Con esta frase, pronunciada en la noche de este lunes 13 de abril por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno respondió al escándalo provocado el pasado 8 de abril, cuando varios de los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá, que participan en una mesa de paz con la Casa de Nariño, se involucraron en una parranda vallenata dentro del establecimiento de máxima seguridad de Itagüí.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La parranda en la cárcel de Itagüí fue amenizada por el vallenatero Nelson Velásquez. Fotos de cortesía.

El jefe de Estado hizo el comentario durante una reunión televisada con miembros del gabinete, en la cual estaba hablando de temas de orden público y narcotráfico.

De acuerdo con las denuncias de dos concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, la fiesta tuvo un valor cercano a los $500 millones y el motivo fue la celebración del inminente regreso a la libertad de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”).

“Él está solicitando la libertad por cumplimiento de pena de las tres quintas partes que le impusieron de 18 años por un homicidio. Esto, a razón de una reforma con la que es posible que alguien pida redención de condena por tres días de trabajo por dos de pena, y en ese orden de ideas, ‘Lindolfo’ alega que la presencia que ha hecho en la mesa de los diálogos sociojurídicos se le debe conmutar como trabajo”, dijo Carrasquilla, quien en el pasado fue directora de Fiscalías de Crimen Organizado.

El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín le dictó a Murillo Echeverry la sentencia de 18 años y seis meses de cárcel el 27 de septiembre de 2018, tras avalar un preacuerdo que él realizó con la Fiscalía, en el que a cambio de una rebaja de penas aceptó los cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.

Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”, condenado por homicidio y otros delitos. Foto de Julio César Herrera.

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Luego de la parranda, en la cual participaron decenas de personas, con licor y supuestas prostitutas de por medio, el Gobierno anunció la suspensión de la mesa de paz. Además fueron suspendidos siete funcionarios del Inpec, que al parecer permitieron el ingreso ilícito de esa gente y del trago.

Tras el anuncio de Petro, queda establecer a quiénes afectará dicha sanción. Algunos voceros de la mesa indicaron que no participaron en la fiesta, entre ellos José Leonardo Muñoz Martínez (alias “Douglas”).

Con la decisión, la confianza en la mesa de paz queda más golpeada todavía, y con la incertidumbre de si alcanzarán a retomarse los diálogos antes de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En la cárcel de Itagüí fueron congregados 23 representantes del crimen organizado del Valle de Aburrá, desde 2023, con el propósito de llegar a acuerdos para disminuir la violencia y desarmar a las más de 400 bandas que delinquen en la región.

Sin embargo, los avances han sido mínimos, en parte porque el Gobierno no ha presentado el proyecto de ley para el sometimiento de bandas, tras el hundimiento en la primera legislatura del mandato de Petro.

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El Inspector.

En el registro a la vivienda encontraron artilugios de brujería y un archivador en el que se guardaban las fichas personales de sus víctimas potenciales, incluyendo el precio por “hacerles la vuelta”. Este es un reportaje exclusivo de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Estas son algunas de las fichas personales que la célula sicarial guardaba con información de blancos potenciales. Foto de cortesía.

“Si ustedes no entran a esa casa ya, van a matar a otro mexicano. Si no entran, mañana hay un muerto en Medellín, porque ya mandaron el pago por bitcoin”.

La voz del informante sonó muy seria al otro lado del teléfono. Se refería a una vivienda de clase media, localizada en el barrio Kennedy, entre las comunas de Robledo y Doce de Octubre, que los investigadores de la Policía llevaban tres días monitoreando.

Según la fuente, era un lugar de reuniones clandestinas, en el que no solo se planeaban homicidios, sino que se practicaban rituales de santería y sacrificios de animales para invocar las fuerzas del más allá en favor del crimen.

Los comandos allanaron la residencia el 11 de febrero de 2026, al mediodía, justo cuando los inquilinos estaban congregados para una videollamada con el intermediario del cliente que los contrató para el sicariato del mexicano.

Quienes participaron en el asalto, contaron que “la energía era muy pesada” en la casa, la cual tenía unos 65 metros cuadrados de superficie. No había camas, ni muebles, tan solo una mesa en un patio con seis sillas; en una de las habitaciones encontraron dos altares con esculturas de santos católicos y emblemas de brujería, como la santa muerte y el bandolero Jesús Malverde, venerado por narcos de México y Centroamérica.

Adentro había una mujer y ocho hombres, con ocho armas de fuego, municiones, 29 celulares, tres computadores y dos tablets. Todo era bastante inusual en esta guarida, pero los policías quedaron impactados por un viejo archivador que contenía unos documentos similares a currículos.

El informante detalló que la banda de sicarios llenaba un formato impreso con cada blanco potencial, la mayoría de ellos extranjeros, lo que demuestra un sofisticado nivel de organización.

El Colombiano tuvo acceso exclusivo a fotos de algunos documentos de ese archivador, constatando la manera en la que el grupo sistematizaba su catálogo de la muerte.

Esta es la casilla de “valor” que traen las fichas personales de los posibles objetivos, con un precio aparentemente codificado. Cortesía.

INVENTARIO DE VÍCTIMAS Y PRECIOS
Los papeles están marcados con el título de “ficha personal”, incluyen ítems como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono, trabajo y correo. Da la impresión que los sicarios usaron alguna clase de formato relacionado con trámites de inmigración a EE.UU., aunque carecen de sellos oficiales. La razón para suponerlo es que llevan la casilla “tiempo USA” y “estado”, en referencia al lugar de residencia y la duración de su estancia.

En los papeles analizados por este diario también están escritos los datos personales de las respectivas parejas de los blancos, con el tiempo de casados y si tienen o no hijos.

En primera instancia, pareciera que los ficheros recolectaran simplemente información de latinos que migraron a EE.UU., a no ser por la casilla más inquietante:“valor”.

Allí, de acuerdo con el informante, se ponía el precio por darlos de baja, en cifras codificadas que todavía no se han podido descifrar. En los documentos, ese espacio fue llenado con números de tres dígitos: 282, 323, 378, etcétera.

¿A cuánto dinero equivalen? Una hipótesis es que son valores netos de bitcoin, una criptomoneda que se comercia de manera virtual y al margen del sistema bancario, lo cual hace muy difícil rastrear las transacciones.

Sin embargo, hoy un bitcoin (BTC) equivale a $252 millones de pesos, según la plataforma de intercambio Coinbase. Esto implicaría que, bajo esa lógica, 282 BTC son $71.000 millones, una cifra desproporcionada para los agentes, por lo que todavía están en estudio esos números.

La fuente confidencial narró que los precios de base rondaban el medio millón de dólares por cabeza, es decir, $1.845’670.000 pesos, según la tasa representativa del mercado (Banco de la República).

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Estos son los datos personales de las víctimas potenciales que incluyen las fichas que guardaban los sicarios. Cortesía.

EN BUSCA DE LOS MUERTOS
Por motivos de seguridad, reservaremos las identidades reseñadas en las fichas, algunas de las cuales estaban acompañadas de fotos y alias, manuscritos al margen de sus nombres: “el Chamán”, “Damián”, “Jesús”, “Amador”, entre otros.

En una primera revisión al archivador, se encontraron los ficheros de mexicanos residentes en ciudades y estados de EE.UU., como Las Vegas, Nueva York, California y Utah.

El informante recalcó que en la lista de víctimas había albaneses, canadienses y gringos. No dijo sus nombres, aunque una verificación a los asesinatos de esos nacionales perpetrados en Medellín en los últimos años puede dar pistas.

Por ejemplo, el 31 de enero de 2025 fue acribillado en El Poblado el colombocanadiense Jonathan Acevedo García; y el 5 de octubre abalearon a Artur Tushi, procedente de Albania, también en El Poblado.

Si esos crímenes fueron cometidos por esa “oficina premium”, tal cual la llamó el alcalde Federico Gutiérrez, es algo que está por verse. Unas fichas están marcadas con fechas de 2019, lo que da una idea del tiempo que llevaría operando esa célula criminal.

Una revisión somera de los equipos decomisados sacó a la luz inventarios de nómina y videos en los que se veían sacrificios de animales y personas vendadas y bajo intimidación, como si estuvieran secuestradas. ¿Quiénes son y hace cuánto sucedió? Esas son las cuestiones que ahora debe desentrañar la Fiscalía.

El análisis forense de toda la evidencia recaudada podría tardar más de seis meses.

Estas fueron las personas capturadas en el allanamiento al barrio Kennedy, en Medellín. Cortesía.

“YO LOS SACO DE ESTO”
En el allanamiento fueron capturados Arley Olvany David David, presunto coordinador de la célula sicarial, y su esposa Laura Yecenia Hoyos Pérez, de 31 años, la supuesta secretaria encargada del archivador.

Con ellos cayeron Jhon Sánchez Granada, Santiago Vera Gaviria, Tomás Molina Zapata, Jonathan Laverde Piedrahíta, Nelson Lopera Henao, Mateo Botero Atehortúa y Jéferson Mira Alzate.

Tienen edades entre los 21 y 39 años; tres de ellos registran múltiples viajes a República Dominicana, México y Chile; y solo dos tenían antecedentes judiciales por receptación y porte ilegal de armas.

Los celulares incautados fueron comprados en el exterior, por lo que su código IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, en inglés) es extranjero, lo que complica los trámites para interceptarlos y refleja la conexión transnacional de la banda.

En la audiencia de control de garantías, los procesados se declararon inocentes por el delito de porte ilegal de armas; el juzgado les dictó medida de aseguramiento intramural y fueron repartidos en varias estaciones de Policía. La Fiscalía investiga para quién trabajan, pues al parecer hacen parte de una red más grande y rinden cuentas a un sujeto al que se refieren como “el Viejo”.

Tras finalizar la audiencia, el supuesto cabecilla, Arley David, les dijo a los detenidos: “Tranquilos, que yo los saco a todos de esto”.

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El Inspector.

Se trata de Daniel Muñoz Olaya, quien se había evadido de un operativo en contra del círculo cercano y financiero de su padre, el pasado 9 de junio de 2025, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y su hijo Daniel Muñoz Olaya (recuadro). Fotos de cortesía.

Fuentes cercanas al caso confirmaron que Muñoz se presentó voluntariamente con su abogado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en la mañana del jueves 17 de julio, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía le leyeron los derechos del capturado.

De igual manera, las fuentes indicaron que entre la defensa del procesado y la Fiscalía hubo una conversación previa, en la cual se preacordó verbalmente que Muñoz se presentaba y el ente acusador le solicitaba al juez una detención domiciliaria que le evitaría la cárcel, de momento.

La investigación en la cual está implicado es adelantada por la Fiscalía Sexta de la Unidad de Lavado de Activos, que desde 2021 rastrea las operaciones financieras de las bandas “la Oficina” y “la Terraza”.

El mes pasado este despacho expidió órdenes de captura contra cinco personas sospechosas de enriquecerse con las ganancias ilegales de esos grupos.

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Además del propio Daniel Muñoz, fueron afectadas su madre Diana Olaya; Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), lugarteniente de “Douglas” y líder histórico de “la Terraza”; Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro cabecilla de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

Al momento del operativo todos fueron detenidos, con excepción de Daniel Muñoz, quien no estaba en su domicilio de El Poblado cuando lo allanaron. Extrañamente, su madre sí estaba, pero con un abogado, lo que implica que la información sobre el procedimiento judicial ya había sido filtrada.

En la audiencia de control de garantías, el juzgado les otorgó la libertad a “Yordi” y Diana Olaya, alegando que no había pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel. Seguirán vinculados al expediente, pero respondiendo en libertad; mientras que a las familiares de “Pichi Gordo” les dictaron detención domiciliaria.

El caso ha estado rodeado por varias irregularidades, comenzando por la filtración del operativo. Fuentes judiciales le contaron a este diario que “Douglas”, quien está preso en la cárcel de Itagüí, se enteró de las órdenes de captura en contra de sus allegados y mandó un mensaje de advertencia a la Alcaldía de Medellín, sugiriendo que podía desatar una oleada de violencia en la ciudad si aquello ocurría.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que la senadora Isabel Zuleta, quien funge como coordinadora de la delegación del Gobierno en la mesa de Itagüí, habría tratado de evitar la diligencia, algo que ella negó.

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El Inspector.

El colombiano, conocido en el bajo mundo como “Yiyo” o “William”, está en poder del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en inglés), desde el pasado 24 de junio, cuando acudió a su sede de Miami para renovar su estatus migratorio.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el poster sobre alias “Yiyo” que publicó la oficina en Florida del Partido Republicano, en la red social X. Foto cortesía de @FloridaGOP.

López se entregó a la DEA en 2009 y, luego de firmar un acuerdo de culpabilidad, fue condenado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a ocho años de cárcel por cargos de narcotráfico, homicidio, conspiración para obstruir a la justicia, ofrecimiento de sobornos a policías para filtrar información sobre operaciones de la DEA, y conspiración para apoyar a una organización terrorista internacional (las Autodefensas Unidas de Colombia).

La mayoría de la sentencia la pagó en el Metropolitan Correctional Center, de Manhattan. Luego fue enviado a una celda transitoria de migración, y su defensa le presentó un alegado a la corte, indicando que si lo deportaban a Colombia, podría ser asesinado debido a su cooperación con las agencias de seguridad de EE.UU.

El abogado invocó la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987), y un juez le dio la razón.

“Yiyo” salió en libertad en julio de 2016 y se quedó a vivir en Nueva York con una Visa Parole, que le concede un estatus de protección temporal, el cual debe ser renovado cada año.

Al parecer estaba en ese trámite de renovación en Miami, cuando fue retenido por los agentes de ICE.

Bajo las nuevas políticas del presidente Donald Trump, todo migrante extranjero que tenga antecedentes penales es candidato para la deportación.

LA CÁRCEL PARA MIGRANTES
La detención fue confirmada por su abogada, la precandidata presidencial Sondra Macollins, quien también representó hace poco al excapo del Cartel de Medellín, Carlos Lehder, hoy libre en Colombia.

“En los siete años que ha estado en libertad, no ha infringido la ley, ni siquiera que se haya pasado un semáforo en rojo”, dijo la jurista en la emisora La W, y agregó que “Yiyo” presentará otra vez un recurso judicial para evitar su regreso a Colombia.

Su situación se complicó cuando entró en una lista de candidatos a ser trasladados a la cárcel Alligator Alcatraz, inaugurada hace un mes para retener a los inmigrantes próximos a la deportación.

La oficina del Partido Republicano en Florida publicó su foto en su cuenta oficial de X, el pasado 7 de julio, en un poster titulado “Los archivos de Alligator Alcatraz, alojando lo peor de lo peor”.

Allí apareció reseñada su reciente captura, con algunos de los cargos por los que ya fue condenado.

El centro de detención migratorio fue construido en los Everglades de Florida, un gigantesco humedal en el que viven caimanes, serpientes y otros depredadores, lo que le ha dado un aura de terror a ese lugar, con capacidad para 5.000 internos.

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EL PRONTUARIO CRIMINAL
López Cardona es desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Auc (2005) y luego fue uno de los cabecillas de la organización mafiosa “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes internacionales de narcotráfico y sicariato.

En 2009, cuando figuraba en el cartel de los más buscados de Medellín, decidió someterse a la justicia de EE.UU. Huyó a Costa Rica, donde abordó un avión de la DEA, y a cambio de la sentencia pequeña que recibió, se comprometió a brindar información.

Entregó una lista de 122 policías corruptos que trabajaban para “la Oficina”, según fuentes cercanas al proceso, y sirvió de enlace para el sometimiento a los gringos de un narco asociado al grupo, Luis Fernando Castaño, alias “Botija” o “la Firma”.

Este hombre pagó seis años por narcotráfico en EE.UU. y volvió a Medellín en 2016. Fue asesinado por sicarios el 22 de enero de 2018, cuando conducía una camioneta por una vía de El Poblado.

Este homicidio podría ser uno de los argumentos de la defensa de “Yiyo” para solicitar que no lo deporten, pues se expone al mismo destino.

Aunque por su militancia en las AUC y “la Oficina” participó en muchas muertes, López solo aceptó cuatro en el estrado de Nueva York, ejecutadas entre 2003 y 2007.

Dos de sus víctimas eran informantes de la DEA, Jéfferson Gastanera y un delincuente apodado “Sánchez”, ambos acribillados en Medellín. El otro fue Jéferson Martínez López (“Omega”), mano derecha del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo (“Jorge 40”), quien murió a balazos en Copacabana, Antioquia (2006).

Y el cuarto caso fue el más relevante: la muerte de uno de los máximos jefes de las AUC, Vicente Castaño Gil, en una finca de Nechí (2007).

Hasta ese lugar llegaron los matones de “la Oficina” y agentes corruptos del Gaula, y al verse rodeado, Castaño se suicidó dentro de un baño disparándose en la cabeza, según versiones de exparamilitares. Los criminales descuartizaron el cadáver, demolieron el baño y arrojaron los restos y los escombros al río.

En Colombia, “Yiyo” era investigado por concierto para delinquir y secuestro extorsivo, pero los expedientes quedaron inactivos cuando se entregó a la DEA.

PREOCUPACIÓN ENTRE CAPOS
El caso de López es un campanazo de alerta para otros antiguos paramilitares, narcos y jefes de bandas que se quedaron en EE.UU. después de pagar sus condenas allá.

Muchos viven como ricos, en condominios de lujo y con carros deportivos, administrando las fortunas que les dejó la cocaína y eludiendo a la justicia colombiana.

Entre ellos están Juan Carlos Sierra (“el Tuso”), Guillermo Pérez Alzate (“Pablo Sevillano”) y Miguel Mejía Múnera (“el Mellizo”), de las AUC; Carlos Mario Aguilar (“Rogelio”), de “la Oficina”; Óscar Pulgarín Gañán (“el Señor de los Caballos”), del Clan del Golfo; Andrés Flórez (“Florecita”), del cartel del Norte del Valle; y los hermanos Javier y Enrique Calle Serna (“los Comba”), de “los Rastrojos”, por citar algunos casos.

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El Inspector.

La acción judicial fue ejecutada este lunes 9 de junio por parte de la Fiscalía Sexta de la Unidad Nacional de Lavado de Activos y la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), y en el recuadro Juan Pablo Taborda (“Yordi”). Fotos de cortesía.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la investigación comenzó en 2021, con el rastreo de dinero, los testaferros y bienes inmuebles asociados a la banda delincuencial.

La captura de “Yordi” se produjo en una vivienda de la ciudad de Armenia, donde le encontraron varios artículos de santería, una práctica pagana a la que se entregó hace varios años.

En el Valle de Aburrá fue detenida Diana Olaya, exesposa de “Douglas”; su hijo Daniel Muñoz Olaya, quien también tiene orden de captura, no estaba en su residencia al momento del allanamiento y las autoridades están en su búsqueda.

En el mismo procedimiento fueron apresadas Vilma Cecilia Granados Avendaño y Luisa María Rojas Granados, la viuda y una hija de Édinson Rodolfo Rojas (“Pichi Gordo”), otro líder de la organización, quien fue asesinado en Medellín el 7 de marzo de 2024.

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En la cárcel de Itagüí, donde está recluido, la Fiscalía le notificó a “Douglas” que le imputará el cargo de lavado de activos, al igual que a los demás capturados.

Vale la pena recordar que Muñoz Martínez está pagando una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La apertura de un nuevo expediente en su contra genera expectativas de cara a la mesa de paz entre el Gobierno Nacional y las bandas urbanas del Valle de Aburrá, de las cuales “Douglas” es uno de sus princpiales voceros en la actualidad.

Esta no es la primera vez que sus familiares resultan inmersos en causas penales por lavado de activos. Por ese delito también fueron procesados en el pasado su segunda esposa, Diana Marcela Olaya Galeano, y su hermano Gerardo Muñoz Martínez.

A este golpe contra “la Terraza” se suma la reciente captura de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), otro de los cabecillas, quien precisamente está investigado por el asesinato de su exsocio “Pichi Gordo”.

La Policía lo arrestó el pasado mes de marzo en una casa de lujo en la vereda Llano Grande, en el municipio antioqueño de Rionegro. Esa captura fue por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, debido a su coordinación del combo “el Faraón”, que administra plazas de vicio en el nororiente de Medellín.

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El Inspector.

El crimen ocurrió a las 7:30 de la noche del 26 de marzo de 2025, en una calle del barrio Fátima, de Itagüí, adonde llegó el cabecilla con su cónyuge para visitar a una hermana.

Fabio Edisson Gómez Ruiz, alias “Riñón”, asesinado en el municipio de Itagüí (foto de su captura en 2009). Archivo.

Apenas terminaron la visita, salieron caminando por la calle 48 con la carrera 29, una zona con escasa iluminación, y allí fueron sorprendidos por el asesino, quien llegó a pie le propinó dos balazos en la cabeza al exconvicto de 52 años.

“Riñón” fue trasladado a la Clínica Antioquia, donde falleció por la gravedad de las lesiones. Gracias a la descripción de la comunidad, una patrulla de Policía alcanzó a capturar a un sospechoso del crimen, identificado como Erwin Orlando Newball Reyes, de 25 años, nacido en el municipio de San Antero (Córdoba), quien dijo ser obrero de construcción.

En sus días de apogeo criminal, Fabio Gómez llegó a ser el jefe de “Calatrava”, una de las bandas más poderosas del sur del Valle de Aburrá, con base de operaciones en el barrio del mismo nombre, en Itagüí.

Cuando se desató la guerra interna en “la Oficina” (2008-2011), se formó al lado del capo Maximiliano Bonilla Orozco (“Valenciano”), convirtiéndose en uno de sus principales jefes de sicarios.

Fue capturado en 2009 en Barranquilla, y en ese entonces la Policía ya le atribuía su responsabilidad en al menos 120 homicidios, aunque solo fue condenado por dos, ejecutados en 2003. Lo sentenciaron a 17 años de cárcel, con un prontuario que no solo incluía asesinatos, sino también concierto para delinquir, extorsión, narcotráfico, amenazas, desplazamiento forzado y lesiones personales.

Estuvo preso hasta el pasado 21 de marzo, cuando salió de la cárcel de La Dorada (Caldas), y a los cinco días fue a visitar a su familiar, donde fue finalmente acribillado.

Los enemigos que cosechó a lo largo de su carrera se han ido vengando de su círculo cercano. En 2011 mataron a su hermano Juan Carlos Gómez Ruiz, un ingeniero de sistemas que conducía un automóvil por una vía del municipio de Sabaneta, cuando le dispararon. Y en 2012 unos sicarios en moto dejaron herido de un balazo a su hijo Marco Estiven Gómez Guerra, de 21 años.

La banda de “Calatrava”, que en el pasado estuvo unificada bajo el mando de “Riñón”, se fracturó en dos combos que a veces rivalizan, “el Plan de Calatrava” y “el Hueco de Calatrava”.

¿Quién dio la orden para borrarlo del mapa? La pregunta ronda por los corrillos del bajo mundo en Itagüí, sin que hasta ahora haya una respuesta.

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El Inspector.

Además de él, a este proceso también se unirá José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), otro de los pesos pesados en la historia del crimen de Medellín. ¿Cómo será su participación? En este artículo elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo, indagamos sobre esa situación.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está preso en la cárcel federal de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Foto de archivo.

El anuncio se hizo en la cárcel de Itagüí, en el marco de un evento de socialización de compromisos en el que participaron miembros de ambas delegaciones, el 19 de diciembre de 2024.

“En la perspectiva de entender estas violencias en su sentido histórico, le damos la bienvenida a la mesa en calidad de gestor de paz a Diego Murillo, conocido en otras épocas como ‘don Berna’”, afirmó Sebastián Murillo (“Lindolfo”), vocero de las bandas.

Este nombramiento estuvo precedido por una designación del Gobierno, que el mes pasado les otorgó el estatus de gestores de paz a 18 excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre los cuales figuran Murillo, Hernán Giraldo, Fredy Rendón Herrera (“el Alemán”), Ramón Isaza (“el Viejo”) y Salvatore Mancuso, entre otros.

“Don Berna” fue una de las primeras figuras de la criminalidad que levantó la mano para participar en el proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro, justo cuando este subió al poder en agosto de 2022. En ese entonces, envió una carta desde su celda en Estados Unidos, poniéndose a disposición para participar en procesos de verdad, justicia y reparación.

Hay que recordar que Murillo fue integrante del Clan Galeano, en la época del cartel de Medellín; luego lideró las bandas “Perseguidos por Pablo Escobar” (“Los Pepes”) y “La Oficina”.

Como paramilitar, fue comandante de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, con influencia en el Valle de Aburrá, Antioquia y Córdoba. Estuvo en los diálogos de Ralito con el gobierno de Álvaro Uribe, en 2008 fue extraditado y luego condenado a 31 años de cárcel por narcotráfico.

En el evento público con el Gobierno, aparecieron estos voceros de las bandas, de izquierda a derecha: “Albert”, “Juan XXIII”, “Carlos Pesebre”, “Lindolfo”, “el Saya”, “Douglas” (de tapabocas) y “Tom” (tapado). Foto de cortesía.

Detrás de su postulación como gestor de paz, hay una serie de gestiones de sus abogados durante los últimos dos años, tratando de impulsar una norma que permita la repatriación de colombianos encarcelados en Estados Unidos, la cual beneficiaría a “don Berna”. Este tipo de acuerdos ya se aplican con otros países, como China.

A juicio de su abogado Michel Pineda, quien también es asesor jurídico de la mesa de paz urbana del Aburrá, la repatriación de los antiguos capos permitiría retomar procesos de verdad y reparación que se han perdido con la distancia.

El jurista indicó que, en términos prácticos, Murillo cumplirá las funciones de gestor de paz a la distancia, desde la cárcel federal de Butner, en Carolina del Norte.

La idea es que participe mediante teleconferencias, pero esto implica un problema extra que ya padeció el pasado 10 de diciembre. “Iba a participar en un evento del Día de las Víctimas, en la finca Quirama de La Ceja (Antioquia), organizado por la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Él tenía toda la voluntad e hicimos las gestiones, y yo viajé a la cárcel, pero la Cancillería incumplió su compromiso de tramitar los permisos con las autoridades de EE.UU. y él no pudo conectase a la cita”, dijo Pineda.

EL REGRESO DE “DOUGLAS”
Otra de las novedades anunciadas fue la designación de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) como vocero de las bandas urbanas. Este cabecilla de las organizaciones “la Terraza” y “la Oficina” estaba preso en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue trasladado a la de Itagüí para sumarse a las conversaciones.

“Douglas” está preso desde 2009, pagando una sentencia de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Lleva décadas liderando el crimen organizado de Medellín y su área metropolitana, por lo que “su autorización” fue clave para que muchas bandas se integraran a la mesa de diálogos sociojurídicos. Ahora pasará a tener un rol más protagónico.

Muñoz arrastra padecimientos de salud, relacionados con la diabetes mellitus y una enfermedad coronaria ligada al mal funcionamiento de una arteria. Sus abogados han tratado, en vano, de lograr una excarcelación para que siga cumpliendo su pena en detención domiciliaria o libertad condicional.

Gracias a su inserción en el proyecto de “paz total”, por lo menos lograron su traslado al Valle de Aburrá. En el evento de socialización, estuvo presente en la mesa principal portando un tapabocas.

“Medellín transita hacia una paz que no va a tener vuelta atrás. Por ese motivo saludamos la incorporación física y plena de Leonardo Muñoz Martínez, ‘Douglas’, al equipo de voceros y la mesa de Itagüí. Su participación es definitiva para el éxito del proceso”, recalcó el vocero Sebastián Murillo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), jefe de “la Oficina” y “la Terraza”. Foto de archivo.

El arribo de Muñoz y la designación de Murillo fueron cuestionados por voces críticas de la mesa de paz. Andrés Tobón, exsecretario de Seguridad de la Alcaldía y actual concejal de Medellín, lo consideró “una falta de respeto”.

“Con estas acciones demuestran que sí tienen un control evidente sobre las estructuras en el Valle de Aburrá. ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Se está haciendo la ciega para imputar la línea de mando? Están gobernando desde las cárceles con la complicidad del Gobierno”, afirmó en un video publicado en sus redes sociales.

“Detrás de todo esto está el famoso Pacto de La Picota. ‘Douglas’ estuvo allá y ahora está en Medellín, y todo lo que en su momento se denunció, se está cumpliendo. Sin marco jurídico, por encima de la ley, sin la cabeza de los jueces, están pasando por encima de los colombianos y de los medellinenses”, agregó.

El Pacto de La Picota, como lo denominó la oposición, fue una serie de reuniones entre delegados de la campaña presidencial de Gustavo Petro y varios peces gordos de la criminalidad congregados en esa cárcel de Bogotá, a principios de 2022.

Aunque Petro explicó que dichas reuniones, lideradas por su hermano Juan Fernando, eran solo para explicar su política de paz, quedaron en el aire muchos cuestionamientos, y se especuló que allí se transaron votos a cambio de beneficios jurídicos si el Pacto Histórico llegaba al poder.

Tras el arribo de “don Berna” y “Douglas”, las bandas del Valle de Aburrá se comprometieron a suprimir las extorsiones en 25 barrios de Medellín y Bello durante un mes, entre el 19 de diciembre y el 19 de enero, como una muestra de su voluntad de paz y el reflejo de que, aún tras las rejas, conservan el poder en varias comunas.

El Inspector.

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido fue Keiler Álvarez Tabares (también llamado Matías Álvarez Tabares, luego de un cambio de nombre), quien departía con su familia en el municipio de Montenegro, Quindío. Esta es la reseña del caso de El Colombiano, elaborada con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Así fue la detención de Matías Álvarez Tabares (“Keiler”), en un hotel de Montenegro, Quindío. Foto cortesía de la Policía.

Este hombre, apodado “Keiler” o “el Faraón”, tiene entre sus antecedentes penales haber sido jefe de sicarios de la banda “la Terraza”, razón por la cual fue capturado en abril de 2019 por concierto para delinquir agravado.

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Esta vez la orden de arresto era por homicidio agravado y tráfico de armas. Así se lo hicieron saber los policías que lo arrestaron este viernes 28 de junio en el parqueadero de un hotel turístico de Montenegro.

El crimen que le endilgan ocurrió el 7 de marzo de 2024 en el barrio Los Balsos, del suroriente de Medellín. Allí un grupo de sicarios asesinó a tiros a “Pichi Gordo” y a su acompañante Julián Alexánder Suárez Giraldo (“el Enano”); también resultó herido por una bala perdida el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”. Cortesía.

Según las fuentes cercanas al caso, “Keiler” fue trasladado a Medellín el fin de semana, para la audiencia de control de garantías, en la cual el juzgado estimó que en la captura hubo un procedimiento irregular, pues al parecer los policías habrían registrado el hotel en el cual se albergaba sin la respectiva orden de allanamiento y registro.

En consecuencia, decretó la libertad de Álvarez, aunque sigue vinculado al proceso.

“Pichi Gordo” fue jefe militar de “la Oficina” y miembro de la cúpula de “la Terraza” por mucho tiempo. Fue capturado en 2013 en Panamá y condenado a 16 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por los beneficios jurídicos que contempla la ley, apenas estuvo siete años tras las rejas y recobró la libertad en 2020.

El Gobierno Nacional lo nombró gestor de paz en 2023, en el marco de la mesa de diálogos sociojurídicos con los voceros de las bandas del Valle de Aburrá, reunidos en la cárcel de Itagüí.

De hecho, su muerte fue rechazada por el propio presidente Gustavo Petro, quien trinó en ese momento: “La muerte de Édinson Rodolfo Rojas en Medellín es un atentado contra el proceso de paz que el gobierno nacional adelantaba con las bandas locales en el valle de Aburrá”.

De acuerdo con la investigación judicial, “Keiler” fungía como presunto jefe de sicarios al servicio de Mauricio Zapata Orozco (“Chicho”), otro de los líderes de “la Terraza”, quien al parecer busca controlar a esa organización, lo cual da pistas sobre los móviles del homicidio de “Pichi Gordo”.

Así se expresó el presidente de Colombia, un día después del homicidio de “Pichi Gordo”.

“La Terraza” opera como una confederación de bandas, las cuales tienen injerencia en las comunas de Manrique, Aranjuez, La Candelaria, Castilla y Doce de Octubre, en Medellín; y también redes delictivas en el Oriente y el Suroeste antioqueño.

Su cúpula está conformada por varios cabecillas, entre los cuales se destacaban alias “Douglas”, “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Rayo”, “el Compa” y el finado “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

La noticia fue confirmada por el director de la Policía, general William Salamanca, durante una visita a la ciudad para conversar sobre seguridad con un grupo de empresarios. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El expolicía Jean Espinosa (recuadro) y Henry Silva (“la Mula”) cayeron en el barrio La Pilarica, de Medellín, cuando iban en un automóvil Mercedes Benz. Fotos cortesía de la Policía.

“Durante nuestra visita a Medellín supervisamos la operación que culminó con la captura de dos presuntos narcotraficantes de ‘La Oficina’: alias ‘Mula’ y ‘La Firma’; este último responsable del tráfico de 3 toneladas de cocaína mensuales, en alianza con carteles mexicanos”, trinó el oficial.

La detención fue realizada por investigadores de la Dijín, quienes lo sorprendieron este jueves 14 de marzo en un automóvil Mercedes Benz en el barrio La Pilarica, en la comuna de Robledo.

En su contra había una orden de captura por concierto para delinquir agravado; sobre Henry Silva Álvarez (“la Mula”), su acompañante, las autoridades indicaron que al parecer fungía como escolta y tiene antecedentes por hurto calificado, tráfico de armas, y uso de documento falso. Lo señalan de participar en el hurto de un vehículo de valores que transportaba oro y platino en Medellín, en 2013.

El automóvil Mercedes Benz en el que iban los capturados fue decomisado. Foto cortesía de la Policía.

En el operativo les incautaron dos pistolas Jericho 9 milímetros con su respectiva munición y cuatro proveedores, $20 millones en efectivo, cuatro celulares, documentos de identidad a nombre de una empresa de seguridad, tres navajas, dos memorias USB y algunos fetiches de santería y esoterismo, que suelen usar los miembros de “la Oficina” para “proteger” sus actividades ilegales.

En particular, les encontraron un libro llamado “Oráculo de las Runas”, una bolsa de tela con ramas y semillas, y varios símbolos de runas en cuarzo dentro de una caja.

“La operación, que contó con la activa participación de las autoridades de Estados Unidos, es el resultado de la fluida cooperación internacional, que tiene entre sus objetivos identificar narcos invisibles, de los cuales hemos capturado 35”, recalcó Salamanca.

Espinosa, de 45 años, es un viejo conocido en el bajo mundo de la capital antioqueña. De acuerdo con fuentes judiciales, fue investigador de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscrito a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Fue destituido con otros dos uniformados, por haber retenido ilegalmente y asesinado a un presunto ladrón de carros, aunque por esos hechos nunca fue condenado.

Runas en cuarzo incautadas a “la Firma”, al parecer usadas para la adivinación. Foto cortesía de la Policía.

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Tras su salida de la Institución, comenzó a trabajar para la organización criminal “Doce de Octubre”, como socio del cabecilla Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”). Se involucró con temas de narcotráfico, extorsión, sicariato, secuestro y cobro de deudas mafiosas.

Con el auspicio de “Soto”, se ganó la confianza de uno de los máximos líderes de “la Oficina”, la empresa mafiosa que regenta a las bandas del Valle de Aburrá: Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”), quien hoy está preso en Estados Unidos.

“La Firma” había sido capturado en un retén el 11 de agosto de 2012, cuando viajaba en un automóvil Chevrolet Swift por la autopista Bello-Hatillo, en inmediaciones del municipio de Copacabana. En ese momento, el cabecilla era acompañado por un civil y otro policía corrupto de la estación Laureles de Medellín.

En la inspección al vehículo le encontraron un fusil, una escopeta de doble cañón y una pistola. Por esta situación fue condenado a 15 años de cárcel, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso civil y militar.

Al salir de prisión, al parecer regresó a sus actividades delictivas. Según fuentes policiales, estableció negocios con el narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Andrea” o “Babalao”), para exportar cocaína desde la Costa Atlántica hacia Centroamérica y Estados Unidos. Este último fue detenido y también extraditado en 2022.

Las autoridades no especificaron si el Gobierno de Estados Unidos pedirá a “la Firma” en extradición.

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El Inspector.

El ataque ocurrió en la noche de este 7 de marzo en el barrio Los Balsos, en la comuna de El Poblado, suroriente de Medellín.

Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi Gordo”, luego de su captura en 2013 en Panamá. Foto de archivo El Colombiano.

Según la información preliminar de las autoridades, Rojas andaba en un automóvil BMW con uno de sus hombres de confianza, Julián Alexánder Suárez Giraldo, apodado “el Enano”.

Estaban conversando en la vía, cuando un hombre se les acercó y les disparó, para luego huir en una moto. “Pichi Gordo” recibió impactos en el rostro y la cabeza; mientras que “el Enano” en la espalda y el pecho. Este último al parecer portaba una pistola Smith and Wesson calibre 9 milímetros, con salvoconducto legal, la cual quedó a pocos centímetros de su cuerpo.

Ambos fallecieron a un costado del parque La Provincia, donde al parecer acudieron para jugar un partido de fútbol.

En el ataque resultó herida una tercera persona, el exfutbolista John Gerver Lovert Córdoba, de 49 años, quien se retiró del fútbol profesional en 2004 y se dedicó al entrenar jóvenes talentos en escuelas y clubes aficionados. Fue hospitalizado con un balazo en una pierna.

El asesino fue descrito como “un hombre bajito y trigueño, que vestía gorra, camiseta oscura y bluyín”, quien fue visto merodeando el parque momentos antes del ataque.

Según la evidencia inicial obtenida en las cámaras de seguridad del sector, al parecer se trató de un operativo sicarial coordinado con dos motos, un automóvil Renault Sandero y una camioneta Koleos.

UNA VIDA EN EL CRIMEN

“Pichi Gordo” había salido de la cárcel el 21 de enero de 2o2o, con el beneficio de libertad condicional dentro de una pena de 16 años de prisión por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Su salida generó roces con otros jefes de “la Terraza”, pues trató de imponerles su antigüedad para tratar de recuperar varios de los negocios que tenía antes de ser encarcelado en 2013, pero no lo logró. Esto creó fricciones con “Chicho”, “Yordi”, “Barny”, “Tombolín” y otros líderes de la facción.

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El reacomodo provocó varios asesinatos de integrantes rasos de la organización, aunque el conflicto se enfrió en un principio por la intervención de José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), máximo jefe del grupo, quien está preso desde 2009.

La escena del crimen en el sector de Los Balsos, en El Poblado. Foto de cortesía.

“Pichi Gordo”, también apodado “Pavarotti”, “Carmen” o “Plancha”, estuvo durante los últimos años trabajando a la sombra para “Douglas”, involucrándose en algunas gestiones de pacificación de conflictos entre combos a nombre de su jefe, y ocasionalmente se dejaba ver en eventos y partidos de fútbol entre muchachos de las bandas.

De momento se desconoce quién ordenó su muerte. Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que en los corrillos criminales comenzó a correr un rumor hace algunas semanas, que señalaba a “Pichi Gordo” de conspirar con funcionarios corruptos de la Fuerza Pública para orquestar expedientes y operativos contra sus enemigos. Esta información, aún no confirmada, al parecer lo puso en la mira de la mafia.

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Del hombre que murió a su lado son pocas las referencias por ahora. “El Enano”, cuya base de operaciones era Guayabal, se había convertido en su mano derecha, cumpliendo funciones de secretario, vocero y escolta.

Los dos hombres fueron acribillados por sicarios a bordo de una motocicleta. Cortesía.

“Pichi Gordo”, de 50 años, era fanático de la santería y la magia negra. Durante la guerra interna de “la Oficina” (2008-11), entre los capos Maximiliano Bonilla (“Valenciano”) y Ericson Vargas (“Sebastián”), se destacó como uno de los principales jefes de sicarios al servicio de este último.

Estaba incluido en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (2014), por su relación con “la Oficina”, y se cree que participó en más de 100 asesinatos, aunque solo fue condenado por uno: el del empleado bancario Elkin Rivera González (2008), abaleado por un error de sus sicarios en el barrio Campo Valdés.

Después del doble homicidio se escucharon estallidos de pólvora en varios vecindarios de Medellín y Envigado, al parecer celebrando la muerte de “Pichi Gordo”.

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El Inspector.

Así lo informó el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una entrevista exclusiva con El Colombiano, en la cual estuvieron dos de las personas seleccionadas para integrar dicha comisión: Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y activista ambiental; y Jorge Mejía Martínez, exconcejal y exsecretario de Gobierno de Antioquia y Medellín.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en el centro. A los lados, los futuros miembros de la delegación del Gobierno para la paz urbana en Medellín, Isabel Zuleta y Jorge Mejía Martínez. Foto de Jaime Pérez.

Este diario conoció además que al equipo se unirá Lucía González, exintegrante de la Comisión de la Verdad y exdirectora del Museo Casa de la Memoria de Medellín. También habrá un representante de la Iglesia Católica y uno de los partidos políticos de oposición, entre otros participantes y testigos.

“Vamos a iniciar la segunda fase: la del escenario de conversaciones sociojurídicas. Ahí empieza una fase que podemos decir pública. Habrá una comisión delegada por el Presidente para mantener la interlocución, que se instalaría la semana entrante”, indicó Rueda.

Según el comisionado, en este momento hay certeza de la voluntad de paz del 90% de las bandas del Valle de Aburrá, y espera que pronto se anexen las que faltan. Desde su perspectiva, si se alcanza un acuerdo con todas, se lograría la reinserción de por lo menos 12.000 a 14.000 personas.

Rueda no mencionó concretamente cuáles son los grupos con los que iniciarán las conversaciones, aunque adujo que son estructuras de gran tamaño y confederadas, que articulan a decenas de combos más pequeños.

De forma extraoficial, se sabe que entre ellas están “la Oficina”, “los Chatas”, “la Terraza”, “los Pesebreros”, “Pachelly”, “el Mesa”, “la Unión” y “Doce de Octubre”.

Entre las indecisas están “los Triana”, aunque Rueda precisó que también tienen voluntad de sumarse al proceso, y espera que se concrete en los próximos días.

“Estamos a punto de lograr que la totalidad de los grupos que operan en Medellín y el área metropolitana se sumen al propósito de la paz total. Tenemos indicios de esa voluntad por la reducción de asesinatos que ha ocurrido en la ciudad y por información de pobladores de las comunas, que nos han manifestado que constatan que hay un cambio de actitud y una disposición para la paz total”, dijo.

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TREGUA ENTRE BANDAS
Los grupos que participarán en esta etapa pública de las conversaciones expidieron un comunicado el 28 de abril de 2023, en el que manifestaron su apoyo al proyecto de “paz total” del presidente Gustavo Petro. El texto fue leído en la entrada de la prisión de Itagüí por Daniel Millares, representante de la Mapp-OEA.

“Como un aporte de nuestra parte, los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá, en condición de reclusión en la cárcel La Paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas; consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades”, señalaron, poniendo por escrito algo que en la práctica ya se venía dando en la calle desde 2020.

Añadieron que tienen “disposición para coadyuvar en la lucha contra amenazas sobre toda la sociedad, como la producción, comercialización y consumo de drogas químicas como el fentanilo y la heroína”, alegando que “nada tenemos que ver con su presencia en nuestro medio”.

Y prometieron colaborar con la reducción de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de menores.

Aunque el documento no aparece firmado por nadie en particular, en su redacción y aprobación participaron 16 cabecillas, la mayoría trasladados a Itagüí desde otras prisiones, por gestión de la Oficina del Alto Comisionado.

La lista incluye a Juan Carlos Mesa Vallejo (“Tom”), Jorge Vallejo Alarcón (“Vallejo”), Rodrigo Rodríguez (“el Montañero”), Freyner Ramírez García (“Carlos Pesebre”), Albert Henao Acevedo (“Alber”) y Carlos Correa López (“don Pepe”), entre otros. Desde otras cárceles colaboraron José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) y Mauricio González Sepúlveda (“el Ronco”).

Las demás estructuras y líderes involucrados se conocerán apenas se instalen las conversaciones formalmente.

La cárcel de Itagüí será entonces el eje de un plan piloto de paz urbana en Colombia. El Gobierno ya había comenzado en diciembre otro acercamiento de este tipo en Buenaventura, con las bandas “los Shottas” y “los Espartanos”, pero los avances han sido tímidos en esa región.

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El comunicado de las bandas del Valle de Aburrá. Cortesía.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO
Si bien las bandas al parecer no están de acuerdo con la ley de sometimiento que presentó el Gobierno al Congreso, aceptaron avanzar en los acercamientos porque, según Rueda, “están cansados de la guerra y viven en la zozobra”.

El comisionado insistió en que no será una negociación de paz, como la que ya está en curso con la guerrilla del ELN, sino un diálogo para buscar “acuerdos sociojurídicos”.

Lo jurídico se refiere a la exploración de opciones legales para facilitar el desmantelamiento de las bandas. La senadora Isabel Zuleta aclaró que, por el momento, el marco normativo es el del Código Penal y la ley de sometimiento; cualquier cambio futuro tendrá que pasar por el Congreso de la República y la Corte Constitucional.

Y lo social implica revisar las características de vida de los integrantes de esos grupos, que incluyen las condiciones para su eventual reinserción, contribución a la verdad y reparación a las víctimas.

El plan del Gobierno es ir más allá de un desarme, “que poco han servido en el pasado”, según Rueda, y lograr un verdadero impacto en los barrios: “Que se acabe la gobernanza criminal y se instaure el estado de derecho en las comunas de Medellín”.

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ANEXO: ¿LAS BANDAS SI TIENEN 14.000 MIEMBROS?
En las agencias de seguridad causó extrañeza la cifra de posibles reinsertados de las bandas que dejaría la paz urbana en Medellín, anunciada por el comisionado Danilo Rueda: 14.000. En las cuentas de la Policía, los miembros de las 94 bandas priorizadas no superan los 1.200 integrantes, y si se tienen en cuenta las 350 existentes en el Valle de Aburrá (contando los combos más pequeños), no sobrepasan los 5.000.
¿Entonces de dónde saldría tanta gente? Medellín ya tiene un antecedente: la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las AUC en 2003, cuando se “reinsertaron” cientos de delincuentes comunes que nada tenían que ver con el conflicto.

¿Qué opinan los lectores de Revelaciones del Bajo Mundo?

El Inspector.

El cabecilla de la banda “La Unión” de Itagüí, con múltiples procesos penales en su prontuario, estaba libre desde 2017, cuando salió de la cárcel por vencimiento de términos. Su nueva detención llega justo cuando actúa como representante de “la Oficina” en los acercamientos de paz con el Gobierno Nacional.

Mauricio González, alias “el Ronco”, jefe de la banda “la Unión” y exmiembro de las Autodefensas paramilitares. Foto de la Policía.

Según fuentes judiciales, “el Ronco”, también apodado “Felipe” o “Fly”, se presentó en la estación de Policía de Sabaneta el 8 de marzo de 2023. De allí fue remitido al búnker  de la Fiscalía.

González, quien también es desmovilizado de las Autodefensas paramilitares (2005), estaba inmerso en un expediente penal de 2016, cuando la Fiscalía le endilgó cargos por un secuestro perpetrado 10 años antes. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

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Tras el vencimiento de términos en 2017, quedó en libertad, pero el proceso siguió adelante. La justicia lo absolvió por los cargos de secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

No obstante, esta semana el Juzgado Segundo Penal Especializado de Medellín dictó el sentido del fallo condenatorio por el concierto para delinquir, y en consecuencia ordenó la captura de “el Ronco”.

Frente a esa situación, González decidió entregarse. En las próximas semanas el juzgado hará la lectura del fallo, momento en el cual explicará cuántos años de cárcel pagará el procesado.

Esta situación sucede justo cuando “el Ronco” estaba participando en los acercamientos de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y las organizaciones criminales del Valle de Aburrá, entre ellas “la Oficina” y “la Unión”.

El cabecilla tenía el aval de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) para representar a estas bandas en las conversaciones exploratorias, lo que genera varias preguntas ahora que cayó a la cárcel. ¿Será que su entrega fue un “gesto de paz” para congraciarse con el Gobierno? ¿Recibirá algún beneficio jurídico por ello? ¿Cómo seguirá ejerciendo sus funciones de cara a la “paz total”?

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El Inspector.

Tal cual han venido informando El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo, los acercamientos comenzaron en plena campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando envió delegados a las cárceles y a las comunas de Medellín para proponerles a los integrantes de este grupo su proyecto de “paz total”. La mayoría de cabecillas respaldó la idea, anhelando recibir beneficios jurídicos, y de paso le dieron un empujón electoral definitivo al entonces candidato.

Escena de la masacre de nueve personas en una finca de la vereda El Salado, en Envigado, el 31 de diciembre de 2012. El crimen está impune. Foto de archivo.

En las últimas dos semanas hubo reuniones y traslados de cárceles para acelerar la conformación de una mesa de diálogos entre esa organización y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. De manera tentativa, la sede de dichas conversaciones sería la prisión de Itagüí.

El proceso no será simple, pues el Gobierno, la Fiscalía y la Rama Judicial no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el tratamiento jurídico que hay que darles a las bandas de crimen organizado, las cuales carecen de estatus político.

Los decretos expedidos por la Casa de Nariño se estrellaron contra los argumentos de la Fiscalía, por lo que la expedición de boletas de libertad y la suspensión de órdenes de captura para los voceros de paz quedaron en el limbo.

Al margen del contexto político, la sociedad se ha venido preguntando cuál es el afán de sentarse a la mesa con mafiosos y qué cosas le pueden ofrecer estos a la “paz total”. Detrás de dichas inquietudes hay una pregunta central: ¿qué es “la Oficina” hoy en día, más allá de los mitos?

GOBIERNO CRIMINAL
La primera “oficina” que tuvo el Valle de Aburrá data de la época del cartel de Medellín y su función era arbitrar en los conflictos entre narcos, fijar criterios de negociación y cobrar deudas de la mafia.

Cuando Diego Murillo (“don Berna”) asumió el control del bajo mundo a mediados de los 90, creó una nueva “oficina”, añadiéndole más funciones:servir como aparato sicarial urbano de las Autodefensas paramilitares; organizar a todas las bandas del área metropolitana, imponiéndoles coordinadores por cada comuna; instaurar las normas de juego para el mercado local de drogas y demás negocios ilegales.

En 2008, cuando este capo fue extraditado, las jerarquías del hampa se disolvieron. La nueva “oficina” ya no obedecía a un máximo comandante, sino a una junta directiva en cuya mesa tenían asiento los jefes de las bandas más poderosas. Un gobierno colegiado, en el que se tejen alianzas, traiciones y enemistades.

ESTRUCTURA DE MANDO
“La Oficina” de la actualidad es una confederación de bandas con influencia directa en el Aburrá y alcance transnacional, según la DEA. Cual holding empresarial, ofrece múltiples servicios criminales y tiene sus tentáculos extendidos en muchas actividades económicas (ver la infografía).

En su estructura de mando cuenta con dos alas: una operativa y visible, que copa los territorios a través de las bandas; y una gerencial e invisible, liderada por una élite de criminales de cuello blanco con una doble vida, que se mueven entre el mundo legal y el ilegal. En la esfera del crimen los llaman “los señores”, “los de arriba” o “los invisibles”. Nadie menciona sus nombres, pero es sabido que deciden quién puede ser o no el jefe de las bandas.

Desde los tiempos de “don Berna” no hay un único líder del ala operativa. Por allí han desfilado temporalmente alias “Rogelio”, “Yiyo”, “Valenciano” y “Sebastián”. Hoy “la Oficina” tiene dos cabezas, con una marcada rivalidad entre sí: Carlos Mesa (“Tom”), quien representa a la mafia de Bello; y José Muñoz (“Douglas”), de la mafia de Medellín.

Ambos están presos hace años, pero desde las cárceles continúan dando órdenes, tanto así, que el Gobierno les reconoce tal autoridad convocándolos a reuniones.

En el segundo círculo de poder están los llamados Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) o, como les dicen en las calles, las “Razones”.

Se trata de coaliciones de combos con influencia en una o más comunas. Cinco de ellas están aliadas con “Tom” y las otras cinco con “Douglas”, según datos de Inteligencia.

Cada una de estas coaliciones articula entre 8 y 30 combos barriales, para un total cercano a los 240 grupos. Las que abarcan más vecindarios son “los Chatas”, “la Terraza”, “Caicedo” y “los Pesebreros”.

Aunque esto refleja una influencia territorial importante, “la Oficina” perdió poder con el paso del tiempo, pues antes reinaba sobre el 95% de las bandas del Aburrá. Hoy se estima que articula un 65%, pues muchas se declararon independientes (como “la Agonía”, “los Mondongueros”, “el Mesa” y “Pachelly”) y otras se alinearon al Clan del Golfo.

FUNCIONES Y PROPUESTAS
Las decisiones y conflictos internos de “La Oficina” tienen una alta incidencia en las cifras de homicidios de Medellín, aunque a las autoridades les cueste reconocerlo.

A finales de 2019 las estructuras de “Tom” y “Douglas”, que habían protagonizado enfrentamientos focalizados en Robledo, San Javier y Candelaria, acordaron una tregua que todavía rige. Los asesinatos en la ciudad bajaron de 634 en 2018 a 389 en 2022.

Pese a esto, la organización ya no controla la dinámica de los hurtos, el fenómeno que, junto a las extorsiones desbordadas, afecta más la percepción de seguridad de los medellinenses.

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Un reto de “la Oficina” es mantener unidas a todas sus divisiones. Entre 2015 y 2016, cuando funcionaba en Cuba la mesa de paz entre el gobierno de Juan M. Santos y las Farc, varios jefes de “la Oficina” trataron de consolidar una propuesta de desarme. El proyecto fracasó porque los líderes encarcelados no lograron convencer de la idea a quienes estaban libres en ese entonces.

Frente a la negociación con el gobierno de Petro, ofrecen sostener a la baja los homicidios, entregar armas y presentar, por lo menos, a 3.000 jóvenes que dejarían de delinquir. También, según abogados cercanos al proceso, prometen “contar su verdad”.

Este es un punto crítico, pues casi todos los cabecillas ya participaron en el proceso de sometimiento de las Autodefensas (2006) y después le fallaron a la sociedad: no asistieron a las versiones libres, no repararon a las víctimas y continuaron traficando drogas y sembrando el terror. ¿Se les puede creer ahora? ¿Renunciarán esta vez a sus fortunas ilícitas? ¿Hablarán sobre “los invisibles”?

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ANEXO: ALGUNOS CRÍMENES PERPETRADOS POR “LA OFICINA”

Masacre del bar Gurú
El 2 de julio de 2010, en el marco de una disputa interna de “la Oficina”, un grupo de sicarios masacró a ocho personas e hirió a otras 16 en un bar de la zona rosa de Envigado, Antioquia. Por el hecho hay nueve perpetradores condenados, pero frente a los autores intelectuales hubo impunidad.

Masacre en vereda El Salado
El 31 de diciembre de 2012, sicarios de “la Oficina” masacraron a nueve personas en una finca de la vereda El Salado, de Envigado. El objetivo principal del ataque era alias “Morro”, un líder traicionado de la organización, y de paso mataron a todos los presentes. Este caso está en la total impunidad.

Desaparición de colegialas
El 29 de mayo de 2009, policías de Itagüí detuvieron a un cabecilla apodado “28”, quien iba en carro con tres colegialas. En vez de llevarlo a la Fiscalía, se lo entregaron a sus enemigos de “la Oficina”, quienes lo desaparecieron junto a las tres niñas. Cuatro policías y un delincuente están condenados.

El Inspector.

La detención de “el Ratón”, hijo del capo Joaquín Guzmán Loera (“el Chapo”), ocurrió en la madrugada del pasado 5 de enero en Culiacán, en una operación que dejó 10 militares muertos y 35 heridos, así como 19 delincuentes dados de baja y 21 capturados. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Ovidio Guzmán, alias “el Ratón”, cabecilla del cartel de Sinaloa. Fotos de archivo.

Además, desató una oleada de terrorismo en esa ciudad, con balaceras indiscriminadas, enfrentamientos con la Fuerza Pública, bloqueos de vías, cierres del aeropuerto, escuelas y locales comerciales.

Los ecos de la conflagración retumbaron en Colombia, a 3.169 kilómetros de distancia, pues el cartel de Sinaloa, junto al de Jalisco, son las organizaciones que más dinero invierten en la siembra, producción y exportación de cocaína, tal cual han venido denunciando El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

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La facción sinaloense constituyó sus redes desde los años 80, en ese entonces en alianza con el cartel de Medellín, y ha sabido mantenerlas a lo largo del tiempo con otros actores. Fuentes policiales y de Inteligencia explicaron que sus socios de la actualidad son “la Oficina”, el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, “los Pelusos”, “Comandos de Frontera” y la nueva Junta Directiva del Narcotráfico (JDN), más una serie de narcos invisibles que las autoridades no han logrado rastrear.

Estas alianzas le permiten a la empresa criminal de “el Ratón” acceder a zonas de cultivo en los enclaves de coca (Nariño, Putumayo, Bajo Cauca y Catatumbo); laboratorios en los Llanos Orientales y la región de El Naya (Valle y Cauca); plataformas de exportación en Urabá, la Costa Caribe, Tumaco, Chocó y Buenaventura; y puntos de acopio en las fronteras con Ecuador, Panamá, Perú, Brasil y Venezuela (ver la infografía).

“Ellos siguen con sus tratos de cambiar armas por droga con grupos ilegales que están en la Costa Pacífica”, acotó un agente de Inteligencia, y agregó: “Están comprando tierras en territorios de los indígenas de Cauca, por medio de testaferros, para camuflar su producción con los cultivos ancestrales que permite la ley”.

De la misma manera financian el hurto de hidrocarburos del oleoducto Trasandino de Ecopetrol (Putumayo y Nariño), para llevarlos a refinerías clandestinas en la selva y transformarlos en un disolvente especial para fabricar cocaína, llamado “cochinillo”.

Las reuniones para concretar estos negocios se hacen en Miami, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Guayaquil y Caracas. En la capital antioqueña son recordados los pasos de otro hijo de “el Chapo”, Jesús Alfredo Guzmán (“Alfredillo”), quien entre 2016 y 2018 departió con otros narcos bajo la protección de “la Oficina” y el Clan del Golfo.

El último delegado de Sinaloa detectado por las agencias de seguridad fue Brian Olguín Berdugo (“Pitt”), capturado en Cali en abril de 2022.

Llegó a Medellín en febrero, para reunirse con los socios de “la Oficina”; luego viajó a Valle en marzo, para concretar un cargamento de cocaína con miembros de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias farianas; y después se quedó en Cali, disfrutando de unas cortas vacaciones con su novia colombiana.

En la vigilancia a estas conexiones transnacionales, la DEA y la Policía le siguen la pista a un escurridizo miembro de la nueva Junta Directiva del Narcotráfico, quien sería fundamental en los tratos con los mexicanos.

Trabajó para el extraditado Daniel “el Loco” Barrera hace dos décadas, con el alias de “el Flaco”, y ahora que asumió los contactos directamente se cambió de apodo: “Boyaco Sinaloa”.

Los agentes afirmaron que tiene vínculos con los herederos de “el Chapo” y con Ismael “el Mayo” Zambada, otro de los líderes del cartel, no solo para el tráfico de narcóticos, sino también para el lavado de activos.

“Boyaco Sinaloa” oculta su fortuna en el mercado de esmeraldas, la propiedad raíz en los Llanos Orientales y Cundinamarca, y locales comerciales en Bogotá.

Está en guerra contra el Clan del Golfo y otros cabecillas de la Junta Directiva, por una mayor tajada del negocio.

Es posible que suceda lo mismo en el cartel de Sinaloa, tras la captura de Ovidio Guzmán con fines de extradición. La expectativa está en las cosas que podrá contar cuando esté en manos de la DEA, tanto de su red en México como de sus socios en Colombia.

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ANEXO: LAS JERARQUÍAS EN EL CARTEL DE SINALOA
El cartel de Sinaloa está compuesto por varias facciones narcotraficantes que actúan como una confederación. Las dos principales son gerenciadas por el anciano Ismael “el Mayo” Zambada y por los hijos del extraditado Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien está preso en EE.UU. Su clan de herederos lo conforman cuatro hijos: Ovidio, Jesús Alfredo, Iván Archivaldo y Joaquín Jr., quienes en el bajo mundo son conocidos como “los Chapitos” o “los Menores”. Según autoridades de México y EE.UU., están involucrados en el tráfico de cocaína, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetaminas y otras drogas, con rutas a todos los continentes.

 El Inspector.

Se trata de José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, jefe de las organizaciones “La Oficina” y “La Terraza”, y quien está preso desde abril de 2009, pagando una pena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez, alias “Douglas”, uno de los jefes de “la Oficina”. Foto de archivo.

Este miércoles 21 de diciembre, en una entrevista con la emisora La W, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó lo que ya era un secreto a voces: que “Douglas” está en la fila para ser nombrado “gestor de paz”, con sus respectivos beneficios judiciales, como salir de la cárcel.

El jefe de “La Oficina”, la confederación que reúne a las principales bandas del Valle de Aburrá, está en la lista de espera desde el criticado “Pacto de La Picota”, en plena campaña presidencial, cuando delegados de Gustavo Petro adelantaron conversaciones con líderes de la mafia en la citada cárcel bogotana, exponiéndoles su propuesta de “paz total”.

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Una vez Petro llegó al poder, “Douglas” le envió una carta, ratificando su interés de participar en dicho plan. Varios de sus lugartenientes y abogados ya se han reunido con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, abordando las cuestiones preliminares del posible desarme de algunas bandas de Medellín.

Para que se concretara su salida, el entorno cercano de Muñoz Martínez estaba pendiente de dos cosas: la aprobación en el Congreso de la Ley de Orden Público para la Paz Total, y de la expedición del decreto que normatiza a los llamados “gestores de paz”. Ambas cosas ya sucedieron.

Sin embargo, no hay una fecha exacta para su salida de prisión. Uno de los asuntos que sopesa el Gobierno es quiénes deberían salir primero, si los integrantes de la Primera Línea, a quienes en campaña les prometieron ayudarles a dejar la cárcel; o los cabecillas del crimen organizado y otras facciones narcotraficantes.

“Douglas”, además, no es el único que está pendiente del visto bueno del Gobierno. Otros líderes de “la Oficina”, como “Tom” y “Carlos Pesebre”, también esperan el llamado para ser gestores de paz. De momento, Muñoz sigue detenido en Bogotá.

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El Inspector.

En ese entramado están involucrados los excomandantes de las Auc, los líderes encarcelados de “la Oficina” y el Clan del Golfo, tres organizaciones que compartieron en algún momento de su existencia la doctrina paramilitar y los negocios de narcotráfico. Junto a ellos, actúa una serie de corporaciones de DD.HH. y abogados que tramitan los acercamientos con el Estado.

Este es el informe de El Colombiano sobre esta situación, realizado con el apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz (“Douglas”) es uno de los líderes de “la Oficina” que estaría dando directrices frente a los acercamientos con el Gobierno. En esta imagen, el momento de su captura en 2009, junto a su lugarteniente alias “el Compa” (derecha). Foto de archivo.

La propuesta de “paz total” del Gobierno revivió estas gestiones, que a ojos de la opinión pública siempre se han debatido en una balanza: ¿Será que estas personas, las principales perpetradoras de la violencia en Colombia, si buscan la paz? ¿O se trata de una treta para posar de gestores de convivencia, salir de la cárcel y evitar la extradición?

Con base en información de participantes en estos procesos, El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo reconstruyeron la intrincada historia detrás de la búsqueda de paz de las bandas, o como el nuevo Presidente les dice, “las organizaciones multicrimen”.

LOS PARAMILITARES
En la desmovilización colectiva de las Auc (2003-06), dejaron las armas 31.671 integrantes, y de manera individual lo hicieron otros 4.798, para un total de 36.469 “paras” sometidos al Estado, según la ARN.

De ese gran número, apenas 4.163 se postularon a los beneficios de la ley Justicia y Paz, comprometiéndose con la verdad, justicia y reparación. Otros siguieron delinquiendo y fueron extraditados, recapturados, asesinados o reclutados por bandas emergentes neoparamilitares.

En 2014 coincidieron tres momentos que impulsaron a los exparamilitares a pedir otra oportunidad a la sociedad: EE.UU. excluyó a las Auc de la lista de grupos terroristas internacionales; salió de la cárcel la mayoría de los 4.163 postulados a Justicia y Paz, tras cumplir la pena alternativa de ocho años; y en La Habana, en los diálogos entre el Gobierno y las Farc, se aprobó el punto sobre participación en política para excombatientes.

Invocando el derecho a la igualdad, varios comandantes propusieron la conformación de un partido político, cuyo nombre sería Alianza de la Unidad Colombiana por la Paz (Aucpaz). Los impulsores de la idea eran Diego Murillo (“don Berna”), Carlos Jiménez (“Macaco”), Ramiro Vanoy (“Cuco”) y Salvatore Mancuso (“el Mono”), todos ellos condenados en EE.UU. por narcotráfico; y los voceros eran Jaime Oviedo Ávila, portavoz del bloque Cacique Nutibara en la reinserción de 2003, y el abogado Michel Pineda, director de la corporación Compromiso Colombia.

La iniciativa fue planteada ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), pero nunca despegó. Una de las razones para el fracaso es que no todos los exjefes estaban de acuerdo, y los presos en Colombia no le siguieron el paso a los extraditados.

Mediante un comunicado público rechazaron la idea de Aucpaz y desconocieron a los voceros. Entre los firmantes figuraron “Ernesto Báez”, “Julián Bolívar”, “Jorge Pirata”, “el Viejo Isaza” y “Diego Vecino”.

Ocho años después, con la llegada de Petro al poder, los excomandantes extraditados se sumaron al plan de la “paz total”. “Don Berna” y “Cuco Vanoy” expresaron su interés de participar en otro proceso. De nuevo enviaron cartas a la corporación Compromiso Colombia, del abogado Pineda, y a la Oacp.

Este diario conoció que contarían con el apoyo de otros extraditados, como Mancuso y Miguel Mejía (“El Mellizo”), y que uno de los puntos esenciales para su colaboración sería que se apruebe la repatriación.

Los “paras” encarcelados en Colombia también levantaron la mano, aunque por su propia cuenta. El mes pasado enviaron una misiva a la Presidencia, expresando su deseo de coordinar un cese al fuego, el desarme y su aporte a la verdad.

Los firmantes son exmiembros de 32 bloques y frentes paramilitares; el Comité de Presos por la Verdad de Colombia, representado por Francisco Zuluaga (“Gordolindo”); la corporación de la Villa de la Esperanza, de Carlos Jiménez (“Macaco”); y la corporación multiactiva Víctimas, Conflicto y Paz (Vicon), de Jacinto Soto (“Lucas”).

A esa carta se sumaron seis bandas: el Clan del Golfo, “los Caparros” (Bajo Cauca), “los Rastrojos” (Costa Caribe), “los Shottas” (Buenaventura), “la Inmaculada” (Tuluá) y “los Mexicanos” (Quibdó).

“LA OFICINA”
Sus intentos de paz comenzaron a finales de 2015, cuando los abogados de cuatro cabecillas se arrimaron a la Unidad de Vida de la Fiscalía Seccional de Medellín. Leonardo Muñoz (“Douglas”), Julián González (“Barny”), Édinson Rojas (“Pichi Gordo”) y Camilo Rendón (“el Saya”), encarcelados y con penas superiores a los 10 años, ofrecieron ayudar a pacificar comunas, reducir los homicidios y dar información para esclarecer asesinatos, a cambio de beneficios penales con un principio de oportunidad.

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Los cabecillas hicieron dos gestos de paz: entregaron una caleta con 80 armas en una finca del corregimiento Santa Elena, de Medellín, y convencieron de entregarse a la justicia a alias “la Pecosa”, un secuaz que tenía orden de captura por extorsión.

Pese a esto, hubo una gran oposición a la iniciativa dentro de la Fiscalía. Algunos fiscales de Crimen Organizado no vieron con buenos ojos lo que ocurría y el fiscal General (e) de ese momento, Jorge Perdomo, frenó los acercamientos a principios de 2016. La jefa de la Unidad de Vida fue trasladada a otro despacho.

“Douglas” y sus aliados no desistieron, y enviaron abogados a la Secretaría de Seguridad de Medellín, en cabeza de Gustavo Villegas. Con él continuaron gestionando las entregas voluntarias de delincuentes, en las que también participaba el jurista Michel Pineda. En total fueron ocho miembros de bandas los que se sometieron, cinco de ellos en el despacho de Villegas.

En aquel momento, con el acuerdo de La Habana en su etapa final, el gobierno de Juan M. Santos avanzaba en los acercamientos con el ELN.
El MinJusticia expidió el 19 de julio de 2016 el Decreto 1175, que decía: “El Gobierno, con el fin de propiciar acuerdos humanitarios, podrá solicitar a las autoridades judiciales la suspensión de la medida de aseguramiento, de la pena, o solicitar la pena alternativa para miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley”.

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Los beneficiarios de esa medida actuarían como “gestores de paz” en la calle y el monte, y aunque en principio se dirigía al ELN, en ningún lado decía que no aplicara a otros miembros de grupos armados, por lo que los jefes de “la Oficina” vieron una oportunidad. De hecho, algunos de los delincuentes que se entregaron ante Villegas decían que querían ser gestores de paz.

Al mismo tiempo, algunos contratistas de la Secretaría, en compañía de los abogados, trabajaban en un proyecto de ley para llevarlo al Congreso, que serviría para pactar el desarme de las cerca de 200 bandas agrupadas en la confederación de “la Oficina”.

Sin embargo, Villegas fue capturado en julio de 2017, señalado de nexos con este grupo ilegal, y condenado por abuso de función pública y abuso de autoridad. Esto derrumbó una vez más las intenciones de “Douglas”, quien no tuvo más remedio que seguir pagando su condena de 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

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Otros líderes de “la Oficina”, como Carlos Vallejo (“Tom”), enviaron cartas al Gobierno y pagaron dinero a congresistas y abogados para que hicieran lobby, buscando subirse al bus de la paz con las Farc, pero apenas llegó Iván Duque al poder todos estos intentos se frustraron.

Ahora, con la idea de “paz total” del presidente Petro, “la Oficina” volvió al juego. “Tom”, “Douglas”, “Carlos Pesebre” y otros líderes están de nuevo adelantando gestiones. La Corporación Sinergia, con sede en Medellín, está asesorando algunos de esos contactos con delegados del Palacio de Nariño.

Diego Murillo Bejarano (“don Berna”) está encarcelado en Estados Unidos desde 2008, aunque sigue buscando acercamientos con el gobierno. Foto de archivo.

EL CLAN DEL GOLFO
Este grupo, que desde su origen se ha autoproclamado “el tercer actor del conflicto armado”, comenzó los acercamientos de paz en 2015, en dos frentes. El primero, gestionado por su cabecilla político Abimael Coneo (“Torta”), consistió en buscar al congresista Iván Cepeda y a la entonces exsenadora Piedad Córdoba para que llevaran su propuesta de desarme a la mesa de diálogos de La Habana.

Como prueba de paz, en febrero de ese año se entregaron a la Fiscalía 12 miembros de una célula del Clan, en Valle.

El esfuerzo tuvo frutos, pues el Acuerdo de Cuba incluyó el parágrafo 3.4.13, con el título de Sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, que dice: “(…) El Gobierno en coordinación con la Rama Judicial presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas”, refiriéndose a los grupos herederos del paramilitarismo, como el Clan.

El segundo frente estuvo coordinado por el abogado Diego Álvarez Betancourt (exdefensor de “don Berna” y otros miembros de las Auc), el pastor cristiano Jorge Mercedes y el pastor anglicano Orlando Arce, estos últimos integrantes de la ONG Organización Paz Colombiana.

Este equipo adelantó reuniones con el vicefiscal General Jorge Perdomo, en cuyas manos puso un proyecto para concretar el desarme del Clan a cambio de beneficios judiciales. Esta propuesta no fructificó, en parte porque no hubo respuesta de la Fiscalía y, en cambio, fueron detenidos “Torta” y los dos religiosos, por cargos de concierto para delinquir y lavado de activos.

En septiembre de 2017 el Clan volvió a intentarlo, esta vez con un video en el que su líder Dairo Úsuga (“Otoniel”), declaró: “Queremos hacer parte del fin del conflicto para llegar al desarme total”.

El presidente Santos delegó como representante del Gobierno en este proceso al vicepresidente Óscar Naranjo y al asesor José Noé Ríos; el congresista Iván Cepeda actuaba de intermediario, mientras que a los delegados del Clan los encabezaba la abogada Consuelo Ibeth Parra, desmovilizada de las Auc y defensora de exjefes paramilitares.

Según algunos asistentes, hubo tres reuniones con el vicefiscal Perdomo, ocho con el fiscal general Néstor H. Martínez y 16 con el vicepresidente Naranjo. Ya había sitios definidos para la eventual concentración de los combatientes, como el caserío de Cacarica en Riosucio, Chocó, pero este intento tampoco llegó a puerto.

Hubo cambio de Jefe de Estado y al presidente Duque no le interesó el asunto. Después, el fiscal Martínez presentó al Congreso la Ley 1908 de 2018, “por la cual se fortalecen la investigación y judicialización de organizaciones criminales y se adoptan medidas para su sujeción a la justicia”.

La norma, a diferencia de lo que se había conversado en las reuniones, endureció las penas contras las bandas, aumentó los requisitos para los desarmes colectivos y le puso la lupa a sus abogados y representantes, con una adición al artículo 340A del Código Penal sobre el asesoramiento ilegal, que supone una condena de hasta 20 años por brindar sus conocimientos “para contribuir a los fines de Grupos Delictivos Organizados”.

Desde la promulgación de esa ley, ningún grupo ilegal se ha sometido voluntariamente.

En cuanto a los actuales acercamientos, los delegados de Petro comenzaron a reunirse con los de las Auc, el Clan del Golfo y “la Oficina” durante la campaña presidencial, situación que, según agentes de Inteligencia, le habría dado a ese candidato un impulso electoral, pues las bandas alineadas a esos grupos habrían intercedido en las comunidades para votar a su favor.

En las gestiones aparecen de nuevo los personajes que han venido participando en el pasado, como el congresista Cepeda y el hoy exfiscal Perdomo, quien funge como asesor del Gobierno para estas lides. También los mismos cabecillas y corporaciones, pidiendo una vez más una oportunidad de paz a Colombia.

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El Inspector.

De acuerdo con la investigación preliminar de las autoridades, el exconvicto estaba desaparecido desde la noche del viernes 9 de septiembre de 2022, cuando salió a su casa en el Occidente de la capital antioqueña para asistir a una reunión al otro lado de la ciudad, en la comuna de Buenos Aires.

El cadáver de Javier Marín (“Tatú”) fue encontrado en una loma del barrio Castropol, en la comuna de El Poblado, en Medellín. Estaba envuelto en sábanas y bolsas. Fotos de cortesía.

“Tatú” no regresó esa noche a su casa. De manera extraoficial se comenta que luego de la reunión abordó un vehículo, el cual fue interceptado por hombres armados que lo secuestraron.

El cadáver fue encontrado en la madrugada del siguiente domingo 11 de septiembre, en una acera del barrio Castropol. Un residente de la zona, que salió a caminar temprano, vio el envoltorio de bolsas negras abandonado, ocultando una silueta humana en posición fetal.

Aunque en principio fue registrado como NN por parte de los investigadores, una llamada anónima a los familiares les confirmó que se trataba de Marín Álvarez.

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Las autoridades tienen documentada la carrera delincuencial de alias “Tatú” desde los años noventa, cuando empezó trabajando con las bandas “la Soledad” y “el Pesebre”, en los vecindarios del mismo nombre.

Luego entró a las filas del paramilitarismo, delinquiendo para los bloques Metro, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, siempre en compañía de su amigo y socio en el crimen Freyner Ramírez, alias “Carlos Pesebre”.

Juntos pelearon contra las milicias urbanas de las guerrillas y participaron, amangualados con funcionarios corruptos del Estado, en la famosa Operación Orión que se llevó a cabo en 2002 en la comuna 13.

Cuando se reinsertó en 2005, se postuló a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz y prometió ante las víctimas que no volvería a delinquir, pero mintió.

Luego de la desmovilización paramilitar, “Carlos Pesebre” y “Tatú” siguieron trabajando para “la Oficina”, en la confederación “los Pesebreros” (también llamada “Robledo”), coordinando a las bandas del Occidente de Medellín, con tentáculos en las comunas de San Javier, Belén, La América, Robledo y Laureles, y en los corregimientos San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado.

Fue capturado en 2013 y condenado a 10 años de cárcel por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, que avaló un preacuerdo de culpabilidad con la Fiscalía, bajo los cargos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Hace cuatro meses salió de la cárcel y volvió al barrio El Pesebre. Algunas fuentes afirman que ya no quería “seguir en la vuelta”, otras señalan que retomó las riendas de “los Pesebreros”, mientras su jefe “Carlos Pesebre” continuaba en la cárcel.

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Sobre las causas de su muerte, la principal hipótesis policial es que trató de un ajuste de cuentas dentro de la organización. Un mes antes, “Tatú” fue víctima de un atentado sicarial en el barrio Estadio, del cual salió ileso.

Al parecer la reunión a la cual asistió en Buenos Aires era para calmar los ánimos, pero no lo logró.

En la actualidad “los Pesebreros” o “Robledo” están involucrados en una disputa sicarial en la ciudad de Cartagena, por el control de plazas de vicio y rutas de exportación de droga, según la Policía. Allá son conocidos como “los Paisas”.

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También hacen parte de los grupos criminales que manifestaron su interés de negociar un acuerdo de sometimiento con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que se conoce como “paz total” y está en etapa de acercamientos entre las partes.

En caso de confirmarse que “Tatú” no fue ejecutado por sus enemigos, sino por orden de su propia banda, se uniría a la extensa lista de miembros de “los Pesebreros” que fueron ejecutados por esa misma facción.

Entre ellos están, según los registros judiciales: Mauricio Alberto Velásquez Valencia (“el Meca”), asesinado en 2005 en el barrio Los Alpes; Carlos Arturo Suárez (“Califa”), tiroteado en 2007 en el barrio Los Colores; Elkin de Jesús Loaiza Aguirre (“Negro Elkin”) y su hermano Luis Adán Loaiza Aguirre (“Adancito”), abaleados en 2008 en un taller de carros de Barrio Triste; Rubén Darío Quintero Arboleda (“el Chino”) y Duván Arbey Arenas Grisales (“el Gallinazo”), acribillados con fusil en 2009 en el sector Bulerías.

Tal parece que los ajustes de cuentas son una costumbre dentro de “los Pesebreros”, y “Tatú”, uno de cabecillas que la instauró, murió en su ley.

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El Inspector.

A la zona portuaria están llegando sicarios de Medellín, Cali, Chocó y otros departamentos, patrocinados por narcos que quieren ascender en el trono. El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo investigaron lo que ocurre, y en este informe se los contamos.

La zona portuaria de Cartagena es una de las plataformas de exportación de cocaína más usadas en Colombia. FOTO: ARCHIVO.

El mototaxista Richard Montalvo se disponía a darle las buenas noches a su familia, antes de dormir, cuando el sicario entró a su casa del barrio El Pozón, en Cartagena. Frente a sus seres queridos, los disparos sumergieron al conductor de 38 años en un sueño del que nunca despertó.

A los tres días, los fogonazos de otra pistola iluminaron brevemente la calurosa noche del barrio El Bosque. En el asfalto quedó tendido Daniel Viloria, de 60 años, y a su lado dejaron una hoja manuscrita con una peligrosa advertencia.

“Así le va a pasar al combo de Pati Pati y de Jose Abogado”, decía el panfleto, el cual estaba signado por las “Auténticas A.G.C.”, la sigla de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o, como les dice la Policía, el Clan del Golfo.

Estos crímenes hacen parte de la racha de muertes que ha sacudido a la Ciudad Heroica en los últimos meses. Los periódicos locales han documentado 39 casos de sicariato en el primer trimestre de 2022, en medio de las disputas entre organizaciones narcotraficantes.

El Colombiano indagó lo que sucede con fuentes de Inteligencia y de la zona, las cuales coincidieron en que esta crisis empezó a gestarse el 7 de mayo de 2021, cuando la Policía allanó un condominio de lujo en la vereda Llanogrande de Rionegro, Antioquia.

En la operación fue capturado Juan José Valencia Zuluaga, un acaudalado personaje que posaba de empresario y coleccionista de autos deportivos, pero que escondía un oscuro secreto.

En el bajo mundo era conocido con los alias de “Falcon”, “Andrea”o “Babalao” y, según el expediente judicial, era el supuesto jefe del frente Héroes del Caribe, la estructura con la que el Clan del Golfo maneja sus negocios en Cartagena. El cargo lo obtuvo gracias a la confianza que despertó en Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo comandante del Clan en ese entonces.

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Una de las funciones de este grupo, dada su hegemonía ilegal en la ciudad, es cobrarles un “impuesto” a todos los narcotraficantes que exporten droga por cualquiera de los 53 muelles de la zona portuaria. El cobro oscila entre $1 millón y $2,5 millones por kilo de cocaína embarcado.

En sus días de jefatura, indicaron las fuentes, “Falcon” le reportaba a “Otoniel” sumas que rondaban los $50.000 millones al mes por ese rubro.

EL DESORDEN
Debido a la captura, “Falcon” tuvo que delegar sus negocios en tres lugartenientes, alias “Simanca”, “el Abogado” y “Pati Pati”. Sin embargo, ellos no infundían el mismo respeto entre las hordas de la mafia, y los narcos que antes pagaban el impuesto portuario se rebelaron.

A su desprestigio contribuyó la detención de “Otoniel” en octubre del año pasado, porque sin los grandes capos en el ruedo, los encargados ya no tenían el respaldo suficiente para torear a la jauría de traficantes desesperados por exportar su veneno blanco.

Incluso los propios “Simanca”, “Pati Pati” y “el Abogado” dejaron de rendirle cuentas al Clan y, al parecer, se quedaron con millonarias rentas de los “impuestos” por despachos de droga para carteles mexicanos, balcánicos, italianos y colombianos. El trío se enemistó con muchos peces gordos.

El Clan no se quedó de manos cruzadas y, para reorganizar la casa, envió a un grupo especial de mercenarios liderados por “el Gomelo”, los cuales empezaron a matar a todos aquellos que consideraban cercanos a los traidores.

Fue así como empezaron a rondar los panfletos que amenazan al combo de “Pati Pati” y compañía, firmados por las “auténticas A.G.C.”.

Esta fractura interna en el frente Héroes del Caribe del Clan está siendo aprovechada por organizaciones procedentes de otros departamentos, las cuales tratan de asegurar una ruta de narcotráfico que salga de los puertos.

Una de ellas está conformada por una alianza de traquetos caleños y chocoanos, que también distribuyeron panfletos presentándose como “Organización militar Salsas Mexicanos”, buscando infundir terror en los rivales.

“La Oficina” también está enviando a sus matones desde el Valle de Aburrá. En Cartagena las gente los nombra de distintas formas, como “los Paisas”o “los de Robledo”, porque algunos de los sicarios detenidos eran de la comuna 7 de Medellín (Robledo), donde actúa uno de los tentáculos de la facción.

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Las muertes derivadas de este conflicto comenzaron a finales de 2021 y aumentaron en lo corrido del presente año, afectando a varios barrios, en especial a Olaya Herrera y El Pozón, así como al corregimiento de La Boquilla. Aunque algunas de las víctimas tenían anotaciones por tráfico de estupefacientes, las balas también han alcanzado a inocentes.

Al mediodía del 13 de enero de 2022 dos asesinos entraron al cementerio Jardines de Cartagena, en el barrio El Recreo. Dispararon contra dos de los asistentes a un funeral, los cuales quedaron heridos, y por error mataron al guía turístico Dilson De La Rosa Ahumada, de 61 años.

Su muerte fue lamentada por el gremio del turismo y la sociedad cartagenera, y le puso la lupa a lo que estaba ocurriendo en La Heroica.

Estos son algunos de los panfletos que han circulado en las calles de Cartagena y en las escenas del crimen. Fotos de cortesía.

“LOS MONTADORES”
En el centro del problema está el deseo de las bandas por controlar la zona portuaria, que no solo les facilitaría la exportación de sus propios cargamentos, sino el cobro de los “impuestos” a los demás.

Tener el control implica más que regentar el bajo mundo de la ciudad. Se requiere tener infiltrados en las instituciones de vigilancia, inversiones en las empresas fachadas que fungen como comercializadoras (importan y exportan mercancía) y, sobre todo, apadrinar a “los montadores”.

El mayor Pablo Uribe, investigador de la Dirección Antinarcóticos de la Policía en la región Caribe, explicó que así se denomina en el argot ilegal a las personas dedicadas a “montar” la droga a las embarcaciones, en diferentes modalidades, como la contaminación de contenedores o la instalación de cilindros “parásitos” bajo el casco del buque.

El Clan, o la organización que domine los muelles, cita a reuniones a “los montadores” y les ordena que notifiquen cada vez que alisten un cargamento. Por ese trabajo reciben comisión, pero ahora que hay una confrontación y nadie sabe a ciencia cierta quién es el jefe, quedaron en medio del fuego cruzado.

El mayor Uribe indicó que este desorden criminal, en el que abundan los delatores para perjudicar a sus enemigos, ha favorecido el trabajo de las autoridades. La Dirección Antinarcóticos ha incautado este año 7,4 toneladas de cocaína en los muelles de Cartagena, siendo la zona portuaria en la que más decomisos se han presentado (en Santa Marta van 2,1 ton. y en Buenaventura 1,8 ton.).

La pérdida de esos estupefacientes exacerba las peleas entre los narcos, así como la persecución policial.

Álvaro José Barrios Díaz (“el Abogado”) fue capturado en septiembre pasado en el barrio El Laguito; y Alexánder Simanca Cabrera (“Simanca”) fue detenido en marzo en Chía, Cundinamarca.

Ahora la cacería se concentra en “Pati Pati”, el último que queda de los antiguos lugartenientes renegados de “Falcon”. La Policía espera atraparlo antes de lo que hagan los sicarios de la manada de narcos que ofendió.

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El Inspector.

Se trata de un antiguo integrante de la cúpula de “la Oficina”, la organización criminal que regenta el bajo mundo en el Valle de Aburrá; además, llegó a ser el máximo líder de “la Terraza”, uno de los principales tentáculos de “la Oficina”, con redes delincuenciales en cinco comunas de la ciudad y el Suroeste antioqueño.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”) ha pagado 12 de los 32 años de cárcel de su condena. Foto de cortesía.

“Douglas” estaba en la cárcel La Picota, de Bogotá, y fue incluido en la lista de seis personajes que serán trasladados a otros establecimientos por orden del nuevo director (e) del Inpec, el coronel Joaquín Medrano Muñoz.

Los demás reseñados son el excomandante paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez (“Macaco”); Juan José Valencia Zuluaga (“Falcon”, “Babalao” o “Andrea”), procesado por ser un presunto narco y lavador de activos asociado con el Clan del Golfo en Antioquia y la Costa Caribe; y José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca, señalado de tener nexos con la guerrilla del ELN.

El listado lo complementan Emilio Tapia Aldana, condenado por el célebre cartel de la contratación en la Alcaldía de Bogotá e implicado en el escándalo de corrupción de Centros Poblados; y el excongresista Eduardo Enrique Pulgar Daza, condenado por tráfico de influencias en la rama judicial.

Según la Resolución 001497 del 3 de marzo de 2022, la primera orden firmada por Medrano, “Douglas” y los otros cinco presos serán trasladados “a otro pabellón o centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad”.

Como justificación para la medida, el documento señaló que “por su perfil y situación de seguridad se hace necesario ordenar sus traslados, a fin de proteger el derecho a la vida de la población privada de la libertad y el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, añadió que la decisión también se tomó “luego de investigaciones que permiten concluir que algunas personas privadas de la libertad pueden ejercer influencia en los establecimientos en los que permanecen recluidos”.

En el caso de Muñoz Martínez, el traslado será para el pabellón 34 de la cárcel Picaleña, de Ibagué, una penitenciaría en la que ya había estado preso en 2013. En ese entonces fue llevado allá junto a otro jefe de “la Oficina”, Ericson Vargas Cardona (“Sebastián”).

El director del Inpec del momento, general Gustavo Ricaurte, dijo en aquella oportunidad que la remisión de los dos cabecillas se originó “porque es necesario impedir que los detenidos de alto perfil delincuencial afecten el orden, la disciplina en los centros de reclusión o continúen o inicien estructuras delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana“.

Sobre “Douglas”, las agencias de seguridad han manifestado en varias oportunidades que, presuntamente, continuó dando órdenes desde las celdas. Por este motivo ha sido rotado por varias prisiones, que incluyen El Pedregal (Medellín), Cómbita (Boyacá), La Paz (Itagüí), La Picota (Bogotá) y de nuevo Picaleña.

Muñoz fue capturado en abril de 2009, en un apartamento de El Poblado. Luego de cinco años de audiencias y juicio oral, fue condenado a 32 años de cárcel por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

La víctima del caso fue la empleada de una agencia de aduanas de Barranquilla, a quien “la Oficina” secuestró durante un mes en Medellín para cobrarle el dinero que perdió por la incautación de un cargamento de cocaína en el puerto.

Hay que recordar que el cuerpo de custodios de La Picota quedó en entredicho esta semana, cuando se descubrió que el empresario Carlos Mattos, procesado por cargos de corrupción, salía de la celda “como Pedro por su casa”, escoltado por funcionarios del Inpec, para atender diligencias personales en su oficina privada en Bogotá.

Como consecuencia de eso, fueron despedidos de sus cargos los directores del Inpec y de La Picota, en el inicio de una pugna que promete relevar a más funcionarios. La prisión será intervenida, según el ministro de Justicia.

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El Inspector.

El hallazgo se registró a las 7:00 a.m. de el viernes 12 de noviembre y la víctima fue identificada como Víctor Hugo Castaño Vélez, de 32 años. Este es el reporte del caso elaborado por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta carretera terciaria fue encontrada la víctima. La causa de la muerte fue ahorcamiento, según las autoridades. Foto de Andrés Osorio.

De acuerdo con el informe judicial del caso, estaba envuelto en una sábana roja, al costado de una vía terciaria de la vereda Pantanillo, en un sector conocido como Cerro Verde. Tenía señales de haber sido torturado, con múltiples golpes en el rostro, además de surcos de presión en el cuello, causados con alguna clase de cuerda, por lo que los forenses certificaron que falleció por ahorcamiento.

La investigación preliminar arrojó que llevaba un día desaparecido, pues el jueves anterior había salido a comprar un carro en el cual estaba interesado, pero esa noche no regresó a la casa. Los familiares informaron la situación a la Policía.

Los allegados recibieron después la llamada de un desconocido, el cual les advirtió que Castaño había sido asesinado y que su cuerpo estaba en Santa Elena, por lo que las autoridades fueron a buscarlo allá.

El fallecido era uno de los hijos de Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “La Firma”, un antiguo cabecilla financiero de la organización mafiosa “la Oficina”.

Este hombre fue extraditado en 2010 a Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Medio de La Florida lo sentenció a 10 años por cargos de narcotráfico.

“Botija” pagó seis años, tras haber logrado una rebaja en su pena por colaboración con la justicia sirviendo como testigo en los procesos penales que terminaron con las condenas de otros extraditados, como Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle, y el comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).

En 2016 regresó a Colombia y retomó sus contactos con “la Oficina”, la estructura criminal más poderosa del Valle de Aburrá. El 22 de enero de 2018 fue asesinado a tiros por sicarios, a sus 49 años de edad, cuando conducía una camioneta por una calle de El Poblado, en Medellín.

Su familia continúa enfrentando en los estrados judiciales un proceso de extinción de dominio que inició en 2011, en contra de nueve bienes y propiedades valoradas en $45.000 millones, las cuales se localizan en Sucre, Envigado y Girardota (Antioquia).

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El Inspector.