron Balbored Juan de Jesús Tobón de Osorio, de 56 años; Carlos Andrés Restrepo, de 20; y Johnny Ramírez Varela, de 18.

A las 9:00 a.m. de ayer (noviembre 11) localizaron a Nolberto Bedoya y le segaron la vida a machetazos. La vecindad se enteró de lo ocurrido y en la hora siguiente comenzó a gestarse la retaliación.

No le avisaron a la Policía, sino que comenzaron a llegar de diferentes puntos de la vereda, armados con palos y herramientas. Entre las 10:00 a.m. y las 11:00 a.m. los pobladores recorrieron el monte y cazaron uno a uno, en diferentes lugares, a los cuatro sospechosos llegados de Medellín, que extrañamente no habían huído de la zona después del asesinato. A todos los lincharon, garrotazo tras garrotazo.

El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, en su cuenta de Twitter calificó la matanza como un “horror“; el comandante policial del departamento, coronel José Acevedo, declaró que “fue un acto de intolerancia”. Mucha gente de ese pueblo, sin embargo, pareció aprobar la venganza.

Este fin de semana estaban en las fiestas municipales de San Jerónimo, una localidad turística, y la parranda no se interrumpió por estas cinco muertes. Al contrario, todos siguieron bailando y bebiendo en el parque principal, como si nada hubiera pasado.

El Inspector.