En un año en el que la salud ha sido clave, pues ha estado marcado por la pandemia, que ya provocó 61.686 contagios activos y 38.484 muertes en Colombia, el papel de los organismos de vigilancia resulta relevante.
Por eso, EL COLOMBIANO habló con el superintendente de Salud, el antioqueño Fabio Aristizábal, para hacer un repaso de sus actuaciones en medio de la emergencia, el traslado de pacientes de EPS que no garantizaron los derechos de los afiliados a otras entidades y qué tipo de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) se han recibido durante este año, de las que señaló que le preocupan las de adultos mayores.
Desde la Supersalud se ha impulsado una agenda de acuerdos entre EPS e IPS, ¿qué resultados se tienen?
“Venimos oxigenando la cartera. En estas labores de conciliación desplazamos equipos de las delegadas de la Superintendencia y hemos logrado conciliar cerca de $2 billones”.
¿Y cuál es el panorama
en Antioquia?
“Hemos logrado recuperar $131 mil millones, que benefician a 133 IPS. Lo hacemos porque es la manera de utilizar las herramientas de la Supersalud”.
Al inicio de la pandemia hubo muchas quejas, ¿encontró algo la Supersalud?
“De enero a noviembre, recibimos más o menos 1,66 millones de PQR. La mayoría de las llamadas (1 millón) son para pedir información. 658 mil son por quejas, reclamos o denuncias. Pero me preocupan 202.757 de adultos mayores que llaman por la suspensión del tratamiento o no les entregan medicamentos o la medicina especial no es oportuna. También tenemos 69.215 de pacientes de Alto Costo”.
¿Y por covid?
“Son 78.473 PQR por coronavirus y llaman por demoras en la autorización de la muestra o demoras en la atención domiciliaria... Normalmente estos casos logramos cerrarlos y resolverlos; casi el 97 % están resueltas, pero tenemos un porcentaje muy bajo en algunas regiones difíciles”.
¿Cuáles son esas regiones?
“Las de difícil acceso, donde acudir a servicios de salud es más complicado, como el sur de Colombia, Leticia, Vichada... Allá tenemos dificultades para las tomas de muestra, lectura o en ocasiones porque los laboratorios no tienen la capacidad y tienen que traer la muestra hasta la capital, y eso provoca una demora en la resolución de las quejas o peticiones de los usuarios”.
Hacia mediados de año dijo que había encontrado inconsistencias con los registros de camas UCI en el país, ¿qué pasó hasta hoy?
“Encontramos entidades que no tenían requisitos ni la información exacta y por eso nos presentaban información incoherente al Minsalud y a la Supersalud. El 4 % de las IPS visitadas tenía pacientes hospitalizados en camas UCI, pero no cumplían con los criterios para estar en una UCI. Esos casos están en la Delegada de Procesos Administrativos y si amerita la apertura de una investigación, se abrirá”.
¿Cómo se les va a garantizar a esos casi cuatro millones de usuarios, que fueron trasladados a otras EPS, que el servicio sí será mejor en
la EPS que llegó?
“Hemos tenido algunas dificultades en el traslado, pero son más por los ciudadanos que, para detener los procesos, buscan a través de los jueces frenarlos. Una vez el proceso surte efecto, no hemos tenido dificultades. ¿Por qué? Porque las receptoras son conscientes de que se deben garantizar esa prestación de servicios”.
De otros traslados que se han hecho, ¿qué balance puede entregar?
“En diciembre del año pasado contratamos una encuesta para conocer la percepción de estos usuarios y el resultado fue que el 90 % de los consultados dijo que se les mejoró la atención en la EPS que lo recibió”.
La Corte unificó criterios para garantizar que se entreguen elementos como sillas de ruedas o pañitos, ¿qué lectura hace de la decisión?
“Soy un defensor del modelo, del sistema, de los jueces. Aquí lo importante es proteger el sistema, pero la gran preocupación es que haya abuso del sistema, es decir, que los pacientes que no necesitan un tratamiento o medicamento, no lo pidan, porque ya hemos identificado malas prácticas en ese sentido”.
¿Cómo está el panorama en San Andrés, históricamente aquejado por salud?
“Estamos pendientes. La pandemia se ha logrado manejar, respondió en el momento del pico y ha tenido los insumos necesarios, incluso ampliando capacidad de UCI, pero el problema es histórico y lo debemos corregir. Por ejemplo, si hay 90 mil personas, deben llegar los recursos para 90 mil, no para menos. Otro ejemplo, los vehículos en San Andrés deben pagar el Soat, porque todos esos recursos que no llegan para atender a pacientes hacen hueco en el hospital”.
Hace un par de meses tuvo un encontrón con el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, por la intervención en el hospital, ¿cómo sigue la situación?
“Mire, yo trabajo por la vida y salud de los colombianos; cierro puertas y paso páginas, y hoy estoy concentrado en la salud de los colombianos y fortalecer hospitales como el de Magdalena, que ha mejorado en este tiempo, porque esa es nuestra tarea”.
