La Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía le imputó el cargo de tráfico de estupefacientes, el cual fue rechazado por Gallón en el estrado. Es es la reseña del caso, elaborada en equipo por Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano.

Juan Santiago Gallón Henao, capturado por el CTI en Cúcuta. Foto cortesía de la Fiscalía.

El CTI y el Gaula Militar arrestaron a Gallón en Cúcuta, el martes 16 de enero. De acuerdo con la investigación, estaría involucrado en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, desde los puertos marítimos de Colombia.

El caso partió de un expediente en contra de una red de narcotráfico transnacional, liderada por el británico Andrew Mark Deamer, alias “el Mono” o “Marcos”. Su organización, que contaba con químicos expertos, logró perfeccionar un sistema para camuflar la droga en concentrado para perros, alimento de gatos, arena y fertilizantes.

Los químicos hacían los experimentos en fincas de Antioquia, durante dos días, hasta convertir la cocaína en productos veterinarios. El proceso era supervisado por Darling de Jesús Gómez (“el Doc”), empleado de un laboratorio clínico de Medellín y experto en la técnica.

Cuando el embarque, que por lo general salía de los puertos del Caribe, llegaba a su destino en el exterior, los químicos viajaban para hacer otro proceso que revertía la transformación y dejaba el estupefaciente listo para su distribución en las calles.

Andrew Mark Deamer, alias “el Mono”. Cortesía de la Fiscalía.

Durante los últimos tres años, las autoridades decomisaron cinco toneladas del producto, en diferentes puntos del país, y el 1 de enero de 2017 dieron un golpe definitivo a la red. Capturaron a 20 personas en Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Villavicencio, incluyendo a “el Doc” y al británico Andrew Mark Deamer, quien estaba en una finca de lujo de Rionegro (Antioquia).

Al parecer, varios de los detenidos comenzaron a delatar a otros participantes del negocio, lo que puso en la mira a Gallón. Según la Fiscalía, él “sería uno de los principales inversionistas de la estructura narcotraficante” y “sus dineros habrían sido destinados para sostener el engranaje y el perfeccionamiento de la nueva modalidad de camuflaje de estupefacientes”.

Otros presuntos inversionistas, que también están en prisión, son: Carlos Aguirre Babtiva (“Colgate”), Jesús Alberto Ríos Mazo, Gustavo de Jesús Tamayo López (“Mosquito”), Boris Olarte Morales (“Boris”) y José Ramón Díaz Jiménez (“José”).

LOS EXPEDIENTES QUE LOS PERSIGUEN

De los hermanos Gallón Henao se empezó a hablar de manera pública en Colombia desde julio de 1994, cuando los organismos de seguridad los vincularon al proceso por el asesinato a bala del futbolista Andrés Escobar, quien días antes había participado con la selección nacional en la Copa Mundial que se disputaba en Estados Unidos.

Por este hecho, Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao fueron acusados, pero el conductor de ambos reconoció ser el autor material del crimen, por lo que ellos quedaron en libertad a los pocos meses, tras ser absueltos.

En otro episodio judicial, Juan Santiago se entregó el 10 de julio de 2009 a la Fiscalía y fue condenado el 1 de marzo de 2010 a tres años y tres meses de cárcel, tras reconocer el delito de financiación de grupos paramilitares (concierto para delinquir) en el Suroeste antioqueño, cometido entre 2000 y 2004.

El 24 de junio de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los incluyó en la Lista Clinton, porque al parecer ofrecieron apoyo logístico o económico para el lavado de dinero y para el tráfico de drogas a “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá.

Estar en esta lista implicó para los Gallón Henao el congelamiento de sus transacciones financieras con el mercado estadounidense, lo que también derivó en el rechazo de entidades bancarias y comerciales en Colombia.

El 31 de mayo de 2017 la Ofac incluyó en la Lista Clinton a cinco empresas y otras cuatro personas relacionadas con la familia, entre ellas Mariana Gallón Aristizábal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago.

NOTA RELACIONADA: Incluyen en Lista Clinton a más miembros del clan Gallón Henao.

El Inspector.

La decisión fue tomada por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, en contra de este exparamilitar que también ha sido señalado como uno de los cabecillas de la banda “los Urabeños” en el Valle de Aburrá.

Octavio Cartagena Benítez (“Gabriel Paraco”) fue capturado en 2015 en una finca de Betulia, Antioquia. Foto cortesía de la Policía.

La Fiscalía informó que la sentencia contra “Gabriel Paraco”, de 61 años, está relacionada con la muerte del campesino Fidelino Puerta, ocurrida el 15 de noviembre de 1998. Según el expediente, un grupo paramilitar interceptó el bus de servicio público en el que viajaba la víctima, en el municipio de Dabeiba (Antioquia); lo golpearon, ajusticiaron con disparos y después lo descuartizaron, para abandonar sus restos en la vía.

En ese entonces, Cartagena Benítez pertenecía al bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), y delinquía en las subregiones del Norte y Occidente de Antioquia (ver la NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” cayó posando de campesino).

Fue capturado en 2015 y la condena pudo ser mayor, pero el sexagenario finalmente llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptando la culpa por los cargos de homicidio agravado, secuestro simple agravado y tortura. El monto de la pena, sin embargo, parece no ser muy importante, pues debido a su edad, es probable que no pase ni siquiera la mitad de esos  años en la cárcel.

“Gabriel Paraco” se desmovilizó en 2005 y, según las autoridades, volvió a delinquir después en la banda “los Urabeños”. Esta organización narcotraficante le habría asignado la comandancia en San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerríos y San José de la Montaña.

También era el delegado de esta estructura para la alianza con “la Oficina” en el Valle de Aburrá, en particular con Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona Norte).

Por este motivo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton en 2015, congelando sus transacciones financieras (ver la NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen a la Lista Clinton).

A pesar de estos indicios, las investigaciones contra Cartagena Benítez, por su presunta militancia en “los Urabeños” y los nexos  con “la Oficina”, no han prosperado, están en la impunidad.

NOTA RELACIONADA: “Gabriel Paraco” se declaró inocente en la indagatoria.

El Inspector.

Fuentes judiciales confirmaron que el ciudadano, conocido con el alias de “Mateo”, acordó su entrega tras varios meses de conversaciones. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Arturo Arredondo, alias “Mateo”, militó en las Autodefensas pero no se desmovilizó. Foto de archivo.

El proceso se materializó la semana pasada en Panamá, donde lo recogieron los agentes de la DEA, y de allí fue trasladado a Miami. En la actualidad pernocta en el Federal Detention Center, ubicado en el centro de la ciudad.

En los años noventa, Arrendondo militó en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y fue uno de los asistentes del comandante Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “don Berna”, pero no se desmovilizó. También escoltó a su hermano Rodolfo Murillo (“Semilla”), quien fue asesinado en 2001 en Medellín.

La Fiscalía y la Policía de Colombia adelantan pesquisas preliminares sobre Arredondo, por ser un supuesto miembro de la cúpula de “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá. En particular, lo relacionan con la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), la confederación que agrupa a las bandas de Envigado y Sabaneta, y vela por los intereses de “la Oficina” en el sur del área metropolitana.

A pesar de estos señalamientos, en contra de Arrendondo, también conocido como “el Señor de la M”, no hay órdenes de captura vigentes en el sistema judicial colombiano.

El gobierno de EE.UU. le puso la mira en 2014, cuando inició una ofensiva para desmantelar el aparato financiero de “la Oficina”. El 18 de noviembre de ese año, el Departamento del Tesoro lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras.

En esa oportunidad, “Mateo” apareció en un organigrama de la banda junto a otros cabecillas importantes como “Beto”, “Nene” y “Orión” (ver la NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”).

Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), entidad adscrita al Tesoro, declaró que Arredondo venía delinquiendo desde la década del ochenta.

Como parte de su sometimiento, “Mateo” firmó un preacuerdo con la Fiscalía estadounidense, mediante en cual pretende solucionar su situación judicial en ese país, aceptando un cargo por conspiración para delinquir. Este tema, sin embargo, apenas está en etapa de negociación.

Otros miembros de “la Oficina” han optado por el mismo camino en el pasado, entre ellos: “Rogelio”, “Yiyo”, “Careguayo”, “Perra Loca” y “Fredy Colas”, quienes pagaron penas inferiores a los 10 años y todavía carecen de procesos penales en Colombia.

NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” llegó a preacuerdo con el gobierno de EE.UU.

El Inspector.

La detención se produjo a las 6:00 a.m. de este viernes  29 de septiembre en la hacienda La Contadora, por parte de uniformados del CTI de la Fiscalía y del Ejército, quienes lo trasladaron a una cárcel de Bogotá, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia decida si autoriza la extradición. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

José Bayron Piedrahíta Ceballos fue detenido en su hacienda La Contadora, de Caucasia. Foto cortesía del Ejército.

Este es un nuevo expediente en contra de Piedrahíta, a quien las autoridades estadounidenses han vinculado en investigaciones pasadas por presuntos nexos con el Cartel de Cali y la organización criminal “la Oficina”. Al respecto, el empresario siempre se ha declarado inocente.

LA ACUSACIÓN EN ESTADOS UNIDOS
La orden de arresto con fines de extradición parte de una investigación de la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de La Florida (caso N°17-20651 cr-Scola), que se hizo pública el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo con los documentos revelados por el Departamento de Justicia, la historia comenzó en 1991, cuando el Servicio de Aduanas de EE.UU. y la DEA lanzaron la Operación Piedra Angular en contra del Cartel de Cali. En dichas pesquisas, fueron reseñadas 18 personas, sospechosas de narcotráfico y lavado de activos para ese grupo ilegal, entre las cuales estaba José Byron Piedrahíta.

Al frente de la operación estuvo el agente especial Chistopher V. Ciccione, integrante de la agencia Homeland Security Investigations (HSI), y quien más adelante terminaría involucrado en la presunta red de corrupción.

El expediente, firmado por los fiscales Luke Cass y Jennifer A. Clarke de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia, señala que tres personas conspiraron para que el empresario antioqueño fuera borrado de la lista de sospechosos de la Operación Piedra Angular: el agente Ciccione, el propio Piedrahíta y Juan Carlos Velasco Cano, alias “Cabezón”, un exsocio del Cartel de Cali que tras salir de una cárcel norteamericana se convirtió en informante de la HSI.

Este hombre sirvió de enlace entre el funcionario federal y Piedrahíta, quien según los acusadores habría sobornado al investigador con el pago de cerca de 20.000 dólares, una cena lujosa, fiesta y encuentro con prostitutas.

Los hechos ocurrieron entre el 6 y el 9 de diciembre de 2010, cuando Ciccione y otro compañero de la HSI viajaron a Bogotá y se hospedaron en el hotel Marriott. Allí fueron recibidos con un banquete, licor y tres chicas prepago, con quienes se acostó el agente.

Al día siguiente hubo otro banquete en el exclusivo restaurante capitalino Pesquera Jaramillo. Además de Ciccione, Piedrahíta y Velasco, asistieron varias mujeres, un coronel del Ejército y una reconocida estrella de música Pop colombiana, cuyos nombres no revela el expediente.

Todos estos gastos, incluyendo 17.700 dólares en efectivo, habrían sido pagados por el empresario.

En consecuencia, el proceso de la Operación Piedra Angular fue archivado por un juez de distrito en La Florida, el 21 de octubre de 2011.

Ciccione es acusado de alterar bases de datos y mentir en declaraciones, argumentando que nunca fue posible identificar al sospechoso. Adicionalmente, movió fichas para lograr que Piedrahíta y su esposa obtuvieran una visa Parol especial para ingresar a territorio estadounidense.

La captura del agente Ciccione fue anunciada por el Departamento de Justicia el pasado lunes. En contra de este funcionario de 55 años hay seis cargos, por conspiración para defraudar a EE.UU., fraude y obstrucción a la justicia.
Los mismos cargos cobijan a Piedrahíta y al informante Velasco, quien continúa prófugo de las autoridades y se oculta en Bolivia.

PROCESOS ANTERIORES
El 3 de mayo de 2016 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, incluyó a Piedrahíta en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras, al señalarlo como presunto lavador de dinero para la organización criminal “la Oficina”, que delinque en el Valle de Aburrá y tiene redes transnacionales. La sanción administrativa cobijó a otros miembros de su familia, empleados y a sus compañías.

El organigrama de la Lista Clinton, en la que fue incluido Piedrahíta con varios familiares, empleados y compañías en 2015. Cortesía Ofac.

Por otro lado, en una Corte del Distrito Oeste de Virginia, cursa en su contra desde 1997 un proceso penal por la supuesta comisión de lavado de activos para el Cartel de Cali (ver la NOTA RELACIONADA: Patrocinador secreto de “la Oficina” en la mira de EE.UU.).

En una entrevista concedida a El Colombiano el pasado 10 de abril, Piedrahíta se declaró inocente de esas sindicaciones y expresó que sus abogados ya estaban presentando todas las pruebas antes las autoridades norteamericanas.

Con base en los señalamientos de sus pares estadounidenses, la Fiscalía colombiana le abrió un proceso de extinción de dominio y en octubre de 2016 le embargó 18 bienes y propiedades, por valor cercano a los 13 millones de dólares.

Sin embargo, el empresario ganó esa batalla jurídica, y el 28 de marzo de 2017 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia falló a su favor (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), declarando ilegal el embargo y ordenando la devolución de los bienes al propietario.

A juicio de Piedrahíta, los señalamientos en su contra vienen de personas extraditadas que buscan beneficios judiciales a cambio de enlodarlo. “Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”, señaló en la entrevista.

Tras su captura, la Fiscalía colombiana expidió un comunicado, indicando que también lo investigan por su supuesta participación en una red de lavado de activos en Argentina, que blanqueaba dineros del narcotráfico para “la Oficina”. Esta organización estaría liderada por el inversionista inmobiliario Mateo Corvo Dolcet, quien junto a cinco personas fue detenido en la mañana de este viernes en aquella nación.

LA VERSIÓN DE LA DEFENSA

La defensa judicial de Piedrahíta Ceballos considera que el operativo para detenerlo fue un gasto innecesario, ya que él no se estaba escondiendo y “siempre ha colaborado con la justicia”.

Así lo expresó el abogado Luis Guerra: “Nos sorprende el gasto en tiempo y dinero de las autoridades colombianas, cuando muy bien sabían que con una llamada el señor Piedrahíta se hubiera presentado en cualquier lugar, sin necesidad de usar helicópteros ni hombres armados, que me imagino costó mucha plata”, opinó el jurista.

Manifestó que su cliente lleva más de un año cooperando con la justicia de Estados Unidos para aclarar el incidente.

Dijo que el expediente que señalaba a Piedrahíta (la Operación Piedra Angular) es de hace más de dos décadas, cuando en Colombia ni siquiera existía un convenio de extradición. Este acuerdo solo se aprobó en diciembre de 1997, “entonces, ¿para qué iba a sobornar a un agente para que lo quitaran de un caso por el que ni siquiera lo podían extraditar?”, cuestionó el jurista.

Guerra enfatizó que su cliente ha venido aclarando con los fiscales estadounidenses lo ocurrido en 2010 con el agente Ciccione y que la verdad sobre ese tema no está totalmente esclarecida. “Ese agente americano extorsionó a muchos y vendió visas”, según el abogado, y añadió que si Piedrahíta cometió algún error, “él mismo lo reconocerá, porque nunca huye de sus problemas”.

Pero si él venía colaborando con los fiscales de EE.UU., ¿por qué le pidieron orden de captura con extradición?
“La extradición siempre era discutida (entre las partes) porque hay hechos que son problemáticos. Y solo porque estemos de acuerdo en algunos hechos, no significa que estamos de acuerdo en todos. Este caso es muy importante para los fiscales americanos dado que se trata de un agente federal que estaba actuando de manera ilegal; para los americanos eso es muy grave y no hay mecanismo para llevar a un colombiano desde Colombia para un proceso en EE.UU. sin extradición”.

Si Piedrahíta no tenía necesidad de sobornar al agente, ¿por qué le dio dinero y patrocinó el banquete con prostitutas en Bogotá?
“Los fiscales americanos están haciendo su trabajo. Nosotros el de nosotros. Los hechos no están en la luz todavía completamente, porque el caso recién inició. Pero hay que tener claro que el señor (Piedrahíta) estaba colaborando con la justicia americana para aclarar los hechos y lograr un acuerdo. Si en eso se cometieron errores, los confrontaremos”.

¿Y ahora qué sigue en el proceso?
“La extradición es necesaria en el caso. Tanto nosotros como los fiscales norteamericanos pensamos igual. Y sigue presentarnos en EE.UU. ante el juez Scola y continuar el proceso allá”.

¿Cuánto podría demorar la aprobación de la extradición aquí en Colombia?
“En mi experiencia, creo que puede tomar de seis meses a un año. Queremos apurar el proceso para llegar a EE.UU. lo más pronto posible”.

NOTA RELACIONADA: Juez declaró ilegal el embargo de bienes a José Piedrahíta.

- – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – — – – – – –  – – – – – – — – -

ANEXO: ¿QUIÉN ES JOSÉ BAYRON PIEDRAHÍTA?

Piedrahíta Ceballos nació hace 58 años en el municipio antioqueño de Bello. Es subteniente retirado del Ejército (1983), estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y fue director del colegio militar José María Córdova.

Se inició como comerciante en los años 80, con ferreterías en el centro de Medellín. Después se radicó en Valle del Cauca, donde creó la planta de sacrificio FrigoYumbo. En los 90 ingresó a la Federación Nacional de Cafeteros, administrando haciendas de más de un millón de matas.

En la actualidad se concentró en negocios de ganadería y comercialización de pieles. Sus principales compañías están en la subregión del Bajo Cauca, donde genera 600 empleos, y es dueño de otras firmas en Panamá y Argentina. En la última década llegó a ser el segundo exportador de pieles de Colombia, con mercado en China.

El Inspector.

Esta es la segunda acción del Departamento de Tesoro de EE.UU. en contra de este clan familiar, cuyas actividades económicas se relacionan desde hace tres décadas con la ganadería, la caballería y el sector agroindustrial. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

El informe de la Ofac relaciona a los empresarios con alias “Tom”, cabecilla de “la Oficina”. Foto de cortesía.

Santiago y Pedro Gallón Henao fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro el 24 de junio de 2015, que los incluyó en la citada Lista Clinton. Desde entonces, sus transacciones financieras quedaron congeladas con el mercado estadounidense, lo que también derivó en el rechazo de entidades bancarias y comerciales en Colombia.

Estas son las cuatro personas relacionadas con el clan Gallón Henao que fueron incluidas también en la Lista Clinton. Cortesía de la Ofac.

El argumento para esta sanción administrativa, según la Ofac, es que los empresarios ofrecieron, al parecer, apoyo logístico o financiero a las actividades de lavado de activos y narcotráfico internacional de “la Oficina”, la principal estructura de crimen organizado del Valle de Aburrá.

Su principal enlace con esta organización, de acuerdo con los documentos del Tesoro, sería el cabecilla Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, por cuya captura el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece hasta 2 millones de dólares de recompensa.

Este miércoles 31 de mayo, la Ofac informó que incluyó a otras cuatro personas relacionadas con la familia en la Lista Clinton: Mariana Gallón Aristizabal y Claudia Mercedes Vargas Giraldo, hija y exesposa de Juan Santiago Gallón Henao; el socio comercial Santiago Álvarez Castro y el abogado Gabriel Jaime Aguilar Ramírez.

Junto a ellos, también fueron sancionadas cinco empresas, todas ellas domiciliadas en Medellín: Agroindustrias Cima S.A.S., C.M.V. Carnes S.A.S., Guisanes S.A.S., Agropecuaria Mais S.A.S. y Clamasan S.A.S., esta última con seccionales en los municipios de Amagá y San Roque.

“Estas nuevas designaciones del Departamento del Tesoro reducirán aún más el poder económico de los frecuentes financistas de ‘la Oficina de Envigado’, mediante la identificación y la selección de los testaferros y las empresas que trabajan en su nombre”, declaró John E. Smith, director de la Ofac.

Aunque la sanción de la Ofac es de carácter financiero y no penal, desde 2014 han sido incluidas en la Lista Clinton más de 100 personas y empresas presuntamente ligadas con “la Oficina”, lo que ha puesto de relieve la completa red de blanqueo de activos de la estructura delincuencial.

Smith añadió que su despacho seguirá “tomando medidas para evitar que estos ingresos ilícitos entren en el sistema financiero estadounidense”.

A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, en Colombia los integrantes del clan Gallón Henao no tienen órdenes de captura vigentes. En el pasado los dos hermanos fueron investigados por su supuesta participación como determinadores en el asesinato del futbolista Andrés Escobar (1994), pero a ambos los absolvieron y la justicia condenó a uno de sus escoltas como autor material.

NOTA RELACIONADA: “Natilla”, “don Gabriel” y los Gallón Henao caen en la Lista Clinton.

El Inspector.

Los señalamientos en contra del ciudadano de 58 años, oriundo de Bello, comenzaron el 03/5/16, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EE.UU. lo incluyó en la Lista Clinton, aplicándole sanciones financieras a él, su núcleo familiar y cuatro empleados, al igual que a once empresas que posee en Colombia, Panamá, Argentina y Guatemala.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano. Revelaciones del Bajo Mundo la comparte, por considerarla de interés para sus lectores.

José Byron Piedrahíta, empresario antioqueño, señalado por el gobierno de EE.UU. de ser patrocinador de la banda “la Oficina”. FOTO: Donaldo Zuluaga.

La Ofac reveló en ese entonces que en su contra también había un expediente en la Corte del Distrito Oeste de Virginia, desde 1997, por el supuesto delito de lavado de activos.

La decisión causó sorpresa en la subregión del Bajo Cauca, donde las compañías de Piedrahíta generan cerca de 600 empleos directos, por medio de las firmas Subasta Ganadera de Caucasia, Frigorífico del Cauca y Arrocera Contadora, entre otras.

Aunque el propietario siempre ha defendido su inocencia, la sanción impuesta por EE.UU. derivó en la apertura de un proceso judicial en Colombia.

Así lo explicó el 18/10/16 Andrea del Pilar Malagón, directora de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio: “dentro de las investigaciones que se adelantaron a partir de esa inclusión (en la Lista Clinton), la Fiscalía detectó incrementos patrimoniales injustificados desde 1997, que trajeron como consecuencia la imposición de medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio, en contra de 18 bienes (incluyendo una sociedad)”, que fueron ocupados entre el 12 y el 14 de octubre pasados en Antioquia, Córdoba y Bogotá, los cuales tendrían un valor cercano a los 13 millones de dólares, según el ente judicial.

EL FALLO DEL JUZGADO
Las medidas en contra de las propiedades de José Piedrahíta y su familia fueron aplicadas por la Fiscalía 10 Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio (05/9/16), que basó varias de sus argumentaciones en los informes de la Ofac y la DEA.

La defensa del empresario, liderada por la exfiscal Fanny Leal Granados, interpuso ante el juzgado un recurso de control de legalidad, logrando demostrar que el organismo acusador se excedió en sus determinaciones, según el fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Antioquia (radicado 0500 3120 002 2016 0002800), proferido el pasado 28 de marzo.

En el proceso, la defensa explicó que la Fiscalía incurrió en varias anomalías: dijo que los afectados no declaraban renta, cuando su cliente posee la documentación que certifica dichos pagos; que los informes de la Ofac y la DEA – autoridades extranjeras- no se pueden constituir en prueba judicial de un ilícito, tal cual lo señala la Corte Constitucional en la Sentencia T-468 de 2003; que no existía la urgencia para decretar tales medidas, porque no había riesgo de que Piedrahíta comercializara los bienes, pues están hipotecados con el banco, sometidos a la Ley de Reorganización Empresarial (producto de afectaciones económicas por un paro camionero) y porque la misma sanción en Lista Clinton impide su venta.

“La fiscal señaló que la familia Piedrahíta no declaraba renta y que era sospechoso que hubiera adquirido bienes costosos sin dichas declaraciones, algo que no solo constituye una falta de prueba sino una falsedad, porque se probó que él y su familia declaran renta desde hace 30 años”, indicó Wilton Hernández, investigador privado al servicio de la defensa.

La argumentación de los abogados del empresario también cuestionó el hecho de que la Fiscalía hubiese tomado un artículo de prensa sobre el cartel de Cali para anexarlo entre las pruebas, sin la documentación de soporte, y que en la diligencia de embargo hubiera participado un agente de la DEA, quien personalmente registró la habitación de Piedrahíta, sin tener orden para ello y configurando una posible intromisión en la soberanía judicial de Colombia.

Estas situaciones llevaron a la Procuraduría a contemplar la constitución de una Agencia Especial para estudiar el caso, ante una posible afectación de la independencia de la administración de justicia y las garantías procesales (informe de la Procuraduría 114 Judicial II Penal del 12/12/16).

Así las cosas, el Juzgado resolvió “declarar la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro impuestas por la Fiscalía” y ordenó a la Sociedad de Activos Especiales la entrega inmediata de los bienes, pero validó la legalidad de la medida de suspensión del poder dispositivo de Piedrahíta sobre los mismos, mientras continúa el proceso.

Ahora le corresponde a la Fiscalía decidir si continúa adelante con el proceso de extinción de dominio (fijar las pretensiones), o si archiva las diligencias. Sobre la decisión del Juzgado, la entidad no formuló apelación.

“COMERCIALMENTE ESTOY DESTRUIDO”
José Byron Piedrahíta Ceballos es subteniente retirado del Ejército (1983). Estudió Economía en la Escuela Militar de Cadetes y llegó a ser director del colegio militar José María Córdova.

Según él, comenzó a crear su fortuna en los años 80, cuando compró un par de ferreterías en el centro de Medellín; luego las vendió y se mudó al Valle del Cauca, donde con un socio invirtió en la tecnificación de plantas de sacrificio, con la empresa FrigoYumbo.

En la década del noventa, con la bonanza cafetera, ingresó a la Federación de Cafeteros, adquirió fincas en Sevilla (Valle) y Anserma (Caldas), donde llegó a sembrar más de un millón de matas. Al llegar el siglo XXI, montó empresas en el Bajo Cauca y se especializó en el sector de la ganadería.

Con su compañía DistriPanamá (sucursales en Ciudad de Panamá y Argentina), se convirtió en el segundo exportador de pieles de ganado más grande de Colombia, llevando la mercancía hasta China.

Ahora Piedrahíta dice que, tras la inclusión en la Lista Clinton y el proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía, está “comercialmente destruido”.

Se reitera en su inocencia y afirma que sus abogados están aportando las pruebas para demostrarla en los estrados de Estados Unidos. El Colombiano lo entrevistó en su residencia, en Envigado.

¿Cuáles eran los bienes afectados con las medidas cautelares y cuánto valen?
“La Subasta Ganadera de Caucasia, la casa donde vivo (Envigado), una finca en Barbosa (Antioquia), unas bodegas en Bogotá y unas fincas en Arboletes. No tengo exactamente el avalúo comercial, pero tenían hipotecas con Bancolombia de alrededor de 18 mil millones de pesos”.

Como empresario, ¿qué perjuicio le han generado las investigaciones en su contra?
“Me afectó en todos los aspectos, porque yo comercialmente estoy destruido, no tengo posibilidad de vender, mis bienes quedaron con el INRI en sus certificados de libertad, donde aparece que fueron afectados por un proceso de extinción de dominio, y así queden desafectados nadie va a comprarlos. Yo genero unos 600 empleos directos en Bajo Cauca y Antioquia. La empresa DistriPanamá la tuvimos que cerrar, era exportadora de cueros para Asia, ya no podemos exportar, no tenemos cuenta corriente ni vínculos comerciales con nadie. Teníamos unas 25 personas, que fueron despedidas, y en las otras empresas en Colombia tuvimos que despedir otras cien”.

¿Qué salidas ve desde lo empresarial?
“Es complicado, ya en la parte empresarial es muy difícil recuperar el prestigio que tenía antes, hay que volver a empezar con empresas nuevas, sociedades diferentes, porque las de antes ya están prácticamente acabadas”.

Teniendo en cuenta el fallo del juzgado, ¿por qué cree que la Fiscalía le embargó los bienes sin tener pruebas suficientes?
“Considero que hay muchos factores externos y que la Fiscalía se apresuró a hacerlo por la intromisión de entes del gobierno americano”.

Pero adicional a este proceso, hay otros dos en EE.UU., uno penal de 1997 y otro administrativo por la Lista Clinton de 2016, ¿esos en qué van?
“Yo me presenté a la Embajada americana y estoy en el proceso de demostrar mi inocencia con mi abogado, el doctor Luis Guerra”.

El proceso en la justicia colombiana se deriva de las investigaciones en EE.UU., donde afirman que usted financió a “la Oficina” y al cartel de Cali. ¿Eso es verdad?
“Falso”.

¿Y entonces de dónde salió una acusación tan grave?
“Eso viene de una infinidad de denuncias que vengo colocando hace más de 12 años contra estos grupos al margen de la ley, tanto a ‘la Oficina de Envigado’ como a ‘los Urabeños’ y otros grupos armados, por encontrarme yo en esta región del país tan vulnerable a todo esto (Bajo Cauca). Una forma de ellos afectarme ha sido que han hablado algo de mí, diciendo que los he financiado. La Fiscalía no se ha tomado ni siquiera el tiempo para llamarme a que les explique las denuncias que tengo contra esos grupos. No hay ningún detenido. Hay denuncias por extorsión, desplazamiento forzado y asesinato de mis empleados”.

¿Cómo fue ese asesinato?
“Llegaron a una finca mía en San Pedro de Urabá, se apoderaron de la casa, entre ellos alias ‘Mi Sangre’, Henry López Londoño. Entró a beber con unas mujeres y puso a atender al casero de la finca. Dijo que el muchacho miró a una de las mujeres de él y lo mataron. Yo denuncié eso en su momento y ni siquiera se hizo una investigación”.

¿Usted ha recibido amenazas?
“No he recibido amenazas, pero sí siento temor, porque veo que en el sector donde yo me muevo las cosas no están bien, en Caucasia estos grupos todos los días cogen más fuerza y el mando lo tienen todavía las personas que están recluidas en cárceles de Estados Unidos y Colombia, entonces mi vida va a estar en peligro. Temo que haya una conspiración en contra mía en cárceles de Estados Unidos”.

NOTA RELACIONADA: Patrocinador secreto de “la Oficina” en la mira de EE.UU.

El Inspector.

Se trata de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, de 49 años, quien presuntamente está a la cabeza de la banda “los Chatas” del municipio de Bello, y sería el miembro más poderoso en la cúpula de “la Oficina”, la confederación ilegal que controla los hilos del crimen organizado en el Valle de Aburrá.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

E.U. anunció que recibirá la información sobre “Tom”, con absoluta reserva, en el correo electrónico DEA-Bogota-Tips@usdoj.gov. También en los teléfonos 300 683 2586 y 300 685 1375. Foto de Cortesía.

E.U. ofrece el dinero por intermedio del Departamento de Estado y su programa de Recompensas contra el Narcotráfico. En el informe en el cual se reseña esta acción, los norteamericanos señalan a Mesa Vallejo como “un traficante internacional de estupefacientes”, el cual fue “visto por última vez en Medellín”.

La ofensiva estadounidense contra esta estructura comenzó el 17 de septiembre de 2014, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro, incluyó en la Lista Clinton a ocho cabecillas de “la Oficina”, entre ellos a Mesa Vallejo (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

El 10 de diciembre de 2015 le aplicaron el mismo castigo a la banda “los Chatas”, considerada el tentáculo de “la Oficina” en Bello y el norte del Valle de Aburrá. En esa oportunidad fueron reseñados los principales lugartenientes de “Tom”: Jorge Zapata Berrío (“Jonás”), Jeová Buriticá Hincapié (“Camilo Chata”) y Édison Maya Ríos (“Gomelo”).

En contra de “Tom” también cursa un expediente en la Dirección contra el Crimen Organizado de la Fiscalía colombiana. Este organismo, en coordinación con la Dijín, ha capturado en el último año a tres de los principales socios del cabecilla, como los citados “Gomelo” y “Jonás”, y su hermano menor Elkin Mesa Vallejo (“Elkin Chata”).

De acuerdo con fuentes del Gobierno americano, el propósito es desmantelar totalmente a “la Oficina” y sus socios. Desde 2014, por lo menos 100 personas y empresas relacionadas con esa red criminal han sido sancionadas con la Lista Clinton, que congela sus transacciones comerciales y bancarias.

El antecedente más cercano de un ofrecimiento de recompensa contra un jefe de este grupo data de 2010, cuando el Departamento de Estado ofreció $5 millones de dólares por Maximiliano Bonilla Orozco, alias “Valenciano”. Este capo fue detenido en Venezuela un año después y ahora se encuentra en una celda de Nueva York, enfrentando cargos por narcotráfico (ver la NOTA RELACIONADA: Video y documentos de la captura de “Valenciano”).

LA POLÉMICA LOCAL
Mientras esto sucede en Estados Unidos, en el ámbito local las autoridades no se han puesto de acuerdo en si “la Oficina” todavía existe o no. El pasado 9 de abril, en entrevista con EL COLOMBIANO, el general José Gerardo Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana, declaró que esa organización “es un mito”.

Añadió: “se debe borrar ya, hay mucho mito alrededor del mismo. ‘La Oficina’ sí existió en su momento. Yo no puedo desconocer que todavía hay personas que pertenecieron a la misma. Hoy día no están confederados. Hay personas en la oscuridad que pertenecieron y ellos creen que no sabemos quiénes son. Hablar de ‘la Oficina’ les genera réditos a algunos analistas y es fácil hablar y decir algo”.

Un mes antes, el secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, había dicho que “el conocimiento que tenemos de las autoridades es que ‘la Oficina’ no existe”.

Fuentes de Inteligencia señalan, sin embargo, que la organización está activa, que incluso negoció un pacto de no agresión con la banda “los Urabeños” y continúa inserta en el tráfico internacional de narcóticos en sociedad con carteles mexicanos y europeos.

Explican que “Tom”, si bien sería el más poderoso del bajo mundo hoy en día, no representa a todos los clanes que componen “la Oficina”, entre los que están las odines (organizaciones delincuenciales integradas al narcotráfico) “la Terraza”, “la Unión”, “Caicedo”, “San Pablo”, “Picacho”, “los Chatas” y “Robledo”.

El último capo que había logrado este agrupamiento general fue Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, extraditado en 2013 y condenado a 25 años de prisión (ver la NOTA RELACIONADA: Cayó “Sebas” y el mapa del crimen empieza a cambiar).

“La Oficina” y sus combos asociados llevan más de dos décadas operando, dedicándose al narcotráfico, sicariato, cobro de deudas mafiosas, desplazamiento forzado, extorsiones, secuestros y desapariciones.

NOTA RELACIONADA: Primer golpe estructural a la banda “los Chatas”.

El Inspector.

La acción fue coordinada entre la Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento del Tesoro, e incluye al máximo cabecilla del citado grupo delincuencial y a tres de sus lugartenientes, al igual que una empresa relacionada con uno de ellos.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de los miembros de “los Chatas” sancionados con la Lista Clinton. FOTO: Cortesía del Departamento del Tesoro de E.U.

“El poderoso subgrupo ‘los Chatas’ está involucrado en el narcotráfico y una serie de crímenes violentos como extorsión, asesinato y robo en nombre de ‘la Oficina de Envigado’”, declaró John E. Smith, director (e) de la Oficina del Tesoro para el Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés).

El presunto líder de la estructura es Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, quien había sido incluído en la Lista Clinton el 16 de septiembre de 2014, junto a otros cabecillas del crimen organizado del Valle de Aburrá, como “Carlos Pesebre”, “Barny”, “Diego Chamizo”, “Mono Amalfi”, “Fredy Colas”, “Chaparro”, “Pichi Gordo” y “Tuto” (ver la NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”).

El organigrama del Tesoro muestra además una foto reciente de “Tom”, tomada el año pasado, en la cual aparece con el cabello corto y frente amplia.

Los supuestos lugartenientes reseñados son Geová Buriticá Hincapié, alias “Camilo Chata” o “Mi Viejo”, quien según la Fiscalía colombiana sería el segundo al mando; Jorge Oswaldo Zapata Berrío (“Jonás”), el presunto cabecilla militar; y Édison Maya Ríos (“el Gomelo”), ligado al ala financiera y las relaciones políticas de la agrupación.

Este último es el único que se encuentra tras las rejas, tras su captura en Medellín el pasado 3 de agosto. Afronta un proceso penal por concierto para delinquir, liderado por la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado (ver la NOTA RELACIONADA: Golpe al corazón de la banda “los Chatas”).

Ser incluido en la Lista Clinton implica recibir sanciones económicas, congelamiento de transacciones financieras con ciudadanos y el mercado estadounidense, así como la prohibición de emplear cuentas bancarias a nivel internacional. En la práctica, también bloquea al afectado en el sistema financiero colombiano.

Además de los cuatro reseñados, fue vinculada la empresa Motos y Repuestos Jota, ubicada en el barrio Juan XXIII de la capital antioqueña (comuna 13). Es un taller de reparación de motocicletas “registrado bajo el nombre de Zapata Berrío”, según el informe del Tesoro.

PERSECUCIÓN BINACIONAL
La banda “los Chatas” delinque en Bello y su influencia se extiende por Barbosa, Copacabana, Girardota y varias comunas de Medellín; también en los municipios del Oriente y el Norte de Antioquia, según información policial.

En la actualidad tienen una alianza con “los Urabeños”, la organización narcotraficante más grande de Colombia, lo que les ha permitido incrementar su negocio ilegal (ver la NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la zona norte).

Pese a esto, la justicia colombiana poco ha avanzado en su persecución. El golpe más fuerte hasta ahora ha sido la captura de “Gomelo”. Los demás reseñados en la Lista Clinton ni siquiera tienen orden de captura y no figuran en los carteles de los más buscados de la Policía Nacional.

“El Departamento del Tesoro continuará persiguiendo a aquellos que favorecen el comercio de drogas ilícitas y la violencia brutal de ‘la Oficina’”, sentenció Smith. Desde 2014, su despacho ha sancionado a 62 personas y compañías ligadas con esa facción, incluyendo al equipo de fútbol Envigado FC, empresarios, caballistas , empleados públicos y comerciantes.

En la actualidad, “los Chatas” tienen la hegemonía del Bajo Mundo en el norte del Valle de Aburrá y operan como una Odín: Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico, que agrupa a la mayoría de bandas del municipio de Bello, como “el Mesa”, “la Meseta”, “la Camila”, “Niquía Camacol”, entre otras.

Sostienen una disputa contra una disidencia de la banda de “Pachelly”, que hasta 2012 era la más fuerte de la localidad. Esta situación incrementó el índice de homicidios en Bello y Barbosa durante el 2015.

NOTA RELACIONADA: Banda de “Pachelly” dispara homicidios por retomar su antiguo poder.

El Inspector.

La investación adelantada por la DEA, la Policía colombiana y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado recopiló información por más de seis, a través de un agente infiltrado, seguimientos, grabaciones e interceptaciones.

Al parecer la defensa de los imputados planea que acepten algunos cargos a cambio de un preacuerdo con rebaja de pena. Foto de archivo.

De acuerdo con las pesquisas, esta trama clandestina empezó cuando varios presuntos miembros de “la Oficina”, que se creían intocables y blindados contra el sistema judicial, fueron incluidos en la Lista Clinton. Por primera vez recibieron sanciones económicas y su rostro apareció en los organigramas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los múltiples reseñados estuvieron Juan Pablo Upegui, accionista del equipo de fútbol Envigado F.C.; Carlos Arturo Arredondo, alias “Mateo”; y el capitán retirado de la Policía, Edward García, apodado “Orión”.

Los cabecillas quedaron sorprendidos y expuestos ante la opinión pública, y empezaron a indagar qué tipo de investigaciones penales se adelantaban en su contra, tanto en Colombia como en E.U.

Tomaron contacto con policías que tenían acceso a información de un grupo SIU (Special Investigation Unit), en el cual trabajan en conjunto investigadores colombianos y estadounidenses. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, les ofrecieron un soborno multimillonario para que les filtraran datos confidenciales sobre las investigaciones en contra de “la Oficina” y los reseñados en la Lista Clinton.

En consecuencia, el pasado 1 de julio fueron arrestados en Bogotá el intendente Andrés Cortés y el patrullero Eduar Arias, al igual que el abogado Óscar Colorado, quien habría participado como intermediario entre estos funcionarios y los mafiosos.

La audiencia de control de garantías se realizó en los días siguientes en el Palacio de Justicia de Medellín, en la cual se legalizaron los arrestos y las incautaciones de documentos y material digital recopilado en los allanamientos a las propiedades de los detenidos. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, violación de secreto, concusión, fraude procesal y uso ilícito de comunicaciones. Al final de la diligencia, el juzgado envió a las tres personas a la cárcel, mientras continúa el proceso.

La Policía Nacional destituyó a los uniformados implicados, al tiempo que se investiga la eventual participación de otras personas en la red de espionaje.

NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”.

El Inspector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro, incluyó hoy en la Lista Clinton a tres supuestos exmilitantes del Cartel de Medellín: los hermanos Juan Santiago y Pedro David Gallón Henao, y el supuesto narcotraficante Reinaldo Ochoa Mesa, alias “Natilla”.

Este es el organigrama la Ofac, que incluyó en la Lista Clinton a “Tom” (desde 2014) y ahora a “don Gabriel”, “Natilla”, los hermanos Gallón Henao y Hugo Giraldo. Cortesía.

“La Oficina y el Clan Úsuga dependen de poderosos traficantes de narcóticos como los designados hoy, quienes les proporcionan financiación a cambio de protección para sus operaciones de tráfico de narcóticos y para sus otras actividades criminales”, declaró John E. Smith, director (e) de la Ofac.

Para las autoridades norteamericanas, estas tres personas son “financieros criminales y narcotraficantes con una carrera de vieja data, centrados en patrocinar las activdades ilegales de la Oficina”. Junto a ellos fue incluido en la Lista Clinton el ciudadano Hugo Humberto Giraldo Ochoa, sospechoso de integrar una red de lavado de activos de la banda.

Los Gallón Henao, empresarios y caballistas antioqueños, tienen un historial ligado a la estructura narcotraficante del Clan Ochoa, uno de los pilares del hoy extinto Cartel de Medellín. Fueron investigados y absueltos por ser los supuestos determinadores del homicidio del futbolista Andrés Escobar (1994), episodio por el cual fue condenado un escolta de ellos en calidad de autor material.

Los Gallón Henao están libres en la actualidad y al parecer ya no tienen deudas pendientes con la Fiscalía colombiana.

En el caso de “Natilla”, investigadores policiales lo señalan de ser un auspiciador de “la Oficina” en Envigado y el sur del Valle de Aburrá, a través del tentáculo de la estructura en esa zona: la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), y sus cabecillas “Mateo” y “Beto”.

También está en libertad y carece de orden de captura en el sistema penal colombiano, aunque en la ofensiva del Tesoro fue reseñada la empresa agrícola Semillanos S.A., ubicada en Cereté (Córdoba), en la cual tendría injerencia.

“Hemos hallado que una de las formas más efectivas de desestabilizar a estos influyentes grupos criminales es aislando a quienes los apoyan de la economía de Estados Unidos”, recalcó Smith, ya que el ser incluido en la Lista Clinton implica el congelamiento de las transacciones financieras y la suspensión de visas.

Dentro de la misma operación, la Ofac también aplicó sanciones financieras a Octavio Cartagena Benítez, alias “don Gabriel” o “Gabriel Paraco”, uno de los principales enlaces de “los Urabeños” con “la Oficina” y garante del pacto de no agresión entre ambas facciones, vigente desde mediados de 2013.

“Don Gabriel” es desmovilizado del bloque Noroccidente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en la actualidad es el presunto jefe delegado de “los Urabeños” (o Clan Úsuga) para el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia.

“Cartagena Benítez trabaja con su contraparte de la Oficina, Juan Carlos Mesa Vallejo (alias “Tom”), para mantener el acuerdo de poder compartido entre la Oficina y el Clan Úsuga”, concluye el reporte de la Ofac.

NOTA RELACIONADA: Alianza mafiosa amenaza a la Zona Norte.

El Inspector.

Pese al escándalo que suscitó el hecho, el funcionario continúa trabajando y en la nómina de la Alcaldía, situación que ha generado cuestionamientos en parte de la opinión pública. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Con estas imágenes, el Departamento del Tesoro de E.U. reseñó a los hermanos Isaza en la Lista Clinton. Cortesía.

La inclusión de Isaza en el listado data del 19 de noviembre del año pasado, en el marco de una ofensiva del gobierno estadounidense contra las finanzas de la organización criminal “la Oficina” y sus redes de lavado de activos.

Aquel día fueron reseñadas 10 personas y 14 empresas, entre las cuales estuvo el citado funcionario, quien tiene una experiencia de más de dos décadas como agente de tránsito. La Ofac, en cabeza de su director Adam J. Szubin, indicó que Isaza era conocido por los alias de “el Nene” u “Omega”, y que al parecer utilizaba los recursos y personal de la Secretaría de Movilidad para apoyar las operaciones y desplazamientos de los integrantes de “la Oficina”.

En el organigrama de la estructura ilegal también reseñaron a su hermano Félix Alberto Isaza Sánchez, apodado “Beto” o “Muletas”, un confeso líder de la banda que está pagando nueve años de cárcel por concierto para delinquir. Según el Tesoro, “es uno de los traficantes más violentos de ‘la Oficina’, quien sigue delinquiendo desde la prisión” (ver la NOTA RELACIONADA: La caída de “Beto” amenaza el control de “la Oficina”).

Con tales referencias se creía que Nelson Isaza sería despedido de su cargo, pero esto no sucedió. ¿Por qué?

El alcalde de Envigado, Héctor Londoño, explica: “Nosotros hemos averiguado en la Fiscalía si él tiene algún pendiente, y nos han dicho que en absoluto, que no tiene ninguna investigación pendiente”.

El mandatario añade que “entonces tiene que seguir trabajando, porque no lo podemos desvincular, él está en carrera administrativa y tampoco tiene ningún llamado de atención en su hoja de vida, es buen funcionario y nosotros no podemos despedirlo”.

El ejemplo de Isaza, de 47 años y oriundo de Envigado, es similar al de otras personas reseñadas en la Lista Clinton, las cuales tienen procesos investigativos en contra en E.U., pero no en Colombia.

Es el caso del copropietario del equipo de fútbol Envigado F.C., Juan Pablo Upegui; del expolicía Édgar García Arboleda (“Orión”); del supuesto cabecilla Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”); y de los empresarios Gildardo Bedoya, Luis Fernando Gutiérrez y Adriana Ruiz, entre otros.

El hecho más sonado es el de Fredy Alonso Mira Pérez, alias “Fredy Colas”. Para la DEA y la Ofac es un peligroso cabecilla de la banda, con redes de blanqueo de activos a nivel transnacional. No obstante, ni la Policía Judicial colombiana ni la Fiscalía han podido abrirle cargos por delitos en nuestro país, por lo que ha sido capturado dos veces en establecimientos públicos en el último semestre, y puesto de inmediato en libertad por ausencia de órdenes de captura.

En la actualidad, “Fredy Colas” firmó un preacuerdo para someterse a la justicia de E.U. (ver la NOTA RELACIONADA: ¡Otra vez detienen y liberan a “Fredy Colas”!).

Frente al tema de “la Oficina” y la influencia que esa mafia ejercería en su localidad, el alcalde Londoño responde que “no conocemos a ninguno de sus miembros, los que conocíamos todos están fallecidos o detenidos, aquí lo que hay es algunos dueños de plazas de vicio, hace 10 días capturamos doce y estamos en proceso de judicializar otros”.

El burgomaestre insiste en que “usted puede entrar a cualquier barrio de Envigado y no ve combos, lo que llaman ‘la Oficina’ no tiene asiento aquí, no alteran la tranquilidad del municipio, no vemos presencia de ellos por ninguna parte”.

La inclusión en la Lista Clinton implica para Isaza, en teoría, no poder realizar transacciones comerciales ni financieras con ciudadanos y compañías estadounidenses; en la práctica, tampoco las firmas colombianas y ni los bancos harán tratos con él.

La sanción, sin embargo, no le impide continuar sus labores como servidor público, liderando a los agentes de tránsito y repartiendo amonestaciones y multas a quien encuentre mal estacionado.

NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”.

El Inspector.

El presunto cabecilla de la organización criminal “la Oficina”, según confirmaron fuentes judiciales, llegó a un preacuerdo con los agentes estadounidenses que lo perseguían por su presunta participación en una red internacional de lavado de activos. Esta es la reseña del  caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

“Fredy Colas” irá a Estados Unidos para responder por lavado de activos. Foto de cortesía.

Mira Pérez, quien había logrado permanecer en el anonimato por varios años y carecía de órdenes de captura en Colombia, quedó expuesto a la opinión pública cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), adscrita al Departamento del Tesoro de E.U., lo incluyó en la Lista Clinton, congelando sus transacciones financieras en julio de 2014 (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

En esa investigación, el Tesoro lo relacionó con el clan Mejía y con las redes de lavado transnacional de Ayman Saied Joumaa, alias “el Turco”, el lavador más buscado del planeta y supuesto miembro del grupo Hezbolá de Medio Oriente.

Pese al señalamiento, “Fredy Colas” continuó su agitada vida nocturna, con viajes entre Cartagena y Medellín. El pasado 9 de noviembre fue detenido por la Policía Metropolitana en las afueras de una discoteca de la capital antioqueña, luego de que algunos clientes del establecimiento lo reconocieron por el afiche de la Ofac.

Apenas estuvo detenido cuatro horas y después dejado en libertad, porque no le hallaron requerimientos judiciales en nuestro país (ver la NOTA RELACIONADA: Dejan libre a “Fredy Colas” porque no tiene orden de captura).

Los acercamientos de “Fredy Colas” con la DEA habrían comenzado a principios de 2014, pero en dos oportunidades el presunto cabecilla no llegó a las reuniones pactadas.

Tras el preacuerdo firmado en diciembre, se presume que viajará a Estados Unidos para ponerse a disposición de la justicia de ese país; no obstante, las autoridades de Colombia no han confirmado que haya salido de aquí.

Otros líderes de “la Oficina” que en el pasado hicieron acuerdos con la DEA son los desmovilizados Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”) y Mauricio López Cardona (“Yiyo”), entre 2008 y 2009.

Y en los últimos siete años han extraditado a otros miembros y socios importantes como “Botija”, “Sebastián”, “Valenciano”, “don Pacho”, “Gordo Tavo”, “Nano” y el “Tuso Sierra”. Todos responden por las ofensas a la sociedad estadounidense,  ¿y sus víctimas en Colombia? ¿Y sus deudas con la justicia local? Esa respuesta está en el limbo.

NOTA RELACIONADA: ¿Y quién responde por los muertos de “la Oficina”?

El Inspector.

El anuncio lo hizo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro, al incluir a estas personas y entidades en la Lista Clinton, que bloquea sus transacciones comerciales con ciudadanos y firmas estadounidenses. Para el funcionario, este ataque administrativo “golpeará el núcleo financiero de esta red criminal e impedirá sus esfuerzos para operar dentro del sistema financiero legítimo”.

Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el organigrama de las personas y empresas incluidas en la Lista Clinton por el Departamento del Tesoro. Cortesía Department of Treasury.

A su turno, Jay Bergman, director de la DEA para el Área Andina, declaró que “las sanciones impuestas por el Tesoro revelan el alcance oculto del crimen organizado transnacional de ‘la Oficina’”.

Las 10 personas y 14 entidades son sospechosas de participar en lavado de activos, pero a la fecha no hay procesos judiciales en curso, por lo que aún se presume su inocencia.

El Clan Upegui y Envigado F.C.
La lista negra incluyó a Juan Pablo Upegui Gallego y su madre Margarita Gallego Orrego, dueños mayoritarios del Envigado F.C. Según la Ofac, él “es uno de los socios clave de ‘la Oficina’ y ha aprovechado su cargo como propietario del equipo para poner sus finanzas al servicio de esta organización”.

La dependencia aclaró que la acción va dirigida contra estos dueños y no hacia los jugadores. Otras cuatro empresas del clan familiar fueron afectadas: Enfarrados Company S.A.S. (organizadora de eventos), Envicentro (diagnóstico automotriz), Cafetería Envicentro y Tiendas Margo’s (fabricante exclusivo de los uniformes de Envigado F.C.).

Upegui, cuyo padre Gustavo fue asesinado en 2006 en una vendetta interna de “la Oficina”, se declaró asombrado por la sanción. “No hemos recibido ninguna notificación, apenas estamos aterrizando de lo que está sucediendo. Estamos dispuestos a aclarar lo que corresponda, a que miren nuestros libros de contabilidad”, señaló.

“Mateo” y el excandidato
El desmovilizado de las Auc, Carlos Arturo Arredondo Ortiz (“Mateo”), fue descrito por la Ofac como “uno de los subjefes principales, cuya participación en ‘la Oficina’ se remonta a los años 80”. Fuentes de la Policía Metropolitana lo señalan como supuesto cabecilla de la “Odín Trianón” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), con redes en Envigado, Sabaneta, el occidente antioqueño y Centroamérica.

Su mano derecha sería Gildardo Bedoya López (“Gil”), quien fue precandidato al Concejo de la localidad en las elecciones antepasadas. Para los norteamericanos, “es un operador político (contactos con funcionarios corruptos) y encargado de lavar activos”.

Una empresa en la cual tiene participación fue cobijada en la lista, Colombiana de Biocombustibles S.A., con sucursales en Medellín, Envigado, Sopetrán y Caucasia. La misma desgracia les cayó a Representaciones Midas (del sector financiero), Garcés y Bedoya CIA.Ltda (repuestos de carros) y Acuamateriales y CIA.Ltda.

La Ofac no especificó quiénes serían sus enlaces políticos, aunque la Fiscalía colombiana investiga su presunta relación con el concejal Carlos Obando Vélez, quien fue detenido en 2013 en una operación policial contra la “Odín Trianón” (ver la NOTA RELACIONADA: Concejal y 8 policías caen en un operativo antidrogas).

Los estadounidenses también reseñaron a un cuñado de Bedoya, Luis Fernando Gutiérrez Restrepo (“Luisfer”), con sus firmas Robirepuestos e Importadora Marenol Ltda (autopartes).

El guarda de Tránsito y su siniestro hermano
Nelson Isaza Sánchez (“Nene” u “Omega”) es funcionario de la Secretaría de Tránsito de Envigado hace más de 15 años. Junto a su hermano Félix (“Beto”), uno de los máximos jefes de la banda, es señalado por la Ofac de estar “vinculado en actos violentos, de extorsión y narcotráfico”. Al parecer usó su cargo para facilitar desplazamientos de los miembros de la agrupación, así como fortalecer su esquema de seguridad.

“Beto” fue detenido en 2012 en Rionegro y purga una condena de 9 años por concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: La caída de “Beto” amenaza el control de “la Oficina”). A principios de este año la Fiscalía le ocupó unos bienes con fines de extinción de dominio, varios de los cuales al parecer estaban a nombre del “Nene”.

Pese a que Nelson Isaza es coordinador de los guardas de Tránsito de Envigado, la Alcaldía se negó emitir una declaración oficial. Voceros de la Administración indicaron a que se pronunciarán solo cuando hayan analizado las implicaciones jurídicas que rodean el caso. Será en ese momento cuando se decida también si continúa o no en el cargo.

El expolicía y los financieros
En la lista negra fue salpicado el excapitán Edward García Arboleda (“Orión”), quien tiene residencia en Sabaneta y es sospechoso de coordinar actividades de la banda en Bogotá. Con él reseñaron dos entidades: La tienda de Mingo e Inversiones C.P.C.I.

Este oficial (r) trabajó en su momento para el general Mauricio Santoyo, quien fue extraditado y condenado en E.U. por apoyar a organizaciones terroristas.

Las últimas dos personas del listado son la contadora Adriana Ruiz Madrid, quien para la Ofac heredó la gerencia financiera de “la Oficina” de manos de su cuñada “Helenita”, que en 2012 huyó de Colombia para establecerse en Miami. De Ruiz fue perjudicado el Spa Carytes Encanto y Belleza, ubicado en El Poblado.

La arremetida estadounidense finaliza con Óscar Echeverry Pareja (“Mosco”), sobre quien se pensaba que había muerto en la masacre de nueve personas en una finca envigadeña (31/12/12), pero continuó ejerciendo como supuesto intermediario de “la Oficina” con los contactos de cuello blanco, como “Gil” y Upegui.

Por otro lado, dos presuntos cabecillas de “la Oficina”, tras cuyos pasos comenzó la investigación que ahora anuncia la Ofac, ya fueron asesinados. Jorge Pérez (“Morro”) fue uno de los 9 acribillados en una finca de la vereda El Salado de Envigado (ver la NOTA RELACIONADA: Una carta abría desatado la masacre de Envigado).

Y su socio Wilmar Metaute (“Pichi Calvo”) fue abaleado junto a un escolta el pasado 12 de junio, en el parqueadero de una discoteca de la vía Las Palmas (ver la NOTA RELACIONADA: La muerte le puso una cita a “Pichi Calvo”).

Es necesario decir que ninguno de los 10 reseñados, con excepción del encarcelado “Beto”, tiene orden de captura en Colombia. Razón por la cual, de ser detenidos como su presunto aliado “Fredy Colas” (un hecho que la semana pasada enojó a la opinión pública), tendrían que ser liberados en las mismas condiciones.

NOTA RELACIONADA: Ofensiva judicial de E.U. contra “la Oficina”.

El Inspector.

La razón: después de que la Policía revisara su registro judicial, confirmó que carecía de orden de captura en Colombia, pese a que en Estados Unidos está incluido en la Lista Clinton por presunto lavado de activos.

Así luce en la actualidad Fredy Mira Pérez, alias “Fredy Colas”. Cortesía.

Fuentes judiciales relataron que a las 4:00 de la madrugada de este domingo (noviembre 9), Mira Pérez estaba de parranda en una discoteca de la Vía Las Palmas, en el oriente de Medellín. Lo acompañaban otros dos hombres y tres mujeres.

Algunas personas que también departían en el establecimiento, reconocieron al personaje que habían visto en los medios de comunicación, cuando hace cuatro meses el Gobierno de Estados Unidos reveló su fotografía. Por eso llamaron a la Policía.

Una patrulla del cuadrante llegó al lugar y detuvo a “Fredy Colas”, quien estaba desarmado. Sus acompañantes no fueron aprehendidos.

Al detenido lo trasladaron a la sede de la Sijín en el barrio Caribe, donde se confirmó su identidad. Sin embargo, al verificar su récord en el sistema judicial, los policías encontraron que no había orden de captura en su contra. No tuvieron más remedio que dejarlo partir, a las 8:00 a.m.

Los uniformados lo escoltaron hasta una vivienda, como precaución. “De pronto le pasa algo a usted, y después le echan la culpa a la Policía”, le dijeron, y él aceptó.

De este hecho no solo sorprende que las autoridades colombianas no tengan un proceso judicial en firme contra uno de los supuestos cabecillas de la mafia más peligrosa del Valle de Aburrá; también llama la atención la tranquilidad del personaje para visitar establecimientos públicos, pese a estar reseñado por el Departamento del Tesoro de E.U. y la DEA.

Hace un mes también fue visto por la calles de la ciudad histórica de Cartagena, cuando caminaba desprevenido con un familiar, en horas de la noche.

Para conocer más sobre la historia de “Fredy Colas”, lean la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton.

El Inspector.

Las últimas acciones son por cuenta del Departamento del Tesoro, la DEA y la Corte del Distrito Sur de La Florida, que incluyeron en la Lista Clinton a ocho presuntos cabecillas y capturaron con fines de extradición a un abogado sospechoso de narcotráfico. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cabecillas de "la Oficina" en la Lista Clinton: 1) "Fredy Colas". 2) "Carlos Chata". 3) "Diego Chamizo". 4) "Barny". 5) "Carlos Pesebre". 6) "Tuto". 7) "Mono Amalfi". 8 ) "Chaparro". 9) "Pichi Gordo".

Según el informe del Tesoro, además de estar involucrada en el tráfico de estupefacientes, esta estructura provee con “violentos servicios” a los grupos armados, cobro de deudas de drogas, extorsión y asesinatos por contrato.

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, dijo Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de la entidad financiera.

En la Lista Clinton ya había sido incluido el pasado mes de julio Fredy Mira Pérez, alias “Fredy Colas”, presuntamente vinculado a una red de lavado de activos y cabecilla de la banda en el oriente de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

Ahora fue añadido Julián González Vásquez (“Barny”), supuesto miembro de la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) e investigado por la muerte de dos policías antinarcóticos en la entrada del Jardín Botánico (12/7/12). También están Diego Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), y Juan Carlos Mesa Vallejo (“Carlos Chata”).

En la lista negra del Tesoro hay otros cinco integrantes de la organización, presos en cárceles de Colombia por cargos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir: Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), Didier Ríos López (“Tuto”), Rubiel Medina (“Mono Amalfi”), Jesús Hernández (“Chaparro”) y Édinson Rojas (“Pichi Gordo”).

Lo grave sobre estos últimos es que, según el informe de E.U., “continúan coordinando operaciones criminales desde la prisión”.

Frente a este tema, el coronel (r) Sergio Vargas, secretario de Seguridad de Medellín, advirtió que “la Alcaldía no tiene la capacidad para hacer ese tipo de controles, esa información podrían tenerla la Policía o la Fiscalía”.

Y respecto a la ofensiva extranjera, opinó que “uno de los escenarios sobre el que se debe hacer un mayor esfuerzo en la lucha contra el crimen es el de atacar las finanzas. Eso permitirá debilitar toda la estructura, ahí hay un reto para los organismos de justicia y seguridad en Medellín”.

Y AQUÍ NO TIENEN ORDEN DE CAPTURA
Sobre los implicados en la Lista Clinton, es importante agregar que por tercera vez en menos de tres meses, el gobierno de Estados Unidos reseñó públicamente a supuestos cabecillas de “la Oficina”, sobre los cuales las autoridades colombianas ni siquiera tenían orden judicial de captura ni aparecían en los carteles de los más buscados. Los últimos rostros en ser mostrados fueron los de “Diego Chamizo” y “Carlos Chata” o “Tom”.

Fuentes de Inteligencia señalan que “Diego Chamizo”, también conocido como “la Garza”, es el presunto cabecilla del combo “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, que delinque en la parte alta de la comuna 9 (Buenos Aires) de Medellín. De la misma manera, sería uno de los supuestos líderes de la “Odín Caicedo” (Organización Criminal Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas que trabajan para “la Oficina” en el oriente de la capital antioqueña.

Entre las primeras anotaciones que le hicieron en la ciudad, está una del 25 de agosto de 2006, cuando una patrulla de la Policía Metropolitana lo detuvo para una requisa en el barrio Las Palmas. Estaba en compañía de Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, uno de los máximos líderes de “la Oficina” (extraditado en 2013), y de otros lugartenientes apodados “Víctor Colitas” y “Teletubi”.

Todos portaban armas de fuego con salvoconducto, que les fueron decomisadas temporalmente por una restricción que estuvo vigente algunos días. A ninguno lo arrestaron.

Pese a algunas quejas de la comunidad, que lo señalan de ser uno de los causantes de asesinatos, extorsiones y desplazamientos en Medellín, nadie lo ha denunciado formalmente y la Fuerza Pública y la Fiscalía no han logrado expedirle una orden de captura.

Para el Tesoro, sin embargo, Muñoz Agudelo “es un integrante de vieja data de ‘la Oficina’, que trabaja para el cabecilla ‘Fredy Colas’”, según consta en el informe publicado ayer por la entidad.

De “Carlos Chata” tampoco hay orden de captura vigente, pese a que ha sido reseñado en procesos judiciales contra otros jefes de “la Oficina”, como el condenado Franklin Vargas Cardona, alias “Frank” (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

La Policía lo considera el supuesto jefe de la “Odín los Chatas”, el principal clan criminal de Bello y el norte del Valle de Aburrá, que se dedica al cobro de extorsiones, narcotráfico, sicariato, usurpación ilegal de predios y desplazamientos forzados, entre otras conductas.

El pasado enero, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, le declaró la guerra a esta estructura ilícita, en respuesta al atentado contra dos uniformados en vía pública. Pese a esto, sus hombres no han conseguido judicializarlo. Para el Tesoro, la influencia de “Carlos Chata” va más allá de Bello y “se extiende a través de Medellín”.

El tercer cabecilla de “la Oficina” reseñado y públicamente mostrado por el Tesoro en los últimos tres meses, fue “Fredy Colas”, quien tampoco tiene orden de arresto en Colombia.

ABOGADO EXTRADITABLE
De otro lado, la Dirección Antinarcóticos de la Policía anunció que, en apoyo con la DEA, capturó a un asesor jurídico de la banda.

El abogado Luis Zapata, apodado "el Hijo". Cortesía Policía.

El abogado Luis Felipe Zapata Córdoba, apodado “Pipe” o “el Hijo”, fue arrestado en el Centro Administrativo La Alpujarra, adonde iba a defender en las audiencias a sospechosos de “la Oficina” y “los Urabeños”, al igual que desmovilizados de las Autodefensas.

Este profesional es teniente retirado del Ejército y exmiembro del CTI de la Fiscalía. Entre sus clientes está Wálter Román Jiménez, alias “el Tigre” o “Ramón Chaqueta”, cabecilla condenado de la banda “la Unión” de Itagüí (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades enjaularon a “el Tigre” de Itagüí).

De acuerdo con el reporte de Antinarcóticos,  “el proceso contra él inició en 2012, cuando coordinó junto a su padre Raúl Zapata Calderón, el envío de 1.500 kilos de cocaína desde Cali hasta la isla de Roatán (Honduras), recibiendo un pago de 1.5 millones de dólares”.

Aquel año fue detenido y extraditado el padre (hoy paga una sentencia de 11 años), situación que ahora enfrenta “el Hijo”, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de La Florida.

De ser enviado a Norteamérica, el jurista se uniría a varios jefes de “la Oficina” procesados en E.U., cuyas declaraciones han servido a la DEA para identificar los bienes y socios. Allá están, entre otros, los capos “don Berna”, “Rogelio”, “Yiyo”, “la Firma”, “Valenciano” y “Sebastián”.

El Inspector.